UIF: CUARTA GENERACION

Por Sergio Goldenberg | El autor pone el foco en el rol de la UIF dentro del combate contra el narcotráfico y los delitos financieros, y enfatiza la importancia de incorporar personal idóneo para llevar adelante esta tarea, revisando antecedentes, experiencia y formación. Balance de la gestión Sbattella y desafíos de la nueva gestión. | 
Pobreza cero, combate al narcotráfico y unir a los argentinos son los objetivos fijados por el presidente argentino Ing. Mauricio Macri para su gestión de gobierno. Una rápida lectura de los mismos nos hace reflexionar en los vasos comunicantes que existen entre el narcotráfico y la pobreza y la imperiosa necesidad de que los argentinos, más allá de las banderas políticas, nos pongamos a trabajar juntos sobre los males que aquejan a nuestra sociedad.

El narcotráfico no sólo se corresponde con una actividad ilícita susceptible de ser combatida y penalizada, sino que al mismo tiempo lo tenemos que dimensionar como un fenomenal negocio de escala internacional cuyo poder económico afecta negativamente las economías e instituciones en diversos países.
La clave de que el narcotráfico pueda convertirse en unos de los mayores negocios tiene su explicación en su altísima rentabilidad y la posibilidad de que sus ganancias ilícitas puedan ser usufructuadas por las organizaciones criminales sin mayores dificultades, a pesar de los esfuerzos realizados en su combate por la comunidad internacional.
Argentina en el año 2000 crea un organismo denominado Unidad de Información Financiera (U.I.F.) cuya tarea fundamental consiste en el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos, siendo uno de los delitos precedentes para la configuración del dicho delito el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737).
Dada la especificidad de las funciones de dicho organismo, la ley dispone que para ser integrante de la U.I.F., más allá de poseer título universitario de grado en disciplinas como el derecho, ciencias económicas o ciencias informáticas, se debe contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
Dicho esto, en esta nueva gestión gubernamental consideramos que este organismo deberá constituirse en una de las piezas fundamentales junto con otras instituciones de la República Argentina para encarar en forma profesional y coordinada el combate al narcotráfico y el lavado de activos.
Es de público conocimiento lo actuado por la U.I.F. y los resultados obtenidos a la fecha. En ese marco, recientemente se ha publicado el informe de gestión 2015 a dos semanas de finalizar el período informado y, a modo de resumen, ilustra no sólo la gestión del año 2015 sino que hace un recorrido desde el año 2010, oportunidad en que José Sbattella fuera designado presidente del organismo.
De una rápida lectura del mismo, se infiere cierta premura en su publicación, donde las estadísticas se informan al 10/12/2015 (día previo a la renuncia de su presidente) y no al 31/12/2015, se visualizan algunos errores de transcripción en algunos párrafos como en el caso donde se hace referencia al año informado, todo ello parece una señal de anticipación al cambio de autoridades que hoy está en proceso; pero no es el objetivo de este artículo hacer una evaluación de todo lo actuado por dicha gestión lo cual llevaría varios capítulos.
El aspecto que nos interesa resaltar en esta oportunidad es el relacionado a los recursos humanos, que de la lectura del informe de gestión surge que ha experimentado un crecimiento de 63 personas en el año 2010 a 229 personas en el año 2015, proyectándose para el año 2016 a 250 personas. Es decir que, el crecimiento fue de un 263% en cinco años.
El presupuesto asignado a la U.I.F. era de $ 13 millones en el año 2010 y $ 107 millones en el año 2015, lo que representa un 723% de incremento en el mismo período.
El Ministro de Justicia Germán Garavano, recientemente se ha expresado sobre el objetivo de profesionalización y despolitización fijado para la Unidad de Información Financiera, y con relación al tema, recordamos que mucho se ha publicado en medios periodísticos en estos años sobre el ingreso de personas cuyos antecedentes, más allá del nivel de confianza necesario a toda gestión, consistían en cierto grado de parentesco, militancia partidaria o amistad, por lo tanto advertimos un desafío importante para las nuevas autoridades designadas, en pos de evaluar la cantidad y calidad de personal que sea la adecuada para un eficaz funcionamiento, en sintonía con los nuevos objetivos.
Simplemente y como dato ilustrativo de lo comentado, basta revisar muchos de los decretos con las designaciones de personal donde las mismas son designaciones con autorización excepcional por no contar con los requisitos requeridos por el convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del sistema nacional de empleo público (SINEP) para la posición a cubrir, renovándose la designación cada 180 días, sin resolver así la necesidad del puesto con personas que cuenten con los requisitos establecidos para el cargo.
Dicho esto, advertimos los riesgos que se puedan plantear durante la nueva gestión frente a una eventual reedición de situaciones análogas a las comentadas ya que la ausencia de concursos abiertos por antecedentes para el ingreso de personal a la Unidad pondrá de relieve el nivel de transparencia con la cual se manejen las nuevas autoridades en esta materia.
Consideramos oportuno evaluar, tanto para el personal ya incorporado como para aquel que ingrese en el futuro, la experiencia y antecedentes específicos en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, con acreditación previa a su incorporación al organismo y su relación con la posición a cubrir, ya que, complementariamente a los procesos de capacitación interna y experiencia que se pueda adquirir dentro de la Unidad, es importante que esos antecedentes constituyan una condición necesaria para el proceso de selección e incorporación.
Resumiendo, consideramos que el sistema debe funcionar con los profesionales más idóneos y con mayor expertise en la materia, aportando su capital profesional a la gestión del Estado y no  valiéndose del Estado para incrementar su curriculum personal.
En el actual contexto de conflictos por el redimensionamiento de personal que se está dando en otras dependencias del Estado, también aquí deberá actuarse con mucha precaución y responsabilidad en revisar los antecedentes, experiencia y formación del mismo, considerando que hay algunos profesionales que cuentan con mérito suficiente, conocimientos y experiencia en la materia con anterioridad a haberse desempeñado en la U.I.F. y en ciertos casos acrecentándose por muchos años dentro de dicha Unidad, por lo que a nuestro entender se deberían promover y potenciar en el marco de un organismo alineado y actualizado al nivel de los nuevos desafíos que enfrenta nuestro país.
Saludamos el inicio de un nuevo camino en el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo y esperamos una vez más que el aprendizaje que dejan los posibles errores cometidos en el pasado abonen un campo fértil para alcanzar el éxito que todos deseamos.
Fuente; Prevenciondelavado.com

‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’: Edgardo Buscaglia

El especialista publica ‘Lavado de dinero y corrupción política’, un análisis donde establece que si en verdad se quiere combatir al crimen organizado se necesita atacar sus finanzas. Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y corrupción política (Debate), el especialista examina los delitos que preceden el blanqueo de divisas en diversas naciones, desplegando posteriormente una minuciosa descripción de los modus operandi y las fases por las que los capitales de procedencia ilícita se integran en la economía legal.
En entrevista Buscaglia, plantea la urgencia de que México replanteé su marco jurídico e incorpore medidas más drásticas en este sentido de lo contrario, advierte, el costo social será aún más alto.
En su libro más reciente enfatiza la forma en que el lavado de dinero se ha ligado a la corrupción política.
Durante los últimos 20 años se ha convertido en un cáncer espantoso que ha succionado vidas humanas de una manera descontrolada.  Una de las áreas para prevenir que la delincuencia organizada siga succionando al país es el área patrimonial. Desde luego hay otras como la judicial y la prevención social, pero el lavado de dinero es el aparato circulatorio de estas redes criminales. Gran proporción de las desapariciones forzadas tienen motivación económica. Miles de niñas han sido secuestradas no por razones políticas ni sociales, sino simplemente para explotarlas económicamente, como señala Lydia Cacho. Es urgente implementar las medidas para contener las motivaciones económicas que hay detrás de las 47,000 desapariciones forzadas.
De no contenerse el tsunami del dinero que surge de estos delitos, muchos de ellos de lesa humanidad, vamos a tener muchos “Ayotzinapas” por delante.
Usted ha planteado que México es un país de tránsito en términos de lavado de dinero.
Así es. No es el destino final de ese capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los últimos puertos de esos recursos. Hay que entender el circuito: antes de llegar a Estados Unidos y la UE, ese dinero surge de la explotación sexual de niñas y jóvenes, pasa por empresas pantallas nacidas en sitios como Islas Caimán. Después se compran bonos de la deuda búlgara o un edificio en España. Se necesitan dos para bailar tango: México comete sus grandes fallas, pero luego el Cártel de Sinaloa procesa el dinero a través del banco HSBC y pasa por la jurisdicción americana o europea. Una vez que se descubre el proceso, los abogados negocian multas. No podemos seguir así.  Hay que comenzar a aplicar sanciones penales por negligencia criminal.
Este tipo de procesos no se entienden sin la colaboración del poder político.
En algunos países la colaboración de los políticos es más sucia que en otros. En Estados Unidos gran parte del financiamiento de campaña electoral viene de bancos, entonces los políticos en el fondo de su cerebro tienen un conflicto de interés latente. Además los dineros que aportan los bancos norteamericanos en su país no están regulados. Uno sólo puede objetar sus aportaciones éticamente, es lo que llamo corrupción legalizada. En México tenemos un problema grave porque el financiamiento de campañas si bien está regulado, en cuanto al dinero entra a los partidos se genera un agujero negro pues no se audita. Los partidos gastan lo que quieren.  A diferencia de Estados Unidos o Europa, México necesita cubrir los controles patrimoniales más básicos. Si lo hace será un poco más costoso para la delincuencia organizada, meter dinero a la política.  En ningún lado se puede evitar al 100% el lavado de dinero, pero sí puede dificultar. La cuestión es que en México los controles patrimoniales y auditorías de Estado brillan por su ausencia.
