Cártel de Sinaloa pretendía adquirir banco para lavar dinero en California

Las operaciones monetarias entre la entidad financiera y el cártel nunca se concretaron.

México.- El Cártel de Sinaloa tenía planeado adquirir un banco en California, Estados Unidos, donde buscaba lavar su dinero.
El plan se reveló en una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, denuncia que consultó Proceso e involucra a 16 personas.
El expediente CR-15-00662 de 109 páginas que fue presentado ante la Corte del Distrito Central de California, detalla cómo los lavadores de dinero se acercaron al que fuera director del Saigon National Bank (SNB) para montar un esquema que les permitiera mover fondos de México a Estados Unidos.
La averiguación iniciada el martes 1 y que fue revelada por el tribunal el jueves 10, acusa al exdirector de SNB, Tu Chau Li, apodado 'William Lu'; a Tsung Wen Hung Peter, Edward Kim Eddie, John Edmundson, Pablo Hernández, Emilio Herrera, Mina Chau, Ben Ho, Tim Huynh, Renaldo Negele, Jack Nguyen, Luis Krueger, Jessica Li y Du Truong Nguyen de 28 delitos entre los que se incluye conspiración para lavar dinero, así como complicidad, ocultamiento de evidencia, operaciones para evadir controles y falsificación criminal.
De 2011 a 2015,  Lu, Hernández y Herrera acordaron blanquear dinero que provenía e iba a México, de hecho en 2011, Lu le propuso una asociación a un informante encubierto, CS1, para que se asociara con gestores mexicanos que lavaban al mes 30 millones de dólares en bancos estadounidenses, dos millones de los cuales iban a parar al SNB.
En 2010, Lu, Hung y Kim acosejaron que los socios del informante adquirieran una porción de SNB para que el lavado fuera más fácil, además de explicar al mismo, la forma de obtener los valores sin aval regulatorio de las autoridades, así como la sugerencia de firmar un acuerdo de consultoría con la entidad bancaria a cambio de una cuota.
Lu le explicó al informante que los mexicanos tenían problemas para depositar dinero debido a que altos directivos del SNB le habían instruido a congelar su cuenta y por ende, no podían depositar 1 millón de dólares al día.
En agosto de 2011 Hernández y Herrera se reunieron con Lu y el informante para proponerles transferir dinero de clientes mexicanos, para que Lu lo lavase mediante cuota de por medio.
El 4 de octubre del mismo años, Kim advirtió al informante de que el grupo mexicano se encontraba dentro de una lista de vigilancia de Estados Unidos por transferir 35 millones de dólares mensuales a fondos ilícitos, lo cual derivó en un acuerdo de transferencias electrónicas o cheques en lugar de efectivo.
Kim también informó al informante y a un agente clandestino denominado 'UC2' que el grupo mexicano había intentado comprar el SNB, mediante Herrera, quien afirmó su interés por adquirir parte de la entidad para garantizar sus operaciones y lograr su objetivo.
En febrero de 2014, Hernández ofreció desplazar dinero originado en Canadá a México y en septiembre del mismo año, propuso lavar 30 millones de dólares de personal de Joaquín 'El Chapo' Guzmán a cambio de una comisión, aunque las operaciones no se materializaron.
El expediente no aclara el rol de las autoridades mexicanas o sobre intentos por frenar el flujo de efectivo, sin embargo, las transacciones del grupo criminal por 3 millones 700 mil dólares se concretaron a través de una red que pasa por Estados Unidos, México, China, Camboya, Liechtenstein y Suiza.
Fuente: Redacción SDPnoticias.com

¿Cómo se financia el Estado Islámico?

Su principal fuente de ingresos es la venta de petróleo, por la que algunos expertos calculan que podrían conseguir unos dos millones de dólares cada día.

El Estado Islámico es un grupo terrorista con unas posibilidades de financiación muy superiores a las habituales de una organización con sus características: aparte de los cobros por rescates, los atracos a bancos, operaciones de contrabando y recaudación de impuestos, tiene acceso a infraestructuras estatales de las zonas que controlan en Siria e Irak.

También es cierto, sin embargo, que la organización tiene un nivel de gastos muy elevado, por lo que no existen datos concretos sobre la verdadera riqueza del grupo. Una de las principales fuentes de ingresos de la organización es la venta de petróleo extraído de los campos de Al Tanak y Al Omar al oeste de Siria. El grupo lo extrae también de pequeñas y arcaicas refinerías y luego los vende como contrabando a través de las fronteras turca y en la regíon kurda iraquí.

Expertos estadounidenses estiman que los ingresos del grupo por la venta de petróleo alcanzan casi dos millones de dólares al día. Este es el principal motivo por el que la Fuerza Aérea francesa fijó las refinerías como uno de los principales objetivos a golpear, para así cortar ingresos económicos.

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Además, el grupo recauda impuestos en su Califato, algo que los expertos estiman en otro millón de dólares al día. El Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (FATF), entre cuyos objetivos está ayudar a combatir la financiación de grupos terroristas, calificó el sistema de recaudación del grupo como una «extorsión sofisticada» a pequeños comerciantes y empresarios. Aquellos que no son musulmanes deben pagar un impuesto especial.

La organización terrorista ingresa unas cantidades enormes de dinero gracias a la venta de objetos y tesoros de la Antigüedad. Expertos estadounidenses explicaron al Wall Street Journal que el grupo podría llegar a ingresar unos 100 millones de dólares al año con esta práctica.

Los rescates cobrados por secuestros, generan el ingreso de otras decenas de millones. Además, el grupo podría haber ingresado unos 318 millones de euros cuando tomó la ciudad de Mosul y accedió a su banco central. Esta cifra, sin embargo, no está confirmada.

El Estado Islámico recibe también donativos. Diferentes organizaciones islamistas almacenan cantidades monetarias para proyectos supuestamente humanitarios. Donantes privados de las monarquías del Golfo reunieron muchos millones de dólares en los comienzos de la organización. Actualmente no se sabe si ese dinero continúa fluyendo. Estados Unidos intenta seguir el rastro del dinero para identificar a los bancos involucrados en la trama y poder cortar los flujos financieros.

