Mafia china hace negocios en Michoacán

El crimen organizado de ese país financió a ejidatarios para exportar hierro desde Lázaro Cárdenas; pagaban hasta 65 dólares por tonelada de fierro extraída de forma ilegal en tierras mexicanas
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La bonanza que vivió la producción de hierro en Michoacán en los últimos años fue tal que ni el descenso de precios de 187 dólares por tonelada en 2010 a casi 151 a finales de 2013 detuvo el apetito de grupos delictivos que se asentaron en la entidad, ávidos de obtener ganancias ilícitas mediante la explotación y exportación ilegal del mineral hacia China.  

"Lejos de acabarse, lo que volvió a detonar el conflicto fue la caída en los precios, porque cuando (mineras y siderúrgicas) intentaron explicar a los ejidatarios la baja en precios por la caída de la demanda mundial y quisieron renegociar los acuerdos económicos (de compensación con los comuneros) se encontraron con el problema de que Los Templarios no funcionan bajo esa lógica de mercado y no iban a aceptar una rebaja en lo firmado", señaló una fuente con conocimiento del asunto que solicitó el anonimato por cuestiones de seguridad.
El descenso en el precio del hierro estaba relacionado con la desaceleración de la economía china, que provocó que el boom del mineral cayera, explicó por su parte el analista de Monex Fernando Bolaños.
"La desaceleración en China implica menor demanda y menor precio, y deberíamos estar pendientes de esto para 2014, si es que se mantiene esta tendencia". 
El país asiático produce cerca del 45% del acero en el mundo, y consume poco más del 46%, según los datos más recientes de la Asociación Internacional del Acero.
A pesar de la desaceleración de la demanda de acero -que se produce mediante una ferroaleación entre el hierro y el carbono- los precios del metal todavía seguían siendo atractivos, tanto que "empresarios chinos" también quisieron aprovechar el auge que vivía Michoacán.
Además de las organizaciones delictivas como Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensas, al estado llegaron empresas de origen asiático, que de forma legal e ilegal empezaron a exportar el metal a través de la principal terminal portuaria del país, Lázaro Cárdenas.
Nota relacionada: Lázaro Cárdenas mueve más de 165,000 millones de pesos anuales
Algunos "empresarios" de esa región comenzaron a operar como fondos de inversión al capitalizar a pequeños ejidatarios en Michoacán para que pudieran explotar el hierro a cambio de comprarles el mineral, que ellos mismos transportaban y exportaban, explicó una fuente involucrada en las negociaciones entre ejidatarios y empresas mineras, quien pidió resguardar su identidad.
"La mayor parte del hierro que se exporta parece que se hace de manera legal, aunque no sabemos qué hay detrás de eso. Otra parte se roba de las minas y se transporta a través de intermediarios a China", explicó por su parte el director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Alejandro Hope.
Un funcionario de la Embajada de la República China en México dijo que oficialmente no han sido informados sobre la operación de posibles empresas de su país que participen en dichas actividades ilícitas.
"La embajada de China en México no está informada oficialmente de este asunto. No sabemos si hay empresas chinas que tienen relaciones con este negocio. El Gobierno siempre exige a las empresas que realicen negocios en conformidad con las leyes de los países donde operan y China está dispuesta a trabajar junto con las autoridades mexicanas para crear un ambiente positivo para la operación de las empresas chinas en México y promover así la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa entre ambos países", aseguró la Embajada.
Artículo relacionado: De 'Estado fallido' a 'la nueva China'
La agencia Reuters documentó recientemente la participación de "empresarios chinos" en las exportaciones ilegales de productos mineros desde el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas.
Los grupos pagan a los ejidatarios entre 50 y 65 dólares por tonelada de fierro extraída de forma ilegal, una cifra mucho más alta a los 3.3 dólares que ofrecían los corporativos establecidos dentro del marco jurídico.
"La extracción ilegal del hierro no es nueva, de hecho se da desde la administración pasada", afirmó el presidente del fondo de inversión de proyectos mineros Vander Capital, Roberto Charvel.
Explicó que este mineral resulta mucho más fácil de extraer a diferencia de otros como el carbón, que conlleva más riesgos y complicaciones técnicas.
Esta problemática provocó que a principios de noviembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto pusiera en marcha un programa de intervención para tomar el control del puerto Lázaro Cárdenas, para estrangular la vía comercial que explotaban los Caballeros Templarios.
Al respecto, un funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que la toma del control del puerto fue el primer paso para tratar de restablecer el estado de derecho en Michoacán.
"El puerto ahora está en poder de autoridades federales. Ya tenemos nosotros el control, el tema es que el puerto es la salida de los productos con los que se financiaban los delincuentes, es la gasolina con la que se alimentan, porque por ahí sacaban el hierro y todo lo que se produce. La delincuencia se ha ido adueñando de los centros de producción", detalló la fuente gubernamental.
Este año entraron en vigor las modificaciones a la Ley Aduanera, que planean poner fin al monopolio de los agentes aduanales al crear la figura de "representantes legales", que permitirán a las compañías nombrar a una persona que podrá realizar trámites comerciales, siempre y cuando se ajusten a evaluaciones anuales de criterios que establecerá el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
"En Michoacán lo que ocurre es que te levantan un rato y te sacan una lana para regresarte. Esa parte dime cómo la controla el Ejército o la Marina, no pueden ir de casa en casa a preguntar: ¿oiga, usted está pagando derecho de piso?, ya no lo pague, ya llegamos nosotros", dijo la fuente cercana al sector minero.
En este sentido, Gabriel Rodríguez, analista del sector transporte, aseveró que las modificaciones a la Ley Aduanera deberían permitir un mayor control de lo que se comercia con el exterior a través de contenedores marítimos, un negocio que al año debe generar 60,000 millones de pesos.
"Lo que buscan estos cambios es tener un mayor control de la carga. Ahora debe ser más difícil que los delincuentes presionen a las autoridades para pasar un contenedor, porque la Marina está más atenta. Pero es un proceso complejo".
Retomar el puerto, así como de las zonas de Michoacán en conflicto, parece aún lejano a pesar de los dispositivos de seguridad que ha desplegado el Gobierno, apuntó Alejandro Hope.
"La presión que están generando Los Templarios está conectando a parte de la sociedad con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Así que el Gobierno está armando a las autodefensas sin saber bien quién está detrás de ellas", dijo el analista de Imco.
Nota relacionada: Crimen afecta a 4 de cada 10 empresarios.
El año pasado, el estado registró cifras récord en número de asesinatos y secuestros.
"Lo que decimos es hay buenos y hay malos y nosotros nos vamos a ocupar de la seguridad, si agarramos a uno de ustedes (autodefensas) con armas los vamos a desarmar, y si nos dicen oye, es que yo quiero proteger a mi comunidad, pues entonces les hacemos exámenes de confianza y se pueden enlistar en la policía", expresó la fuente de Gobernación.
En los últimos días las llamadas autodefensas han intensificado el diálogo público con el Gobierno, pidiendo la detención de los líderes de los Caballeros Templarios como condición para deponer las armas, pero los sucesos de violencia dentro de la entidad continúan.
"Las generalizaciones son malas, pero una parte muy importante de la población (de Michoacán) está metida en esto. ¿Cuánto nos vamos a tardar (en recuperar el control)?. Un chorro, porque tenemos que reconstruir 10 años de destrucción", señaló la fuente del Gobierno.
Por: Edgar Sigler