Usted propone la creación de una fiscalía Supranacional. ¿Por qué?
La presión internacional siempre genera más cuidado. Una fiscalía supranacional implica modernizar el Estado; presiona a las fiscalías nacionales porque las sujeta controles parlamentarios y mundiales, tal como sucede en Europa.  No estoy diciendo que esto sea la panacea, pero por ahora es lo que se tiene. A la delincuencia transnacional hay que combatirla con instituciones internacionales. Hay que crear una nueva arquitectura de coordinación mundial. Por eso planteo que puede ser útil la experiencia europea con las policías supraestatales, Europol y las fiscalías que agilizan la coordinación entre los estados.
Suele suceder que se tienen instancias o leyes que en el papel presumen eficacia, pero en la práctica no cumplen su cometido.
Ese es un problema mundial, pero en algunos lados la brecha es enorme, como en México, donde existe un marco jurídico tributario que debería bastar para realizar auditorías federales, sociales y tributarias. El problema es que ninguna de las tres se aplica a partidos, candidatos o municipios. Las leyes están redactadas para que la clase política se proteja con el mismo texto. Ojalá México tuviera juicios políticos como sucede en Brasil.
¿Qué tipo de costos tiene aplicar los mecanismos en términos de violencia?
Cuando pegas a los mecanismos empresariales y al corazón de la delincuencia organizada, inmediatamente comienzan a saltar los demonios. Se asesina a los políticos adversarios, caen jueces, etc. Sin duda surge tema grave de violencia pero el Estado debería estar prevenido con células de inteligencia. Se necesitan crear mecanismos judiciales de antemano. Siempre les digo a los funcionarios del Estado que no se puede asumir que por tener oralidad procesada y reformas judiciales en México, el sistema va a funcionar mejor. Hay que reforzar al sistema judicial de lo contrario veremos más violencia no necesariamente contra la población, sino contra las élites que quieran combatir al crimen organizado ya sea por presión internacional o civil.
¿En México no se quiere pagar este costo?
Claro. Recuerde cómo reaccionaban los grupos criminales en Colombia por mecanismos como la extradición: mataban a candidatos. Se pagó un precio alto y no hay lugar del mundo donde las élites quieran asumir el costo. México tendrá que pagar un precio. Los arquitectos de la impunidad actual pagarán caro por el monstruo de corrupción mafiosa que crearon en este país.
Su libro cierra con los casos de corrupción el FIFA. Otro escándalo notable de lavado de dinero.
La corrupción en la FIFA muestra la impunidad que genera la ausencia de controles patrimoniales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es una organización internacional fundada en el 89 en París, congrega a todos los países que acordaron 40 recomendaciones para prevenir y combatir lavado de dinero. La FIFA firmó todos y cada uno de esos pactos, sin embargo violó todas las recomendaciones. No es un problema de ángeles y demonios, se tienen demonios en todos lados pero yo me dedico a medir objetivamente, con datos duros, cuál es la reacción de los Estados ante la corrupción.
¿Le sorprende que las denuncias por corrupción no hayan alcanzado aún a funcionarios mexicanos?
La delincuencia organizada más organizada en México es la política. El pacto de silencio es mucho más efectivo en la política mexicana que en el Cártel de Sinaloa.  Por eso es tan difícil que surjan denuncias desde México hacia afuera. Caen paraguayos, argentinos, pero el tema de la omertá mexicana es muy evolucionado.
Fuente Aristegui noticias

Cártel de Sinaloa pretendía adquirir banco para lavar dinero en California

Las operaciones monetarias entre la entidad financiera y el cártel nunca se concretaron.

