El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, participará la semana próxima de la misión argentina que defenderá la política antilavado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en una nueva evaluación del organismo multilateral. El funcionario será de la partida luego de haber creado a la Dirección de Investigaciones Financieras (DIF), en noviembre último, en lo que quienes caminan pasillos oficiales entendieron como una disputa de poder al titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbattella.
Echegaray no suele formar parte de las misiones argentinas ante el GAFI, que comanda el ministro de Justicia, Julio Alak, e integran Sbattella, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce, y el titular de la Superintendencia de Seguros, Juan Bontempo. La participación del jefe de la AFIP en las reuniones que se desarrollarán durante toda la semana próxima fue confirmada por fuentes oficiales a El Cronista.
De hecho, la AFIP fue el organismo más reticente a compartir información con la UIF y el último en sumarse a las directivas de la oficina antilavado. Como anticipó este medio el 24 de noviembre pasado, el dos de ese mes Echegaray creó la DIF mediante la resolución 388 y nombró a su frente a un hombre de su confianza, Guillermo Michel. Por la estructura de la AFIP y el acceso a esa información preciosa, la DIF podría convertirse fácilmente en una UIF paralela, según entendidos en la materia.
Luego de meses de idas y vueltas, Sbattella y Echegaray lograron un principio de entendimiento y agilizaron la relación, indicaron fuentes oficiales. Michel fue designado Oficial de Cumplimiento de la AFIP ante la UIF. Todas las dependencias públicas y privadas alcanzadas por la normativa de la UIF deben nombrar un Oficial de Cumplimiento responsable ante la UIF en las tareas de control de lavado de activos.
Según indicaron en despachos oficiales, Echegaray viaja a París por orden de la presidenta Cristina Fernández, para demostrar que no hay un “doble comando” en la persecución de las actividades de lavado y financiamiento al terrorismo. “Va a garantizar que no hay superposición”, indicó un funcionario que participa de las reuniones con el GAFI.
El GAFI había dejado trascender su inquietud por esa probable superposición de tareas. Recordaron que las disputas entre dos organismos le costó a República Dominicana un apercibimiento, por ejemplo.
Esto hubiera costado caro a la Argentina, en medio del monitoreo intensivo al que está sometido el país desde junio, cuando fue incluido en la lista de países cooperantes con deficiencias en el control del lavado de activos.
Desde entonces, el Gobierno intentó mostrar celeridad y compromiso, incluso con desprolijidades. Sancionó reformas en el código penal para castigar el lavado como delito autónomo a mediados de año y, en sesiones extraordinarias, votó una controvertida ley antiterrorismo, que valió reproches incluso dentro del kirchnerismo, desde los sectores más apegados a la política de derechos humanos.
La UIF destacó que, con esas leyes, el Gobierno cumplió con los compromisos que había asumido con el GAFI con seis meses de adelanto, ya que había prometido tener las leyes para junio próximo. Ahora deberá defender eventuales objeciones técnicas a la nueva normativa.
Por otro lado, la UIF se comprometerá ante el GAFI a agilizar la conformación de una comisión de seguimiento a la aplicación de las leyes, con la idea de “mostrar resultados” como condenas, multas y otro tipo de sanciones. Así, Sbattella quiere pasarle la pelota a la Justicia
ESTEBAN RAFELE Buenos Aires El Cronista
martes, 7 de febrero de 2012
jueves, 2 de febrero de 2012
VENEZUELA:Controversia por una ley antiterrorista
ARACAS.- La oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación ayer tras la aprobación de una polémica reforma de la ley contra el crimen organizado y el terrorismo, que según sus críticos podría derivar en la intimidación y persecución de disidentes, al impulsar la figura del delator y permitir la interceptación de comunicaciones privadas.
De acuerdo con el texto votado anteanoche por los legisladores afines al presidente Hugo Chávez, la nueva normativa tiene por objeto "prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo".
El debate sobre el proyecto de ley, que reforma una anterior normativa contra la delincuencia organizada, fue boicoteado por la mayoría de los diputados opositores, que abandonaron la Asamblea Nacional (Parlamento) en señal de protesta.
