ARGENTINA : Aumenta el lavado de dinero de los narcos

Argentina blanca.En los primeros seis meses del año fueron al menos 2.000 millones de pesos, la tercera parte de las incautaciones por negocios ilícitos. En 2013 esa cifra había sido 14 veces menor. A nivel global los carteles lavan U$S 400.000 millones al año. Si no hay negocio, no hay narcotráfico. Esa es la convicción de los expertos en el tema. Por lo tanto, la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales que lucran con las drogas es desbaratando sus maniobras financieras y confiscando sus activos. Hay que entrometerse en el laberinto del lavado de dinero y conectar las innumerables cuentas y negocios en los que intentan blanquear los billetes más sucios del mercado. En esta guerra, es más efectivo un contador experto que un gendarme armado en un barrio duro dominado por el narco. Y hay que luchar contra una fuerza muy poderosa. De acuerdo al cálculo de un fiscal antilavado de Estados Unidos que estuvo la semana pasada en Buenos Aires, los grandes carteles “lavan” unos 400.000 millones de dólares por año a nivel global. Y de éstos se reservan un 5% como un “seguro” para “coimear” y corromper las instituciones y el Estado con el único propósito de hacer un gran negocio con el tráfico de estupefacientes. “Si el flujo anual de capitales provenientes del narcotráfico en todo el mundo está calculado en al menos 400.000 millones de dólares, quiere decir que cuentan con unos 20.000 millones para sobornos. Y esto hace que tengan cada día 55 millones de dólares para entregar en las manos de los que les van a facilitar sus crímenes”, explica Charles Intriago, ex fiscal del estado de Florida, que asistió en Buenos Aires al simposio sobre el tema organizado por OPRENAR con el auspicio del Papa Francisco. La oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la UNODC, dice que hay un “consenso general” de que el lavado de dinero llega a entre el 2% y el 5% del PBI global, lo que equivale a unos 2.100 billones de dólares.
Aquí, en Argentina, nadie arriesga una cifra exacta de lavado proveniente de los narcos locales e internacionales que operan en el país. Pero la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) embargó en lo que va del año más de 6.200 millones de pesos en todos sus procedimientos. Y de acuerdo a fuentes de la industria bancaria y de seguros, “al menos una tercera parte de ese total es lavado del narco”. Sumarían más de 2.000 millones de acuerdo a las cifras oficiales hasta julio de 2015. Un monto que sufrió un empuje muy importante en los últimos años si se tiene en cuenta que la cifra de embargos del 2013 fue de 473 millones de pesos. Esta tendencia también se puede comprobar en el embargo de pesos realizado por la UIF, la Unidad de Información Financiera, que pasó de 895.893 en 2010 a más de 2.200 millones en 2014. A todo esto hay que sumarle el dinero que entró por las dos normas de blanqueo de capitales adoptadas en 2008 y 2013 que permitieron la entrada de dólares sin que tengan una justificación de origen muy determinada y que, se sospecha, fue un mecanismo utilizado también por las organizaciones criminales.
En el Chaco se está desarrollando el juicio por el caso “Carbón Blanco” por el envío de cocaína a Portugal en contenedores con carbón vegetal que tiene una causa paralela por lavado de dinero, la más importante de su tipo en la historia judicial argentina. El principal implicado es el abogado Carlos Salvatore, que se hizo famoso por amenazar a la jueza del caso Zunilda Niremperge -“Yo pago este homicidio, pero ella se muere”, le dijo a su esposa en una conversación grabada y que forma parte de los expedientes del juicio. La organización, integrada por varios familiares de Salvatore y otros seudoempresarios, acumuló decenas de inmuebles en Buenos Aires, Miami, Uruguay y España, fideicomisos de construcción de edificios en Mar del Plata, varios automóviles de alta gama, compra y venta de jugadores de fútbol, casas de cambio y turismo y hasta habían fundado una empresa de producción cinematográfica que invirtió 700.000 dólares en la película de animación “Plumíferos”. El monto de la fianza impuesta por el juzgado a los implicados, de 1.600 millones de pesos, da una idea de la magnitud de las operaciones de lavado de esta organización. “Es una causa que muestra con claridad el imperio económico que puede armar una organización del crimen alrededor del narcotráfico”, explica la jueza Niremperge.
En el Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata se lleva a cabo una instrucción basada en un expediente de 30 mil fojas sobre la organización del capo colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, apresado en Ezeiza en marzo de 2011, cuando regresaba de unas vacaciones con su familia en Tahití. Meyendorff, famoso por armar una flota de pequeños submarinos en los que llevaba cocaína a Estados Unidos, se había instalado en Argentina en el 2005. En el expediente consta que con la complicidad de al menos otras 34 personas, el narco colombiano lavó unos 920 millones de pesos. De acuerdo al fiscal, abrieron cuatro empresas radicadas en Uruguay dedicadas a la compra y venta de inmuebles. Luego, a través del estudio contable de la doctora García Fernández de Kusnier –alias Mari Paqui, actualmente detenida en España por narcotráfico- compraron lotes y casas en los countries Abril, de Berazategui, y Nordelta, de Tigre, así como varios campos, entre ellos la Estancia Santa Clara sobre la ruta 51 en Chivilcoy. El cartel llegó a tener en Argentina 28 empresas interrelacionadas entre sí. Desde aquí, Meyendorff, junto a su hermano, también mantenía las operaciones en Colombia. Allí le confiscaron 331 inmuebles en más de 20 ciudades por un valor de 700 millones de dólares y 28 sociedades con otros 200 millones de dólares. El fiscal Julián Quintana, el jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y el Lavado de Dinero de Colombia dijo que se trataba del “operativo más grande de incautación de bienes del narcotráfico”.