Fuente: La Voz de Galicia

MEXICO : El uso de tarjetas prende alertas de lavado de dinero

En menos de 2 años, el SAT ha recibido más de 55 mil alertas por transacciones sospechosas, la mayoría por uso de este medio de pago
El año pasado Ernesto llegó a una agencia de autos y tras un vistazo escogió un automóvil sin preguntar su costo al vendedor. Semanas después llegó a la misma agencia y tras un breve recorrido por el negocio compró otro coche. No le cuestionó al agente de ventas cuáles eran las características del auto y tampoco si lo tenía en otro color. Al poco tiempo volvió al mismo establecimiento e hizo una compra más sin inspeccionar el vehículo.
Eso ocasionó que el agente de ventas elaborara un “aviso con alerta”, y que lo enviara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través del SAT, informándole: “El cliente o usuario compró múltiples vehículos en un periodo muy corto, sin tener la preocupación sobre el costo, condiciones o tipo de vehículo”.
En México, cada 15 minutos se detecta un caso como éste que podría estar contribuyendo al lavado de dinero. Desde el 1 de septiembre de 2013, cuando entró en vigor el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hasta el 31 de mayo de 2015, la también llamada Ley Antilavado ocasionó que empresas y particulares enviaran 55 mil 117 “avisos con alerta” para reportar la realización de diversas transacciones sospechosas, de acuerdo con información obtenida por este medio vía la Ley de Transparencia.
Estos “avisos con alerta” los envían los sectores regulados por dicha ley cuando al momento de realizar una operación o transacción el vendedor tiene información adicional, “basada en hechos o indicios”, de la que se pudiera presumir que los recursos provienen o están destinados a favorecer o prestar ayudar a la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita. Éstos deben ser enviados dentro de las siguientes 24 horas a partir de que se conozca el caso.
La mayoría de estas notificaciones se generaron por el uso de tarjetas de servicio y de prepago, así como por tarjetas de crédito emitidas por entidades no financieras, como las que brindan las tiendas departamentales. En este rubro se han enviado cerca de 30 mil alertas a la autoridad hacendaria, porque “se observa que el cliente o usuario realiza operaciones de carga o recarga por montos por arriba del umbral de identificación utilizando diversas tarjetas”.
Las tarjetas prepagadas son aquellas en las que se dispone de una suma de dinero que después se puede utilizar para pagar productos y servicios; se pueden recargar por internet o en los establecimientos afiliados.
En el mercado, las tarjetas de prepago las ofrecen las compañías de juego y entretenimiento, comunicaciones, comercio electrónico, tiendas de conveniencia y los servicios de streaming, entre otros rubros. A diferencia de las tarjetas de débito o de nómina, las de prepago no están ligadas a una cuenta de cheques o de ahorro, y éstas pueden ser adquiridas en tiendas departamentales, de conveniencia y negocios de supermercados, entre otros establecimientos.
Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de lavado de dinero, explica que esta categoría de alerta se refiere a que en un mismo mes el cliente recargó varias tarjetas de prepago, cada una de ellas por una cantidad mayor a lo permitido según el umbral establecido en la ley, que es de 45 mil 215 pesos.
Estas tarjetas prepagadas no las expide el sector financiero, expone, sino que muchas veces las brindan diversas empresas a sus empleados para que paguen gasolina, supermercado o noches de hotel, y hay otras que se emiten para el público en general.
Otros “avisos con alerta” en este rubro se han generado porque “las operaciones realizadas con la tarjeta parecen estar fuera de su alcance”. Esto significa, abunda la especialista, que los gastos que realizó el cliente con este medio de pago no corresponden con su perfil económico. También pueden generar estas notificaciones los cheques de viajero y tarjetas de recompensa.
Los otros 25 mil 117 “avisos con alerta” generados no fueron desglosados por actividad o rubro en la información entregada a este medio, pero sí se detalla que se han producido, por ejemplo, debido a que los clientes se rehúsan a entregar documentos oficiales que los identifiquen o porque se proporcionan papeles falsos para realizar la operación.
También se han enviado “avisos con alerta” porque el vendedor detectó que las personas involucradas en la operación mostraron fuerte interés en que se llevara a cabo con rapidez, “sin que exista causa justificada”, intentaron sobornar o extorsionar para realizar la transacción de forma irregular, o llevaron a cabo múltiples operaciones en un periodo muy corto “sin razón aparente”.
En algunas de las notificaciones los empresarios escribieron: “Se conoce un historial criminal del cliente o usuario, de algún familiar directo o persona relacionada”, y en otros había indicios de que las donaciones en especie eran a favor de centros que brindaban ayuda a la comunidad, y se “sospechaba de que dichas organizaciones estarían vinculadas con actividades u organizaciones delictivas”.
Además, se registraron este tipo de alertas porque el cliente realizó transacciones de manera periódica en las que liquidó el total del monto del préstamo otorgado en efectivo al poco tiempo de haberlo adquirido.
Algunos de los motivos expuestos por la iniciativa privada en las transacciones de renta de bienes-inmuebles, es que el cliente acepta pagar un monto de arrendamiento significativamente mayor a los valores de mercado u ofrece liquidar por adelantado las rentas correspondientes a un largo periodo sin justificación lógica.
También se ha alertado a la autoridad porque el cliente no quiere ser relacionado con la operación de arrendamiento, se niega a dar información sobre el uso que se le dará al inmueble o porque el pago de las rentas lo realiza un tercero, el cual no tiene una relación aparente con el cliente.
Un ejemplo de esto es el caso de Jorge, quien rentó un inmueble con un valor mensual superior a 112 mil 500 pesos, y mientras cerraba el trato de arrendamiento levantó sospechas en la empresa con la que firmó el contrato. El agente inmobiliario decidió emitir una alerta a la UIF, por conducto del SAT.
En el aviso que recibió la UIF, la alerta decía: “Hay indicios o certeza de que el inmueble arrendado no está siendo utilizado para el propósito expresado por el cliente o usuario, sino para posibles actividades ilícitas”.

