Hezbollah trafica toneladas de cocaína de América Latina a Europa

La DEA estadounidense confirmó que el grupo terrorista utiliza el narcotráfico para lavar dinero y financiar así sus operaciones yihadistas por el mundo, en especial en Siria. La conexión brasileña y venezolana.
El ex jefe de operaciones de la DEA Michael Braun aseguró ante legisladores estadounidenses que Hezbollah (grupo terrorista financiado por Irán) está "moviendo toneladas de cocaína" de América del Sur a Europa y ha desarrollado uno de los "esquemas de lavado de dinero más sofisticados" que jamás haya visto.

La agencia anunció en febrero pasado que había detenido a varios terroristas de Hezbollah acusados ​​de trabajar con un gran cártel de la droga de Colombia, con el objetivo de traficar narcóticos a Europa y blanquear dinero a través del Líbano. Esas detenciones se produjeron en un contexto de crecientes temores en Washington sobre los vínculos entre grupos terroristas de Medio Oriente y del hemisferio occidental.

La organización terrorista ha hecho "metástasis en una red de conexiones internacionales que grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda desearían tener", afirmó Braun ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EEUU.

La organización terrorista ha hecho “metástasis en una red de conexiones internacionales que grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda desearían tener”

Además de las preocupaciones sobre las posibles amenazas a la seguridad de América Central y del Sur, los informes de inteligencia también han rastreado cómo contrabandistas lograron colar a inmigrantes ilegales desde el Medio Oriente y el sur de Asia directamente a las puertas de los EEUU –incluyendo la ayuda de un afgano que las autoridades estadounidenses dicen que era parte de una célula de ataque en América del Norte–.

De acuerdo con documentos del gobierno difundidos por The Washington Times, las autoridades de inmigración identificaron al menos a una docena de hombres de Oriente Medio que han ingresado de contrabando en el hemisferio occidental por una red brasileña que los conecta con los mexicanos que los guían a la frontera con EEUU.

Se trata de palestinos, pakistaníes y afganos que tenían lazos familiares con los talibanes y estaban "envueltos en un complot para llevar a cabo un ataque en los EEUU y/o Canadá".

Las actividades de Hezbollah en América Latina incluyen "relaciones de negocios" con cárteles de la droga de América del Sur, como el colombiano Oficina de Envigado, un grupo del crimen "responsable de suministrar grandes cantidades de cocaína a los mercados de Europa y Estados Unidos".

Según la DEA, numerosos terroristas fueron apresados en Europa acusados por tráfico de drogas y lavado de dinero proveniente de América del Sur para comprar armas y financiar las actividades del grupo yihadista en siria.

"Una gran parte de las ganancias de la droga fue a parar al Líbano y de un porcentaje importante de estos ingresos se están beneficiando organizaciones terroristas, a saber, Hezbollah", explicó el agente estadounidense.

Las autoridades dijeron que el arresto más significativo fue de Mohamad Noureddine, a quien la DEA acusó de ser un lavador de dinero para Hezbollah. Una semana antes del anuncio, el Departamento del Tesoro había impuesto sanciones contra él y contra Hamdi Zaher el Dine, otro presunto lavador de dinero.

Hezbollah tiene una "vasta red de apoyo" en Brasil, que es el hogar de unos 7 millones de personas de ascendencia libanesa, incluyendo un estimado de 1 millón de musulmanes chiitas.

Hezbollah tiene una “vasta red de apoyo” en Brasil

"Hezbollah genera lealtad entre las comunidades chiitas locales mediante la gestión de sus estructuras religiosas y educativas", explicó Emanuele Ottolenghi, investigador principal sobre Irán de la Fundación para la Defensa de las Democracias. "A continuación, la lealtad aprovecha para solicitar fondos y el uso de conexiones de negocios en su propio beneficio, incluyendo, de manera crítica, facilitar su interacción con el crimen organizado", agregó.

"Los cárteles de la droga necesitan intermediarios, así como proveedores de materias primas y de servicios, por eso se conectan con cárteles en Colombia, Venezuela y Centroamérica", dijo Ottolenghi
Fuente Infobae

El mayor banco japonés planea emitir su propia moneda virtual

El Mitsubishi Tokyo-UFJ planea emitir una divisa digital denominada "MUFG", que podrá usarse para compras, transferencias bancarias o cambio de divisas.

