La presión del GAFI obligó a José Sbatella a ser más estricto en los últimos años en el seguimiento del delito de lavado de dinero en el país. Y lo apuró a trabajar desde su organismo en el armado de una engorrosa normativa destinada a vigilar por completo al sistema financiero que, en muchas entidades, resultó imposible de cumplir. En ese proceso, durante el último año la Unidad de Información Financiera (UIF) terminó por sumariar a 17 bancos que operan en la Argentina: a algunos por no llevar la “debida diligencia”, y a otros por no haber reportado alguna operación sospechosa de lavado de dinero. Con todo, el organismo aún no pudo comprobar si a lo largo de este año existió o no algún caso de lavado de dinero en el sistema financiero.
El organismo apenas alcanzó a aplicar una multa (de $ 1,4 millón) a Banco Macro, la entidad de Jorge Brito, por haber omitido información en años anteriores sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que sí habían sido reportadas por otras entidades del sistema financiero local.
Así quedó confeccionado en el último informe de gestión del organismo que preside Sbatella, según pudo confirmar El Cronista. Las estadísticas de la UIF dejaron de ser publicadas en el sitio web en marzo del año pasado. Pero el último informe constató que fueron abiertos unos 30 sumarios a compañías de la economía local que no cumplieron debidamente con la aplicación de la ley. Entre éstas, un 57% pertenece al sistema financiero. Y el resto estuvo conformado por empresas de galerías de arte, casas de juegos de azar y joyerías, entre otros sectores.
La investigación por un sumario puede durar meses y hasta “años” si la investigación es más compleja. Pero prescribe si cumple sus cinco años de existencia sin resolución, según quedó determinado por la ley nacional de lavado de dinero aprobada en el Congreso a mediados del año pasado (la 26.683).
Su proceso puede derivar en sanciones que se ubican entre los $ 10.000 y los $ 100.000 cuando se trata de incumplimientos de la “debida diligencia”, o de hasta 10 veces el monto de la operación sospechada, cuando se trata de una omisión de información.
El organismo recibía, hasta mitad del año pasado, más de 500 reportes de operaciones sospechosas cada mes. La cantidad empezó a acelerarse aún más, incluso, con la implementación del sistema online por el cual cada compañía debe registrar estas sospechas. Los reportes de las entidades, que están identificadas con su CUIT y un password, ingresan en una matriz de riesgo que ya confeccionó el organismo mediante el cruce de datos entre los distintos sectores.
La última sanción aplicada por la UIF recayó sobre la casa de juegos de azar Alfa Mercurio, que opera en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y fue de apenas $ 20.000 (una mitad para la empresa y la otra para su oficial de cumplimiento). El motivo: la empresa no reportó los nombres de los ganadores de premios que superaron los $ 10.000 y $ 50.000, según está estipulado en la nueva normativa.
Antes del Macro, la UIF había sancionado a otros tres bancos, en septiembre de 2010: el Banco Galicia (con $ 4,4 millones), el BBVA Francés ($ 39 millones), y el salteño MásVentas ($ 6 millones).
IGNACIO OLIVERA DOLL El Cronista
martes, 10 de abril de 2012
lunes, 9 de abril de 2012
Argentina:Detuvieron en zona norte a la ex esposa de uno de los narcos más buscados
Había sido pareja de Daniel Barrera, que es intensamente buscado por los Estados Unidos y tiene pedido de captura en varios países del mundo. La mujer se había comprado una inmobiliaria y creen que lavaba dinero del narcotráfico, adelantó C5N
La noticia llegó desde Colombia y reveló que en la Argentina detuvieron a Ruth Martínez, ex esposa del mayor capo narco de Colombia, que vivía en la zona de Nordelta.
La mujer, de nacionalidad colombiana, había comprado una inmobiliaria donde comercalizaba viviendas y está en la mira porque creen que se dedicaba al lavado de activos provenientes del narcotráfico; pese a su separación, seguiría siendo socia de su ex marido.
La mujer está actualmente casada con un argentino llamado Ariel Gustavo González, quien tambien se encuentra detenido.
