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COLUMNA DE OPINIÓN
"No money for
terror"
Sergio
Goldenberg | El autor analiza el nivel de compromiso de la UIF en la
lucha contra el financiamiento del terrorismo y lo actuado por el organismo en
la materia, ello contextualizado en el marco de las acciones internacionales
llevadas adelante en ese sentido. A su juicio, sería útil reformular el rol de
las entidades financieras y del resto de los Sujetos Obligados, asignándoles uno
de índole colaborativo que puede ser muy útil para el conjunto del sistema de
prevención de la financiación del terrorismo. | 09/04/2019
La Unidad de Información Financiera (UIF), en la actual gestión,
fijó una posición clara a nivel internacional sobre el compromiso del país en la
lucha contra la Financiación del Terrorismo y su firme voluntad de enfrentarlo
en coordinación con otros países.
En su informe de gestión anual 2016 expuso sobre la
importancia de hacer frente al terrorismo detectando e interrumpiendo su
financiamiento. La amenaza terrorista constituye una de las principales
preocupaciones de la comunidad internacional y, al igual que cualquier otro
país, la Argentina no se encuentra ajena a la posibilidad de sufrir atentados
terroristas en su territorio. Lamentablemente, los riesgos vinculados con la
Financiación del Terrorismo fueron irresponsablemente subestimados por las
gestiones anteriores de la UIF. No se llevó a cabo un diagnóstico de los riesgos
de Financiación del Terrorismo a nivel nacional ni se cuenta aún con una
estrategia que permita ordenar el esfuerzo estatal en esta materia.
La consigna "sin dinero para el terrorismo", podríamos pensar
que refiere a un best seller disponible en librerías o quizás a una
nueva serie de Netflix. La realidad es que se corresponde con la conferencia
celebrada en París en la sede de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) los días 25 y 26 de abril de 2018 en París con la
participación de 72 países, 80 ministros y casi medio millar de expertos, para
discutir un solo tema: cómo cortar, o al menos dificultar, la financiación del
terrorismo internacional, especialmente del Estado Islámico y de Al Qaeda. La
idea tras el encuentro impulsado por el presidente, Emmanuel Macron, era
analizar de manera colectiva qué funciona y qué no en la lucha contra el
terrorismo y su financiamiento, y avanzar en un compromiso de mayor
transparencia y coordinación de países que no siempre comparten intereses
geopolíticos.
Recientemente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en
su Resolución 2.462 (2019) aprobada en Sesión del 28/03/2019 con el tema
"Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas
/ Prevención y lucha contra la financiación del terrorismo", consciente que
el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las
amenazas más graves para la paz y la seguridad internacionales y que todos los
actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su
motivación y cuandoquiera, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos,
vuelve a poner foco e instar a los países miembros a ratificar y profundizar
todas las acciones y medidas tendientes a combatir la financiación del
terrorismo.
Argentina como miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
conforme la Recomendación 1 de los Estándares Internacionales sobre la Lucha
contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la
Proliferación, está obligada a designar una autoridad o mecanismo para coordinar
acciones con el fin de evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a
asegurar que aquellos se mitiguen eficazmente, para lo cual mediante el
Decreto 360/2016 crea, en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, y con dependencia directa respecto de su titular,
el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo, que tendrá por misión reorganizar, coordinar y
fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y
contra la
financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos
que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales
de mayor efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones
internacionales establecidas por las Convenciones de las Naciones Unidas y los
Estándares del GAFI.
Entre sus funciones principales podemos mencionar:
"Realizar, a través de un abordaje multidisciplinario, los
análisis interinstitucionales necesarios para
identificar y comprender los riesgos que
provienen de actividades criminales graves como el narcotráfico,
la corrupción, el tráfico de armas, el tráfico y la trata de personas, el
contrabando, el terrorismo y la proliferación, entre
otras, a efectos de entender las modalidades e impacto de los delitos
financieros vinculados".
Lo argentinos tenemos la triste experiencia de haber tenido
dos actos terroristas de magnitud como el atentado a la Embajada de Israel y a
la AMIA, lo cual dio muestras de la vulnerabilidad que el país ha observado
frente a estas amenazas.
En el presente contexto veamos que rol tienen hoy los Sujetos
Obligados de cara a la prevención a la financiación del terrorismo.
Existe un marco normativo regulatorio emitido por la UIF como la
Res UIF 29/2013 (en cumplimiento artículo 6º in fine de la
Ley 26734 y
Decreto 918/2012) mediante la cual dispone el procedimiento
que los Sujetos Obligados deberán aplicar para reportar las Operaciones
Sospechosas de Financiación del Terrorismo. Asimismo, se precisa la modalidad
por la cual los Sujetos Obligados aplicarán el congelamiento administrativo de
bienes o dinero respecto de las personas físicas o jurídicas o entidades
designadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, y de las personas vinculadas
con las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal.
En el caso de las entidades financieras y cambiarias se adiciona
al marco normativo la
Res UIF 30/2017,
lineamientos para la Gestión de Riesgos
de LA/FT y de cumplimiento mínimo que las Entidades deberán adoptar y aplicar
para gestionar el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales
de LA/FT.