El mayor banco de Japón, el Mitsubishi Tokyo-UFJ, emitirá su propia moneda virtual y se convertirá así en la primera gran entidad financiera del mundo en emprender una iniciativa así.
La nueva moneda digital, denominada por ahora "MUFG" (las siglas del banco), podrá usarse para compras, transferencias bancarias o cambio de divisas extranjeras a menor costo que con las monedas corrientes.
Desde la entidad dijeron que el MUFG está "en fase de desarrollo" y que por ahora no tiene fecha de lanzamiento, aunque algunos medios japoneses aseguran que sería en otoño.
Esta iniciativa, sin precedentes en la banca internacional, volvería a situar a Japón a la vanguardia de las monedas virtuales, después de aprobar en 2014 el primer marco normativo para regularlas.
En la práctica, la futura moneda funcionará igual a las tarjetas-monedero disponibles actualmente en Japón, que pueden usarse para pagar en comercios o transporte. Sin embargo, una gran diferencia será que la divisa virtual podrá intercambiarse entre los usuarios a través de computadoras o smartphones.
El Mitsubishi Tokyo-UFJ también trabaja en el desarrollo de una nueva generación de cajeros automáticos que permitirán operar con la divisa virtual y smartphones. Y además, está negociando con empresas y entidades para que acepten la nueva moneda.
Actualmente existen unas 600 divisas virtuales en todo el mundo y una de las que tiene una mayor capitalización de mercado es el bitcoin, estimada en unos US$ 8.400 millones.

Fuente: Ariel Bazan Clarin

El caso Milagro Sala pone a prueba el sistema antilavado

Por Dr. Sergio Goldenberg | El autor detalla los elementos que ponen en evidencia el deficiente accionar de la UIF en el caso y señala las nuevas líneas de trabajo que se ha impuesto la flamante dirigencia del organismo, resaltando la necesidad de mejora de un sistema cuya directriz refuerce los atributos de racionalidad, inteligencia y eficacia para alcanzar los objetivos propuestos por el nuevo gobierno. | 29/03/2016 Fuente: Prevenciondelavado.com

En esta columna de opinión, el mes pasado habíamos desarrollado una visión desde la óptica de las normas antilavado sobre los hechos conocidos a partir de la investigación de la justicia de Jujuy en el manejo de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas por la agrupación Tupac Amaru liderada por Milagro Sala.

Entre algunos de los procedimientos expuestos en esa oportunidad (Opinión y Noticias, El caso Milagro Sala: una mirada desde las normas sobre prevención del lavado de activos), y a la luz de lo informado por la Auditoria General de la Nación, planteábamos que la normativa del BCRA no habría sido cumplida con eficacia, y la modalidad operativa implementada sería al menos considerable como indicio para elevar algún reporte a la Unidad de Información Financiera (UIF) por parte de los Sujetos Obligados.

También nos preguntábamos qué rol pudo haber cumplido el sistema de prevención en su conjunto y si su funcionamiento pudo resultar eficaz frente a casos como el que hoy nos ocupa y en particular el nivel de participación que le tocó a la gestión anterior de la UIF, como el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos. Con relación a estos interrogantes comenzamos estos días a tomar conocimiento sobre algunas noticias que bien podrían alimentar el camino hacia las respuestas que buscamos.

De la información solicitada por la fiscal de instrucción de Jujuy Liliana Fernandez de Montiel a la UIF, surgen Reportes de Operaciones Sospechosas realizados por la adquisición de vehículos que realizó Milagro Sala. Asimismo, esos reportes fueron originados desde entidades financieras, aseguradoras y la misma AFIP. Estos hechos, en parte, muestran que el sistema generó alertas necesarias para la tarea de análisis que luego debe llevar a cabo la UIF.

No obstante y en contraposición a lo mencionado, recientemente se ha dado a conocer en medios periodísticos (La Nación) que una delegación de inspectores de la AFIP, del BCRA y de la UIF, luego de que en algunos programas televisivos se mostraran imágenes donde colaboradores de Milagro Sala cobraban por ventanilla $ 14 millones en efectivo y salían de las sucursales con ese dinero en bolsos que eran trasladados en camionetas, auditaron durante cinco días las sucursales del Banco Nación en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la localidad jujeña de San Pedro, y comprobaron que incumplían normas para combatir el lavado de activos; en particular, no se habrían elevado Reportes de Operaciones Sospechosas sobre la operatoria investigada y se incumpliría con la obligación de tener los legajos de clientes con la información sobre el giro comercial de éstos, en línea con la política de conocimiento del cliente.

Es importante destacar la relevancia que tiene para nuestro sistema financiero el grado de cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos por parte de los Bancos, y en especial cuando se trata de una entidad de la envergadura del Banco Nación, donde su presencia en localidades del interior del país concentra la actividad financiera de sus actores económicos, mientras es mínima la participación del sector financiero privado.