Comité de Basilea emite directrices contra lavado de dinero

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea presentó una serie de criterios para que los bancos puedan manejar los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La primera línea de defensa, es que las políticas y procedimientos deben estar claramente especificadas por escrito y comunicarse a todo el personal de la entidad.
Además, se debe contener una descripción clara de los empleados y de sus obligaciones, así como una orientación sobre la manera de mantener la actividad de la entidad en el cumplimiento de las regulaciones. También se debe contar con procedimientos internos para detectar y reportar operaciones sospechosas.
Como parte de la segunda directriz, el principal encargado de la entidad debe tener la responsabilidad de la supervisión continua del cumplimiento de todas las obligaciones del banco. Esto implica pruebas que muestren el cumplimiento de las revisiones para alertar a la alta dirección o al consejo de administración si se cree que la gestión no está abordando los procedimientos contra el lavado de dinero de manera responsable.
En este punto el Comité recomienda que el director general debería ser el punto de contacto con las autoridades internas y externas respecto a todas las cuestiones, incluyendo autoridades de control o unidades de inteligencia financiera.
La tercera línea de defensa es la auditoría interna, que juega un papel importante en la evaluación y control independiente de la gestión de riesgos.
Dentro de los principales objetivos de estos criterios es ayudar a proteger la reputación de los bancos y de los sistemas bancarios nacionales y preservar la integridad del sistema financiero internacional. Diego Elías El financiero.com.mx/Reuters