Todo se realizó en el marco del operativo Luis XV, que contó con la participación de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería y Prefectura.
Daniel Barrera es uno de los hombres más buscados por las autoridades antinarcóticos, porque consideran que hoy es el capo narco más grande del planeta.
Barrera es conocido como "El Loco" pero sólo hay una foto de él y se cree que en la actualidad su fisonomía sería muy diferente, debido a que se habría sometido a varias cirugías estéticas para permanecer en la clandestinidad.
Este hombre de unos 43 años hizo muy buenos negocios con los paramilitares, y también estableció contactos con las FARC.
Fuente: Infobae
La noticia llegó desde Colombia y reveló que en la Argentina detuvieron a Ruth Martínez, ex esposa del mayor capo narco de Colombia, que vivía en la zona de Nordelta.
La mujer, de nacionalidad colombiana, había comprado una inmobiliaria donde comercalizaba viviendas y está en la mira porque creen que se dedicaba al lavado de activos provenientes del narcotráfico; pese a su separación, seguiría siendo socia de su ex marido.
La mujer está actualmente casada con un argentino llamado Ariel Gustavo González, quien tambien se encuentra detenido.
Todo se realizó en el marco del operativo Luis XV, que contó con la participación de la Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería y Prefectura.
Daniel Barrera es uno de los hombres más buscados por las autoridades antinarcóticos, porque consideran que hoy es el capo narco más grande del planeta.
Barrera es conocido como "El Loco" pero sólo hay una foto de él y se cree que en la actualidad su fisonomía sería muy diferente, debido a que se habría sometido a varias cirugías estéticas para permanecer en la clandestinidad.
Este hombre de unos 43 años hizo muy buenos negocios con los paramilitares, y también estableció contactos con las FARC.
Fuente: Infobae
miércoles, 7 de marzo de 2012
ARGENTINA: Multa a casa de juegos en Tucumán
Luego de realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de la debida diligencia a la que están obligadas las empresas administradores de casas de juego, se aplicó una multa de $ 20.000 a Alfa Mercurio
En fecha 7 de julio de 2011, el presidente de la UIF –mediante la Resolución 90/2011-
ordenó la apertura de un sumario administrativo a Alfa Mercurio SRL y a las personas que actuaron como sus órganos o ejecutores. La empresa se dedica a la explotación de
máquinas de azar accionadas por pulso y crédito, desarrollando su actividad en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
En virtud de lo dispuesto por la ley Nº 25.246 Alfa Mercurio SRL, se encuentra obligada a cumplimentar los requerimientos cursados por UIF.
En fecha 15/10/2010 se cursó Nota UIF Supervisión al sujeto obligado a fin que
acompañe documentación que acredite el cumplimiento de la normativa que la abarca en
relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A ese momento le correspondía enviar un reporte sistemático de los premios de mas de
$ 10.000, La resolución 199/11 lo elevo a mas de $ 50.000. También tener una política de prevención con su manual de procedimiento y nombrado su Oficial de Cumplimiento.
Vencidos los plazos legales, no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del sujeto obligado. Posteriormente, en el transcurso del sumario administrativo el mismo reconoció los incumplimientos, Y procedio a efectuar el pago de la multa.
El presidente de la UIF mediante resolución 38/2012 impuso las multas previstas por la Ley Nº 25.246 y modificatoria, a Julio Cesar Viera y a Alfa Mercurio SRL por un monto total de pesos ($ 20.000), disponiendo también una nueva verificación de cumplimiento por parte de la empresa.
Urgente24
En fecha 7 de julio de 2011, el presidente de la UIF –mediante la Resolución 90/2011-
ordenó la apertura de un sumario administrativo a Alfa Mercurio SRL y a las personas que actuaron como sus órganos o ejecutores. La empresa se dedica a la explotación de
máquinas de azar accionadas por pulso y crédito, desarrollando su actividad en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
En virtud de lo dispuesto por la ley Nº 25.246 Alfa Mercurio SRL, se encuentra obligada a cumplimentar los requerimientos cursados por UIF.
