ARGENTINA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS:El lavado del dinero de los remedios truchos

La Justicia busca reconstruir la ruta de los cheques originados en Multipharma, uno de los aportantes en la campaña de Cristina Fernández. Ayer declaró Paula Aballay, la mujer del sindicalista Zanola.

Ante el juez. La esposa del ex titular de La Bancaria negó todas las imputaciones que enfrenta en la Justicia durante las dos horas en que prestó declaración.

No sólo se trata de vender remedios truchos. La megacausa de la mafia de los medicamentos avanza también a través de dos expedientes por el supuesto lavado de dinero negro proveniente de la venta de drogas de alta complejidad robadas y adulteradas.

El juez Norberto Oyarbide tomó ayer declaración a la mujer de Juan José Zanola y ex subdirectora del policlínico de La Bancaria, Paula Aballay, por una investigación paralela que sigue la ruta de cheques originados en la empresa Multipharma. Esta sociedad fue aportante en la campaña de Cristina Kirchner y está vinculada con Néstor Lorenzo, uno de los principales imputados.

El nuevo expediente, originado en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y denunciado en la Justicia por el fiscal Raúl Pleé, no es la única investigación sobre dinero ilegal que tiene Oyarbide: ayer, el juez recibió una causa donde la denunciada es Solange Bellone, la esposa de Sebastián Forza, que habría depositado dinero no declarado en una cuenta bancaria de su hermana. De avanzar, estas dos causas podrían completar por primera vez la ruta completa del lavado que, para ser probada en la Argentina, tiene que tener constatado el origen ilícito de la plata.

Los ROS son los “Reportes de Operaciones Sospechosas” que hacen las entidades bancarias cuando hay movimientos de cuentas difícilmente explicables entre sus clientes. El caso de Bellone, la viuda de Forza, imputada y detenida por orden de Oyarbide, se originó en un ROS a partir del depósito de cheques con altas sumas de dinero en la caja de ahorro de su hermana, quien manejaba montos menores. Siguiendo los procedimientos establecidos, el banco la citó para pedirle explicaciones. En ese relato, que ahora consta en el expediente, la mujer dijo que ella no conocía el origen del depósito, que era plata de Solange. Los datos llegaron a la UIF donde, después de una investigación preliminar, derivaron la informacióm a Pleé, quien los llevó a la justicia federal el 4 de febrero pasado.

El argumento del fiscal, tanto en este caso como en el de Aballay, es que en el expediente de la mafia de los medicamentos –donde se está investigando la venta de remedios adulterados a través de una posible asociación ilícita integrada por Zanola, titular de La Bancaria, su mujer, Lorenzo y otra docena de personas– puede estar el origen de la plata negra que luego se habría “lavado” en operaciones en el circuito legal de la economía. La Argentina tiene muy malos antecedentes en esta materia. Desde la sanción de la ley antilavado, en 2000, la Justicia no dictó ninguna condena por ese delito.

Ayer, Aballay negó todas las imputaciones en una declaración que duró dos horas. Pidió la excarcelación pero se la negaron. ¿Qué fue específicamente lo que llevó a Oyarbide a imputarla y volver a detenerla? En su investigación, la UIF encontró que se transfirieron por lo menos 3 millones de pesos de origen difícil de explicar desde Multipharma hasta el empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, un hombre muy vinculado con el negocio de los medicamentos y nombrado en la causa del Triple Crimen.

Las operaciones se hacían a través de cheques emitidos desde Multipharma hacia San Javier –la empresa de Lorenzo–, pasando luego por decenas de sociedades y cooperativas hasta llegar a la cuenta de Corradi donde rápidamente alguien, aún no identificado, retiraba el dinero por ventanilla. Uno de esos trayectos recorre una situación inexplicable. Había plata que salía de Multipharma donde, a su vez, se endosaban cheques a San Javier, que emitía cheques a la obra social de La Bancaria. ¿Por qué Lorenzo pagaba si era proveedor de la mutual de Zanola? Ésa es la respuesta que Aballay no pudo dar.

Fuente: Criticadigital Luciana Geuna

ARGENTINA:Un fallo de Cámara habilitó a la AFIP para investigar a empresarios por lavado de dinero

La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal habilitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos a tomar vista de una lista de al menos 200 empresarios y compañías que están señaladas de haber realizado maniobras ilegales con fondos millonarios en el exterior a fin de evadir impuestos.