México.- El Cártel de Sinaloa tenía planeado adquirir un banco en California, Estados Unidos, donde buscaba lavar su dinero.
El plan se reveló en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denuncia que consultó Proceso e involucra a 16 personas.
El expediente CR-15-00662 de 109 páginas que fue presentado ante la Corte del Distrito Central de California, detalla cómo los lavadores de dinero se acercaron al que fuera director del Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover fondos de México a Estados Unidos.
La averiguación iniciada el martes 1 y que fue revelada por el tribunal el jueves 10, acusa al exdirector de SNB, Tu Chau Li, apodado 'William Lu'; a Tsung Wen Hung Peter, Edward Kim Eddie, John Edmundson, Pablo Hernández, Emilio Herrera, Mina Chau, Ben Ho, Tim Huynh, Renaldo Negele, Jack Nguyen, Luis Krueger, Jessica Li y Du Truong Nguyen de 28 delitos entre los que se incluye conspiración para lavar dinero, así como complicidad, ocultamiento de evidencia, operaciones para evadir controles y falsificación criminal.
De 2011 a 2015,  Lu, Hernández y Herrera acordaron blanquear dinero que provenía e iba a México, de hecho en 2011, Lu le propuso una asociación a un informante encubierto, CS1, para que se asociara con gestores mexicanos que lavaban al mes 30 millones de dólares en bancos estadounidenses, dos millones de los cuales iban a parar al SNB.
En 2010, Lu, Hung y Kim acosejaron que los socios del informante adquirieran una porción de SNB para que el lavado fuera más fácil, además de explicar al mismo, la forma de obtener los valores sin aval regulatorio de las autoridades, así como la sugerencia de firmar un acuerdo de consultoría con la entidad bancaria a cambio de una cuota.
Lu le explicó al informante que los mexicanos tenían problemas para depositar dinero debido a que altos directivos del SNB le habían instruido a congelar su cuenta y por ende, no podían depositar 1 millón de dólares al día.
En agosto de 2011 Hernández y Herrera se reunieron con Lu y el informante para proponerles transferir dinero de clientes mexicanos, para que Lu lo lavase mediante cuota de por medio.
El 4 de octubre del mismo años, Kim advirtió al informante de que el grupo mexicano se encontraba dentro de una lista de vigilancia de Estados Unidos por transferir 35 millones de dólares mensuales a fondos ilícitos, lo cual derivó en un acuerdo de transferencias electrónicas o cheques en lugar de efectivo.
Kim también informó al informante y a un agente clandestino denominado 'UC2' que el grupo mexicano había intentado comprar el SNB, mediante Herrera, quien afirmó su interés por adquirir parte de la entidad para garantizar sus operaciones y lograr su objetivo.
En febrero de 2014, Hernández ofreció desplazar dinero originado en Canadá a México y en septiembre del mismo año, propuso lavar 30 millones de dólares de personal de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cambio de una comisión, aunque las operaciones no se materializaron.
El expediente no aclara el rol de las autoridades mexicanas o sobre intentos por frenar el flujo de efectivo, sin embargo, las transacciones del grupo criminal por 3 millones 700 mil dólares se concretaron a través de una red que pasa por Estados Unidos, México, China, Camboya, Liechtenstein y Suiza.
Fuente: Redacción SDPnoticias.com

¿Cómo se financia el Estado Islámico?

Su principal fuente de ingresos es la venta de petróleo, por la que algunos expertos calculan que podrían conseguir unos dos millones de dólares cada día.

El Estado Islámico es un grupo terrorista con unas posibilidades de financiación muy superiores a las habituales de una organización con sus características: aparte de los cobros por rescates, los atracos a bancos, operaciones de contrabando y recaudación de impuestos, tiene acceso a infraestructuras estatales de las zonas que controlan en Siria e Irak.

También es cierto, sin embargo, que la organización tiene un nivel de gastos muy elevado, por lo que no existen datos concretos sobre la verdadera riqueza del grupo. Una de las principales fuentes de ingresos de la organización es la venta de petróleo extraído de los campos de Al Tanak y Al Omar al oeste de Siria. El grupo lo extrae también de pequeñas y arcaicas refinerías y luego los vende como contrabando a través de las fronteras turca y en la regíon kurda iraquí.

Expertos estadounidenses estiman que los ingresos del grupo por la venta de petróleo alcanzan casi dos millones de dólares al día. Este es el principal motivo por el que la Fuerza Aérea francesa fijó las refinerías como uno de los principales objetivos a golpear, para así cortar ingresos económicos.

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Además, el grupo recauda impuestos en su Califato, algo que los expertos estiman en otro millón de dólares al día. El Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (FATF), entre cuyos objetivos está ayudar a combatir la financiación de grupos terroristas, calificó el sistema de recaudación del grupo como una «extorsión sofisticada» a pequeños comerciantes y empresarios. Aquellos que no son musulmanes deben pagar un impuesto especial.

La organización terrorista ingresa unas cantidades enormes de dinero gracias a la venta de objetos y tesoros de la Antigüedad. Expertos estadounidenses explicaron al Wall Street Journal que el grupo podría llegar a ingresar unos 100 millones de dólares al año con esta práctica.

Los rescates cobrados por secuestros, generan el ingreso de otras decenas de millones. Además, el grupo podría haber ingresado unos 318 millones de euros cuando tomó la ciudad de Mosul y accedió a su banco central. Esta cifra, sin embargo, no está confirmada.

El Estado Islámico recibe también donativos. Diferentes organizaciones islamistas almacenan cantidades monetarias para proyectos supuestamente humanitarios. Donantes privados de las monarquías del Golfo reunieron muchos millones de dólares en los comienzos de la organización. Actualmente no se sabe si ese dinero continúa fluyendo. Estados Unidos intenta seguir el rastro del dinero para identificar a los bancos involucrados en la trama y poder cortar los flujos financieros.