Litigio en EE.UU.: los peligros de guardar dólares bajo el colchón

WASHINGTON.- Acumular dólares para preservarse de la inflación o de la falta de confianza en la moneda y en las instituciones del país puede tener impensados dolores de cabeza.
Así lo demuestra un reciente litigio en los tribunales de esta ciudad en el que agentes federales incautaron más de 4 millones de dólares en billetes norteamericanos en "pésimo estado" enviados desde la Argentina, al confundirlos -equivocadamente- con fondos provenientes de actividades criminales. Según surge de las actas del proceso, los billetes sufrieron todo tipo de maltrato, incluido el extremo del "desgarro por mordedura de perro", al ser atesorados durante años por argentinos que, sin éxito, intentaron ponerlos a salvo por diferentes procedimientos.
El caso demostró también que la popular expresión "guardarlos bajo el colchón" oculta formas más imaginativas, aunque no muy seguras. Entre ellas, guardarlos en una lata de dulce de batata y enterrarla en el jardín o dentro de un frasco empotrado luego en la pared.
"Estados Unidos contra US$ 4.245,800 en moneda norteamericana mutilada", fue la carátula del caso en el que se investiga el envío de dólares desde la Argentina.
La disputa, que involucró al Banco Piano, demandó más de 18 meses de investigación hasta que pudo zanjarse con la liberación de la casi totalidad de los fondos. La excepción fueron varios miles cuyo estado era tan malo que despertó dudas en el tribunal. "Ahora se pone más atención en estos casos porque está probado que el dinero en mal estado puede ser una vía que usan los lavadores de dinero para introducir dinero mal habido en el circuito legal", explicó a LA NACION Charles Nevitt, profesor de Economía de la Universidad de Filadelfia.
Todo empezó cuando agentes federales incautaron esa cifra en billetes norteamericanos en mal estado enviados desde la Argentina para ser cambiados por otros en buen estado. Lo hicieron bajo la sospecha, que finalmente se probó equivocada, de que podían estar frente a dinero producto de actividades criminales.
"Determinar si los billetes entraban en la figura criminal de dinero sucio que usa los Estados Unidos o si correspondían a la figura literal de "sucio" porque estaban en condiciones inmundas llevó 18 meses, con intervención del Servicio Secreto y de la División de Dinero Mutilado del gobierno federal", sostuvo el San Francisco Chronicle, al hacerse eco del caso.
El caso sirvió también para ratificar, una vez más, el problema que existe en la plaza porteña con los billetes de dólar maltratados. "La cosa reconoce extremos. Ya se sabe que hay quienes no los aceptan por situaciones absurdas, como el hecho de que tengan una breve anotación en tinta", dijo a LA NACION un diplomático familiarizado con la situación.
Otros son problemas más graves y esos fueron los que quedaron expuestos en el expediente. Entre ellos figuran los billetes que se humedecieron por el contacto con el agua, o que, dentro de un bolsillo, cayeron en el lavarropas. También los que se pudrieron, enterrados; los que se cortaron al ser manipulados o los que quedaron expuestos al fuego.
"Todos los años, la Reserva Federal retira de circulación millones de billetes en mal estado", dijo Nevitt. Una porción importante viene del exterior. La clave está en que quede clara su procedencia, subrayó.
La Argentina está catalogada como uno de los países con mayor tenencia de billetes de dólar fuera de los Estados Unidos. Se calcula que hay cerca de 50.000 millones de dólares en esa condición, según datos estadísticos. Eso significa uno de cada nueve billetes de dólar que anda dando vueltas por el exterior, de acuerdo con una estadística de 2006.
La mayoría de ellos, en billetes de cien dólares, a los que permanentemente se les añaden condiciones de seguridad. En octubre último se introdujo una nueva edición con características adicionales y una coloración en verde más intenso.
Tras meses de idas y venidas, el caso del Banco Piano se resolvió con la liberación de casi todos los fondos incautados por los celosos agentes oficiales, una vez que se comprobó su origen. Las dudas persistieron sobre unos cuantos miles cuyo estado tan deteriorado abrió demasiadas dudas como para liberarlos.
El caso sirvió para poner a la Argentina como uno de los que mayor ahorro individual tiene en dólares, en una conducta que refleja fuerte desconfianza hacia la moneda local
Por Silvia Pisani  | LA NACION