Los camaristas Horacio Cattani y Martín Irurzun autorizaron a la AFIP a que pueda revisar el expediente en el que se encuentra ese listado y que es tratamitado en otro tribunal de primera instancia. Es por una causa abierta contra el ex vicepresidente de JP Morgan, Hernán Arbizu (foto), por presunta "estafa".

El organismo impositivo, que conduce Ricardo Echegaray, había solicitado conocer los nombres y los datos para cotejar el origen de los fondos y si estaban efectivamente declarados ante el Estado, pero en el Juzgado Federal Nº 12 se lo habían impedido.

Los letrados de la AFIP, en busca de potenciales evasores, fueron a la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal para apelar el primer fallo. Según se conoció en las últimas horas en el ámbito tribunalicio, la Cámara autorizó al organismo para que tome conocimiento de los datos incluídos en la causa que se tramita contra Arbizu.

El ex vicepresidente de JP Morgan está acusado por estafa en los tribunales argentinos debido a maniobras realizadas con fondos de empresarios de alto poder adquisitivo que le habían confiado grandes sumas de dinero para su administración.

La AFIP, según dejó trascender en los últimos años -los procesos judiciales están en marcha desde hace más de tres años-, sospecha que muchos de los incluidos en esa lista habrían perpetrado maniobras de elusión, evasión impositiva y lavado de dinero.

AEGENTINA: Descabezaron la unidad antilavado

Urgido por revelaciones periodísticas de irregularidades y escándalos internos, falta de resultados concretos y la inminencia de la aparición de un informe internacional que se prevé que será muy crítico, el Gobierno descabezó ayer la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano que debe investigar posibles operaciones de lavado de dinero.

La Casa Rosada, que analizaba remover a la presidenta de la UIF, Rosa Falduto, y al vicepresidente, Alberto Rabinstein, desde hacía semanas, aceleró su decisión tras la publicación, a fines de diciembre, de una investigación de LA NACION sobre la situación del organismo, según confirmaron ayer tres fuentes oficiales y dos integrantes de la UIF.

Reemplazaría a Falduto un economista de marcado perfil político, José Sbattella, muy cercano al matrimonio presidencial.

LA NACION había revelado la existencia de una supuesta "mesa paralela" dentro de la UIF para canalizar los reportes "sensibles" al poder y la recepción de una presunta orden de avanzar contra el Grupo Clarín con una denuncia, así como el reemplazo de decenas de técnicos por personal menos calificado, y la tortuosa relación que distanció a Falduto y Rabinstein.

El nuevo responsable de la UIF, Sbattella, es un economista ligado a los Kirchner desde 2001, pero sin antecedentes ni experiencia en la lucha antilavado, lo que podría conllevar impugnaciones desde el sector privado a su candidatura. En los próximos días se abrirá un proceso obligatorio de consultas a la sociedad civil, previo a la designación oficial. Según dijo Sbatella a LA NACION, recibió la orden política de "jerarquizar" el organismo (ver aparte), aunque sus críticos temen que politice aún más un órgano con acceso a información muy sensible.

Para facilitar el arribo de Sbattella y su equipo -como vice iría su colaborador, Gabriel Cuomo-, Falduto debió presentar su renuncia bajo presión del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak. Continuará en su cargo "hasta la asunción de su reemplazante", según el decreto que se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Distinto es el caso de Rabinstein, a quien Falduto aisló dentro de la UIF e ignoró durante los últimos años, con lo que eliminó su papel local e internacional. Su renuncia se aceptó de inmediato, mientras el Gobierno define el futuro de los siete integrantes del "Consejo de Asesores" de la Unidad.

La labor de Falduto sobrellevó duras críticas desde el inicio mismo de su gestión, en enero de 2007, por su estilo de gestión y los escasos resultados, más allá de las estadísticas. Durante los últimos meses, dos informes detallaron esos problemas. El primero, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce); el segundo, de una comisión que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y que coordinó la fiscal Mónica Cuñarro, que responde a Aníbal Fernández.

El reporte del Cipce determinó que la UIF sólo resolvió el 20% de las denuncias que recibió entre 2003 y 2008, aunque el porcentaje se divide entre los que se enviaron a la Justicia (13%) y al archivo (7% restante).

Tres semanas después trascendió el segundo reporte, mientras visitaba el país una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La comisión coordinada por Cuñarro reveló demoras en la UIF y concluyó que necesitaba una "urgente reformulación"; descalificó las denuncias que elevaba a la Justicia como "simple información burocrática".