En fecha 15/10/2010 se cursó Nota UIF Supervisión al sujeto obligado a fin que
acompañe documentación que acredite el cumplimiento de la normativa que la abarca en
relación a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A ese momento le correspondía enviar un reporte sistemático de los premios de mas de
$ 10.000, La resolución 199/11 lo elevo a mas de $ 50.000. También tener una política de prevención con su manual de procedimiento y nombrado su Oficial de Cumplimiento.
Vencidos los plazos legales, no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del sujeto obligado. Posteriormente, en el transcurso del sumario administrativo el mismo reconoció los incumplimientos, Y procedio a efectuar el pago de la multa.
El presidente de la UIF mediante resolución 38/2012 impuso las multas previstas por la Ley Nº 25.246 y modificatoria, a Julio Cesar Viera y a Alfa Mercurio SRL por un monto total de pesos ($ 20.000), disponiendo también una nueva verificación de cumplimiento por parte de la empresa.
Urgente24
Para EEUU, el lavado de dinero en la Argentina se agravó en 2011
Argentina se convirtió en un importante destino de lavado de dinero en 2011 y por ello pasó a engrosar una lista integrada por otras 66 naciones, según el informe anual antinarcóticos del Departamento de Estado.
De acuerdo al texto divulgado este miércoles, la Argentina pasó de ser un país "de preocupación" a un país "de máxima preocupación" a causa del extendido uso de dinero en metálico, del mercado negro cambiario, del aumento del contrabando con países vecinos y de la poca transparencia de su régimen de importación y exportación.
En la misma línea, el documento sostiene que el país "colabora ostensiblemente" con Paraguay y Brasil para atajar problemas de seguridad en su frontera común, así como con Estados Unidos, a través de la denominada "Iniciativa Tres+Uno", dice el texto.
Pero "ese mecanismo ha sido ampliamente inoperante en años recientes a causa de diferencias políticas entre Argentina y Estados Unidos", entre otras razones.
Otras naciones que pasaron a convertirse en "jurisdicciones de máxima preocupación", fueron Curaçao y Saint Martin. Los tres países son hoy los de máxima prioridad para Estados Unidos, según el informe, que fija su política antidrogas.
Estados Unidos se incluye en su propio listado de países que experimentan "transacciones monetarias que involucran montos significativos de dinero procedente del narcotráfico", según la definición del informe antidrogas.
Otros países de la lista son Afganistán, Reino Unido, China, Colombia, Israel o Francia.
Ambito
De acuerdo al texto divulgado este miércoles, la Argentina pasó de ser un país "de preocupación" a un país "de máxima preocupación" a causa del extendido uso de dinero en metálico, del mercado negro cambiario, del aumento del contrabando con países vecinos y de la poca transparencia de su régimen de importación y exportación.
En la misma línea, el documento sostiene que el país "colabora ostensiblemente" con Paraguay y Brasil para atajar problemas de seguridad en su frontera común, así como con Estados Unidos, a través de la denominada "Iniciativa Tres+Uno", dice el texto.
Pero "ese mecanismo ha sido ampliamente inoperante en años recientes a causa de diferencias políticas entre Argentina y Estados Unidos", entre otras razones.
Otras naciones que pasaron a convertirse en "jurisdicciones de máxima preocupación", fueron Curaçao y Saint Martin. Los tres países son hoy los de máxima prioridad para Estados Unidos, según el informe, que fija su política antidrogas.
Estados Unidos se incluye en su propio listado de países que experimentan "transacciones monetarias que involucran montos significativos de dinero procedente del narcotráfico", según la definición del informe antidrogas.
Otros países de la lista son Afganistán, Reino Unido, China, Colombia, Israel o Francia.