Avisos sin alertas: la sospecha es menor
Desde septiembre de 2013 la Ley Antilavado obliga a los empresarios y particulares que realizan 17 “actividades vulnerables” a informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre transacciones sospechosas. Entre ellas están la venta de vehículos, obras de arte, juegos y sorteos; los servicios de traslado o custodia de valores, la comercialización de tarjetas de crédito, blindaje de autos y la compra-venta o el arrendamiento de inmuebles, entre otras.
El objetivo de la ley es proteger al sistema financiero con medidas que prevengan actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, recabar elementos útiles para perseguir estos delitos, y desarticular las estructuras económicas de las organizaciones delictivas para evitar que se financien con esos recursos.
Ortiz Dorantes, autora del libro El delito de lavado de dinero, afirma que esta ley “es muy dura y está haciendo sufrir mucho al sector comercial”, porque la autoridad lo ha sobrecargado con una serie de obligaciones que en algunos casos son inútiles y no ayudan a la prevención de blanqueo de capitales.
La experta apunta que mientras que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo intergubernamental contra el blanqueo de capitales, pide a los países elaborar una ley antilavado donde se regulen seis actividades comerciales, en México se establecieron 15.
“Nosotros tenemos actividades comerciales que el GAFI nunca nos pidió y que sí han causado al sector comercial una serie de trabajos, en algunos casos inútiles, que hacen que se empantane en un cumplimiento que es totalmente incorrecto, inequitativo y que en otros países no se da”, expone Ortiz Dorantes.
Esta ley, además de generar los avisos generales y los que son con alerta (estos últimos los que despiertan una mayor sospecha), también obliga a las entidades que realizan actividades vulnerables a presentar “informes en cero” a la UIF por conducto del SAT. En sus primeros 515 días de operación —periodo que pudo documentar este medio— esta ley generó 3.7 millones de avisos y 526 mil 360 reportes en cero.
Los “informes en cero” son las notificaciones que manda la iniciativa privada cuando no se realiza algún acto u operación que sea objeto de aviso por no considerarse de riesgo.
Los avisos son aquellos reportes que los empresarios deben enviar cuando el monto de la transacción supera el tope económico fijado por la ley para cada actividad. Por ejemplo, en el caso de la compra de una casa es de 562 mil 552.50 pesos y en el de un coche es de 450 mil pesos. En algunas actividades la notificación se presenta por la simple realización de la operación, como en ciertos servicios que prestan los notarios públicos. Estos avisos deben contener información sobre la operación, la actividad u ocupación del cliente, y datos de localización.
Quienes los elaboran tienen la facultad de emitir en los formatos oficiales la variación antes mencionada de “aviso con alerta”, que se utiliza cuando hay indicios de que el cliente pudiera estar relacionado con actividades de lavado de dinero.
Para Ortiz Dorantes, quien también participó en la implementación de la ley, los “avisos con alerta” pueden ser un foco especializado, una pista que se pone en el radar de la autoridad porque ya no se trata sólo del reporte de una compra normal, sino que es una transacción extraña. “Ese aviso con alerta significa que la forma en que se realizó la operación comercial no es muy común, puede ser que se pagó en efectivo o se pidió la entrega del bien inmediatamente”, explica.
Pero aclara que no necesariamente estas alertas están relacionadas con la delincuencia organizada, ya que a lo mejor a esa persona le urgía liquidar la compra de una camioneta porque necesitaba transportar alguna carga.
La especialista señala que las alertas se derivan de una interpretación subjetiva del vendedor, y así sucede en todo el sistema de prevención de lavado en el mundo.
Menciona que los avisos sin alerta producen una sobrecarga de trabajo para la UIF, que tiene que analizar y separar las notificaciones que pudieran estar relacionados con recursos de procedencia ilícita.
“Hay un gran trabajo para la autoridad, para poder separar la paja y el oro. La paja que va a ser la mayoría, porque resultarán muchas operaciones mercantiles normales que no están relacionadas con la delincuencia”, apunta.
La especialista considera que hay sectores donde la ley está jugando un papel relevante, como la venta de obras de arte, custodia y tras- lado de valores, y tarjetas prepagadas.
“Hay unos sectores donde sí es importante la ley, y otros en los que no, porque ya estaban regulados, como los notarios, el sector de exportación e importación, los llamados agentes aduanales. Todo lo que avisan no sirve para nada porque eso ya se avisaba por medio de otras leyes”, detalla Ortiz Dorantes.
Fuente: Zorayda Gallegos y Silber Meza  El Universal

Mexico: Instituciones financieras reprueban examen para prevenir lavado de dinero

Para obtener la certificación en la prevención del delito de lavado de dinero, de 503 evaluaciones, solamente aprobaron 170 instituciones crediticias, es decir el 66 por ciento, resultados que mantienen en alarma a las autoridades.

Las autoridades financieras se encuentran preocupadas ante el gran número de reprobados en el primer examen de certificación en materia de prevención de lavado de dinero realizada por los oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas.
De acuerdo con los resultados de la primera evaluación —de dos oportunidades que tienen para cumplir con este requisito— de 503 evaluaciones, sólo 170 aprobaron, es decir el 66 por ciento reprobó. Los resultados no fueron del todo satisfactorios, reconoció Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En la primera ronda, de los 47 bancos sólo 27 aprobaron, de 14 casas de bolsa que aplicaron sólo nueve aprobaron, de la banca de desarrollo sólo dos de los seis integrantes aprobaron, de las Sofomes reguladas de 18 que se presentaron únicamente cinco pasaron y los 21 empleados de la CNBV que se presentaron a la evaluación aprobaron.
Del sector de las uniones de crédito, de 16 uniones una pasó, pero en este caso, todavía tienen dos oportunidades, ya que en esa fecha no les correspondía ser evaluadas y se presentaron únicamente para medir sus conocimientos.
En esta evaluación, dos de cada tres reprobaron y tienen una segunda oportunidad el próximo 28 de noviembre para aprobar la certificación, además de que nuevos sectores tendrán la obligación de presentarse por primera vez a ser evaluados según el calendario establecido que concluye en 2016.
En el marco del Foro organizado por el Consejo Mexicano de Uniones de Crédito, indicó que en el sector bancario el tema de lavado de dinero no es exclusivo de ellos, por lo cual en México, es obligatorio que todos los oficiales de cumplimiento y auditores externos e internos en materia de prevención de ese delito deben cumplir con un estándar mínimo de cumplimiento.

