“Nuestra primera prioridad es fortalecer la fiscalización en los 34 sectores que tienen la obligación de reportar operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero”. Así de tajante es Tamara Agnic, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, a la hora de dar cuenta de la labor en que está embarcada la institución, de cara a enfrentar los desafíos que impone la incorporación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es que, según Agnic, “hay un enorme desafío pendiente porque hay otros estándares que es necesario que Chile, la UAF y otras instituciones públicas, adopten en su gestión”.
Y para ello, la entidad -con la colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI)- está construyendo un mapa de riesgo por sectores, que determine cuáles áreas son las más vulnerables a los delitos de lavado de dinero, que incluye al narcotráfico, la corrupción a funcionarios públicos y la malversación de caudales públicos, entre otros.
La idea, explica la directora de la UAF, es tener un primer reporte a mediados de año, para lo cual resulta clave el registro de los denominados “sujetos” que integran cada uno de estos 34 sectores de la economía.
Realidades diferentes entre sectores
Una de las grandes dificultades con que se ha enfrentado la UAF tiene que ver con la diversidad de sectores y el grado de atomización de los sujetos que los integran.
Agnic explica que, a la fecha, sólo están incorporados en el registro un total de 1.657 de estas empresas, compañías o personas jurídicas, pero que todavía falta listar más de 3.282 sujetos, los cuales ya están identificados, pero no registrados.
Esto, explica la titular de la UAF, porque en los rubros regulados a través de superintendencias o fiscalizado a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Registro Civil, entre otros, tienen listados más certeros de sus integrantes.
De hecho, a la fecha se ha realizado un trabajo de coordinación muy importante con las Superintendencias de Casinos y Bancos, ya que “el área financiera y la banca en esta materia están bastante avanzados, tienen sistemas de prevención y control que son los que utilizan para identificar las operaciones que nos reportan”, explica. Es más, del total de 601 operaciones sospechosas reportadas este año al tercer trimestre, 269 fueron informadas por la banca.
Sin embargo, Agnic reconoce que existe una mayor opacidad en las áreas no reguladas, por el grado de atomización que presentan.
Ante ese escenario, detalla la directora de la UAF, la labor que han hecho es tomar contacto con los organismos gremiales de dichos rubros, aunque reconoce que “hay mayores dificultades en sectores como las casas de cambio, los corredores de propiedades, los agentes inmobiliarios, los usuarios de zonas francas y los martilleros, que ni siquiera están organizados en asociaciones o gremios”.
Más delitos
El catastro actual de delitos que pesquisa la UAF, y cuyos antecedentes entrega al Ministerio Público, aumentará una vez que sea aprobado el proyecto que actualmente está en trámite en el Senado. Se trata de los ilícitos vinculados a producción y distribución de pornografía infantil, violaciones a la ley de propiedad intelectual industrial (piratería y falsificación) y los delitos aduaneros, como el contrabando, así como también el financiamiento del terrorismo.
“Este es un delito que evoluciona velozmente y nuestra legislación tiene que ir adelantándose a ellos”, subraya Agnic, razón por la cual recalca que “queremos retomar la tramitación legislativa lo antes posible”.
Gafisud examinará a Chile en mayo
No sólo la OCDE tendrá a Chile en la mira respecto de sus políticas para el control de la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Nuestro país también será evaluado en mayo por el Gafisud, organización que agrupa a los países de América del Sur para combatir este tipo de delitos.
En esa fecha, la entidad evaluará el estado de avance de las recomendaciones realizadas a Chile tras el último examen, realizado en 2006 respecto del sistema financiero.
En dicho informe, el Gafisud sugería al gobierno que se legislara acerca de la responsabilidad penal de las empresas, particularmente respecto del financiamiento del terrorismo.
Frente a ello, la directora de la UAF afirma que efectivamente se ha avanzado -de hecho, la iniciativa antes mencionada ya es ley- pero que es necesario avanzar respecto de las atribuciones que se le entregan al organismo para pesquisar este tipo de delitos y entregar los antecedentes al Ministerio Público.
Fuente: Paula Gallardo
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