El golpe decisivo, sin embargo, ocurrió a fines de diciembre, según coincidieron cinco fuentes oficiales consultadas ayer. Fue cuando LA NACION reveló la supuesta utilización política de sus registros, las luchas intestinas de poder y la salida de decenas de funcionarios y empleados.

"Una UIF kirchnerista"

De todos modos, Falduto y sus defensores -entre ellos, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña-, sospechan que su caída respondió a un intento de Aníbal Fernández por sustituir "una UIF técnica por una UIF kirchnerista". Descontaban a Cuñarro como la reemplazante, lo que al final no se concretó.

Otros expertos, reclaman que la futura UIF cumpla con el marco legal, sin aditamentos políticos. "La designación de las nuevas autoridades debe ajustarse al mecanismo de la ley sobre lavado, que es complejo, y que exige condiciones especiales", destacó el ex delegado argentino ante el GAFI, Juan Félix Marteau. Luego vendría, añadió, la segunda etapa: "Existe gran expectativa en el sistema financiero local y a nivel global con que la UIF investigue los casos importantes de lavado y no se dedique a reportes insignificantes".

La falta de resultados concretos para mostrar a la comunidad internacional también aceleró la caída de Falduto. Casi 10 años después de aprobarse la ley contra el lavado, no se registran condenas. Una realidad potenciada por los incumplimientos sobre los que el GAFI se centrará con especial dureza, indicaron tres fuentes oficiales en el informe que entregará el mes próximo

Fuente: La Nacion Hugo Alconada Mon

"La UIF lleva diez años sin resultados"
El candidato del Gobierno dice que no actuará como "comisario político" para perseguir rivales

-¿Viene con órdenes de ser el "comisario político" de la UIF?

-No. Sólo me pidieron que, dado el marco internacional y los reclamos que se esperan del GAFI, que pusiera al organismo en funciones reales y que lo jerarquizara. Esa es la visión que me dieron.

-¿Recibió la orden de impulsar una acción contra el Grupo Clarín o algún otra empresa o particular enfrentado con el Gobierno?

-No, no. Sólo me pidieron que elevara el nivel de la UIF y la jerarquizara. Eso es todo.

El candidato del Gobierno a presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), José "Pepe" Sbattella (62), comentó ayer a LA NACION que lo convocaron porque "había una necesidad que cubrir" y que él vino a satisfacer "esa demanda". Términos propios de un economista, aunque en su caso con una vida pública muy ligada a Néstor y Cristina Kirchner desde la campaña de 2001.

Antes, en 1989, fue el primer titular de la Dirección General Impositiva (DGI) con el flamante presidente Carlos Menem. Pero duró poco, enfrentado con la visión que impuso el riojano. Luego trabajó en el Instituto de Investigaciones Fiscales y Económicas (IEFE) y sólo volvió al ruedo grande a partir de 2003. Desde entonces estuvo al frente de la Aduana y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de donde se marchó tras una pelea pública con el poderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pero antes de irse, votó a favor de la fusión de Multicanal y CableVisión, aquella operación que luego trabó el Gobierno cuando se peleó con el Grupo Clarín.

Frontal, conocido como un "funcionario todo terreno", Sbattella carece de experiencia o antecedentes en la lucha contra el lavado de dinero, un flanco que podría generar impugnaciones del sector privado similares -o más duros- que los que debió afrontar Rosa Falduto antes de asumir.

Su paso por la Aduana, sin embargo, puede anticipar sus primeros pasos de llegar a la UIF. Allá aterrizó con un equipo propio de 20 personas para cargos clave, incluidos el auditor general y los subdirectores legales. "Mi teoría siempre fue primero completar una evaluación de la situación y, si es necesario, llevar gente de confianza lo antes posible", explicó a LA NACION.

-Para aceptar la propuesta de la UIF, ¿pidió la remoción de los miembros del Consejo Asesor y de varios directores y secretarios?

-Pedí manos libres para tener la posibilidad de tener gente de confianza, aunque primero quiero ver cómo trabaja la gente que ya está.

-Le reitero, ¿usted llega para ser el "arma política" del Gobierno en la UIF?

-No. La verdad es que por mi experiencia política en anteriores cargos, lo que sí quiero es que el organismo cumpla con su rol porque en el Estado muchas veces hay leyes, pero son cáscaras vacías, y hay organismos con un fuerte déficit estructural sin posibilidad de ejecutar esas leyes. Yo vengo a poner el organismo [por la UIF] en funciones. Me convocaron porque necesitaban a alguien que moviera este organismo tras 10 años sin resultados.