Ambito
viernes, 24 de febrero de 2012
SUIZA:Ocaso del paraíso fiscal: bancos suizos exigirán prueba de que el dinero fue declarado
Los extranjeros deberán firmar una declaración en la que atestiguarán haber pagado los impuestos correspondientes en su país. Si el banco tiene dudas de la veracidad de esta declaración, deberá pedir más datos o incluso rechazar el depósito
Los extranjeros que quieran depositar dinero en Suiza ya no podrán esconderlo al fisco de sus países. Si prospera un proyecto del gobierno de ese país, los clientes que quieran confiar su dinero a bancos suizos se verán obligados a atestiguar que han declarado dichos depósitos en sus lugares de origen.
Esta es una de varias medidas que el Consejo Ejecutivo (gobierno helvético) pretende imponer en su estrategia para acabar paulatinamente con el “dinero sucio” depositado en las arcas del sector bancario suizo. En la práctica, un ciudadano chino, español o sudanés que quiera depositar una suma “importante” de dinero en un banco helvético tendrá que firmar una declaración en la que atestiguará haber pagado los impuestos correspondientes en su país por dicho monto.
Si el banco tiene dudas de la veracidad de esta declaración, deberá pedir más datos y si sigue sin estar convencido, deberá rechazar el depósito del dinero.
En el caso de que este ciudadano mintiese y las autoridades suizas lo supieran, podrían eventualmente iniciar un proceso legal contra él, aunque este es uno de los aspectos jurídicos que debe aún desarrollarse y concretarse.
Asimismo, aún no se ha determinado cual será el monto a partir del cual se deberá firmar la declaración, qué controles exactos deberán aplicar los bancos, o si la FINMA, el controlador del mercado financiero suizo, jugará un papel o no en esta materia, entre otras cuestiones.
Es por ello que el Gobierno se ha dado hasta septiembre para desarrollar la normativa. Lo que sí está claro es que la nueva legislación no tendrá carácter retroactivo y sólo se aplicará a los depósitos que se efectúen una vez esté en vigor.
La reacción de la Asociación Suiza de Bancos (ASB) no se hizo esperar y si bien la aceptan y la acatarán, han dejado claro que los bancos no tienen que ser los responsables del comportamiento legal o ilegal de sus clientes con respecto a su relación con el fisco de sus países de origen.
Asimismo, la patronal de los bancos ha solicitado que las nuevas disposiciones no sólo se apliquen a los bancos sino a todos los intermediarios financieros, y ha mostrado sus deseo de que otras plazas financieras en el mundo se encaminen en la misma dirección.
Uno de los aspectos que alaban los bancos es el hecho de que la nueva normativa no incluya el intercambio automático de informaciones entre Suiza y un tercer país sobre los titulares de los depósitos.
El Consejo Federal pretende salvaguardar el sacrosanto secreto bancario y mantener el anonimato de los clientes extranjeros con depósitos en Suiza, y estima que el impuesto liberatorio es el mejor método para contentar al fisco de terceros países.
A cambio, Suiza promete mejorar la asistencia administrativa y la cooperación judicial según las normas internacionales. El impuesto liberatorio es retenido por el banco y transmitido directamente a las autoridades fiscales extranjeras sin transmitir la identidad del cliente.
Desde principios de 2011, Suiza negocia un impuesto liberatorio con diferentes países y a cambio pide que se mejore el acceso al mercado a las instituciones financieras suizas y que se encuentre una solución estable para los datos fiscales obtenidos ilegalmente.
EL CRONISTA
Los extranjeros que quieran depositar dinero en Suiza ya no podrán esconderlo al fisco de sus países. Si prospera un proyecto del gobierno de ese país, los clientes que quieran confiar su dinero a bancos suizos se verán obligados a atestiguar que han declarado dichos depósitos en sus lugares de origen.
Esta es una de varias medidas que el Consejo Ejecutivo (gobierno helvético) pretende imponer en su estrategia para acabar paulatinamente con el “dinero sucio” depositado en las arcas del sector bancario suizo. En la práctica, un ciudadano chino, español o sudanés que quiera depositar una suma “importante” de dinero en un banco helvético tendrá que firmar una declaración en la que atestiguará haber pagado los impuestos correspondientes en su país por dicho monto.