Otro colombiano, Alejandro Gracia Álvarez, alias “Gato Seco”, fue el “cerebro” detrás de las operaciones de Meyendorff y otros 12 capos del cartel del Valle del Norte en la Argentina. Desde 2003 y hasta principios de este año, cuando fue apresado en Bogotá, de acuerdo a la fiscalía colombiana, había trasladado y lavado al menos 900 millones de dólares en la economía argentina. Gato Seco contó al fiscal de la causa que todo había comenzado hace doce años cuando su cuñado y capo del cartel, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, lo mandó a Buenos Aires para crear empresas de fachada y comprar propiedades. Fue uno de los primeros colombianos en invertir e instalarse en varios countries de la zona norte del Gran Buenos Aires.
A fines de junio se presentó ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Comodoro Py el abogado Germán Fliess Maurer a reclamar una camioneta Honda CRV que había pertenecido al jefe de los sicarios colombianos Jairo “Mojarro” Saldarriaga, asesinado en abril de 2012 en Barrio Norte por orden del capo “El Loco” Barrera. Fue cuando comenzó otra investigación sobre los bienes manejados por Mojarro y aparecieron campos en Concepción del Uruguay y varias empresas “fantasma” manejadas por un misterioso secretario de la organización de apodo “José” y que sería el encargado de “lavar” millones de dólares triangulados entre Buenos Aires, Bogotá y Montevideo.
En Rosario, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en junio como querellante de 40 personas involucradas en el lavado de dinero de tres grupos narcos. Luis Medina, acribillado en diciembre de 2013 en el acceso a Rosario junto a la modelo Justina Castelli, manejaba cuatro sociedades comerciales. Convertía en “legal” el dinero que obtenía de la venta de cocaína a través de una financiera y dos importantes concesionarias de autos (de una de ellas desaparecieron un día después de su asesinato 40 autos que estaban en exhibición). Mientras tanto, de acuerdo al informe de la UIF, figuraba desde 2008 en la AFIP como “deudor irrecuperable”. Otro investigado es Delfín Zacarías que fue detenido en septiembre de 2013 junto a su familia en una casa de la localidad de Funes donde tenían la “cocina” de pasta base de cocaína más importante de las descubiertas en el país. Junto a su mujer y sus hijos son los dueños de más de 30 inmuebles y 50 vehículos. Se cree que tiene una fortuna escondida en bancos de Paraguay. Figuraba en la AFIP como monotributista y un ingreso de 15.000 pesos mensuales. Y alrededor de la famosa banda de Los Monos, liderada por la familia Cantero del barrio Las Flores, hay 23 procesados por ser testaferros de campos, casas y 46 autos.
La sospecha de lavado de dinero del narcotráfico alcanzó hasta a Lionel Messi. La DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense dijo que un testigo protegido había confirmado que en los partidos amistosos y benéficos en los que se presentó el equipo de “Los amigos de Messi” en 2012 y 2013 se había lavado dinero del cartel mexicano de Los Valencia. Este grupo criminal, también conocido como cartel del Milenio, blanqueaba parte de la fortuna que logra con el paso de drogas a Estados Unidos a través de la compra ficticia de entradas. En el caso que se instruye en el Juzgado 51 de Madrid ya desvincularon a Messi del asunto y sólo apuntan a la firma mexicana que sería una pantalla para “blanquear” dinero a través de este tipo de eventos deportivos y la compra y venta de jugadores de fútbol. En ese sentido, se investiga el pase de varios otros jugadores argentinos al fútbol mexicano.
Adela Parra González, ex funcionaria y experta en temas de narcotráfico del gobierno colombiano, cree que todas las organizaciones de narcotráfico “llegan a un momento en que acumulan tanto dinero que tienen que armar un entramado para convertirlo en legal y para eso fundan grupos conexos de su confianza sólo con ese propósito”. Y Mayolo Medina Linares, ex secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, asegura que “sin corrupción a todos los niveles el lavado de dinero sería mucho más difícil. Es posible sólo porque hay gente que mira hacia otro lado en los bancos, en la compra y venta de inmuebles, en las concesionarias de autos, en hoteles y en tantos otros lugares”. De acuerdo a un informe presentado en el “Seminario Internacional de Cumplimiento” -que se realizó recientemente en Buenos Aires-, por el profesor Martín de Simone de la Universidad de San Andrés, en Rosario, basado en el estudio de los informes judiciales, el dinero de los narcotraficantes se invirtió en primer lugar en la compra de departamentos –como en los nuevos desarrollos de Puerto Norte- y luego en la construcción (íntimamente ligado uno y otro), los clubes nocturnos y los autos lujosos. “Para perseguir estos delitos ya no basta con un tribunal local. Son organizaciones globales las que actúan y hay que cruzar los datos a nivel global para descubrirlos”, dice De Simone.
Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, cree que todo tiene que ver con la reacción de las instituciones y de la sociedad ante el delito. Y pone el ejemplo del llamado “efecto Toblerone”: la viceprimer ministro sueca Mona Sahlin compró con su tarjeta de crédito oficial dos chocolates de esa marca por 35,12 dólares que no estaban previstos en el presupuesto y pocos días más tarde fue obligada a renunciar. “El bajo respeto de la legalidad es el caldo de cultivo del crimen organizado. En Argentina, un proceso por corrupción se extiende en un promedio de entre 15 y 20 años y se encuentra a muy pocos culpables”.
Fuente: Clarín Gustavo Sierra