Una anécdota que me ha tocado vivenciar como oficial de cumplimiento en Bancos y que compartimos con varios colegas en su momento viene a ilustrar como esta situación es importante en términos de trasparencia del mercado. Durante muchos años, en localidades del interior del país cuando desde los bancos privados se solicitaba a los clientes información y documentación para cumplimentar las normas de la UIF, se recibía como respuesta que el Banco Nación no la solicitaba, respuesta que lógicamente corría por cuenta del cliente y resultaba de difícil comprobación por parte de la entidad financiera. Más allá de la veracidad o no de la respuesta del cliente, esta situación le aportaba opacidad al sistema y alteraba el equilibrio entre el cumplimiento de las normas antilavado y los objetivos comerciales de la banca al percibirse distintos umbrales de cumplimiento entre los Bancos.

Un dato no menor es que la capacitación de los Sujetos Obligados en esta temática es de suma importancia en la lucha contra el lavado de activos y, de hecho, la propia norma la establece como actividad obligatoria. En ese sentido, el Banco Nación, habiendo definido la necesidad de actualización y perfeccionamiento en la materia, en el año 2015 firmó un Convenio Marco con la UIF, la Sindicatura General de la Nación y su Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, el Banco Central de la República Argentina y la Universidad Nacional de San Martin. Este Programa de Capacitación y Fortalecimiento Institucional en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo fue diseñado especialmente para los agentes del Banco Nación y entre sus instructores participaron los funcionarios de la UIF.

Vemos entonces que si bien el sistema antilavado generó respuestas dentro del marco regulatorio por parte de los Sujetos Obligados, al menos esa reacción fue parcial e insuficiente, cuando vemos que el principal Banco Público pudo haber incumplido con esas normas, que mediante el programa de inspecciones del órgano de contralor no se haya logrado superar algunas deficiencias históricas en la gestión de cumplimiento de los Sujetos Obligados y que la UIF no haya profundizado su análisis en línea con el objetivo para el cual fue creada.

Esta semana el fiscal Guillermo Marijuán denunció penalmente al ex titular de la UIF, José Sbattella, por haber omitido dar curso a Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) referidos a movimientos de Milagro Sala y pone foco en la demora de la UIF en dar curso a alertas que habrían sido enviadas por la AFIP en relación a dichos movimientos.

El actual presidente de la UIF, Mariano Federici, en su mirada sobre la gestión anterior dijo:  

"Creo que se trabajó sin una planificación adecuada y que la herramienta ha sido utilizada para fines políticos que no correspondían…"

En esta etapa se pondrá el énfasis:

•  en la importancia de la relación colaborativa entre la UIF y los Sujetos Obligados, que son las principales fuentes de información
•  en la necesidad de recalibrar el sistema, aplicando un enfoque basado en riesgos, que contemple las particularidades propias en función de las amenazas a las que cada sistema se encuentra expuesto
•  en la efectividad, modificando la metodología de evaluación y separando lo que es el cumplimiento técnico de las formalidades, de la evaluación de los resultados.

Advertimos así, como la toma de conocimiento de los hechos investigados en este caso y en otros, pone a prueba el funcionamiento del sistema de prevención en lavado de activos, la efectividad de sus resultados y las asignaturas pendientes, todo lo cual nos lleva a reflexionar en la necesidad de mejora de un sistema cuya directriz refuerce los atributos de racionalidad, inteligencia y eficacia para alcanzar los objetivos propuestos por el nuevo gobierno.

El caso Milagro Sala: una mirada desde las normas sobre prevención del lavado de activos

Por Dr. Sergio Goldenberg   ww.prevenciodelavado.com
 El autor analiza la causa de la líder social jujeña, acusada de lavado de dinero y advierte, entre otros puntos, que varios son los sujetos obligados que podrían haber tenido participación en la etapa preventiva. 

La Detención de Milagro Sala en Jujuy, como consecuencia del acampe iniciado en diciembre pasado frente a la Casa de Gobierno de la provincia, bajo imputaciones de "instigación a cometer delito, obstrucción al transporte público y tumulto" desató múltiples expresiones a favor y en contra acerca de la legalidad de este procedimiento. Actualmente acusada de asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión. ¿Hecho político o judicial?