La ley define como acto terrorista aquel "cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales, económicas o sociales de un país''.
Los críticos resaltan que Chávez tilda repetidamente a sus adversarios políticos de "terroristas'' y los acusó en numerosas ocasiones de tratar de desestabilizar al gobierno mediante la organización de protestas callejeras o huelgas.
Esta legislación "viola cerca de 20 artículos de la Constitución", entre ellos los que contemplan el derecho "a la participación, la asociación, la protesta y el debido proceso", sostuvo el diputado opositor José España.
"Aquí se presume que todos somos sospechosos [...] Esta es la ley del delator", agregó España
El legislador hizo alusión a una de las puntos que más preocupación generan, la creación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscripta al Ministerio del Interior, que recibirá denuncias de los ciudadanos contra los sospechosos de planear actos terroristas.
"Este proyecto no tiene el propósito de sancionar, sino de intimidar, de perseguir a la disidencia. Se viola el principio de legalidad, proporcionalidad de la pena y se limita el ámbito de actuación e impacto de la ley", cuestionó el también opositor Eduardo Gómez Sigala.
A su juicio, existe "un atropello a la legalidad", ya que en la ley se prevén "medidas especiales" para interceptar comunicaciones personales, correos electrónicos y movilizaciones bancarias en determinados casos, y se deja por fuera al "tutor de la actividad penal", como es el Ministerio Público.
Más críticas
Activistas de derechos humanos instaron ayer a los legisladores a modificar la norma antes de que entre en vigor, pues están preocupados porque los derechos a protestar y otras garantías constitucionales sean menoscabados.
Según sus críticos, la redacción de la ley parece ambigua en lo referido a castigar a quienes organicen protestas a las puertas de instituciones públicas o embajadas."La ley podría abrir el camino para castigar a la disidencia", insistió Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las principales ONG venezolanas.
La mayoría oficialista rechazó las críticas. "Esta ley era necesaria para el país" y "para el que no va a hacer nada malo es como si no existiera", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
El diputado chavista Andrés Eloy Méndez defendió la nueva ley al decir que aborda temas "delicadísimos" como el tráfico de personas, de órganos y de armas.
"Esta ley ya existía. Lo que estamos incorporando son 25 artículos nuevos y estamos reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada", precisó el legislador.
"Ahora tenemos un instrumento legal para poner tras las rejas a estos grupos de delincuentes" con penas de 25 a 30 años de cárcel, insistió el también oficialista Elvis Amoroso sobre la disposición contra el financiamiento del terrorismo.
Chávez y sus aliados elaboraron una serie de proyectos de ley en 2008 que plantearon preocupaciones similares entre los adversarios del gobierno y activistas.
Según una de esas leyes propuestas en 2008, los venezolanos que se negasen a trabajar como informantes para las agencias de inteligencia serían castigados hasta con cuatro años de prisión.
Manifestantes denunciaron entonces esa ley como un intento de imponer un Estado policial, en el que se animaba a las personas a espiar a sus vecinos. Esas críticas forzaron a Chávez a desechar ese proyecto de ley.
La sanción de la nueva ley de seguridad coincide con el 13er aniversario de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, que se cumple hoy, y cuando el mandatario está concentrando en asegurarse el triunfo en los comicios de octubre, en los que buscará otra reelección.
Agencias AFP, AP, EFE y DPA
De acuerdo con el texto votado anteanoche por los legisladores afines al presidente Hugo Chávez, la nueva normativa tiene por objeto "prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo".
El debate sobre el proyecto de ley, que reforma una anterior normativa contra la delincuencia organizada, fue boicoteado por la mayoría de los diputados opositores, que abandonaron la Asamblea Nacional (Parlamento) en señal de protesta.
La ley define como acto terrorista aquel "cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales, económicas o sociales de un país''.
Los críticos resaltan que Chávez tilda repetidamente a sus adversarios políticos de "terroristas'' y los acusó en numerosas ocasiones de tratar de desestabilizar al gobierno mediante la organización de protestas callejeras o huelgas.