Argentina: Caballos, edificios y jugadores de fútbol, las inversiones de los narcos

Escriben: Waldo Cebrero y Sebastián Ortega
En Rosario, la Justicia investiga las estructuras de blanqueo de dinero montadas por las tres principales organizaciones narcocriminales. El fiscal Carlos Gonella, a cargo de Procelac, explicó cómo se investiga la ruta del dinero de las drogas.En Rosario, la Justicia investiga las estructuras de blanqueo de dinero montadas por las tres principales organizaciones narcocriminales. En Chaco, mientras un Tribunal Oral juzga a la banda que envió más de mil kilos de cocaína a Europa camuflada en cargamentos de carbón vegetal, se abrió otro expediente conocido Carbón Blanco II, para seguir las maniobras de lavado. En estos y otros casos no solo se sigue la ruta de la droga; también la del dinero, que es el objetivo final de los delitos a gran escala. Las causas surgieron a partir de la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella.
“Se trata de organizaciones muy complejas, que cuentan con prestaciones profesionales para llevar adelante sus delitos. Para investigarlas, es necesario contar con mucha capacitación”, explica Gonella. En la entrevista con Infojus Noticias, el fiscal cuenta cual es el rol de los profesionales y de los bancos, detalla en qué gastan el dinero los traficantes y como se inician las investigaciones por lavado. “Después de mucho trabajo, hoy tenemos un sistema consistente y por eso los avances en estos casos se demuestran”, explica.
En Argentina no abundan las condenas por lavado de dinero contra organizaciones narcocriminales. La primera fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, en 2010, contra una organización de alcance barrial. La segunda, en 2014, un Tribunal Oral de Corrientes condenó a una banda que introducía marihuana desde Paraguay. Además de las que se instruyen, hay varias elevadas a juicio.
-¿Por dónde se puede empezar a investigar el narcolavado?
- Hay dos maneras. Una de ellas sería a través de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que las empresas están obligadas a confeccionar a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que analiza el reporte. Si se detecta actividad financiera irregular, el director de la UIF puede decidir pasar al siguiente nivel, en este caso es el Ministerio Público Fiscal, de dónde depende la Procelac. Esta Procuraduría tiene seis  áreas de trabajo, una de ellas es Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Ahí se analiza el reporte y se fortalece desde el punto de vista probatorio, antes de judicializarla.
El otro camino para iniciar una causa es por un delito precedente ya judicializado: secuestros, trata, narcotráfico. En ese caso, el juez o el fiscal a cargo piden la colaboración.
-Por ejemplo, el caso Carbón Blanco.
- Esa causa estaba a punto de elevarse a juicio cuando se creó la Procelac, en 2012. El tráfico de más de mil kilos de cocaína tenía un valor de mercado aproximado de 80 millones de euros. ¿A dónde estaba ese capital? ¿Quién estaba detrás? Nosotros tomamos el caso, cruzamos datos y el estándar de sospecha se fue alimentando hasta reconstruir que el principal sospechoso era el abogado Carlos Salvatore. Tenía un poderoso entramado económico, conformado por cincuenta empresas, bienes, muebles de lujo, inmuebles en cinco provincias, principalmente en la costa, inversiones en proyectos cinematográficos, todo eso para lavar el dinero.
-¿Cuáles son las características del narcolavado? ¿Se dan casos de empresas que facturan pero no tiene empleados, por ejemplo?
- Uno de los rasgos típicos en una operación de narcolavado a través de estructuras jurídicas en una operación nacional o trasnacional, es justamente esta. Una empresa que tiene un objeto social que no gira, o que no puede comprobar fácticamente que opere, una empresa que no tuvo movimiento, una empresa con un capital declarado ínfimo, pero que empieza a tener bienes a su nombre. Generalmente las sociedades offshore funcionan con esta lógica, enquistadas en paraísos fiscales y se utilizan como pantalla para poner bajo su nombre activos financieros o bienes.
-¿Cuáles son los mecanismos más habituales para el lavado?
-Dentro de las tipologías que define el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), están las inversiones inmobiliarias. Los famosos fideicomisos, que son estructuras jurídicas que no están debidamente reguladas en Argentina y en ningún lugar del mundo. En los plenarios del GAFI se debate si es necesario regularlos o no. Pero de todos modos los Estados tienen que tomar medidas de prevención porque se ha detectado a nivel mundial que los fideicomisos son estructuras jurídicas para lavar dinero. Por ejemplo, actualmente hay grupos económicos que publicitan en Argentina invitando a los inversores a poner su dinero en bienes inmobiliarios en la isla de Manhattan. Los estamos investigando. Esa estrategia de marketing está montada sobre fideicomisos. Estados Unidos alertó mediante una carta sobre el riesgo económico que supone la inversión inmobiliaria en Manhattan. Esos negocios inmobiliarios se promueven en publicidades y luego se organizan reuniones informativas en lujosos hoteles de la ciudad. Una oferta de esa naturaleza, necesariamente tiene que estar inscripta en los organismos públicos argentinos.