METODOLOGÍA
El temario que se aplica fue elaborado por el Banco Mundial, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y a la Universidad del Valle de México y la Guía diseñada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
Eduardo Apaéz, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, detalló que de los 47 bancos sólo 42 se inscribieron y de ellos 27 aprobaron, de las 35 casas de bolsa obligadas a realizar el examen se presentaron 14 y sólo 9 aprobaron.
“No es el resultado más benéfico, dentro de la estadística que estábamos esperando. Sí es una prueba difícil, los resultados consideramos que se dieron es porque un alto número de personas hizo la prueba para ver cómo estaban en conocimientos, hubo muchas Sofomes no reguladas y centros cambiarios que se presentaron y no aprobaron, además el número de oficiales de cumplimiento que consideraron que con su experiencia era suficiente para la prueba, pero no fue así, porque hay normativa nacional e internacional, y un módulo de auditoría y se tienen que aprobar los tres”.
El 30 de septiembre venció la fecha para inscribirse en la segunda evaluación, en donde se presentaron 603 solicitudes para ser certificados.
Hay 98 uniones de crédito en operación y 81 presentaron la solicitud para el examen en esta primera oportunidad.
Las instituciones que no aprueben en las dos oportunidades que tienen serán sujetas a multas de dos mil a 30 mil salarios mínimos.

Fuente: Jeanette Leyva - El Financiero

ARGENTINA: La banda del narcoarroz, un cartel muy sofisticado

Cómo operaba el grupo de colombianos que tenía desde sicarios hasta profesionales
Williams Triana Peña, de 33 años, acompañado por un fornido custodio paraguayo, notó que alguien los seguía. El calor y la humedad asfixiaban en enero pasado en Puerto Iguazú, Misiones.
Uno de los presuntos jefes del cartel colombiano de los Urabeños, que se había alojado en el Iguazú Grand Hotel, estaba enfrascado desde diciembre en un problema: averiguar cómo le habían "mejicaneado" un cargamento de cocaína.Su cabeza valía mucho. Williams Triana Peña y su hermano Erman ocupaban, según la Justicia, la máxima jerarquía del cartel de los Urabeños. Pero debió ser descubierto el caso del "narcoarroz" para que se confirmara que habían trasladado su proceder a la Argentina.
La mudanza se produjo en 2012 y desde entonces el cartel operaba en Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Mendoza, con todos los eslabones, que cubrían desde el plano económico hasta el operativo. Y con escalafones definidos: jefes, sicarios y profesionales para lavar el dinero.El plan era exportar a Europa grandes cantidades de cocaína en cargamentos de arroz. Y blanquear aquí el dinero por medio de nueve empresas, manejadas por el abogado Guillermo Heisinger, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior en la primera gestión de Carlos Menem. Las firmas se crearon en un estudio jurídico que está vinculado a otras causas de narcos.
Williams Triana Peña debía moverse todo el tiempo. Según los registros oficiales, viajaba de manera frecuente a Chile y a Uruguay. Y desde allí volaba a Paraguay, por donde ingresaba por tierra a la Argentina. No era fácil seguirlo porque utilizaba pasaportes falsos.
Ese día caluroso de enero pasado, al darse cuenta de que estaban tras sus pasos, Williams Triana Peña descartó la salida más fácil, que era escapar. Estaba a unos metros de la ruta 12, en Misiones, y en sólo unos minutos podría llegar a Ciudad del Este, lugar que conocía como la palma de su mano.
Pero el presunto jefe narco prefirió ponerse cara a cara con quienes lo seguían desde hacía unos días. En una calle lateral al hotel los enfrentó. Los dos agentes encubiertos de Gendarmería sabían que el custodio del capo estaba fuertemente armado y prefirieron correr hacia un monte que separa las canchas de golf del Hilton. Y ahí se esfumaron. Se ocultaron para no entorpecer la investigación.
A pocos kilómetros, la propia banda tenía secuestrado a uno de sus miembros: Edilberto Vargas Fernández, alias "Mey". Había viajado a Paraguay por orden de Triana Peña para explicar qué había pasado con el cargamento de cocaína desaparecido en noviembre de un depósito en Monte Grande.
En tierra paraguaya, "Mey" sostuvo que la droga había sido robada por desconocidos, pero no pudo volver a Buenos Aires hasta que su jefe constató la versión con Germán Marín López y Henry Ibarra Ramírez, apodado "Costeño", en Puerto Iguazú.
"Esta organización no anda con vueltas. Si no hubieran creído la versión del robo, «Mey» terminaba asesinado", sostuvo a LA NACION un investigador judicial.
Se sospecha que Williams está radicado ahora en Paraguay y su hermano habría regresado a Colombia, pero supo estar en la Argentina, donde vive su hermana, Yoana.
El viernes de la semana pasada, la Gendarmería Nacional secuestró entre 20 y 30 kilos de droga en el depósito fiscal Binder, en Rosario, y otros cuatro kilos en la casa del médico oncólogo Gabriel Zilli, que sería el "químico", el encargado de desarrollar la compleja fórmula que aún no descubrieron los peritajes: cómo cristalizar la cocaína en el arroz.
El plan inicial era sólo una prueba. Debían chequear la ruta de la droga, que era Buenos Aires, Guinea-Bissau, Portugal. El operativo "Arroz africano" terminó con nueve colombianos y tres argentinos detenidos. Pero es sólo el comienzo para bucear en el funcionamiento y las redes del primer cartel internacional que funcionaba en la Argentina.