Si bien no es objetivo de este artículo tratar el contenido de
dicha Resolución, nos interesa poner de manifiesto las dificultades que presenta
su aplicación práctica a los Sujetos Obligados en general.
En primer lugar, podemos advertir que todas las tareas,
procedimientos y responsabilidades que se derivan de la norma le son aplicables
tanta a la prevención del lavado de activos como a la prevención de la
financiación del terrorismo. Este tema no es menor si tenemos en cuenta que
históricamente la mirada de los Sujetos Obligados estuvo focalizada en el diseño
de sistemas de prevención orientados a la temática del lavado de activos,
(manuales de procedimiento, sistemas de monitores, análisis de transacciones,
señales de alerta, etc.)
A nivel de los Sujetos Obligados, los procedimientos preventivos
relacionados a la financiación del terrorismo estuvieron orientados a dar
cumplimiento a la obligaciones establecidas por la Resolución UIF 29/2013 que
como dijimos están orientadas al congelamiento administrativo de bienes o dinero
respecto de las personas físicas o jurídicas o entidades designadas por el
Consejo de Seguridad de la ONU, y de las personas vinculadas con las acciones
delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal y el reporte de
operación sospechosa.
En consecuencia, las dificultades que hoy enfrentan los Sujetos
Obligados consisten en identificar y evaluar los riesgos de Financiación del
Terrorismo para cada una de sus líneas de negocio, a fin de determinar el perfil
de riesgo de la Entidad, el nivel de exposición inherente y evaluar la
efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos
identificados en relación, como mínimo, a sus Clientes, productos y/o servicios,
canales de distribución y zonas geográficas.
Quien haya trabajado en un área de cumplimiento de una entidad
financiera sabe que a los efectos de confeccionar un Reporte de Operación
Sospechosa de Financiación del Terrorismo debería considerar que debe ser
fundado y contener una descripción de las razones por las cuales la Entidad
considera que la operación presenta tal carácter y a su vez cumplir con un plazo
para su comunicación a la UIF de 48 horas computados a partir de la fecha de la
operación realizada o tentada.
Para tener alguna perspectiva cuantitativa de Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los Sujetos Obligados según las
últimas estadísticas publicadas por la UIF, en el año 2014 se recibieron 7 ROS
de Financiación del Terrorismo mientras que se recibieron 25.580 ROS de Lavado
de Activos.
Las herramientas y la información a la que pueden acceder los
Sujetos Obligados para detectar operaciones que puedan resultar en la
financiación del terrorismo son prácticamente inexistentes, lo cual genera dudas
sobre los resultados que puedan generar mediante sus sistemas de monitoreo y
análisis de transacciones. Es muy distinto actuar en -modo lavado de activos-
que en -modo financiamiento del terrorismo- ya que en este último caso el origen
de los fondos puede ser lícito y el destino que es privativo del cliente no
siempre es verificable.
No obstante ello, es distinta la capacidad de trabajo y análisis
de un Sujeto Obligado individual, respecto de otras Instituciones como por
ejemplo la UIF, la cual según su informe de gestión anual 2017 revela que se
avanzó significativamente en el análisis y diagnóstico en materia de
Financiación del Terrorismo habiéndose realizado un trabajo de recopilación de
información de inteligencia y análisis estadístico de datos, a fin de
identificar operaciones que podrían encontrarse relacionadas con posibles
actividades de Financiación del Terrorismo.
En ese sentido será importante contar con la Evaluación Nacional
de Riesgo de Financiación del Terrorismo prevista en el Programa de Coordinación
Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
como mencionamos en este artículo, la cual está pendiente su publicación. La
misma podrá ser de utilidad como información para alimentar la Autoevaluación de
Riesgos que deben llevar a cabo los Sujetos Obligados.
Otro aspecto destacable es la escasa o casi nula atención que se
le da a esta temática en las capacitaciones que deben realizar los Sujetos
Obligados, ya que si bien los cursos, seminarios o charlas que se realizan
suelen referirse siempre como "capacitaciones en prevención de lavado de activos
y financiación del terrorismo" la realidad es que generalmente sus contenidos
tratan sólo sobre prevención de lavado de activos.
Existen dentro del ámbito del Estado, dependencias y agencias
que funcionalmente están mejor capacitadas para el combate al terrorismo
(Ministerio de Seguridad, Agencia Federal de Inteligencia) y son quienes están
en mejores condiciones de entender e identificar los riesgos de la actividad
terrorista y su combate.
Volviendo a "qué funciona y qué no funciona" de la Conferencia
de la OCDE en París, consideramos que sería útil reformular el rol de las
entidades financieras y cambiarias así como el resto de los Sujetos Obligados,
en tanto y en cuanto pueden ser muy útiles para el conjunto del sistema de
prevención de la financiación del terrorismo, pero asignándoles un rol de índole
colaborativo en función de la información que administran, ya que como hemos
expresado antes no cuentan con la información e inteligencia necesaria para
detectar por sí mismos operaciones sospechosas de financiación del
terrorismo.
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