-¿Cómo se aprovecha la estructura del fideicomiso para lavar dinero?
-A partir de la lógica propia del fideicomiso, que es muy compleja, porque tiene tres actores. Fideicomitente, fideicomisario y beneficiario final. La lógica es la misma que la de las llamadas “sociedades pantalla”. Este tipo de estructura se usa para lavar dinero donde hay mucha comercialización de grano, que es una actividad de altísimo riesgo de evasión, por ejemplo en provincias como la de Córdoba, o Santa Fe, también en la costa con las inversiones inmobiliarias. Y otra vez volvemos al caso Carbón Blanco, donde se valen de las figuras de fideicomisos para lavar dinero del narcotráfico.
-¿En qué otros negocios invierten su dinero los narcotraficantes?
- Hay otras tipologías. La compra de caballos de carrera, por ejemplo. Lo detectamos en el caso del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, también el “Mono” Ale, en Tucumán, era propietario de caballos. Otro canal para lavar es la compraventa de bienes culturales, pinturas, aunque no parezca, es una zona de riesgo para el lavado de activos. La compra de pases de jugadores de fútbol aparece mucho también, siempre con maniobras de triangulación, donde se hace constar en el contrato un valor que en realidad después es mucho más alto, y así se logra evadir impuestos.
- ¿En el caso de un narcotraficante, de qué le sirve invertir en esos negocios?
- Es la forma de introducir al mercado formal inversiones a bajo riesgo. El lavado de activos tiene tres fases, la última es la integración del bien espurio a la actividad económica formal. Es una manera de mediatizar o de distanciar el flujo de dinero de la actividad ilícita precedente. Justamente el lavado de activos es altamente pernicioso, porque desactiva la actividad económica legítima. Lo podemos medir en el caso “carbón blanco”. Hoy, en ese caso, tenemos a 200 familias que compraron sus inmuebles y que están en distintas etapas; algunos tiene la casa y les falta la escritura, otros pusieron la plata en pozo. Esas actividades se canalizaron a través de empresas vinculadas con los narcos y tenemos familias que no tienen nada que ver con la actividad criminal, pero que están perjudicadas. La Procelac se reunió con ellos para despejar sus dudas y también para sumar pruebas a la investigación. Ahora todas las empresas de Salvatore están inhibidas.
- ¿Cómo es el rol de los profesionales en las maniobras de lavado? ¿Hay nombres que se repiten de una causa a otra?
- Sí, hay personas que aparecen en varios casos. Estamos empezando a trabajar en Rosario con ese tema, con el caso de las tres grandes bandas narcos. El rasgo característico de la ilegalidad económico son las prestaciones profesionales. Empresarios que tienen dinero vinculado al narcotráfico, o a la evasión, que utilizan los servicios de un asesor contable, o de un Banco, para sacar la plata al exterior. Así funciona el mecanismo de fuga de divisas, el mercado de capitales.
- ¿Y los bancos como interviene en ese engranaje?
-En algunos casos los bancos son proactivos en detectar riquezas no declarada y ofrecer una especie de servicio. El banco HSBC es un caso. La rentabilidad de los bancos no es el interés que le genera el depósito, sino la comisión por las transferencias internacionales. Algunos bancos buscan los lugares donde desarrollar esta actividad porque detectan que los sistemas no están fortalecidos.
-¿Cuál es la situación de los sistemas argentinos?
-En Argentina, tenemos que reconocerlo, hasta que no nos pusimos a trabajar estratégicamente en adecuar los estándares GAFI, teníamos esa realidad. Hoy tenemos un sistema consistente y por eso los avances en estos casos se demuestran. En octubre del año pasado el GAFI finalmente sacó a la Argentina de la conocida y temida "lista gris" de países que, a su juicio, incumplen con los preceptos de lucha contra el lavado de activos. Estar en esa lista no te suma en términos de transparencia internacional. Eso sin perjuicio de lo que nosotros consideramos que es el GAFI, un ámbito dónde hay mucha hipocresía y donde discuten las políticas económicas los grupos hegemónicos en detrimento de los países emergentes. Hoy estamos equiparados a países que no tiene déficit dentro del sistema.
-¿Cuáles son los obstáculos con los que se encuentra la Justicia para pasar de investigar la ruta del dinero del narcotráfico?
-Se trata de organizaciones muy complejas, que cuentan con prestaciones profesionales para llevar adelante sus delitos. Para investigarlas, es necesario contar con mucha capacitación. El Ministerio Público, a través de Procelac, cuenta con 70 profesionales entre abogados, contadores, pero también hay antropólogos, criminólogos, sociólogos. Eso es porque el Ministerio Público cuenta con una política clara en apostar a la formación para investigar esto. Ahora, con la experiencia de los casos, confeccionamos un protocolo para el manejo de casos en torno al contrabando de divisas y fenómenos ilícitos asociados, que llega a los juzgados y fiscalías del país. En el Poder Judicial hay un hueco en ese sentido. No hay formación. Tenemos muy buenas experiencias con jueces predispuestos a investigar estos delitos, que piden la colaboración de Procelac. Pero todavía hay jueces que son más reacios a coordinar.