Si el banco tiene dudas de la veracidad de esta declaración, deberá pedir más datos y si sigue sin estar convencido, deberá rechazar el depósito del dinero.
En el caso de que este ciudadano mintiese y las autoridades suizas lo supieran, podrían eventualmente iniciar un proceso legal contra él, aunque este es uno de los aspectos jurídicos que debe aún desarrollarse y concretarse.
Asimismo, aún no se ha determinado cual será el monto a partir del cual se deberá firmar la declaración, qué controles exactos deberán aplicar los bancos, o si la FINMA, el controlador del mercado financiero suizo, jugará un papel o no en esta materia, entre otras cuestiones.
Es por ello que el Gobierno se ha dado hasta septiembre para desarrollar la normativa. Lo que sí está claro es que la nueva legislación no tendrá carácter retroactivo y sólo se aplicará a los depósitos que se efectúen una vez esté en vigor.
La reacción de la Asociación Suiza de Bancos (ASB) no se hizo esperar y si bien la aceptan y la acatarán, han dejado claro que los bancos no tienen que ser los responsables del comportamiento legal o ilegal de sus clientes con respecto a su relación con el fisco de sus países de origen.
Asimismo, la patronal de los bancos ha solicitado que las nuevas disposiciones no sólo se apliquen a los bancos sino a todos los intermediarios financieros, y ha mostrado sus deseo de que otras plazas financieras en el mundo se encaminen en la misma dirección.
Uno de los aspectos que alaban los bancos es el hecho de que la nueva normativa no incluya el intercambio automático de informaciones entre Suiza y un tercer país sobre los titulares de los depósitos.
El Consejo Federal pretende salvaguardar el sacrosanto secreto bancario y mantener el anonimato de los clientes extranjeros con depósitos en Suiza, y estima que el impuesto liberatorio es el mejor método para contentar al fisco de terceros países.
A cambio, Suiza promete mejorar la asistencia administrativa y la cooperación judicial según las normas internacionales. El impuesto liberatorio es retenido por el banco y transmitido directamente a las autoridades fiscales extranjeras sin transmitir la identidad del cliente.
Desde principios de 2011, Suiza negocia un impuesto liberatorio con diferentes países y a cambio pide que se mejore el acceso al mercado a las instituciones financieras suizas y que se encuentre una solución estable para los datos fiscales obtenidos ilegalmente.
EL CRONISTA
Argentina:Investigan a Boudou por lavado de dinero en el caso Ciccone
El vicepresidente Amado Boudou y un grupo de empresarios que son amigos o conocidos de él ya son investigados por la Justicia por los supuestos delitos de lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.
Así lo dispuso ayer el fiscal federal Carlos Rívolo al pedir informes a entidades estatales sobre las gestiones realizadas por empresarios ligados al vicepresidente para controlar la mayor imprenta de la Argentina, la ex Ciccone Calcográfica, habilitada para imprimir documentos y papel moneda.
Rívolo dio de esa manera el impulso formal a una causa penal iniciada a partir de investigaciones periodísticas, que revelaron el vínculo entre Boudou y los empresarios que adquirieron la quebrada Ciccone con el objetivo y la semicerteza de acceder a un negocio de 50 millones de dólares, a partir de la impresión de billetes de 100 pesos.
La investigación de la causa, del juzgado de Daniel Rafecas, fue delegada al fiscal, que dispuso las primeras medidas. "Lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función publica es la calificación tentativa a la luz de los hechos relatados en el expediente", escribió Rívolo al ordenar las medidas de prueba.
Esto es así, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, porque se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en la definición del levantamiento de la quiebra de Ciccone y en establecer de dónde salieron los fondos para hacerlo, pues en principio fueron aportados por personas que no tendrían la capacidad económica para eso.
La AFIP le había pedido a la justicia en lo comercial la quiebra de Ciccone tras acumular deudas por más de 240 millones de pesos. La quiebra se decretó el 15 de julio de 2010. Sin embargo, la AFIP volvió sobre sus pasos en las semanas que siguieron y pidió el levantamiento de esa quiebra, mientras que un socio comercial de Boudou, el abogado José María Núñez Carmona, contactaba a acreedores de la ex Ciccone. Les anticipó que con la ayuda del entonces ministro de Economía obtendrían nuevos contratos, según fuentes al tanto de las gestiones.