España: imputaron a la infanta Cristina por lavado de dinero y fraude fiscal

La infanta Cristina, Urdangarin y el Rey, en tiempos mejores. Foto: Archivo 

La hija del rey de España deberá declarar ante la justicia en marzo, en el marco del caso de corrupción que tiene como protagonista a su marido, Iñaki Urdangarin

 PALMA DE MALLORCA.- La infanta Cristina, hija del rey de España, ha sido citada a declarar como imputada el próximo 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, en un nuevo giro del caso de corrupción que envuelve a su marido, Iñaki Urdangarin, y que salpica a la alicaída Casa Real española.

El juez instructor del llamado "caso Nóos", José Castro, comunicó hoy la imputación de la hija menor del rey en el marco del proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin.
En el caso están imputados Urdangarin y su ex socio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una institución sin fines de lucro.
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la hija del monarca español. Cuando lo hizo por primera vez, en abril de 2013, suspendió la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un recurso ante la Audiencia Provincial de Palma (Islas Baleares).
La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.
El pasado 9 de diciembre, el juez del tribunal de Palma de Mallorca pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la infanta.
Sólo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se declaró favorable a que Castro llame a declarar a la infanta, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia hija del rey se manifestaron contrarias a la imputación.
Distintos informes de la Agencia Tributaria no reflejan hechos presuntamente delictivos y la Fiscalía Anticorrupción subrayó, después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija menor del rey sólo hay "conjeturas o sospechas".
El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación".
La investigación sobre el yerno del rey Juan Carlos es "un poco un martirio" para la Corona española al ver "día tras día repicando este tema", reconoció el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista que emitió el pasado sábado Televisión Española (TVE), en momentos en que el monarca busca revitalizar su imagen.
Agencia EFE

Argentina:Los Cirigliano fueron acusados por "lavado" de dinero en TBA

La Procelac pidió a la Justicia Federal que investigue a los hermanos. A los empresarios se les atribuyó "simular" la compraventa de acciones de firmas de su propiedad. La maniobra involucraría la "defraudación" de subsidios que recibían del Estado.

Los hermanos Sergio y Claudio Cirigliano –dueños de TBA– fueron acusados formalmente de lavado de dinero por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). La investigación, llevada adelante también por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, arrojó como conclusión que mediante la "simulación" de la compraventa de acciones de diversas empresas que ellos mismos controlaban, inyectaron al mercado financiero dinero "producto de maniobras defraudatorias" con los subsidios que recibían del Estado a través de TBA por la explotación de los ferrocarriles. El dictamen del fiscal Carlos Gonella, que recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez, pidió además que la acusación sea incorporada al juicio oral por la Tragedia de Once, que se realizará en febrero próximo, y a la causa que investiga el desvío de subsidios destinados al transporte.