Fuente: Infojus Noticias

El "Chapo" Guzmán se escapó por un túnel de la cárcel de máxima seguridad de México

Las autoridades mexicanas detallaron cómo fue la fuga del capo líder del Cártel de Sinaloa. El pasadizo medía más de 1.500 metros de largo. Tenía ventilación, alumbrado y desembocaba en una casa

El Comisionado Nacional de Seguridad mexicano, Monte Alejandro Rubido, señaló que "el sábado había transcurrido de manera normal, Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera se encontraba en el área de tratamientos especiales e incluso cerca de las 20 se le dio su dosis diaria de medicamentos".
"Pero tras detectar su ausencia se activó la alarma por la evasión, y tras esto se descubrió en su celda una boca de túnel en el área de las regaderas (duchas) de 50 x 50 centímetros y un metro y medio de profundidad, que tenía ventilación, alumbrado y hasta una motoneta. Dicho orificio comunica a su vez con un conducto vertical de 10 metros de profundidad habilitado con una escalera".

Así, se llega hasta un túnel de unos 1,7 metros de altura por 80 centímetros de ancho, "que se extiende por una longitud aún indeterminada pero que en línea recta, de punto a punto, representa más de 1.500 metros", añadió el funcionario, que no atendió preguntas de los medios.

El comisionado informó además que "dentro del túnel por el cual huyó Guzmán Loera también se hallaron tanques de oxígeno e instrumentos para la construcción y recipientes con combustible, entre otros objetos".
Rubido también reveló que "el pasadizo desemboca en un inmueble en la colonia Santa Juanita, donde se hallaron objetos que confirman que hubo presencia de personas que trabajaron en el preparativo de la fuga del 'Chapo' Guzmán".

El comisionado añadió que "la alerta roja se emitió en cuanto el personal se percató de la ausencia del 'Chapo' Guzmán y tras esto se suspendió la entrada y salida de personas; se reforzó la seguridad perimetral; se iniciaron operativos en los estados vecinos al Estado de México; se aplicaron revisiones a los vehículos que andaban por la zona; y se suspendieron operaciones aéreas no revisadas en el aeropuerto de Toluca".

"Al momento se continúan las operaciones para encontrar al Chapo, e incluso yo me trasladé personalmente hasta el lugar. Y además 18 personas que se encontraban detenidas en diversas áreas del penal están siendo trasladadas a la Ciudad de México, para ser interrogadas por la fuga", indicó Rubido.

El funcionario nacional concluyó asegurando que "la Policía Federal ha tomado el control del penal de Almoloya, y el personal que estaba trabajando allí al momento de la fuga no podrá abandonar el lugar hasta tanto los investigadores no se lo permitan. Y los empleados que relevarían a este turno no podrán ingresar al centro de detención".

Su otra fuga

El Chapo" ya se había fugado a principios de 2001 de otra prisión de máxima seguridad localizada en el estado occidental de Jalisco. Guzmán fue recapturado en febrero de 2014. Está acusado de varios cargos federales de narcotráfico en Estados Unidos y estaba en la lista de los más buscados de la agencia antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).

Originalmente fue atrapado en 1993 en Guatemala, extraditado y condenado a 20 años de cárcel en México por asesinato y tráfico de drogas. En 2001 escapó de otra prisión de máxima seguridad "Puente Grande", en el estado occidental de Jalisco, con la ayuda de guardias de la prisión.

El cartel de Sinaloa opera en toda Norteamérica, con ramificaciones en Europa y Australia. El grupo ha participado de lleno en la sanguinaria guerra de la droga que ha golpeado algunas partes de México en los últimos años. Se cree que este cartel controla en la actualidad la mayor parte de los puntos de paso de drogas en la frontera entre Estados Unidos y México.