De Bolivia a Chaco
La sospecha de los detectives judiciales es que la droga llegaba a la Argentina desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en pequeños aviones que aterrizaban en pistas clandestinas en un monte chaqueño.
Esto se basa en que parte de los integrantes de la organización viajaban con frecuencia a esa región boliviana. Además, allí residía Diana Suárez Heredia, de 22 años. La joven es la mujer de "Mey" Vargas Fernández, que respondía a Carlos Olmedo Silva Cárdenas, alias "Mono". Este ex policía colombiano, de 47 años, es la mano derecha de Williams Triana Peña, y fue detenido en los allanamientos de la semana pasada.
Suárez Heredia ya no está más en Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores creen que viajó con su marido, "Mey", a Colombia, donde también estaría el otro presunto capo del cartel: Erman Triana Peña.
En los operativos hechos en la ciudad pueblo de Nordelta, en Tigre, y también en Retiro, Palermo, Rosario, Mendoza, y Tucumán, los investigadores no sólo secuestraron droga, sino también 6.000.000 de pesos y documentación de las nueve empresas que habría utilizado el cartel para lavar el dinero proveniente del narcotráfico.
La causa que permitió poner al descubierto por primera vez el funcionamiento de un cartel colombiano radicado en la Argentina fue un trabajo en conjunto entre el juez federal Sergio Torres, su equipo de colaboradores, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, fuerzas federales de seguridad conducidas por Sergio Berni, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En los próximos días, el juez federal Torres deberá definir la situación de los 12 detenidos (nueve colombianos y tres argentinos). Además, en su despacho de Comodoro Py desde anteayer hay varias carpetas de otro expediente judicial donde nombran a los sospechosos colombianos y al abogado Heisinger: una causa por lavado de dinero que instruye la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.
En la causa de Arroyo Salgado, informaron fuentes judiciales, hay incorporada una investigación preliminar de la Procunar donde se nombra a la pareja de Heisinger, un peluquero colombiano de 33 años, identificado como Jorge Jacome López.
Según los detectives judiciales, en su local de Recoleta solía haber visitas sospechosas de presuntos sicarios colombianos involucrados en ajustes de cuentas.
Fuente La Nación Gabriel Di Nicola Germán de los Santos