La pesquisa se inició con un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), fruto de la alerta dada por el Banco Santander Río el 10 de septiembre de 2012 por operaciones realizadas a través de la cuenta de la firma FAVICOR SA, entre diciembre de 2011 y abril del año siguiente, por más de 21 millones de pesos. Víctor Astrella, Jorge Álvarez, Marcelo Claderón y Marcelo Paradiso también quedaron involucrados como empleados de esa firma que administraba los fondos del Fideicomiso Trenes de Buenos Aires SA, pero cuyas transacciones no acreditaban el origen de los fondos, ya que para entonces el gobierno le había quitado la concesión del ferrocarril Sarmiento. Utilizó más de 242 millones de pesos para la compra de moneda extranjera e inversiones de portafolio en el exterior.
Allí comienza una madeja de operaciones financieras cruzadas entre empresas del mismo grupo, cambios en los paquetes accionarios y una serie de inconsistencias que fueron reportadas por los organismos de control. "Las pericias contables ejercidas sobre la documentación secuestrada en el marco del proceso permitieron constatar la existencia de diversas maniobras relacionadas con el manejo de los fondos que la firma TBA recibía en concepto de subsidios por parte del Estado", indicó el dictamen al que accedió Tiempo Argentino.
El 7 de enero de este año, el Banco Central informó que un grupo de personas físicas y jurídicas sin aparente solvencia económica suficiente adquirieron entre agosto de 2006 y fines de julio de 2012 el paquete accionario por casi 100 millones de pesos. En la maniobra –que el BCRA consideró que pudo haber sido bajo la forma de testaferros– fueron involucradas las empresas de transporte de pasajeros Plus Ultra SA, Empresa Dumas SA, Transporte Automotor Plaza SA; las firmas dedicadas a la actividad financiera SITA SRL y Grupo Plaza de Inversión SA; junto a Álvarez, Carlos Alberto Lluch, Verónica Urmenyi, Jorge Rubén Lago y Antonio Cirigliano. Toda la operatoria fue considerada sospechosa por no poder constatarse el origen de los fondos y por la imposibilidad de seguir la ruta del dinero.
Por su parte, la AFIP también realizó un ROS sobre Grupo Plaza de Inversión el 22 de marzo pasado, e incluyó a Mario Francisco Cirigliano y a su hermano Sergio Claudio por la compra venta en 2006 del paquete accionario de un grupo de sociedades denominadas “Larga Distancia” (Plus Ultra, Dumas, SITA) por $18.348.000 pesos. El 2 de enero de 2007 fue vendido nuevamente por casi 40 millones de dólares.
La primera de las maniobras descriptas tiene relación con la "transferencia sucesiva" del paquete accionario de Larga Distancia en dos momentos clave. LLuch y Álvarez, el 14 de septiembre de 2006, compraron por cuenta y orden de los Cirigliano a sus dueños originales por 32 millones de dólares. Para la AFIP, la operación sospechosa surge de comparar la proximidad de fechas de las operaciones y los 6 millones de dólares de diferencia entre una y otra instancia, algo que no pudo justificarse en ninguna variación de sus activos solo cuatro meses después.
Inmediatamente se produjo el traspaso a las sociedades Grupo Plaza de Inversión (GPISA) –un 65%– y a Transporte Automotor Plaza (Tapsa) –el 35% restante– en 2007. El monto por el cual se consumó el negocio fue "excesivo y exagerado" por lo que puso en alerta a las autoridades. El patrimonio neto de las empresas era de 13 millones de pesos y la valuación de sus bienes, de poco más de 22 millones, pero el precio de venta fue de casi 32 millones de dólares, un equivalente a $ 99.597.545 pesos.
Álvarez y Lluch eran parte del Grupo Cirigliano como empelados directos. A su vez, "las firmas GPISA y Tapsa compraron el 100% del paquete accionario de Larga Distancia a Mario Francisco y Sergio Claudio Cirigliano, aclarándose que si bien estos actuaron como presidente y vicepresidente de GPISA no contaban con participación accionaria en dicha empresa, pero si lo hacían en GPI División Internacional –con domicilio en España–, que a su vez es controlante de GPISA", destaca el escrito a través del cual se abrió una nueva denuncia penal en la justicia federal.
La AFIP constató que las remesas de fondos para solventar la compra accionaria no partieron de GPISA, sino de la empresa EME&DE –también con accionistas vinculados entre sí– que fueron derivados bajo la forma de un "pasivo ficticio", lo que en rigor constituye un incremento patrimonial no justificado.
Todos indicios de que las maniobras podían tener origen en lo que también será ventilado a partir de marzo, cuando el juicio por la Tragedia de Once aborde el costado de los subsidios que recibían las concesionarias para prestar el servicio del ferrocarril Sarmiento.
Fuente: infonews.com gabriel morini nota Tiempo Argentino

En España vinculan al padre de Messi por lavado de dinero y narcotráfico

Jorge Messi ahora es el centro de las noticias por la portada del periódico español El Mundo, que publicó en su edición de hoy que el padre de Lionel está vinculado al narcotráfico con un cartel colombiano, como así también al lavado de dinero. En este caso, se señala el partido entre "Messi y sus Amigos" como el momento en el que se produjo esta acusación.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga desde hace meses una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y en el que se destaca como pieza clave es nada más ni nada menos que el padre de uno de los mejores futbolistas del mundo.