Fuente: La Voz de Galicia

MEXICO : El uso de tarjetas prende alertas de lavado de dinero

En menos de 2 años, el SAT ha recibido más de 55 mil alertas por transacciones sospechosas, la mayoría por uso de este medio de pago
El año pasado Ernesto llegó a una agencia de autos y tras un vistazo escogió un automóvil sin preguntar su costo al vendedor. Semanas después llegó a la misma agencia y tras un breve recorrido por el negocio compró otro coche. No le cuestionó al agente de ventas cuáles eran las características del auto y tampoco si lo tenía en otro color. Al poco tiempo volvió al mismo establecimiento e hizo una compra más sin inspeccionar el vehículo.
Eso ocasionó que el agente de ventas elaborara un “aviso con alerta”, y que lo enviara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del SAT, informándole: “El cliente o usuario compró múltiples vehículos en un periodo muy corto, sin tener la preocupación sobre el costo, condiciones o tipo de vehículo”.
En México, cada 15 minutos se detecta un caso como éste que podría estar contribuyendo al lavado de dinero. Desde el 1 de septiembre de 2013, cuando entró en vigor el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hasta el 31 de mayo de 2015, la también llamada Ley Antilavado ocasionó que empresas y particulares enviaran 55 mil 117 “avisos con alerta” para reportar la realización de diversas transacciones sospechosas, de acuerdo con información obtenida por este medio vía la Ley de Transparencia.
Estos “avisos con alerta” los envían los sectores regulados por dicha ley cuando al momento de realizar una operación o transacción el vendedor tiene información adicional, “basada en hechos o indicios”, de la que se pudiera presumir que los recursos provienen o están destinados a favorecer o prestar ayudar a la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita. Éstos deben ser enviados dentro de las siguientes 24 horas a partir de que se conozca el caso.
La mayoría de estas notificaciones se generaron por el uso de tarjetas de servicio y de prepago, así como por tarjetas de crédito emitidas por entidades no financieras, como las que brindan las tiendas departamentales. En este rubro se han enviado cerca de 30 mil alertas a la autoridad hacendaria, porque “se observa que el cliente o usuario realiza operaciones de carga o recarga por montos por arriba del umbral de identificación utilizando diversas tarjetas”.
Las tarjetas prepagadas son aquellas en las que se dispone de una suma de dinero que después se puede utilizar para pagar productos y servicios; se pueden recargar por internet o en los establecimientos afiliados.
En el mercado, las tarjetas de prepago las ofrecen las compañías de juego y entretenimiento, comunicaciones, comercio electrónico, tiendas de conveniencia y los servicios de streaming, entre otros rubros. A diferencia de las tarjetas de débito o de nómina, las de prepago no están ligadas a una cuenta de cheques o de ahorro, y éstas pueden ser adquiridas en tiendas departamentales, de conveniencia y negocios de supermercados, entre otros establecimientos.
Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de lavado de dinero, explica que esta categoría de alerta se refiere a que en un mismo mes el cliente recargó varias tarjetas de prepago, cada una de ellas por una cantidad mayor a lo permitido según el umbral establecido en la ley, que es de 45 mil 215 pesos.
Estas tarjetas prepagadas no las expide el sector financiero, expone, sino que muchas veces las brindan diversas empresas a sus empleados para que paguen gasolina, supermercado o noches de hotel, y hay otras que se emiten para el público en general.
Otros “avisos con alerta” en este rubro se han generado porque “las operaciones realizadas con la tarjeta parecen estar fuera de su alcance”. Esto significa, abunda la especialista, que los gastos que realizó el cliente con este medio de pago no corresponden con su perfil económico. También pueden generar estas notificaciones los cheques de viajero y tarjetas de recompensa.
Los otros 25 mil 117 “avisos con alerta” generados no fueron desglosados por actividad o rubro en la información entregada a este medio, pero sí se detalla que se han producido, por ejemplo, debido a que los clientes se rehúsan a entregar documentos oficiales que los identifiquen o porque se proporcionan papeles falsos para realizar la operación.
También se han enviado “avisos con alerta” porque el vendedor detectó que las personas involucradas en la operación mostraron fuerte interés en que se llevara a cabo con rapidez, “sin que exista causa justificada”, intentaron sobornar o extorsionar para realizar la transacción de forma irregular, o llevaron a cabo múltiples operaciones en un periodo muy corto “sin razón aparente”.
En algunas de las notificaciones los empresarios escribieron: “Se conoce un historial criminal del cliente o usuario, de algún familiar directo o persona relacionada”, y en otros había indicios de que las donaciones en especie eran a favor de centros que brindaban ayuda a la comunidad, y se “sospechaba de que dichas organizaciones estarían vinculadas con actividades u organizaciones delictivas”.
Además, se registraron este tipo de alertas porque el cliente realizó transacciones de manera periódica en las que liquidó el total del monto del préstamo otorgado en efectivo al poco tiempo de haberlo adquirido.
Algunos de los motivos expuestos por la iniciativa privada en las transacciones de renta de bienes-inmuebles, es que el cliente acepta pagar un monto de arrendamiento significativamente mayor a los valores de mercado u ofrece liquidar por adelantado las rentas correspondientes a un largo periodo sin justificación lógica.
También se ha alertado a la autoridad porque el cliente no quiere ser relacionado con la operación de arrendamiento, se niega a dar información sobre el uso que se le dará al inmueble o porque el pago de las rentas lo realiza un tercero, el cual no tiene una relación aparente con el cliente.
Un ejemplo de esto es el caso de Jorge, quien rentó un inmueble con un valor mensual superior a 112 mil 500 pesos, y mientras cerraba el trato de arrendamiento levantó sospechas en la empresa con la que firmó el contrato. El agente inmobiliario decidió emitir una alerta a la UIF, por conducto del SAT.
En el aviso que recibió la UIF, la alerta decía: “Hay indicios o certeza de que el inmueble arrendado no está siendo utilizado para el propósito expresado por el cliente o usuario, sino para posibles actividades ilícitas”.