No vamos a realizar en este artículo un análisis político ni jurídico de los hechos ocurridos sobre el tema ya que no es el objetivo de esta columna; no obstante, se ha publicado en diversos medios periodísticos alguna información que nos llamó la atención por sus puntos de contacto con los controles que rigen en materia de prevención de lavado de activos.
Por ejemplo, se dio a conocer la adquisición en diciembre del 2012 por parte de Milagro Sala de un auto importado Smart modelo fortwo descapotable, cuya valuación ronda entre USD 25.000 y USD 28.000, hasta aquí, quizás no encontremos situaciones llamativas más allá de apreciaciones subjetivas que uno pueda forjarse sobre la adquisición de un auto importados de lujo por parte de un dirigente social, etc. etc. lo cual no deja de ser materia opinable.
Ahora, lo que sí nos interesa, es intentar una mirada desde la óptica del sistema de control en materia de prevención de lavado de dinero. Les propongo dejar volar la imaginación y que pensemos en la siguiente escena, (aclaramos que se trata de una escena de ficción), un sujeto obligado solicita información a un cliente sobre el origen de los fondos y como respuesta recibe que "es mentira que el cliente haya comprado un auto" o por ejemplo que "haya realizado una inversión en plazo fijo, o en títulos valores, etc.", aquí el oficial de cumplimiento se pregunta cómo que es mentira si el cliente es el titular de la operación, y recibe como explicación que "un grupo de doce personas decidió hacerle un regalo a nuestro cliente" y adelantándose a cualquier pregunta sobre la identidad de las personas tan bondadosas por un gesto así, agrega "¿por qué carajo interesa quienes son las doce personas? ¿Quiénes son las personas que visitan tu casa día por día?", mis queridos lectores si bien la escena planteada es de ficción no lo es la respuesta mencionada, ya que esa es la explicación que diera Pedro Noro, marido de Milagro Sala, en un reportaje a la radio La Red.
Si agregamos que el cliente es una persona expuesta políticamente (PEP) ya que fue diputada provincial en la legislatura jujeña por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy desde diciembre del 2013 y maneja fondos provenientes del Estado, lo que amerita aplicar la debida diligencia reforzada, no dudo que muchos oficiales de cumplimiento se sentirían impulsados a elevar un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Información Financiera, habida cuenta del carácter inusual de la transacción, o sea, una PEP que declara que el origen de los fondos proviene de regalos de personas no identificadas.
Otra información que nos ha llamado la atención es el manejo de fondos en efectivo que ha surgido del informe de la Auditoria General de la Nación.
Antes de avanzar, debemos recordar que existe una normativa emitida por el Banco Central relacionada a los controles preventivos en materia de lavado de dinero para las entidades financieras que dice "No deberán abonarse por ventanilla cheques -comunes o de pago diferido- extendidos al portador o a favor de una persona determinada, por importes superiores a $ 50.000".
Asimismo, la norma agrega que "corresponderá arbitrar los recaudos que se consideren necesarios tendientes a prevenir que mediante reiterados retiros, por importes que no alcancen el nivel determinado o sea los $50.000, resulte soslayada la limitación establecida".
Es decir que las entidades financieras deben controlar que los clientes no procedan a incumplir la normativa instrumentando las extracciones en múltiples transacciones por debajo de los $50.000.