JOSE SBATTELLA

Candidato a presidente de la UIF

• Profesión: economista

• Edad: 62 años

• Antecedentes: ex titular de la DGI, de la Dirección de Aduanas y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)

• "Quiero que el organismo [por la UIF

Un órgano al servicio de los Kirchner

"El organismo que investiga el lavado, al servicio de los Kirchner", tituló LA NACION el domingo 27 de diciembre. Allí reveló que la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió la orden política de denunciar al Grupo Clarín, como también expuso otras presuntas irregularidades -como la existencia de una supuesta "mesa paralela" de expedientes"-, sobre la base de los datos y documentos aportados por una docena de actuales y ex funcionarios y empleados de la UIF durante dos meses.

Ante la consulta de LA NACION Falduto optó por callar, mientras que uno de sus consejeros, Martín Giménez Bonet, se negó a confirmar o desmentir la información, ya que "toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".

En contraste con su silencio sobre la supuesta orden contra Clarín, Falduto sí negó que existiera una "mesa paralela" para los expedientes "sensibles". Pero confirmó la elevada rotación del personal, aunque negó nombramientos irregulares.

Según reconstruyó LA NACION, en la UIF trabajaban 50 personas cuando llegó Falduto. No se les renovó el contrato (o se marcharon) cerca de 30 -incluidos directores y secretarias generales ejecutivas que ella nombró-, y amplió la planta a más de 70. Entre ellos, amigos de sus hijos, empleados sin antecedentes en investigaciones sobre lavado y ex agentes (o sus familiares directos) de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la SIDE.
Fuente La Nacion

ARGENTINA: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CUESTIONADA PARTE II

Involucran al Ministerio de Justicia en una operación contra Clarín
Pidió a la Unidad de Información Financiera que investigue al Grupo.
El plan kirchnerista para afectar la imagen pública del Grupo Clarín suma un nuevo capítulo. Ahora el embate corrió por cuenta del propio ministro de Justicia, Julio Alak. El ministro llamó la semana pasada a la presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, y le ordenó que el organismo investigue al Grupo por lavado de dinero. La orden, según fuentes con conocimiento de las investigaciones sobre lavado de dinero, habría provenido de las más altas autoridades del Gobierno.
El domingo anterior, el diario La Nación había informado que la UIF -que es el organismo encargado de investigar las operaciones sospechadas de lavado de dinero- había sido puesto al servicio del matrimonio Kirchner.
"Avancen contra el Grupo Clarín", fue la decisión. El embate, según esa publicación, podría producirse a través de tres vías: una denuncia, un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o uno de los llamados Informe de Otras Fuentes (IOF). Como sea, el mensaje es armar una denuncia para acusar al Grupo.
Luego de la presión de Alak sobre Falduto, las autoridades de la UIF consultaron al Consejo Asesor y le habrían señalado al ministro que "la única posibilidad" de iniciar una investigación contra Clarín sería a través de un Reporte de Operación Sospechosa realizado por un banco o un particular, o a pedido del juez de la causa. Ninguna de esas cosas sucedieron.
La respuesta de Alak fue todavía más categórica: el ministro le habría señalado a Falduto que todos los demás organismos que tienen competencia en esta materia, como el BCRA, que dirige Martín Redrado y la AFIP, que conduce Ricardo Echegaray "procederían a realizar una investigación de este tipo".
Consultado por Clarín, Juan Félix Marteau, que lidera un grupo de abogados especializados en prevención de lavado de dinero y preside la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), dijo que la intención del Gobierno desconoce las atribuciones del organismo.
"El decreto 2.226 que se firmó en 2008 autoriza a la UIF a ser querellante, pero debe entenderse esto dentro de los limites de la ley. Quiere decir en que no puede actuar sin el reporte de la denuncia previa. La UIF no debe investigar de oficio ni por orden del Gobierno", puntualizó.
Marteau denunció que "se ha hecho todo lo posible para que la UIF sea un organismo débil y condicionado y eso lo convierte en fácil presa de operaciones políticas".
En la nota de La Nación se dice que se consultó a Falduto sobre la embestida, pero se aclara que la funcionaria evitó dar una respuesta. En cambio, uno de sus principales colaboradores y además integrante del Consejo Asesor de la UIF por el BCRA, Abelardo Martín Giménez Bonet, dejó abierta esa posibilidad. El colaborador de Falduto se lamentó de no poder brindar mayores datos "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
"No voy a confirmar ni a desmentir", manifestó. Un día después del encuentro con Falduto el ex presidente Néstor Kirchner aprovechó un acto público para indicar que "la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y a otros para saber si lavaron dinero".
Desde entonces, el oficialismo no ha parado en su ofensiva. El director de Asuntos Jurídicos de la UIF, Carlos Bustillo, presentó un escrito en el juzgado federal Sergio Torres en la que solicitó tomar vista de las actuaciones.
Fuente Clarin