Avisos sin alertas: la sospecha es menor
Desde septiembre de 2013 la Ley Antilavado obliga a los empresarios y particulares que realizan 17 “actividades vulnerables” a informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre transacciones sospechosas. Entre ellas están la venta de vehículos, obras de arte, juegos y sorteos; los servicios de traslado o custodia de valores, la comercialización de tarjetas de crédito, blindaje de autos y la compra-venta o el arrendamiento de inmuebles, entre otras.
El objetivo de la ley es proteger al sistema financiero con medidas que prevengan actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, recabar elementos útiles para perseguir estos delitos, y desarticular las estructuras económicas de las organizaciones delictivas para evitar que se financien con esos recursos.
Ortiz Dorantes, autora del libro El delito de lavado de dinero, afirma que esta ley “es muy dura y está haciendo sufrir mucho al sector comercial”, porque la autoridad lo ha sobrecargado con una serie de obligaciones que en algunos casos son inútiles y no ayudan a la prevención de blanqueo de capitales.
La experta apunta que mientras que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo intergubernamental contra el blanqueo de capitales, pide a los países elaborar una ley antilavado donde se regulen seis actividades comerciales, en México se establecieron 15.
“Nosotros tenemos actividades comerciales que el GAFI nunca nos pidió y que sí han causado al sector comercial una serie de trabajos, en algunos casos inútiles, que hacen que se empantane en un cumplimiento que es totalmente incorrecto, inequitativo y que en otros países no se da”, expone Ortiz Dorantes.
Esta ley, además de generar los avisos generales y los que son con alerta (estos últimos los que despiertan una mayor sospecha), también obliga a las entidades que realizan actividades vulnerables a presentar “informes en cero” a la UIF por conducto del SAT. En sus primeros 515 días de operación —periodo que pudo documentar este medio— esta ley generó 3.7 millones de avisos y 526 mil 360 reportes en cero.
Los “informes en cero” son las notificaciones que manda la iniciativa privada cuando no se realiza algún acto u operación que sea objeto de aviso por no considerarse de riesgo.
Los avisos son aquellos reportes que los empresarios deben enviar cuando el monto de la transacción supera el tope económico fijado por la ley para cada actividad. Por ejemplo, en el caso de la compra de una casa es de 562 mil 552.50 pesos y en el de un coche es de 450 mil pesos. En algunas actividades la notificación se presenta por la simple realización de la operación, como en ciertos servicios que prestan los notarios públicos. Estos avisos deben contener información sobre la operación, la actividad u ocupación del cliente, y datos de localización.
Quienes los elaboran tienen la facultad de emitir en los formatos oficiales la variación antes mencionada de “aviso con alerta”, que se utiliza cuando hay indicios de que el cliente pudiera estar relacionado con actividades de lavado de dinero.
Para Ortiz Dorantes, quien también participó en la implementación de la ley, los “avisos con alerta” pueden ser un foco especializado, una pista que se pone en el radar de la autoridad porque ya no se trata sólo del reporte de una compra normal, sino que es una transacción extraña. “Ese aviso con alerta significa que la forma en que se realizó la operación comercial no es muy común, puede ser que se pagó en efectivo o se pidió la entrega del bien inmediatamente”, explica.
Pero aclara que no necesariamente estas alertas están relacionadas con la delincuencia organizada, ya que a lo mejor a esa persona le urgía liquidar la compra de una camioneta porque necesitaba transportar alguna carga.
La especialista señala que las alertas se derivan de una interpretación subjetiva del vendedor, y así sucede en todo el sistema de prevención de lavado en el mundo.
Menciona que los avisos sin alerta producen una sobrecarga de trabajo para la UIF, que tiene que analizar y separar las notificaciones que pudieran estar relacionados con recursos de procedencia ilícita.
“Hay un gran trabajo para la autoridad, para poder separar la paja y el oro. La paja que va a ser la mayoría, porque resultarán muchas operaciones mercantiles normales que no están relacionadas con la delincuencia”, apunta.
La especialista considera que hay sectores donde la ley está jugando un papel relevante, como la venta de obras de arte, custodia y tras- lado de valores, y tarjetas prepagadas.
“Hay unos sectores donde sí es importante la ley, y otros en los que no, porque ya estaban regulados, como los notarios, el sector de exportación e importación, los llamados agentes aduanales. Todo lo que avisan no sirve para nada porque eso ya se avisaba por medio de otras leyes”, detalla Ortiz Dorantes.
Fuente: Zorayda Gallegos y Silber Meza  El Universal

Mexico: Instituciones financieras reprueban examen para prevenir lavado de dinero

Para obtener la certificación en la prevención del delito de lavado de dinero, de 503 evaluaciones, solamente aprobaron 170 instituciones crediticias, es decir el 66 por ciento, resultados que mantienen en alarma a las autoridades.