ARGENTINA : Aumenta el lavado de dinero de los narcos

Argentina blanca.En los primeros seis meses del año fueron al menos 2.000 millones de pesos, la tercera parte de las incautaciones por negocios ilícitos. En 2013 esa cifra había sido 14 veces menor. A nivel global los carteles lavan U$S 400.000 millones al año. Si no hay negocio, no hay narcotráfico. Esa es la convicción de los expertos en el tema. Por lo tanto, la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales que lucran con las drogas es desbaratando sus maniobras financieras y confiscando sus activos. Hay que entrometerse en el laberinto del lavado de dinero y conectar las innumerables cuentas y negocios en los que intentan blanquear los billetes más sucios del mercado. En esta guerra, es más efectivo un contador experto que un gendarme armado en un barrio duro dominado por el narco. Y hay que luchar contra una fuerza muy poderosa. De acuerdo al cálculo de un fiscal antilavado de Estados Unidos que estuvo la semana pasada en Buenos Aires, los grandes carteles “lavan” unos 400.000 millones de dólares por año a nivel global. Y de éstos se reservan un 5% como un “seguro” para “coimear” y corromper las instituciones y el Estado con el único propósito de hacer un gran negocio con el tráfico de estupefacientes. “Si el flujo anual de capitales provenientes del narcotráfico en todo el mundo está calculado en al menos 400.000 millones de dólares, quiere decir que cuentan con unos 20.000 millones para sobornos. Y esto hace que tengan cada día 55 millones de dólares para entregar en las manos de los que les van a facilitar sus crímenes”, explica Charles Intriago, ex fiscal del estado de Florida, que asistió en Buenos Aires al simposio sobre el tema organizado por OPRENAR con el auspicio del Papa Francisco. La oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la UNODC, dice que hay un “consenso general” de que el lavado de dinero llega a entre el 2% y el 5% del PBI global, lo que equivale a unos 2.100 billones de dólares.
Aquí, en Argentina, nadie arriesga una cifra exacta de lavado proveniente de los narcos locales e internacionales que operan en el país. Pero la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) embargó en lo que va del año más de 6.200 millones de pesos en todos sus procedimientos. Y de acuerdo a fuentes de la industria bancaria y de seguros, “al menos una tercera parte de ese total es lavado del narco”. Sumarían más de 2.000 millones de acuerdo a las cifras oficiales hasta julio de 2015. Un monto que sufrió un empuje muy importante en los últimos años si se tiene en cuenta que la cifra de embargos del 2013 fue de 473 millones de pesos. Esta tendencia también se puede comprobar en el embargo de pesos realizado por la UIF, la Unidad de Información Financiera, que pasó de 895.893 en 2010 a más de 2.200 millones en 2014. A todo esto hay que sumarle el dinero que entró por las dos normas de blanqueo de capitales adoptadas en 2008 y 2013 que permitieron la entrada de dólares sin que tengan una justificación de origen muy determinada y que, se sospecha, fue un mecanismo utilizado también por las organizaciones criminales.
En el Chaco se está desarrollando el juicio por el caso “Carbón Blanco” por el envío de cocaína a Portugal en contenedores con carbón vegetal que tiene una causa paralela por lavado de dinero, la más importante de su tipo en la historia judicial argentina. El principal implicado es el abogado Carlos Salvatore, que se hizo famoso por amenazar a la jueza del caso Zunilda Niremperge -“Yo pago este homicidio, pero ella se muere”, le dijo a su esposa en una conversación grabada y que forma parte de los expedientes del juicio. La organización, integrada por varios familiares de Salvatore y otros seudoempresarios, acumuló decenas de inmuebles en Buenos Aires, Miami, Uruguay y España, fideicomisos de construcción de edificios en Mar del Plata, varios automóviles de alta gama, compra y venta de jugadores de fútbol, casas de cambio y turismo y hasta habían fundado una empresa de producción cinematográfica que invirtió 700.000 dólares en la película de animación “Plumíferos”. El monto de la fianza impuesta por el juzgado a los implicados, de 1.600 millones de pesos, da una idea de la magnitud de las operaciones de lavado de esta organización. “Es una causa que muestra con claridad el imperio económico que puede armar una organización del crimen alrededor del narcotráfico”, explica la jueza Niremperge.
En el Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata se lleva a cabo una instrucción basada en un expediente de 30 mil fojas sobre la organización del capo colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, apresado en Ezeiza en marzo de 2011, cuando regresaba de unas vacaciones con su familia en Tahití. Meyendorff, famoso por armar una flota de pequeños submarinos en los que llevaba cocaína a Estados Unidos, se había instalado en Argentina en el 2005. En el expediente consta que con la complicidad de al menos otras 34 personas, el narco colombiano lavó unos 920 millones de pesos. De acuerdo al fiscal, abrieron cuatro empresas radicadas en Uruguay dedicadas a la compra y venta de inmuebles. Luego, a través del estudio contable de la doctora García Fernández de Kusnier –alias Mari Paqui, actualmente detenida en España por narcotráfico- compraron lotes y casas en los countries Abril, de Berazategui, y Nordelta, de Tigre, así como varios campos, entre ellos la Estancia Santa Clara sobre la ruta 51 en Chivilcoy. El cartel llegó a tener en Argentina 28 empresas interrelacionadas entre sí. Desde aquí, Meyendorff, junto a su hermano, también mantenía las operaciones en Colombia. Allí le confiscaron 331 inmuebles en más de 20 ciudades por un valor de 700 millones de dólares y 28 sociedades con otros 200 millones de dólares. El fiscal Julián Quintana, el jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y el Lavado de Dinero de Colombia dijo que se trataba del “operativo más grande de incautación de bienes del narcotráfico”.