 

“No lo aprobaría”, dice una ex jefa de la UIF

Sbatella si dio el visto bueno  

La compra del Banco Finansur por parte del empresario Cristóbal López, dueño de Casino Club y Grupo Indalo, no está exenta de polémica, pese a que fue aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbatella. Alicia López, presidenta de ese ente, máximo organismo en el combate del lavado dinero, entre 2001 y 2005, advierte que ella no la habría aprobado.
—¿Qué dicen las normas de prevención de lavado sobre la unión de grupos de casinos y bancos?
—No hay una norma que en forma expresa prohíba que un grupo económico de juegos de azar compre un banco, pero es importante destacar que tanto los casinos como las entidades financieras son dos grupos señalados como de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Al unirse estas dos actividades bajo una misma dirección, el riesgo de que se cometan delitos se potencia. Esto se explica principalmente porque en el mundo son dos actividades usadas para cometer este tipo de delitos.
—¿De qué manera una alianza de este tipo podría potenciar esos riesgos?
—Si pensamos que en un casino una persona entra y compra fichas, luego juega o no y sale del lugar con un cheque o el efectivo de sus ganancias, hayan sido reales o no, también tenemos que pensar que el mayor riesgo es que para blanquear una suma de dinero se necesita de una actividad financiera. Y el mayor riesgo es que se traslade ese dinero negro al sistema financiero.
—¿Qué organismo debería llevar adelante el control de las operaciones del grupo económico?
—El Banco Central, que es el organismo que autorizó la compra y según lo establece la Ley de Entidades Financieras es también responsable por la legalidad de las operaciones. Por tratarse de dos actividades de alto riesgo según numerosos organismos, debería establecer un seguimiento intensivo de las operaciones de ambos.
—¿Si de usted dependiera, hubiera aprobado la compra del Finansur por Cristóbal López?
—No, es de altísimo riesgo. Más allá de estudiar al management, hacer un profundo seguimiento de cada operación y tener garantías del cumplimiento de las normas, es una operación que no está recomendada por ningún organismo internacional
Fuente Perfil Por Paola Quain                     

ARGENTINA ¡Bingo! Con ayuda amiga, el juego obtuvo un banco

Es un comentario muy extendido en el mercado que Cristina Kirchner intervino directamente para que el Banco Central autorice la inusual y polémica compra del banco Finansur por parte del empresario del juego Cristóbal López. Así se consolida el poder económico del empresario kirchnerista.