Esta legislación "viola cerca de 20 artículos de la Constitución", entre ellos los que contemplan el derecho "a la participación, la asociación, la protesta y el debido proceso", sostuvo el diputado opositor José España.
"Aquí se presume que todos somos sospechosos [...] Esta es la ley del delator", agregó España
El legislador hizo alusión a una de las puntos que más preocupación generan, la creación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscripta al Ministerio del Interior, que recibirá denuncias de los ciudadanos contra los sospechosos de planear actos terroristas.
"Este proyecto no tiene el propósito de sancionar, sino de intimidar, de perseguir a la disidencia. Se viola el principio de legalidad, proporcionalidad de la pena y se limita el ámbito de actuación e impacto de la ley", cuestionó el también opositor Eduardo Gómez Sigala.
A su juicio, existe "un atropello a la legalidad", ya que en la ley se prevén "medidas especiales" para interceptar comunicaciones personales, correos electrónicos y movilizaciones bancarias en determinados casos, y se deja por fuera al "tutor de la actividad penal", como es el Ministerio Público.
Más críticas
Activistas de derechos humanos instaron ayer a los legisladores a modificar la norma antes de que entre en vigor, pues están preocupados porque los derechos a protestar y otras garantías constitucionales sean menoscabados.
Según sus críticos, la redacción de la ley parece ambigua en lo referido a castigar a quienes organicen protestas a las puertas de instituciones públicas o embajadas."La ley podría abrir el camino para castigar a la disidencia", insistió Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las principales ONG venezolanas.
La mayoría oficialista rechazó las críticas. "Esta ley era necesaria para el país" y "para el que no va a hacer nada malo es como si no existiera", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
El diputado chavista Andrés Eloy Méndez defendió la nueva ley al decir que aborda temas "delicadísimos" como el tráfico de personas, de órganos y de armas.
"Esta ley ya existía. Lo que estamos incorporando son 25 artículos nuevos y estamos reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada", precisó el legislador.
"Ahora tenemos un instrumento legal para poner tras las rejas a estos grupos de delincuentes" con penas de 25 a 30 años de cárcel, insistió el también oficialista Elvis Amoroso sobre la disposición contra el financiamiento del terrorismo.
Chávez y sus aliados elaboraron una serie de proyectos de ley en 2008 que plantearon preocupaciones similares entre los adversarios del gobierno y activistas.
Según una de esas leyes propuestas en 2008, los venezolanos que se negasen a trabajar como informantes para las agencias de inteligencia serían castigados hasta con cuatro años de prisión.
Manifestantes denunciaron entonces esa ley como un intento de imponer un Estado policial, en el que se animaba a las personas a espiar a sus vecinos. Esas críticas forzaron a Chávez a desechar ese proyecto de ley.
La sanción de la nueva ley de seguridad coincide con el 13er aniversario de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, que se cumple hoy, y cuando el mandatario está concentrando en asegurarse el triunfo en los comicios de octubre, en los que buscará otra reelección.
Agencias AFP, AP, EFE y DPA
lunes, 30 de enero de 2012
Argentina:Obligan a las inmobiliarias a controlar lavado de dinero en compras mayores a $ 600 mil
Es lo que cuesta una propiedad de 50 metros cuadrados en Palermo o Barrio Norte. Las inmobiliarias deberán saber cuánto facturan sus clientes y chequear el origen de los fondos
La Unidad de Información Financiera (UIF) obligó a las inmobiliarias a pedir declaraciones juradas de ingresos a quienes efectúen compra o venta de inmuebles por un valor superior a los $ 600.000, unos u$s 137.000. Así consta en la resolución 16/2012, publicada el viernes en el Boletín Oficial.
La norma incluyó a los agentes y corredores inmobiliarios y a las sociedades que tengan por objeto la compraventa de inmuebles entre los sujetos obligados a informar a la UIF por operaciones sospechadas de encubrir lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
Las inmobiliarias deberán llevar adelante una “política de Conozca a su cliente”, por la cual deberán recabar información referente a la identidad, estado civil y volumen de ingresos anual. Antes de comenzar una relación comercial con estas personas, la inmobiliaria deberá verificar que no estén incluidas en listados internacionales de terroristas y si son Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría que incluye a políticos, dirigentes gremiales y empresariales y sus familiares.