Se trataba de un amigo de Mar del Plata de Boudou, el abogado Alejandro Vandenbroele, que actuó en representación de la firma The Old Fund SA, la jugadora que se haría cargo de Ciccone.
Como si fueran muñecas rusas, que se colocan una dentro de otra, The Old Fund SA es controlado por el fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez es controlada por dos sociedades domiciliadas en Ginebra, Suiza.
Tanto el fondo holandés como las empresas suizas figuran disueltas en los registros comerciales cotejados por LA NACION. Y como representante legal del fondo Tierras figura Carlos Schneider, un jubilado que cobra el haber mínimo, tras 27 años en la marina mercante y que, cuando LA NACION lo consultó, afirmó que no sabía de qué se trataba todo esto.
La mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijo públicamente que su esposo es "el testaferro de Boudou". El testimonio de la señora, que se está divorciando de su marido, podría estar alcanzado por la prohibición legal que rige de declarar contra el cónyuge, en caso de que el delito no afecte a la interesada. No obstante, hay jurisprudencia que entiende que ese relato podría admitirse como una primera noticia del supuesto hecho delictivo.
La ex Ciccone, ya con sus nuevos dueños, se encargó de la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria correspondientes a las elecciones primarias de agosto del año pasado y obtuvo el apoyo técnico de Casa de Moneda para la impresión de billetes de 100 pesos, por unos 50 millones de dólares. Este negocio quedó trunco porque estalló el escándalo.
Uno de los funcionarios del Banco Central que habrían respaldado la participación de Ciccone en el negocio fue el gerente general Benigno Vélez, ahora desplazado del cargo en una decisión que comunicó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.
Rívolo personalmente ayer diligenció los oficios que él mismo había firmado para pedir los primeros elementos. Busca hacerse de esos papeles para determinar rápidamente si hay o no delito. El fiscal fue a mediodía desde el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, hasta la zona del Obelisco, donde visitó en Roque Sáenz Peña al 1200 al juez Javier Cosentino, del juzgado comercial N° 8, en el séptimo piso.
Allí está radicado el expediente de la quiebra de Ciccone. El juez mostró total predisposición para darle completo acceso al caso, que circunstancialmente está en la Cámara de Apelaciones. En ese expediente están narrados paso a paso los aportes de capital y los movimientos de los allegados al vicepresidente. También Rívolo pidió informes a la AFIP para determinar qué intervención tuvo en el tema y cómo se produjeron los aportes de capital que permitieron el levantamiento de la quiebra.
También envió un oficio al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde le pide antecedentes del expediente mediante el cual se le restituyó a la ex Ciccone la planta impresora que estaba alquilada por un año a la firma Boldt, a pesar de que el juez de la quiebra había autorizado este alquiler. Y además pidió datos a la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco) de sus investigaciones por evasión sobre Ciccone.
La Nacion Hernán Cappiello
Así lo dispuso ayer el fiscal federal Carlos Rívolo al pedir informes a entidades estatales sobre las gestiones realizadas por empresarios ligados al vicepresidente para controlar la mayor imprenta de la Argentina, la ex Ciccone Calcográfica, habilitada para imprimir documentos y papel moneda.
Rívolo dio de esa manera el impulso formal a una causa penal iniciada a partir de investigaciones periodísticas, que revelaron el vínculo entre Boudou y los empresarios que adquirieron la quebrada Ciccone con el objetivo y la semicerteza de acceder a un negocio de 50 millones de dólares, a partir de la impresión de billetes de 100 pesos.
La investigación de la causa, del juzgado de Daniel Rafecas, fue delegada al fiscal, que dispuso las primeras medidas. "Lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función publica es la calificación tentativa a la luz de los hechos relatados en el expediente", escribió Rívolo al ordenar las medidas de prueba.