Otro colombiano, Alejandro Gracia Álvarez, alias “Gato Seco”, fue el “cerebro” detrás de las operaciones de Meyendorff y otros 12 capos del cartel del Valle del Norte en la Argentina. Desde 2003 y hasta principios de este año, cuando fue apresado en Bogotá, de acuerdo a la fiscalía colombiana, había trasladado y lavado al menos 900 millones de dólares en la economía argentina. Gato Seco contó al fiscal de la causa que todo había comenzado hace doce años cuando su cuñado y capo del cartel, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”, lo mandó a Buenos Aires para crear empresas de fachada y comprar propiedades. Fue uno de los primeros colombianos en invertir e instalarse en varios countries de la zona norte del Gran Buenos Aires.
A fines de junio se presentó ante el Tribunal Oral Criminal 1 de Comodoro Py el abogado Germán Fliess Maurer a reclamar una camioneta Honda CRV que había pertenecido al jefe de los sicarios colombianos Jairo “Mojarro” Saldarriaga, asesinado en abril de 2012 en Barrio Norte por orden del capo “El Loco” Barrera. Fue cuando comenzó otra investigación sobre los bienes manejados por Mojarro y aparecieron campos en Concepción del Uruguay y varias empresas “fantasma” manejadas por un misterioso secretario de la organización de apodo “José” y que sería el encargado de “lavar” millones de dólares triangulados entre Buenos Aires, Bogotá y Montevideo.
En Rosario, la Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en junio como querellante de 40 personas involucradas en el lavado de dinero de tres grupos narcos. Luis Medina, acribillado en diciembre de 2013 en el acceso a Rosario junto a la modelo Justina Castelli, manejaba cuatro sociedades comerciales. Convertía en “legal” el dinero que obtenía de la venta de cocaína a través de una financiera y dos importantes concesionarias de autos (de una de ellas desaparecieron un día después de su asesinato 40 autos que estaban en exhibición). Mientras tanto, de acuerdo al informe de la UIF, figuraba desde 2008 en la AFIP como “deudor irrecuperable”. Otro investigado es Delfín Zacarías que fue detenido en septiembre de 2013 junto a su familia en una casa de la localidad de Funes donde tenían la “cocina” de pasta base de cocaína más importante de las descubiertas en el país. Junto a su mujer y sus hijos son los dueños de más de 30 inmuebles y 50 vehículos. Se cree que tiene una fortuna escondida en bancos de Paraguay. Figuraba en la AFIP como monotributista y un ingreso de 15.000 pesos mensuales. Y alrededor de la famosa banda de Los Monos, liderada por la familia Cantero del barrio Las Flores, hay 23 procesados por ser testaferros de campos, casas y 46 autos.
La sospecha de lavado de dinero del narcotráfico alcanzó hasta a Lionel Messi. La DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense dijo que un testigo protegido había confirmado que en los partidos amistosos y benéficos en los que se presentó el equipo de “Los amigos de Messi” en 2012 y 2013 se había lavado dinero del cartel mexicano de Los Valencia. Este grupo criminal, también conocido como cartel del Milenio, blanqueaba parte de la fortuna que logra con el paso de drogas a Estados Unidos a través de la compra ficticia de entradas. En el caso que se instruye en el Juzgado 51 de Madrid ya desvincularon a Messi del asunto y sólo apuntan a la firma mexicana que sería una pantalla para “blanquear” dinero a través de este tipo de eventos deportivos y la compra y venta de jugadores de fútbol. En ese sentido, se investiga el pase de varios otros jugadores argentinos al fútbol mexicano.
Adela Parra González, ex funcionaria y experta en temas de narcotráfico del gobierno colombiano, cree que todas las organizaciones de narcotráfico “llegan a un momento en que acumulan tanto dinero que tienen que armar un entramado para convertirlo en legal y para eso fundan grupos conexos de su confianza sólo con ese propósito”. Y Mayolo Medina Linares, ex secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, asegura que “sin corrupción a todos los niveles el lavado de dinero sería mucho más difícil. Es posible sólo porque hay gente que mira hacia otro lado en los bancos, en la compra y venta de inmuebles, en las concesionarias de autos, en hoteles y en tantos otros lugares”. De acuerdo a un informe presentado en el “Seminario Internacional de Cumplimiento” -que se realizó recientemente en Buenos Aires-, por el profesor Martín de Simone de la Universidad de San Andrés, en Rosario, basado en el estudio de los informes judiciales, el dinero de los narcotraficantes se invirtió en primer lugar en la compra de departamentos –como en los nuevos desarrollos de Puerto Norte- y luego en la construcción (íntimamente ligado uno y otro), los clubes nocturnos y los autos lujosos. “Para perseguir estos delitos ya no basta con un tribunal local. Son organizaciones globales las que actúan y hay que cruzar los datos a nivel global para descubrirlos”, dice De Simone.
Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, cree que todo tiene que ver con la reacción de las instituciones y de la sociedad ante el delito. Y pone el ejemplo del llamado “efecto Toblerone”: la viceprimer ministro sueca Mona Sahlin compró con su tarjeta de crédito oficial dos chocolates de esa marca por 35,12 dólares que no estaban previstos en el presupuesto y pocos días más tarde fue obligada a renunciar. “El bajo respeto de la legalidad es el caldo de cultivo del crimen organizado. En Argentina, un proceso por corrupción se extiende en un promedio de entre 15 y 20 años y se encuentra a muy pocos culpables”.
Fuente: Clarín Gustavo Sierra