Además, tendrán que trazar un “Perfil del Cliente” de aquellos que realicen operaciones anuales de $ 600.000 o más. Eso es lo que cuesta un departamento de 50 metros cuadrados en algunas zonas de Palermo o Barrio Norte, por ejemplo.
En estos casos, los sujetos obligados deberán requerir documentación “relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria” del cliente, según el artículo 19 de la resolución. Entre los documentos, la norma cita “declaraciones juradas de impuestos, copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra” y una certificación de un contador público que justifique el origen de los fondos.
Los agentes inmobiliarios también deberán efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los casos en los exista algún indicio de encubrimiento de lavado de activos. La UIF citó circunstancias varias, como cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume, o las partes muestran despreocupación por las características de la propiedad.
La resolución es una de las decenas de normas que elaboró la UIF, al mando de José Sbattella, desde comienzos de 2011, para cumplir con las directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según Sbattella, sólo falta incorporar a este sistema de control a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debido a “la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.
A mediados de 2011, el GAFI incluyó a la Argentina en el grupo de países con serias deficiencias en la política antilavado, o lista gris. Desde entonces, el país sancionó una norma antilavado y una controvertida ley antiterrorista. En febrero, el país se someterá a una nueva evaluación del GAFI.
El Cronista
La Unidad de Información Financiera (UIF) obligó a las inmobiliarias a pedir declaraciones juradas de ingresos a quienes efectúen compra o venta de inmuebles por un valor superior a los $ 600.000, unos u$s 137.000. Así consta en la resolución 16/2012, publicada el viernes en el Boletín Oficial.
La norma incluyó a los agentes y corredores inmobiliarios y a las sociedades que tengan por objeto la compraventa de inmuebles entre los sujetos obligados a informar a la UIF por operaciones sospechadas de encubrir lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
Las inmobiliarias deberán llevar adelante una “política de Conozca a su cliente”, por la cual deberán recabar información referente a la identidad, estado civil y volumen de ingresos anual. Antes de comenzar una relación comercial con estas personas, la inmobiliaria deberá verificar que no estén incluidas en listados internacionales de terroristas y si son Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría que incluye a políticos, dirigentes gremiales y empresariales y sus familiares.
Además, tendrán que trazar un “Perfil del Cliente” de aquellos que realicen operaciones anuales de $ 600.000 o más. Eso es lo que cuesta un departamento de 50 metros cuadrados en algunas zonas de Palermo o Barrio Norte, por ejemplo.
En estos casos, los sujetos obligados deberán requerir documentación “relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria” del cliente, según el artículo 19 de la resolución. Entre los documentos, la norma cita “declaraciones juradas de impuestos, copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra” y una certificación de un contador público que justifique el origen de los fondos.
Los agentes inmobiliarios también deberán efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los casos en los exista algún indicio de encubrimiento de lavado de activos. La UIF citó circunstancias varias, como cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume, o las partes muestran despreocupación por las características de la propiedad.
La resolución es una de las decenas de normas que elaboró la UIF, al mando de José Sbattella, desde comienzos de 2011, para cumplir con las directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según Sbattella, sólo falta incorporar a este sistema de control a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debido a “la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.
A mediados de 2011, el GAFI incluyó a la Argentina en el grupo de países con serias deficiencias en la política antilavado, o lista gris. Desde entonces, el país sancionó una norma antilavado y una controvertida ley antiterrorista. En febrero, el país se someterá a una nueva evaluación del GAFI.
El Cronista
viernes, 27 de enero de 2012
Argentina: Inmobiliarias tendrán que entregar a la UIF datos sobre sus clientes
El Gobierno formalizó los nuevos controles para evitar operaciones de evasión o lavado de dinero. Los corredores inmobiliarios tendrán que enviar a la Unidad de Información Financiera los datos personales de quienes emprendan alguna operación. Una medida similar se tomó en Uruguay para cumplir con los pedidos del GAFI
El gobierno nacional puso en vigencia una serie de nuevos controles para evitar acciones de evasión, lavado de dinero o cualquier otro tipo de irregularidad, en las operaciones inmobiliarias.