El auditor Alejandro Nieva de la Auditoria General de la Nación analizó cómo ejecutaba la organización de Milagro Sala los fondos recibidos para la construcción de viviendas recibidos a través del Programa de Fortalecimiento Comunitario del Hábitat del Ministerio de Obras Públicas para cooperativas de desocupados.
Entre varias observaciones, rescatamos la relacionada al manejo en efectivo y que se relaciona en  cómo se sacaba el dinero para evitar la bancarización. Alejandro Nieva manifestó los siguiente: "Se adjudicaban las obras a muchas cooperativas, gran cantidad, con los nombres más diversos, siempre con el logo de la Tupac Amaru. Luego esas cooperativas entregaban un poder, en algunos casos ni siquiera eso, para que una sola persona cobre por todas esas cooperativas. Se subdividían en muchos cheques de 50.000 pesos para llegar a la cifra que se retiraba del mostrador de los bancos", "Con la auditoría de corte detectamos que el 9 de diciembre se sacaron 29 millones de pesos con este mecanismo".
A la luz de lo informado por la Auditoria General de la Nación, surgiría que la normativa del B.C.R.A. no habría sido cumplida con eficacia y la modalidad operativa implementada sería al menos considerable como indicio para elevar algún reporte a la Unidad de Información Financiera por parte de los sujetos obligados.
Otro dato llamativo es que la mayoría de las cooperativas tenía domicilio en la calle Alvear 1142, sede de la organización barrial Tupac Amaru que lidera Milagro Sala. No podemos soslayar que dentro del marco normativo en materia de prevención de lavado de activos, focalizado a la confección de reportes de operaciones sospechosas, una de las situaciones que deberá ser especialmente valorada es cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o cuando las mismas personas físicas revistan el carácter de autorizadas y/o apoderadas de diferentes personas de existencia ideal, y no existiere razón económica o legal para ello.
Claro está que consideramos que todo esto debería ser materia de investigación en la justicia y lejos estamos de emitir juicio de valor sobre la información comentada. No obstante, podremos preguntarnos qué rol pudo haber cumplido el sistema de prevención en su conjunto y si su funcionamiento pudo resultar eficaz frente a casos como el que hoy nos ocupa, donde probablemente puedan surgir más elementos que deban ser investigados.
También podemos observar que varios son los sujetos obligados que podrían haber tenido participación en la etapa preventiva en casos como los descriptos, como por ejemplo: bancos, personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, registro  automotor, y si se incluye el tema de las propiedades ampliamos la lista con: registro de la propiedad inmueble, escribanos, AFIP y como hemos visto en los ejemplos desarrollados, existen controles y procedimientos que deberían haberse puesto en funcionamiento.
Finalmente, si asumimos que el primer nivel de control funcionó conforme a la normativa vigente, por ejemplo, mediante el reporte de operaciones sospechosas, quedaría por evaluarse el nivel de participación que le toco a la gestión anterior de la Unidad de Información Financiera como el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos.
Recientemente trascendió en medios periodísticos que en los próximos días, "llegará a la Unidad de Información Financiera (UIF) un pedido de informes remitido desde organismos oficiales de Jujuy para que se indague sobre presuntos reportes de operaciones sospechosas realizadas por cooperativas que dependían directamente de Milagro Sala".
Creemos que si bien la Justicia será la que nos brinde una respuesta sobre los hechos a investigarse, podríamos también, como quien participa en un juego de rol, pensar como hubiéramos actuado en el sillón de un oficial de cumplimiento frente a casos como el comentado.