ARGENTINA Causa Triple Crimen: Cuatro detenidos por crimen de empresarios asociados al narcotráfico mexicano

Cuatro hombres fueron detenidos hoy a las afueras de Buenos Aires acusados del secuestro y asesinato en 2008 de tres empresarios argentinos presuntamente vinculados a narcotraficantes mexicanos, informaron fuentes oficiales.

Cristian Lanatta y los hermanos Víctor y Marcelo Schillaci fueron apresados luego de diez allanamientos realizados este lunes en la ciudad bonaerense de Quilmes y en la costera Mar del Plata, en el marco de la investigación por el crimen de los empresarios Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, según los portavoces.

Horas después se entregó Martín Lanatta, hermano de Cristian y al que se considera un personaje clave en el crimen de los tres empresarios, dos de ellos del sector farmacéutico, cuyos cadáveres maniatados fueron hallados en agosto de 2008 en un descampado de la localidad de General Rodríguez, a las afueras de Buenos Aires.

El fiscal del caso, Juan Bidone, explicó a periodistas que en los allanamientos también fueron incautadas varias armas y confió en que "en los próximos tiempos" descubrirán quién fue el autor intelectual del asesinato.

"Creemos que estas personas son las que mataron u ordenaron matar. No descarten que haya más detenciones en las próximas horas", anticipó Miguel Ángel Pierri, abogado de las víctimas.

"Hay gente de poder" vinculada al triple crimen y "puede caer más gente" en los próximos días, estimó a su vez Diego Ferrón, hermano de uno de los empresarios asesinados.

Fuentes judiciales confirmaron además que el crimen de los empresarios está vinculado con la investigación por una "mafia" dedicada a la venta de medicamentos caducos o adulterados, caso por el que a comienzos de este mes detuvieron a la viuda del asesinado Forza, Solange Bellone.

El asesinato de los empresarios se atribuyó a narcotraficantes mexicanos a quienes les proveían de efedrina, uno de los precursores químicos utilizado para fabricar metanfetamina, entre otras drogas sintéticas.

Por presunto tráfico ilegal de efedrina hay una veintena de detenidos, entre ellos varios mexicanos, en una causa paralela a la que se instruye por el crimen de los empresarios.

Se sospecha que las causas están vinculadas entre sí, debido a que Forza aparece en documentación incautada por el juez Norberto Oyarbide en la investigación de la llamada "mafia de los medicamentos".

Forza, asesinado cuando afrontaba trece causas por emitir cheques sin fondos y presunto tráfico de medicamentos adulterados, aparece como uno de las personas que en 2007 aportó dinero para la campaña electoral de la presidenta argentina, Cristina Fernández, asunto que se investiga en otras actuaciones de la justicia federal.

Al fallecido Forza también se lo vinculó con un colombiano que el año pasado sobrevivió a un ataque a balazos realizado por un sicario en un centro comercial de las afueras de la capital argentina, hecho en el que fueron asesinados otros dos hombres de esa nacionalidad presuntamente vinculados al narcotráfico.

Ferrón y Forza se dedicaban a la venta y distribución de medicamentos, mientras que Bina era publicista.

Fuente EFE

Grave denuncia en la ONU: Algunos bancos se salvaron gracias a dinero del narcotráfico

El director de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), Antonio María Costa, declaró ante medios ingleses que el sistema financiero internacional se mantuvo a flote gracias al dinero proveniente del narcotráfico. Según el funcionario, la mayoría de los US$ 352.000 millones ingresados por el narco en 2008 fueron inyectados al sistema financiero. Costa no aclaró qué países ni qué entidades se vieron beneficiados por esa situación.

Miles de millones de dólares provenientes del narco mantuvieron aflote el sistema financiero durante la crisis financiera global, reveló el zar de las drogas de la ONU, Antonio María Costa, al diario inglés Observer.

Antonio María Costa sostiene haber visto evidencia de que las ganancias del crimen organizado eran “el único capital líquido” disponible para algunos bancos al borde de colapsar el año pasado. Según él, la mayoría de los US$ 352 mil millones ingresados por el narco en 2008 fueron inyectados al sistema financiero.