Esto es así, según dijeron fuentes judiciales a LA NACION, porque se trata de determinar si el vicepresidente se interesó en la definición del levantamiento de la quiebra de Ciccone y en establecer de dónde salieron los fondos para hacerlo, pues en principio fueron aportados por personas que no tendrían la capacidad económica para eso.
La AFIP le había pedido a la justicia en lo comercial la quiebra de Ciccone tras acumular deudas por más de 240 millones de pesos. La quiebra se decretó el 15 de julio de 2010. Sin embargo, la AFIP volvió sobre sus pasos en las semanas que siguieron y pidió el levantamiento de esa quiebra, mientras que un socio comercial de Boudou, el abogado José María Núñez Carmona, contactaba a acreedores de la ex Ciccone. Les anticipó que con la ayuda del entonces ministro de Economía obtendrían nuevos contratos, según fuentes al tanto de las gestiones.
Se trataba de un amigo de Mar del Plata de Boudou, el abogado Alejandro Vandenbroele, que actuó en representación de la firma The Old Fund SA, la jugadora que se haría cargo de Ciccone.
Como si fueran muñecas rusas, que se colocan una dentro de otra, The Old Fund SA es controlado por el fondo holandés Tierras International Investments CV, que a su vez es controlada por dos sociedades domiciliadas en Ginebra, Suiza.
Tanto el fondo holandés como las empresas suizas figuran disueltas en los registros comerciales cotejados por LA NACION. Y como representante legal del fondo Tierras figura Carlos Schneider, un jubilado que cobra el haber mínimo, tras 27 años en la marina mercante y que, cuando LA NACION lo consultó, afirmó que no sabía de qué se trataba todo esto.
La mujer de Vandenbroele, Laura Muñoz, dijo públicamente que su esposo es "el testaferro de Boudou". El testimonio de la señora, que se está divorciando de su marido, podría estar alcanzado por la prohibición legal que rige de declarar contra el cónyuge, en caso de que el delito no afecte a la interesada. No obstante, hay jurisprudencia que entiende que ese relato podría admitirse como una primera noticia del supuesto hecho delictivo.
La ex Ciccone, ya con sus nuevos dueños, se encargó de la impresión de las boletas electorales del Frente para la Victoria correspondientes a las elecciones primarias de agosto del año pasado y obtuvo el apoyo técnico de Casa de Moneda para la impresión de billetes de 100 pesos, por unos 50 millones de dólares. Este negocio quedó trunco porque estalló el escándalo.
Uno de los funcionarios del Banco Central que habrían respaldado la participación de Ciccone en el negocio fue el gerente general Benigno Vélez, ahora desplazado del cargo en una decisión que comunicó la presidenta de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.
Rívolo personalmente ayer diligenció los oficios que él mismo había firmado para pedir los primeros elementos. Busca hacerse de esos papeles para determinar rápidamente si hay o no delito. El fiscal fue a mediodía desde el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en Retiro, hasta la zona del Obelisco, donde visitó en Roque Sáenz Peña al 1200 al juez Javier Cosentino, del juzgado comercial N° 8, en el séptimo piso.
Allí está radicado el expediente de la quiebra de Ciccone. El juez mostró total predisposición para darle completo acceso al caso, que circunstancialmente está en la Cámara de Apelaciones. En ese expediente están narrados paso a paso los aportes de capital y los movimientos de los allegados al vicepresidente. También Rívolo pidió informes a la AFIP para determinar qué intervención tuvo en el tema y cómo se produjeron los aportes de capital que permitieron el levantamiento de la quiebra.
También envió un oficio al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, donde le pide antecedentes del expediente mediante el cual se le restituyó a la ex Ciccone la planta impresora que estaba alquilada por un año a la firma Boldt, a pesar de que el juez de la quiebra había autorizado este alquiler. Y además pidió datos a la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y de Contrabando (Ufitco) de sus investigaciones por evasión sobre Ciccone.