Las autoridades financieras se encuentran preocupadas ante el gran número de reprobados en el primer examen de certificación en materia de prevención de lavado de dinero realizada por los oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas.
De acuerdo con los resultados de la primera evaluación —de dos oportunidades que tienen para cumplir con este requisito— de 503 evaluaciones, sólo 170 aprobaron, es decir el 66 por ciento reprobó. Los resultados no fueron del todo satisfactorios, reconoció Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En la primera ronda, de los 47 bancos sólo 27 aprobaron, de 14 casas de bolsa que aplicaron sólo nueve aprobaron, de la banca de desarrollo sólo dos de los seis integrantes aprobaron, de las Sofomes reguladas de 18 que se presentaron únicamente cinco pasaron y los 21 empleados de la CNBV que se presentaron a la evaluación aprobaron.
Del sector de las uniones de crédito, de 16 uniones una pasó, pero en este caso, todavía tienen dos oportunidades, ya que en esa fecha no les correspondía ser evaluadas y se presentaron únicamente para medir sus conocimientos.
En esta evaluación, dos de cada tres reprobaron y tienen una segunda oportunidad el próximo 28 de noviembre para aprobar la certificación, además de que nuevos sectores tendrán la obligación de presentarse por primera vez a ser evaluados según el calendario establecido que concluye en 2016.
En el marco del Foro organizado por el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, indicó que en el sector bancario el tema de lavado de dinero no es exclusivo de ellos, por lo cual en México, es obligatorio que todos los oficiales de cumplimiento y auditores externos e internos en materia de prevención de ese delito deben cumplir con un estándar mínimo de cumplimiento.

METODOLOGÍA
El temario que se aplica fue elaborado por el Banco Mundial, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Universidad del Valle de México y la Guía diseñada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
Eduardo Apaéz, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, detalló que de los 47 bancos sólo 42 se inscribieron y de ellos 27 aprobaron, de las 35 casas de bolsa obligadas a realizar el examen se presentaron 14 y sólo 9 aprobaron.
“No es el resultado más benéfico, dentro de la estadística que estábamos esperando. Sí es una prueba difícil, los resultados consideramos que se dieron es porque un alto número de personas hizo la prueba para ver cómo estaban en conocimientos, hubo muchas Sofomes no reguladas y centros cambiarios que se presentaron y no aprobaron, además el número de oficiales de cumplimiento que consideraron que con su experiencia era suficiente para la prueba, pero no fue así, porque hay normativa nacional e internacional, y un módulo de auditoría y se tienen que aprobar los tres”.
El 30 de septiembre venció la fecha para inscribirse en la segunda evaluación, en donde se presentaron 603 solicitudes para ser certificados.
Hay 98 uniones de crédito en operación y 81 presentaron la solicitud para el examen en esta primera oportunidad.
Las instituciones que no aprueben en las dos oportunidades que tienen serán sujetas a multas de dos mil a 30 mil salarios mínimos.