Argentina: Caballos, edificios y jugadores de fútbol, las inversiones de los narcos

Escriben: Waldo Cebrero y Sebastián Ortega
En Rosario, la Justicia investiga las estructuras de blanqueo de dinero montadas por las tres principales organizaciones narcocriminales. El fiscal Carlos Gonella, a cargo de Procelac, explicó cómo se investiga la ruta del dinero de las drogas.En Rosario, la Justicia investiga las estructuras de blanqueo de dinero montadas por las tres principales organizaciones narcocriminales. En Chaco, mientras un Tribunal Oral juzga a la banda que envió más de mil kilos de cocaína a Europa camuflada en cargamentos de carbón vegetal, se abrió otro expediente conocido Carbón Blanco II, para seguir las maniobras de lavado. En estos y otros casos no solo se sigue la ruta de la droga; también la del dinero, que es el objetivo final de los delitos a gran escala. Las causas surgieron a partir de la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella.
“Se trata de organizaciones muy complejas, que cuentan con prestaciones profesionales para llevar adelante sus delitos. Para investigarlas, es necesario contar con mucha capacitación”, explica Gonella. En la entrevista con Infojus Noticias, el fiscal cuenta cual es el rol de los profesionales y de los bancos, detalla en qué gastan el dinero los traficantes y como se inician las investigaciones por lavado. “Después de mucho trabajo, hoy tenemos un sistema consistente y por eso los avances en estos casos se demuestran”, explica.
En Argentina no abundan las condenas por lavado de dinero contra organizaciones narcocriminales. La primera fue dictada por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, en 2010, contra una organización de alcance barrial. La segunda, en 2014, un Tribunal Oral de Corrientes condenó a una banda que introducía marihuana desde Paraguay. Además de las que se instruyen, hay varias elevadas a juicio.
-¿Por dónde se puede empezar a investigar el narcolavado?
- Hay dos maneras. Una de ellas sería a través de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que las empresas están obligadas a confeccionar a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), que analiza el reporte. Si se detecta actividad financiera irregular, el director de la UIF puede decidir pasar al siguiente nivel, en este caso es el Ministerio Público Fiscal, de dónde depende la Procelac. Esta Procuraduría tiene seis  áreas de trabajo, una de ellas es Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Ahí se analiza el reporte y se fortalece desde el punto de vista probatorio, antes de judicializarla.
El otro camino para iniciar una causa es por un delito precedente ya judicializado: secuestros, trata, narcotráfico. En ese caso, el juez o el fiscal a cargo piden la colaboración.
-Por ejemplo, el caso Carbón Blanco.
- Esa causa estaba a punto de elevarse a juicio cuando se creó la Procelac, en 2012. El tráfico de más de mil kilos de cocaína tenía un valor de mercado aproximado de 80 millones de euros. ¿A dónde estaba ese capital? ¿Quién estaba detrás? Nosotros tomamos el caso, cruzamos datos y el estándar de sospecha se fue alimentando hasta reconstruir que el principal sospechoso era el abogado Carlos Salvatore. Tenía un poderoso entramado económico, conformado por cincuenta empresas, bienes, muebles de lujo, inmuebles en cinco provincias, principalmente en la costa, inversiones en proyectos cinematográficos, todo eso para lavar el dinero.
-¿Cuáles son las características del narcolavado? ¿Se dan casos de empresas que facturan pero no tiene empleados, por ejemplo?
- Uno de los rasgos típicos en una operación de narcolavado a través de estructuras jurídicas en una operación nacional o trasnacional, es justamente esta. Una empresa que tiene un objeto social que no gira, o que no puede comprobar fácticamente que opere, una empresa que no tuvo movimiento, una empresa con un capital declarado ínfimo, pero que empieza a tener bienes a su nombre. Generalmente las sociedades offshore funcionan con esta lógica, enquistadas en paraísos fiscales y se utilizan como pantalla para poner bajo su nombre activos financieros o bienes.
-¿Cuáles son los mecanismos más habituales para el lavado?
-Dentro de las tipologías que define el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), están las inversiones inmobiliarias. Los famosos fideicomisos, que son estructuras jurídicas que no están debidamente reguladas en Argentina y en ningún lugar del mundo. En los plenarios del GAFI se debate si es necesario regularlos o no. Pero de todos modos los Estados tienen que tomar medidas de prevención porque se ha detectado a nivel mundial que los fideicomisos son estructuras jurídicas para lavar dinero. Por ejemplo, actualmente hay grupos económicos que publicitan en Argentina invitando a los inversores a poner su dinero en bienes inmobiliarios en la isla de Manhattan. Los estamos investigando. Esa estrategia de marketing está montada sobre fideicomisos. Estados Unidos alertó mediante una carta sobre el riesgo económico que supone la inversión inmobiliaria en Manhattan. Esos negocios inmobiliarios se promueven en publicidades y luego se organizan reuniones informativas en lujosos hoteles de la ciudad. Una oferta de esa naturaleza, necesariamente tiene que estar inscripta en los organismos públicos argentinos.
-¿Cómo se aprovecha la estructura del fideicomiso para lavar dinero?
-A partir de la lógica propia del fideicomiso, que es muy compleja, porque tiene tres actores. Fideicomitente, fideicomisario y beneficiario final. La lógica es la misma que la de las llamadas “sociedades pantalla”. Este tipo de estructura se usa para lavar dinero donde hay mucha comercialización de grano, que es una actividad de altísimo riesgo de evasión, por ejemplo en provincias como la de Córdoba, o Santa Fe, también en la costa con las inversiones inmobiliarias. Y otra vez volvemos al caso Carbón Blanco, donde se valen de las figuras de fideicomisos para lavar dinero del narcotráfico.
-¿En qué otros negocios invierten su dinero los narcotraficantes?
- Hay otras tipologías. La compra de caballos de carrera, por ejemplo. Lo detectamos en el caso del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, también el “Mono” Ale, en Tucumán, era propietario de caballos. Otro canal para lavar es la compraventa de bienes culturales, pinturas, aunque no parezca, es una zona de riesgo para el lavado de activos. La compra de pases de jugadores de fútbol aparece mucho también, siempre con maniobras de triangulación, donde se hace constar en el contrato un valor que en realidad después es mucho más alto, y así se logra evadir impuestos.
- ¿En el caso de un narcotraficante, de qué le sirve invertir en esos negocios?
- Es la forma de introducir al mercado formal inversiones a bajo riesgo. El lavado de activos tiene tres fases, la última es la integración del bien espurio a la actividad económica formal. Es una manera de mediatizar o de distanciar el flujo de dinero de la actividad ilícita precedente. Justamente el lavado de activos es altamente pernicioso, porque desactiva la actividad económica legítima. Lo podemos medir en el caso “carbón blanco”. Hoy, en ese caso, tenemos a 200 familias que compraron sus inmuebles y que están en distintas etapas; algunos tiene la casa y les falta la escritura, otros pusieron la plata en pozo. Esas actividades se canalizaron a través de empresas vinculadas con los narcos y tenemos familias que no tienen nada que ver con la actividad criminal, pero que están perjudicadas. La Procelac se reunió con ellos para despejar sus dudas y también para sumar pruebas a la investigación. Ahora todas las empresas de Salvatore están inhibidas.
- ¿Cómo es el rol de los profesionales en las maniobras de lavado? ¿Hay nombres que se repiten de una causa a otra?
- Sí, hay personas que aparecen en varios casos. Estamos empezando a trabajar en Rosario con ese tema, con el caso de las tres grandes bandas narcos. El rasgo característico de la ilegalidad económico son las prestaciones profesionales. Empresarios que tienen dinero vinculado al narcotráfico, o a la evasión, que utilizan los servicios de un asesor contable, o de un Banco, para sacar la plata al exterior. Así funciona el mecanismo de fuga de divisas, el mercado de capitales.
- ¿Y los bancos como interviene en ese engranaje?
-En algunos casos los bancos son proactivos en detectar riquezas no declarada y ofrecer una especie de servicio. El banco HSBC es un caso. La rentabilidad de los bancos no es el interés que le genera el depósito, sino la comisión por las transferencias internacionales. Algunos bancos buscan los lugares donde desarrollar esta actividad porque detectan que los sistemas no están fortalecidos.
-¿Cuál es la situación de los sistemas argentinos?
-En Argentina, tenemos que reconocerlo, hasta que no nos pusimos a trabajar estratégicamente en adecuar los estándares GAFI, teníamos esa realidad. Hoy tenemos un sistema consistente y por eso los avances en estos casos se demuestran. En octubre del año pasado el GAFI finalmente sacó a la Argentina de la conocida y temida "lista gris" de países que, a su juicio, incumplen con los preceptos de lucha contra el lavado de activos. Estar en esa lista no te suma en términos de transparencia internacional. Eso sin perjuicio de lo que nosotros consideramos que es el GAFI, un ámbito dónde hay mucha hipocresía y donde discuten las políticas económicas los grupos hegemónicos en detrimento de los países emergentes. Hoy estamos equiparados a países que no tiene déficit dentro del sistema.
-¿Cuáles son los obstáculos con los que se encuentra la Justicia para pasar de investigar la ruta del dinero del narcotráfico?
-Se trata de organizaciones muy complejas, que cuentan con prestaciones profesionales para llevar adelante sus delitos. Para investigarlas, es necesario contar con mucha capacitación. El Ministerio Público, a través de Procelac, cuenta con 70 profesionales entre abogados, contadores, pero también hay antropólogos, criminólogos, sociólogos. Eso es porque el Ministerio Público cuenta con una política clara en apostar a la formación para investigar esto. Ahora, con la experiencia de los casos, confeccionamos un protocolo para el manejo de casos en torno al contrabando de divisas y fenómenos ilícitos asociados, que llega a los juzgados y fiscalías del país. En el Poder Judicial hay un hueco en ese sentido. No hay formación. Tenemos muy buenas experiencias con jueces predispuestos a investigar estos delitos, que piden la colaboración de Procelac. Pero todavía hay jueces que son más reacios a coordinar.

Fuente: Infojus Noticias