A través de la resolución 16/2012, el Ejecutivo estableció que "los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario" tendrán que enviar a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos personales de sus clientes.
Con esa información, la UIF investigará operaciones "inusuales", que se caractericen por ser "tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente".
También actuará ante las operaciones "sospechosas" que, "habiéndose identificado previamente como inusuales, se determinó que no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente".
La nueva disposición indica que los agentes inmobiliarios deberán identificar a sus posibles clientes, antes de iniciar cualquier relación comercial. Además de enviar a la UIF datos personales del individuo o la sociedad interesada, también se tendrá que verificar que los demandantes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas, y "solicitar información sobre los servicios y/o productos requeridos y los motivos de su elección".
"Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de $600.000, se deberá definir el perfil del cliente" con "información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria".
El gobierno nacional puso en vigencia una serie de nuevos controles para evitar acciones de evasión, lavado de dinero o cualquier otro tipo de irregularidad, en las operaciones inmobiliarias.
A través de la resolución 16/2012, el Ejecutivo estableció que "los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario" tendrán que enviar a la Unidad de Información Financiera (UIF) datos personales de sus clientes.
Con esa información, la UIF investigará operaciones "inusuales", que se caractericen por ser "tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, ya sea porque no guardan relación con el perfil económico, financiero, patrimonial o tributario del cliente".
También actuará ante las operaciones "sospechosas" que, "habiéndose identificado previamente como inusuales, se determinó que no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente".
La nueva disposición indica que los agentes inmobiliarios deberán identificar a sus posibles clientes, antes de iniciar cualquier relación comercial. Además de enviar a la UIF datos personales del individuo o la sociedad interesada, también se tendrá que verificar que los demandantes no se encuentren incluidos en los listados de terroristas, y "solicitar información sobre los servicios y/o productos requeridos y los motivos de su elección".
"Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de $600.000, se deberá definir el perfil del cliente" con "información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria".
jueves, 26 de enero de 2012
Fuertes controles antilavado a cooperativas crediticias
Según la Unidad de Información Financiera, hay más de US$ 70 mil millones por fuera del sistema financiero. Anticiparon que el total de evaluaciones de operaciones ilícitas fue de 12 mil en 2011 y este año rondarán los 20 mil.
Con índices sumamente preocupantes y el objetivo de transparentar las transacciones, los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Patricio Griffin, presentaron ayer la normativa que incluye a cooperativas y mutuales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
En este marco, desde la UIF denunciaron que “hay US$ 70.000 millones que no pasan por el sistema financiero”. Al mismo tiempo, Sbatella reveló que el total de evaluaciones de operaciones sospechosas fue de 12.000 en 2011 y adelantó: “Este año se estima que rondarán las 20.000 o duplicarán las del año pasado”.
Si bien las cifras no son claramente comprobables, se profundizará el control en materia económica por el temor oficial de seguir perdiendo dólares ante una situación mundial inestable, producto de la crisis financiera que afecta a las grandes potencias mundiales.
Ante el anuncio de que el Estado controlará la actividad de las cooperativas de crédito y de las mutuales financieras, como parte de las medidas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, el titular de la UIF aseguró que “venimos de una libertad muy grande y vamos hacia la sintonía fina para favorecer la transparencia colectiva”.
Esta resolución responde al déficit argentino en esta materia. En octubre pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó a la Argentina a que resuelva de manera “urgente” las deficiencias en su régimen de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Es por eso que el GAFI incluyó a la Argentina en su “lista gris” de países con serias deficiencias técnicas. El último escalón es el de la “lista negra”, donde están Irán y Corea del Norte. De acuerdo a los parámetros internacionales, Argentina estaría cerca al incumplir 47 de los 49 parámetros de evaluación general.