La Nacion Hernán Cappiello
lunes, 20 de febrero de 2012
Argentina: GAFI: avance del país en Francia
ras dos años de tensas negociaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se apresta a retirar a la Argentina del grupo de países bajo revisión especial, conocida en la jerga antilavado como la "lista gris", anticiparon a LA NACION fuentes locales y extranjeras con acceso a las deliberaciones del plenario.
La decisión del principal organismo intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado del mundo podría adoptarse durante el próximo plenario, que se celebrará a mediados de junio próximo, en Roma, precisaron los informantes.
La decisión final dependerá de los avances que demuestre el Gobierno argentino para algunas "importantes deficiencias" remanentes en su sistema local durante los próximos meses y verificar "efectiva implementación", tras obtener un reconocimiento a los logros obtenidos desde el cónclave anterior.
El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó incluso que el foro antilaado "felicitó en forma unánime" al país por sus "notables avances" en su sistema, aasí como por la sanción de nuevas leyes sobre delitos económicos y financieros, como por la ley antiterrorista, que, sin embargo, levantó una fuerte resistencia local.
"Con agrado"
En esa línea, y mediante un comunicado oficial difundido ayer desde París, el GAFI expresó que recibió "con agrado" la promulgación de "una nueva ley que mejora significativamente la tipificación del financiamiento del terrorismo en la Argentina", en tanto que el organismo expresó que "felicita al país por sus esfuerzos".
Alak, que viajó junto al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, también consideró que las objeciones y planteos consignados por el grupo de trabajo (ICRG, por sus siglas en inglés) son comunes a numerosos países e integran la agenda de trabajo para el país. En el caso de la Argentina, el plenario en París representó su cuarto examen seguido desde que recibió un "lapidario" reporte, como lo calificó una alta fuente gubernamental ante la consulta de LA NACION, por la evaluación de la situación local, a principios de 2010.
En esa línea, el ICRG destacó que todavía resta avanzar más con la criminalización del blanqueo de dinero. También, con el establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con esa actividad, y con la identificación y congelamiento de bienes relacionados con actividades terroristas.
"Además, la Argentina debe continuar trabajando en el abordaje de una variedad de otras importantes deficiencias pendientes", señaló en su comunicado oficial..
La decisión del principal organismo intergubernamental de prevención y lucha contra el lavado del mundo podría adoptarse durante el próximo plenario, que se celebrará a mediados de junio próximo, en Roma, precisaron los informantes.
La decisión final dependerá de los avances que demuestre el Gobierno argentino para algunas "importantes deficiencias" remanentes en su sistema local durante los próximos meses y verificar "efectiva implementación", tras obtener un reconocimiento a los logros obtenidos desde el cónclave anterior.
El ministro de Justicia, Julio Alak, afirmó incluso que el foro antilaado "felicitó en forma unánime" al país por sus "notables avances" en su sistema, aasí como por la sanción de nuevas leyes sobre delitos económicos y financieros, como por la ley antiterrorista, que, sin embargo, levantó una fuerte resistencia local.
"Con agrado"
En esa línea, y mediante un comunicado oficial difundido ayer desde París, el GAFI expresó que recibió "con agrado" la promulgación de "una nueva ley que mejora significativamente la tipificación del financiamiento del terrorismo en la Argentina", en tanto que el organismo expresó que "felicita al país por sus esfuerzos".
Alak, que viajó junto al jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, también consideró que las objeciones y planteos consignados por el grupo de trabajo (ICRG, por sus siglas en inglés) son comunes a numerosos países e integran la agenda de trabajo para el país. En el caso de la Argentina, el plenario en París representó su cuarto examen seguido desde que recibió un "lapidario" reporte, como lo calificó una alta fuente gubernamental ante la consulta de LA NACION, por la evaluación de la situación local, a principios de 2010.
En esa línea, el ICRG destacó que todavía resta avanzar más con la criminalización del blanqueo de dinero. También, con el establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con esa actividad, y con la identificación y congelamiento de bienes relacionados con actividades terroristas.
"Además, la Argentina debe continuar trabajando en el abordaje de una variedad de otras importantes deficiencias pendientes", señaló en su comunicado oficial..
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