Fuente: WWW.PREVENCIONDELAVADO.COM

UIF: CUARTA GENERACION

Por Sergio Goldenberg | El autor pone el foco en el rol de la UIF dentro del combate contra el narcotráfico y los delitos financieros, y enfatiza la importancia de incorporar personal idóneo para llevar adelante esta tarea, revisando antecedentes, experiencia y formación. Balance de la gestión Sbattella y desafíos de la nueva gestión. | 
Pobreza cero, combate al narcotráfico y unir a los argentinos son los objetivos fijados por el presidente argentino Ing. Mauricio Macri para su gestión de gobierno. Una rápida lectura de los mismos nos hace reflexionar en los vasos comunicantes que existen entre el narcotráfico y la pobreza y la imperiosa necesidad de que los argentinos, más allá de las banderas políticas, nos pongamos a trabajar juntos sobre los males que aquejan a nuestra sociedad.

El narcotráfico no sólo se corresponde con una actividad ilícita susceptible de ser combatida y penalizada, sino que al mismo tiempo lo tenemos que dimensionar como un fenomenal negocio de escala internacional cuyo poder económico afecta negativamente las economías e instituciones en diversos países.
La clave de que el narcotráfico pueda convertirse en unos de los mayores negocios tiene su explicación en su altísima rentabilidad y la posibilidad de que sus ganancias ilícitas puedan ser usufructuadas por las organizaciones criminales sin mayores dificultades, a pesar de los esfuerzos realizados en su combate por la comunidad internacional.
Argentina en el año 2000 crea un organismo denominado Unidad de Información Financiera (U.I.F.) cuya tarea fundamental consiste en el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, siendo uno de los delitos precedentes para la configuración del dicho delito el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737).
Dada la especificidad de las funciones de dicho organismo, la ley dispone que para ser integrante de la U.I.F., más allá de poseer título universitario de grado en disciplinas como el derecho, ciencias económicas o ciencias informáticas, se debe contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
Dicho esto, en esta nueva gestión gubernamental consideramos que este organismo deberá constituirse en una de las piezas fundamentales junto con otras instituciones de la República Argentina para encarar en forma profesional y coordinada el combate al narcotráfico y el lavado de activos.
Es de público conocimiento lo actuado por la U.I.F. y los resultados obtenidos a la fecha. En ese marco, recientemente se ha publicado el informe de gestión 2015 a dos semanas de finalizar el período informado y, a modo de resumen, ilustra no sólo la gestión del año 2015 sino que hace un recorrido desde el año 2010, oportunidad en que José Sbattella fuera designado presidente del organismo.
De una rápida lectura del mismo, se infiere cierta premura en su publicación, donde las estadísticas se informan al 10/12/2015 (día previo a la renuncia de su presidente) y no al 31/12/2015, se visualizan algunos errores de transcripción en algunos párrafos como en el caso donde se hace referencia al año informado, todo ello parece una señal de anticipación al cambio de autoridades que hoy está en proceso; pero no es el objetivo de este artículo hacer una evaluación de todo lo actuado por dicha gestión lo cual llevaría varios capítulos.
El aspecto que nos interesa resaltar en esta oportunidad es el relacionado a los recursos humanos, que de la lectura del informe de gestión surge que ha experimentado un crecimiento de 63 personas en el año 2010 a 229 personas en el año 2015, proyectándose para el año 2016 a 250 personas. Es decir que, el crecimiento fue de un 263% en cinco años.
El presupuesto asignado a la U.I.F. era de $ 13 millones en el año 2010 y $ 107 millones en el año 2015, lo que representa un 723% de incremento en el mismo período.
El Ministro de Justicia Germán Garavano, recientemente se ha expresado sobre el objetivo de profesionalización y despolitización fijado para la Unidad de Información Financiera, y con relación al tema, recordamos que mucho se ha publicado en medios periodísticos en estos años sobre el ingreso de personas cuyos antecedentes, más allá del nivel de confianza necesario a toda gestión, consistían en cierto grado de parentesco, militancia partidaria o amistad, por lo tanto advertimos un desafío importante para las nuevas autoridades designadas, en pos de evaluar la cantidad y calidad de personal que sea la adecuada para un eficaz funcionamiento, en sintonía con los nuevos objetivos.
Simplemente y como dato ilustrativo de lo comentado, basta revisar muchos de los decretos con las designaciones de personal donde las mismas son designaciones con autorización excepcional por no contar con los requisitos requeridos por el convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del sistema nacional de empleo público (SINEP) para la posición a cubrir, renovándose la designación cada 180 días, sin resolver así la necesidad del puesto con personas que cuenten con los requisitos establecidos para el cargo.
Dicho esto, advertimos los riesgos que se puedan plantear durante la nueva gestión frente a una eventual reedición de situaciones análogas a las comentadas ya que la ausencia de concursos abiertos por antecedentes para el ingreso de personal a la Unidad pondrá de relieve el nivel de transparencia con la cual se manejen las nuevas autoridades en esta materia.
Consideramos oportuno evaluar, tanto para el personal ya incorporado como para aquel que ingrese en el futuro, la experiencia y antecedentes específicos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, con acreditación previa a su incorporación al organismo y su relación con la posición a cubrir, ya que, complementariamente a los procesos de capacitación interna y experiencia que se pueda adquirir dentro de la Unidad, es importante que esos antecedentes constituyan una condición necesaria para el proceso de selección e incorporación.
Resumiendo, consideramos que el sistema debe funcionar con los profesionales más idóneos y con mayor expertise en la materia, aportando su capital profesional a la gestión del Estado y no  valiéndose del Estado para incrementar su curriculum personal.
En el actual contexto de conflictos por el redimensionamiento de personal que se está dando en otras dependencias del Estado, también aquí deberá actuarse con mucha precaución y responsabilidad en revisar los antecedentes, experiencia y formación del mismo, considerando que hay algunos profesionales que cuentan con mérito suficiente, conocimientos y experiencia en la materia con anterioridad a haberse desempeñado en la U.I.F. y en ciertos casos acrecentándose por muchos años dentro de dicha Unidad, por lo que a nuestro entender se deberían promover y potenciar en el marco de un organismo alineado y actualizado al nivel de los nuevos desafíos que enfrenta nuestro país.
Saludamos el inicio de un nuevo camino en el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo y esperamos una vez más que el aprendizaje que dejan los posibles errores cometidos en el pasado abonen un campo fértil para alcanzar el éxito que todos deseamos.
Fuente; Prevenciondelavado.com

‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’: Edgardo Buscaglia

El especialista publica ‘Lavado de dinero y corrupción política’, un análisis donde establece que si en verdad se quiere combatir al crimen organizado se necesita atacar sus finanzas. Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política (Debate), el especialista examina los delitos que preceden el blanqueo de divisas en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal.
En entrevista Buscaglia, plantea la urgencia de que México replanteé su marco jurídico e incorpore medidas más drásticas en este sentido de lo contrario, advierte, el costo social será aún más alto.
En su libro más reciente enfatiza la forma en que el lavado de dinero se ha ligado a la corrupción política.
Durante los últimos 20 años se ha convertido en un cáncer espantoso que ha succionado vidas humanas de una manera descontrolada.  Una de las áreas para prevenir que la delincuencia organizada siga succionando al país es el área patrimonial. Desde luego hay otras como la judicial y la prevención social, pero el lavado de dinero es el aparato circulatorio de estas redes criminales. Gran proporción de las desapariciones forzadas tienen motivación económica. Miles de niñas han sido secuestradas no por razones políticas ni sociales, sino simplemente para explotarlas económicamente, como señala Lydia Cacho. Es urgente implementar las medidas para contener las motivaciones económicas que hay detrás de las 47,000 desapariciones forzadas.
De no contenerse el tsunami del dinero que surge de estos delitos, muchos de ellos de lesa humanidad, vamos a tener muchos “Ayotzinapas” por delante.
Usted ha planteado que México es un país de tránsito en términos de lavado de dinero.
Así es. No es el destino final de ese capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los últimos puertos de esos recursos. Hay que entender el circuito: antes de llegar a Estados Unidos y la UE, ese dinero surge de la explotación sexual de niñas y jóvenes, pasa por empresas pantallas nacidas en sitios como Islas Caimán. Después se compran bonos de la deuda búlgara o un edificio en España. Se necesitan dos para bailar tango: México comete sus grandes fallas, pero luego el Cártel de Sinaloa procesa el dinero a través del banco HSBC y pasa por la jurisdicción americana o europea. Una vez que se descubre el proceso, los abogados negocian multas. No podemos seguir así.  Hay que comenzar a aplicar sanciones penales por negligencia criminal.
Este tipo de procesos no se entienden sin la colaboración del poder político.
En algunos países la colaboración de los políticos es más sucia que en otros. En Estados Unidos gran parte del financiamiento de campaña electoral viene de bancos, entonces los políticos en el fondo de su cerebro tienen un conflicto de interés latente. Además los dineros que aportan los bancos norteamericanos en su país no están regulados. Uno sólo puede objetar sus aportaciones éticamente, es lo que llamo corrupción legalizada. En México tenemos un problema grave porque el financiamiento de campañas si bien está regulado, en cuanto al dinero entra a los partidos se genera un agujero negro pues no se audita. Los partidos gastan lo que quieren.  A diferencia de Estados Unidos o Europa, México necesita cubrir los controles patrimoniales más básicos. Si lo hace será un poco más costoso para la delincuencia organizada, meter dinero a la política.  En ningún lado se puede evitar al 100% el lavado de dinero, pero sí puede dificultar. La cuestión es que en México los controles patrimoniales y auditorías de Estado brillan por su ausencia.
Usted propone la creación de una fiscalía Supranacional. ¿Por qué?
La presión internacional siempre genera más cuidado. Una fiscalía supranacional implica modernizar el Estado; presiona a las fiscalías nacionales porque las sujeta controles parlamentarios y mundiales, tal como sucede en Europa.  No estoy diciendo que esto sea la panacea, pero por ahora es lo que se tiene. A la delincuencia transnacional hay que combatirla con instituciones internacionales. Hay que crear una nueva arquitectura de coordinación mundial. Por eso planteo que puede ser útil la experiencia europea con las policías supraestatales, Europol y las fiscalías que agilizan la coordinación entre los estados.
Suele suceder que se tienen instancias o leyes que en el papel presumen eficacia, pero en la práctica no cumplen su cometido.
Ese es un problema mundial, pero en algunos lados la brecha es enorme, como en México, donde existe un marco jurídico tributario que debería bastar para realizar auditorías federales, sociales y tributarias. El problema es que ninguna de las tres se aplica a partidos, candidatos o municipios. Las leyes están redactadas para que la clase política se proteja con el mismo texto. Ojalá México tuviera juicios políticos como sucede en Brasil.
¿Qué tipo de costos tiene aplicar los mecanismos en términos de violencia?
Cuando pegas a los mecanismos empresariales y al corazón de la delincuencia organizada, inmediatamente comienzan a saltar los demonios. Se asesina a los políticos adversarios, caen jueces, etc. Sin duda surge tema grave de violencia pero el Estado debería estar prevenido con células de inteligencia. Se necesitan crear mecanismos judiciales de antemano. Siempre les digo a los funcionarios del Estado que no se puede asumir que por tener oralidad procesada y reformas judiciales en México, el sistema va a funcionar mejor. Hay que reforzar al sistema judicial de lo contrario veremos más violencia no necesariamente contra la población, sino contra las élites que quieran combatir al crimen organizado ya sea por presión internacional o civil.
¿En México no se quiere pagar este costo?
Claro. Recuerde cómo reaccionaban los grupos criminales en Colombia por mecanismos como la extradición: mataban a candidatos. Se pagó un precio alto y no hay lugar del mundo donde las élites quieran asumir el costo. México tendrá que pagar un precio. Los arquitectos de la impunidad actual pagarán caro por el monstruo de corrupción mafiosa que crearon en este país.
Su libro cierra con los casos de corrupción el FIFA. Otro escándalo notable de lavado de dinero.
La corrupción en la FIFA muestra la impunidad que genera la ausencia de controles patrimoniales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es una organización internacional fundada en el 89 en París, congrega a todos los países que acordaron 40 recomendaciones para prevenir y combatir lavado de dinero. La FIFA firmó todos y cada uno de esos pactos, sin embargo violó todas las recomendaciones. No es un problema de ángeles y demonios, se tienen demonios en todos lados pero yo me dedico a medir objetivamente, con datos duros, cuál es la reacción de los Estados ante la corrupción.
¿Le sorprende que las denuncias por corrupción no hayan alcanzado aún a funcionarios mexicanos?
La delincuencia organizada más organizada en México es la política. El pacto de silencio es mucho más efectivo en la política mexicana que en el Cártel de Sinaloa.  Por eso es tan difícil que surjan denuncias desde México hacia afuera. Caen paraguayos, argentinos, pero el tema de la omertá mexicana es muy evolucionado.
Fuente Aristegui noticias