El director de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), desde su oficina de Viena, dijo que desde hace 18 meses agencias de inteligencia le hicieron notar que el dinero del crimen organizado estaba siendo usado para financiar a los bancos. Esto es aún más perturbador ya que la misma crisis financiera parece haber sido orquestada desde adentro.

“Los préstamos interbancarios fueron fondeados por dinero originado en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales… Existen signos de que algunos bancos fueron rescatados de esta forma”, dijo Costa, que sin embargo se negó a decir qué países o qué bancos recibieron los narcodólares, ya que supuestamente su dependencia está encargada sólo de detectar el problema pero no de asignar culpa.

Además, el dinero ha sido lavado efectivamente y es parte del sistema oficial, señaló. Por lo cual resulta muy probable que esto no sea investigado y, en el caso de que lo fuese, difícilmente podría culpabilizar a los verdaderos perpetradores de estos ilícitos, ya que ellos mismos son los que controlan las leyes.

El testimonio de María Costa pone el dedo en un tema que ha sido pasado de largo por los turbios intereses que oculta: la relación entre los bancos y los carteles de la droga (los bancos siendo básicamente carteles financieros), y la protección que reciben ciertos narcos que tienen tratos con grupos en el poder en todo el mundo (¿por qué no hay capos en USA?), siendo que son estos grupos los que reciben la mayor cantidad del dinero de estas operaciones ilegales para fondear proyectos ocultos, guerras, coup d’etats, tecnología secreta o para rescatarse a sí mismos sin poder ser rastreados.

El alto diplomático de la ONU recuerda que en el segundo semestre de 2008 la falta de liquidez fue el principal problema del sistema financiero mundial, lo que convirtió el capital líquido en un factor muy importante.

Una situación que contrasta con las grandes cantidades que genera el tráfico de estupefacientes al por mayor y que Costa valora en US$ 90.000 millones, que crecen hasta US$ 320.000 millones cuando la droga llega a la calle.

ARGENTINA: El Gobierno dice que quiere incautar bienes de corruptos

Ademas de mejorar el control y la represion del lavado de dinero, el Gobierno dice que quiere incautar bienes de corruptos
Lo dijo el ministro de Justicia al apoyar una propuesta de una comisión de expertos.
El ministro de Justicia, Julio Alak, consideró "necesario" que la Justicia pueda disponer de bienes incautados en investigaciones judiciales sobre lavado de dinero antes de que exista sentencia firme como una forma de golpear los bolsillos de los narcotraficantes.Además, brindó un fuerte respaldo al anteproyecto de ley que, en ese sentido, elaboró la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción.
Alak sostuvo que el Gobierno impulsa reformas normativas y reglamentarias que "aumentarán nuestra eficacia en la lucha contra el lavado del dinero que proviene del narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia económica y la corrupción".Agregó que "hay un vacío legal y compromisos internacionales que la Argentina asumió; por tanto, el Estado debe seguir mejorando su rendimiento en forma inteligente y con medidas concretas".También destacó que impulsa "un registro nacional de estos bienes, a fin de que los jueces puedan concentrar sus recursos y sus esfuerzos en la investigación de las causas complejas y no a administrar o consignar esos bienes".Consideró que "éste es un problema socioeconómico y sus soluciones son políticas; por eso necesitamos contar con la colaboración de todos los sectores, incluso el privado"."La Comisión ha podido realizar su trabajo libremente porque el Estado la ha provisto de todos los datos que ha requerido", sostuvo Alak, que se reunirá en los próximos días con el grupo de expertos que lidera la fiscal Mónica Cuñarro.El ministro señaló que los organismos financieros internacionales estiman entre 100 y 150 mil millones de dólares la ganancia en negro obtenida anualmente por el narcotráfico a nivel mundial. El proyecto señala que "la Fiscalización y el Control del Financiamiento de los denominados Delitos Complejos constituyen un compromiso internacional que la Argentina ha asumido desde la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas".También existen compromisos por "por la Ley 24.072, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante Convención de Palermo de 2000) aprobada mediante la Ley N° 25.632, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por Ley Nº 26.097 y la Convención Interamericana contra la Corrupción", entre otras.La comisión sostuvo que "del análisis de las legislaciones penal y administrativa para la prevención y represión del lavado de activos, como de los informes recibidos, se desprende en primer lugar la imperiosa necesidad de fijar, coordinar, modificar y reforzar una política criminal, ajustada a la ley y a las necesidades del Estado".

Fuente Clarin