Según el trascendido, la Presidenta dio instrucciones a cuatro funcionarios para llevar adelante la transacción: Axel Kicillof, Enrique Vanoli, José Sbatella y Carlos Zannini. Ninguno de los cuatro podría haber destrabado por decisión propia una operación que favorece a López, frenada, encima, durante tres años en el Central.
Durante ese período los funcionarios del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras se opusieron en forma sistemática porque –decían– existe una evidente incompatibilidad entre ser banquero y a la vez empresario del juego.
El operativo avanzó para que las actuales autoridades de Superintendencia omitieran los informes y documentos que desaconsejaban la transacción.
Los últimos cambios en el directorio del Central –por decreto de la Presidenta– contribuyeron a aceitar la movida. Hubo, también, una orden para que la Unidad de Información Financiera emitiera un dictamen que ablandara la intransigencia de los funcionarios de línea de la entidad.
El informe de José Sbatella fue forzado con el objetivo de vencer las últimas resistencias que existían en el área de Legales del BCRA. Varios funcionarios exigieron ese documento para “deslindar responsabilidades” y cubrirse de futuros sumarios o eventuales acciones judiciales por una decisión que no compartían. Consideraron imprescindible esa cobertura, porque era evidente que a lo largo de los últimos tres años se opusieron sistemáticamente a la aprobación de compra del banco por parte de Cristóbal López.
La resistencia obedeció a que juzgaban incompatible que el máximo empresario del juego de la Argentina esté autorizado a operar en el sistema financiero local. “Eso facilita movimientos cruzados”, dicen en el mercado.
Según fuentes del propio BCRA, no existe en el sistema financiero internacional antecedentes de un caso semejante.
En la mayoría de los países no hay regulaciones especificas, pero en los sistema bancarios desarrollados existen códigos de conducta para evitar que se mezcle el negocios del juego con los de la banca. Las resistencias internacionales obedece a un temor: que la convivencia entre la banca y los negocios del juego faciliten eventuales acciones ilegales de lavado de dinero.
La decisión de vulnerar los reparos domésticos e impulsar el beneficio a Cristóbal López, impactó en el sistema bancario local. Hubo encuentros entre directivos donde se trató la anomalía.
En la extranjera Asociación de Bancos Argentinos que lidera Claudio Cesario y en la ADEBA de Jorge Brito cayó por sorpresa el cambio de posición del BCRA y la habilitación al “zar del juego.”
Un calificado vocero de los banqueros explicó: “Esto no ocurre en ningún sistema y va a generar problemas con el GAFI.”
El “cristinismo” tuvo una larga pelea con el organismo mundial que controla las operaciones oscuras: una paciente negociación de Julio Alak permitió zanjarla después de años de idas y vueltas. Ahora la Casa Rosada intentó una tibia consulta al GAFI para cubrir las formas.
Kicillof dejó trascender –por la cadena de medios oficialistas– que el Grupo de Acción Financiera Internacional había bendecido a Cristóbal López. Pero según fuentes de ABA y ADEBA ese promocionado apoyo del GAFI nunca existió.
En el G7, las naciones industrializadas que manejan el GAFI, se censura la vinculación de empresarios del juego con la banca. El punto es que se presume que a través de ese mecanismo es posible “legalizar” fondos de cualquier origen.
El país es miembro del GAFI. Pero Cristina adecúa las normas a su conveniencia: Argentina también es el único país del mundo que tiene abierto un blanqueo de capitales desde hace dos años, cosa que afuera llaman “una posible puerta de entrada a dineros del narcotráfico y de la corrupción”.
A Kicillof se le atribuye un papel activo para facilitar el ingreso al negocio financiero del empresario del juego vinculado a la familia presidencial.
Dicen que operó para despejar las últimas resistencias en la Superintendencia de Bancos y trabajó ahí con sus hombres de confianza: Germán Feldman y Pedro Biscay. Más aún: que su principal acción fue la orden taxativa que dio a los tres directores que impuso en el BCRA para que aprueben a libro cerrado los beneficios al “rey de las tragamonedas”.
De hecho, Cristina le facilitó las cosas al nombrar al trio por decreto: así, Kicillof tomó el control de la cúpula.
En su primera reunión de directorio, y sin poder leer ni evaluar el expediente interno, los recién llegados –Alejandro Formento, Mariano Beltrani y Bárbara Domatto Conti– votaron a favor de la operación que López esperaba.
De esta manera forzaron un giro en el Central. Hasta ese momento, los integrantes del directorio, incluso los llegados de Santa Cruz, siempre habían frenado las aspiraciones de López. Se ampararon en las dudas legales que alimentaba la línea del BCRA contra la “operación Finansur”. Ninguno quería quedar pegado.
Kicillof se siente fuerte y por eso se animó a involucrarse en una movida complicada. El miércoles, Cristina lo premió con un sonoro apoyo público.
Pero el martes, y en privado, ocurrió algo más trascendente: un encuentro de la Presidenta y Daniel Scioli, donde se habló del futuro político del ministro en un eventual nuevo gobierno del FPV.
Fuente Clarín por Marcelo Bonelli

Crecen controles de la UIF a quienes compran dólar ahorro y lo revenden

Muchos ‘purecistas’ adeptos a la bicicleta financiera de comprar dólares al oficial y revenderlos al informal, luego depositan la ganancia en su cuenta bancaria para pagar cuentas. Pero ese dinero no está justificado y, por prevención de lavado, los bancos deben exigir a los clientes documentación que respalde sus depósitos, en especial sin se hacen en forma recurrente

La normativa 5378 del BCRA es muy clara y exigente, y tiene un control exhaustivo por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF): cualquier operación sospechosa debe ser reportada, y especialmente cuando se realiza en forma recurrente, todos los meses.

Sucede con muchos ‘purecistas’ adeptos al nuevo deporte nacional de la bicicleta financiera de comprar dólar ahorro, revenderlo en el blue, y luego depositarlo en efectivo en su caja de ahorro para poder pagar cuentas, en especial las tarjetas de crédito. Según confiesan en las entidades, se trata de un ‘rulo’ muy evidente, donde el cliente no puede justificar el origen de los fondos, porque fue a través de una operación ilegal. "Lo que resulta generalmente sospechoso es cuando se efectúan pagos o depósitos con efectivo y no a través del giro de fondos desde una cuenta a la otra. A su vez, se pone énfasis en el control de aquellos que compran dólares ahorro, venden en el circuito paralelo y luego quieren ingresar esos fondos nuevamente al sistema", advierte Alejandro Banzas, economista jefe de Reporte Económico. Entre sus obligaciones, los bancos tienen que hacer un perfil por cada cliente y, cuando se dan operaciones que están por fuera de su perfil, deben requerirles información complementaria para aclarar la situación. "Los bancos deben desarrollar tareas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque han sido instituidos como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas", señala José Maria Salinas, director de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA). Además, si esa operación inhabitual el cliente no la llega a clarificar, el banco está obligado a hacer el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF dentro de los 150 días corridos contados a partir de la transacción.
"Muchos bancos han sido sancionados por no cumplir con estas normas y son inspeccionados permanentemente por el Banco Central, que debe informar a la UIF los incumplimientos que detecte", subraya Salinas. Mariano Sardáns, presidente de FDI, coincide en que "la normativa internacional sobre lavado de dinero requiere a las entidades financieras tomar todos los resguardos que están a su alcance antes de convalidar o autorizar la entrada o salida de fondos de las cuentas de sus clientes".