Cártel de Sinaloa pretendía adquirir banco para lavar dinero en California

Las operaciones monetarias entre la entidad financiera y el cártel nunca se concretaron.

México.- El Cártel de Sinaloa tenía planeado adquirir un banco en California, Estados Unidos, donde buscaba lavar su dinero.
El plan se reveló en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denuncia que consultó Proceso e involucra a 16 personas.
El expediente CR-15-00662 de 109 páginas que fue presentado ante la Corte del Distrito Central de California, detalla cómo los lavadores de dinero se acercaron al que fuera director del Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover fondos de México a Estados Unidos.
La averiguación iniciada el martes 1 y que fue revelada por el tribunal el jueves 10, acusa al exdirector de SNB, Tu Chau Li, apodado 'William Lu'; a Tsung Wen Hung Peter, Edward Kim Eddie, John Edmundson, Pablo Hernández, Emilio Herrera, Mina Chau, Ben Ho, Tim Huynh, Renaldo Negele, Jack Nguyen, Luis Krueger, Jessica Li y Du Truong Nguyen de 28 delitos entre los que se incluye conspiración para lavar dinero, así como complicidad, ocultamiento de evidencia, operaciones para evadir controles y falsificación criminal.
De 2011 a 2015,  Lu, Hernández y Herrera acordaron blanquear dinero que provenía e iba a México, de hecho en 2011, Lu le propuso una asociación a un informante encubierto, CS1, para que se asociara con gestores mexicanos que lavaban al mes 30 millones de dólares en bancos estadounidenses, dos millones de los cuales iban a parar al SNB.
En 2010, Lu, Hung y Kim acosejaron que los socios del informante adquirieran una porción de SNB para que el lavado fuera más fácil, además de explicar al mismo, la forma de obtener los valores sin aval regulatorio de las autoridades, así como la sugerencia de firmar un acuerdo de consultoría con la entidad bancaria a cambio de una cuota.
Lu le explicó al informante que los mexicanos tenían problemas para depositar dinero debido a que altos directivos del SNB le habían instruido a congelar su cuenta y por ende, no podían depositar 1 millón de dólares al día.
En agosto de 2011 Hernández y Herrera se reunieron con Lu y el informante para proponerles transferir dinero de clientes mexicanos, para que Lu lo lavase mediante cuota de por medio.
El 4 de octubre del mismo años, Kim advirtió al informante de que el grupo mexicano se encontraba dentro de una lista de vigilancia de Estados Unidos por transferir 35 millones de dólares mensuales a fondos ilícitos, lo cual derivó en un acuerdo de transferencias electrónicas o cheques en lugar de efectivo.
Kim también informó al informante y a un agente clandestino denominado 'UC2' que el grupo mexicano había intentado comprar el SNB, mediante Herrera, quien afirmó su interés por adquirir parte de la entidad para garantizar sus operaciones y lograr su objetivo.
En febrero de 2014, Hernández ofreció desplazar dinero originado en Canadá a México y en septiembre del mismo año, propuso lavar 30 millones de dólares de personal de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cambio de una comisión, aunque las operaciones no se materializaron.
El expediente no aclara el rol de las autoridades mexicanas o sobre intentos por frenar el flujo de efectivo, sin embargo, las transacciones del grupo criminal por 3 millones 700 mil dólares se concretaron a través de una red que pasa por Estados Unidos, México, China, Camboya, Liechtenstein y Suiza.
Fuente: Redacción SDPnoticias.com