Por lo pronto, la investigación está bajo secreto de sumario. Acaba de comenzar, según fuentes cercanas al caso, y se ha tomado declaración a varias personas en el juzgado que dirige la instrucción número 51 de Madrid. En tanto, en Barcelona han prestado testimonio cuatro futbolistas ante la UCO: Lionel Messi, Dani Alves, Pinto y Javier Mascherano, todos jugadores del Barça.
La instrucción del caso, que dirige el juez Eduardo López-Palo se acerca a la Audiencia Nacional, ya que la trama tiene ramificaciones internacionales (además de haber operado en más lugares de España, no sólo en Madrid). Cabe destacar que el caso comenzó a raíz de unas investigaciones de la UCO, en las que se descubrió que eventos con fines benéficos, como los partidos denominados Amigos de Messi, así como conciertos de rock celebrados por estrellas sudamericanas, podrían ser utilizados por importantes narcotraficantes para lavar dinero.
Por este motivo, el padre de Messi está señalado por ser el vínculo de la "Fila 0", la cual consistía de la compra de una entrada para gente que no asistía pero que la adquiría para colaborar con un fin benéfico. Así, las cifras –que podrían provenir de tickets inventados- serían elevadas y de millones de euros. 
En toda esta historia, el dinero provendría de la venta de drogas y el padre de Messi sería el intermediario, cobrando además un porcentaje de dinero (entre el 10 y el 20 por ciento). Por lo pronto, un nuevo problema para el rosarino y su padre, quienes hace poco habían sido investigados por evasión de impuestos.
Fuente Infobae

África pierde cada año 50.000 millones de dólares por el lavado de dinero

El pasado fin de semana Thabo Mbeki, ex presidente de Sudáfrica y presidente del Panel de Alto Nivel de Conflictos Financieros en África daba un dato demoledor sobre las finanzas del continente: "África pierde 50.000 millones de dólares cada año en lavado de dinero".
Para poner en perspectiva lo que supone esa pérdida de dinero para el continente, el propio Mbeki daba una cifra demoledora. "Se calcula que África recibe ahora 25.000 millones de dólares en cooperación al desarrollo". Según datos del Banco Mundial, en 2010 todo el dinero recibido en el continente de los donantes fue de 42.000 millones de USD.
Mbeki hacía esta denuncia en Maputo, capital de Mozambique, tras reunirse con su presidente, Armando Guebuza, en el contexto de una gira que está realizando por varios países africanos para concienciar del gravísimo problema que supone para África esta fuga de dinero.
Debe combatirlo 'todo el continente'
"Es importante que este mal sea combatido en conjunto por todo el continente y poder usar esos fondos en la lucha contra la pobreza y el desenvolvimiento económico", dijo Mbeki.
La misión de este panel, que debe entregar un informe con conclusiones en marzo de 2014 y que ha tenido ya reuniones de trabajo en Argelia, Nigeria y la República Democrática del Congo, es conseguir que todas las instituciones implicadas comiencen a luchar contra esta lacra.
"En Mozambique tendremos reuniones con miembros del Gobierno de las aduanas, agentes económicos y sociedad civil", explicó el dirigente sudafricano. Mbeki sacó de Guebuza un compromiso formal de lucha que deberá ahora traducirse, como en otros países, en políticas concretas.
Las palabras de Mbeki, bajo cuyo gobierno en Sudáfrica se sucedieron multitud de flagrantes casos de corrupción, son un nuevo aviso de que algo se sigue haciendo muy mal en África con los fondos públicos.
El dinero ilegal duplica las ayudas
Un estudio publicado en 2012 por el Global Financial Integrity denunciaba que en el periodo comprendido entre 1970 y 2008 la cantidad de dinero ilegal que ha salido del continente es de 854.000 millones de dólares.
Esta cifra supone el doble de la cantidad entregada por la Ayuda Oficial al Desarrollo en ese mismo periodo. En 2002, un estudio de la propia Unión Africana cifraba en 150 mil millones de dólares el dinero que se perdía por la corrupción.
Nada cambia. Ya en 2012 el Ethiopian Institute for Peace and Developement realizó un estudio financiero sobre este problema y afirmó que África perdía anualmente 60.000 millones de dólares por el lavado de dinero, un 20% más de lo que estima el Alto Panel de Conflictos Financieros.
Fuente el mundo.es