Fuente: Jeanette Leyva - El Financiero

ARGENTINA: La banda del narcoarroz, un cartel muy sofisticado

Cómo operaba el grupo de colombianos que tenía desde sicarios hasta profesionales
Williams Triana Peña, de 33 años, acompañado por un fornido custodio paraguayo, notó que alguien los seguía. El calor y la humedad asfixiaban en enero pasado en Puerto Iguazú, Misiones.
Uno de los presuntos jefes del cartel colombiano de los Urabeños, que se había alojado en el Iguazú Grand Hotel, estaba enfrascado desde diciembre en un problema: averiguar cómo le habían "mejicaneado" un cargamento de cocaína.Su cabeza valía mucho. Williams Triana Peña y su hermano Erman ocupaban, según la Justicia, la máxima jerarquía del cartel de los Urabeños. Pero debió ser descubierto el caso del "narcoarroz" para que se confirmara que habían trasladado su proceder a la Argentina.
La mudanza se produjo en 2012 y desde entonces el cartel operaba en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, con todos los eslabones, que cubrían desde el plano económico hasta el operativo. Y con escalafones definidos: jefes, sicarios y profesionales para lavar el dinero.El plan era exportar a Europa grandes cantidades de cocaína en cargamentos de arroz. Y blanquear aquí el dinero por medio de nueve empresas, manejadas por el abogado Guillermo Heisinger, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior en la primera gestión de Carlos Menem. Las firmas se crearon en un estudio jurídico que está vinculado a otras causas de narcos.
Williams Triana Peña debía moverse todo el tiempo. Según los registros oficiales, viajaba de manera frecuente a Chile y a Uruguay. Y desde allí volaba a Paraguay, por donde ingresaba por tierra a la Argentina. No era fácil seguirlo porque utilizaba pasaportes falsos.
Ese día caluroso de enero pasado, al darse cuenta de que estaban tras sus pasos, Williams Triana Peña descartó la salida más fácil, que era escapar. Estaba a unos metros de la ruta 12, en Misiones, y en sólo unos minutos podría llegar a Ciudad del Este, lugar que conocía como la palma de su mano.
Pero el presunto jefe narco prefirió ponerse cara a cara con quienes lo seguían desde hacía unos días. En una calle lateral al hotel los enfrentó. Los dos agentes encubiertos de Gendarmería sabían que el custodio del capo estaba fuertemente armado y prefirieron correr hacia un monte que separa las canchas de golf del Hilton. Y ahí se esfumaron. Se ocultaron para no entorpecer la investigación.
A pocos kilómetros, la propia banda tenía secuestrado a uno de sus miembros: Edilberto Vargas Fernández, alias "Mey". Había viajado a Paraguay por orden de Triana Peña para explicar qué había pasado con el cargamento de cocaína desaparecido en noviembre de un depósito en Monte Grande.
En tierra paraguaya, "Mey" sostuvo que la droga había sido robada por desconocidos, pero no pudo volver a Buenos Aires hasta que su jefe constató la versión con Germán Marín López y Henry Ibarra Ramírez, apodado "Costeño", en Puerto Iguazú.
"Esta organización no anda con vueltas. Si no hubieran creído la versión del robo, «Mey» terminaba asesinado", sostuvo a LA NACION un investigador judicial.
Se sospecha que Williams está radicado ahora en Paraguay y su hermano habría regresado a Colombia, pero supo estar en la Argentina, donde vive su hermana, Yoana.
El viernes de la semana pasada, la Gendarmería Nacional secuestró entre 20 y 30 kilos de droga en el depósito fiscal Binder, en Rosario, y otros cuatro kilos en la casa del médico oncólogo Gabriel Zilli, que sería el "químico", el encargado de desarrollar la compleja fórmula que aún no descubrieron los peritajes: cómo cristalizar la cocaína en el arroz.
El plan inicial era sólo una prueba. Debían chequear la ruta de la droga, que era Buenos Aires, Guinea-Bissau, Portugal. El operativo "Arroz africano" terminó con nueve colombianos y tres argentinos detenidos. Pero es sólo el comienzo para bucear en el funcionamiento y las redes del primer cartel internacional que funcionaba en la Argentina.

De Bolivia a Chaco
La sospecha de los detectives judiciales es que la droga llegaba a la Argentina desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en pequeños aviones que aterrizaban en pistas clandestinas en un monte chaqueño.
Esto se basa en que parte de los integrantes de la organización viajaban con frecuencia a esa región boliviana. Además, allí residía Diana Suárez Heredia, de 22 años. La joven es la mujer de "Mey" Vargas Fernández, que respondía a Carlos Olmedo Silva Cárdenas, alias "Mono". Este ex policía colombiano, de 47 años, es la mano derecha de Williams Triana Peña, y fue detenido en los allanamientos de la semana pasada.
Suárez Heredia ya no está más en Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores creen que viajó con su marido, "Mey", a Colombia, donde también estaría el otro presunto capo del cartel: Erman Triana Peña.
En los operativos hechos en la ciudad pueblo de Nordelta, en Tigre, y también en Retiro, Palermo, Rosario, Mendoza, y Tucumán, los investigadores no sólo secuestraron droga, sino también 6.000.000 de pesos y documentación de las nueve empresas que habría utilizado el cartel para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.
La causa que permitió poner al descubierto por primera vez el funcionamiento de un cartel colombiano radicado en la Argentina fue un trabajo en conjunto entre el juez federal Sergio Torres, su equipo de colaboradores, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, fuerzas federales de seguridad conducidas por Sergio Berni, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En los próximos días, el juez federal Torres deberá definir la situación de los 12 detenidos (nueve colombianos y tres argentinos). Además, en su despacho de Comodoro Py desde anteayer hay varias carpetas de otro expediente judicial donde nombran a los sospechosos colombianos y al abogado Heisinger: una causa por lavado de dinero que instruye la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
En la causa de Arroyo Salgado, informaron fuentes judiciales, hay incorporada una investigación preliminar de la Procunar donde se nombra a la pareja de Heisinger, un peluquero colombiano de 33 años, identificado como Jorge Jacome López.
Según los detectives judiciales, en su local de Recoleta solía haber visitas sospechosas de presuntos sicarios colombianos involucrados en ajustes de cuentas.
Fuente La Nación Gabriel Di Nicola Germán de los Santos