Congelamiento de fondos

Hoy en día, si no se justifican correctamente los movimientos en las cuentas, la consecuencia menos grave es su cierre: "Las peores podrían ser la emisión de un ROS y hasta el congelamiento de los fondos con posibles consecuencias penales. A su vez, las multas por irregularidades que vienen recibiendo las entidades financieras de parte de los organismos de control son cada vez más elevadas", completa Sardáns. Cualquier operación sospechosa debe ser reportada, excepto que el cliente pueda demostrar fehacientemente con documentación respaldatoria que la operación se encuentra dentro del margen razonable. "Asimismo, se debe considerar a todos los clientes, pero con mayor énfasis a los que recién ingresan al sistema financiero, ya que se debe tener el máximo conocimiento del cliente", afirma Banzas. Gustavo Perilli, socio de AMF Economía, hace esta comparación: "Si se vende un automóvil, por ejemplo, y se recibe dinero en efectivo y se lo trata de depositar por ventanilla en un banco, el cajero le pedirá al vendedor información sobre el origen de los fondos vía declaración jurada para confirmar que no provienen de actividades ilegales".
Fuente El Cronista por MARIANO GORODISCH

Los contadores ante el lavado de dinero, mal informados y con pocos reportes emitidos

Las responsabilidades de los contadores en materia de lavado es amplia y todavía poco conocida entre estos profesionales, por lo que no hay excesivos reportes de operaciones sospechosas (ROS) emitidos en el sector. Cuáles son las medidas que se pueden adoptar para minimizar riesgos de incumplimientos que tiene graves sanciones. Los contadores públicos matriculados que actúan como auditores y síndicos y cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas revisten el carácter de "Sujetos Obligados" a implementar controles especiales vinculados con la actividad de lavado de dinero y, de esta forma, cuando detecten operaciones sospechosas en sus tareas de control deberán informarlas a la Unidad de Información Financiera (UIF), explicó Martín Ghirardotti, del estudio Lisicki, Litvin y Asoc. Los procedimientos a los que los contadores están obligados son los siguientes: - Conocimiento del cliente: se refiere al análisis acabado del cliente a través de la verificación de datos tales como los nombres de los accionistas, origen del capital, tipo de explotación, tipo de negocio, entre otros.
- Determinación de perfil económico del cliente: una vez conocido el cliente se debe determinar un rango medio de operaciones a efecto de mantener un parámetro operativo posterior.
- Análisis de operaciones: esto conlleva la verificación de las operaciones del período analizado por parte del auditor o el síndico, las cuales deberán coincidir con el rango medio operativo determinado oportunamente.
- Detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas: este es el punto más importante de la normativa, básicamente porque todo el esquema de control que establece la UIF está destinado a que los profesionales, en cuanto sean "sujetos obligados", detecten y reporten operaciones sospechosas de lavado de dinero a este organismo de control. "Los profesionales que detecten operaciones que no se condicen con la realidad económica del cliente, y que salen de los parámetros establecidos primeramente, deberán ser caracterizados como inusuales y posteriormente si las mismas tienen vinculación con el delito de lavado de dinero, deberán reportar tales operaciones a la UIF", comentó Ghirardotti. Pero el especialista de Lisicki, Litvin y Asoc reconoció que "debido a la escasez de presupuesto, tiempo y en algunos casos, falta de conocimientos", junto a "la difícil posición de informar la operación sospechosa sin comunicarle tal situación a su cliente, a la fecha, las operaciones sospechosas reportadas por los profesionales en ciencias económicas son bajas en relación con el total de reportes de operaciones sospechosas que recibe la UIF". Para disminuir el riesgo Para Ghirardotti, "existen ciertas formas de prestar servicios profesionales que permiten bajar el nivel de responsabilidad del contador". Y puso como ejemplo que, los contadores opten, cuando es posible, por no actuar como auditor, sino realizar informes de revisión limitada donde no se opina y por ende el profesional no está obligado a actuar como sujeto obligado de la ley de lavado de dinero.
Uno de los casos en que la normativa avala la posibilidad de esquivar la actuación como auditor, aunque se revise el balance, es el de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) cuyo capital no sea mayor a $ 10 millones. Esta opción puede ser ejercida también en el caso de la auditoria de un fideicomiso, ya que este tipo de estructura jurídica tiene la obligación de rendir cuentas pero nada se dice de que deba existir un balance con opinión de contador público. En el caso de los fideicomisos que reciben dinero de inversores, la posibilidad de emitir estados contables con informes de revisión limitada acota la responsabilidad del contador ante posibles situaciones de lavado de dinero, indicó Ghirardotti. Las cifras de las multas Los contadores que revistan el carácter de sujetos obligados y que incumplan con la obligación de realizar un ROS serán sancionados con pena de multa de 1 a 10 veces del valor total de los bienes u operaciones a los que se refiera la infracción. Cuando no se pueda establecer un valor, la multa será de entre $ 10.000 y $ 100.000. Fuente: El Cronista Dolores Oliveira