El procedimiento
Sbatella afirmó que a partir de julio próximo se comenzará a realizar operativos de “fiscalización conjunta” con los cinco organismos involucrados en tareas de control: el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Inaes.
El titular de la UIF precisó en este marco que solo falta incorporar al esquema de control estatal a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, “por la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.
En cuanto al seguimiento en el sector de economía social, el funcionario aclaró que a partir de las resoluciones de la UIF se abre un período de 150 días “para ir adecuando el sistema”.
La polémica en los controles
Pero como dice José Hernández en el Martín Fierro, “la ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos”. Si bien es correcta la decisión de que se controle las diversas entidades, las cuales no declaren sus movimientos o no sean claras en sus finanzas, la UIF no es recordada en sus últimas intervenciones por la eficiencia en los inspecciones, más bien por hacer “la vista gorda” en algunos casos.
Además de la progresiva politización que sufrió la Unidad de Información Financiera, desde el GAFI afirmaron conocer sobre la persecución política a opositores del Gobierno nacional y la protección dada desde la UIF a ciertas empresas, bancos y personajes,entre ellos, Sergio Schoklender y Hugo Moyano en momentos felices.
En definitiva, Argentina tiene resultados muy pobres en lo que se refiere a los elevados niveles de corrupción, por lo que se espera una serie de medidas que apunten a los problemas de fondo.
Con índices sumamente preocupantes y el objetivo de transparentar las transacciones, los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Patricio Griffin, presentaron ayer la normativa que incluye a cooperativas y mutuales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
En este marco, desde la UIF denunciaron que “hay US$ 70.000 millones que no pasan por el sistema financiero”. Al mismo tiempo, Sbatella reveló que el total de evaluaciones de operaciones sospechosas fue de 12.000 en 2011 y adelantó: “Este año se estima que rondarán las 20.000 o duplicarán las del año pasado”.
Si bien las cifras no son claramente comprobables, se profundizará el control en materia económica por el temor oficial de seguir perdiendo dólares ante una situación mundial inestable, producto de la crisis financiera que afecta a las grandes potencias mundiales.
Ante el anuncio de que el Estado controlará la actividad de las cooperativas de crédito y de las mutuales financieras, como parte de las medidas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, el titular de la UIF aseguró que “venimos de una libertad muy grande y vamos hacia la sintonía fina para favorecer la transparencia colectiva”.
Esta resolución responde al déficit argentino en esta materia. En octubre pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó a la Argentina a que resuelva de manera “urgente” las deficiencias en su régimen de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo.
Es por eso que el GAFI incluyó a la Argentina en su “lista gris” de países con serias deficiencias técnicas. El último escalón es el de la “lista negra”, donde están Irán y Corea del Norte. De acuerdo a los parámetros internacionales, Argentina estaría cerca al incumplir 47 de los 49 parámetros de evaluación general.
El procedimiento
Sbatella afirmó que a partir de julio próximo se comenzará a realizar operativos de “fiscalización conjunta” con los cinco organismos involucrados en tareas de control: el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Inaes.
El titular de la UIF precisó en este marco que solo falta incorporar al esquema de control estatal a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, “por la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.
En cuanto al seguimiento en el sector de economía social, el funcionario aclaró que a partir de las resoluciones de la UIF se abre un período de 150 días “para ir adecuando el sistema”.
La polémica en los controles
Pero como dice José Hernández en el Martín Fierro, “la ley es tela de araña, y en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, no la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enreda a los chicos”. Si bien es correcta la decisión de que se controle las diversas entidades, las cuales no declaren sus movimientos o no sean claras en sus finanzas, la UIF no es recordada en sus últimas intervenciones por la eficiencia en los inspecciones, más bien por hacer “la vista gorda” en algunos casos.
Además de la progresiva politización que sufrió la Unidad de Información Financiera, desde el GAFI afirmaron conocer sobre la persecución política a opositores del Gobierno nacional y la protección dada desde la UIF a ciertas empresas, bancos y personajes,entre ellos, Sergio Schoklender y Hugo Moyano en momentos felices.
En definitiva, Argentina tiene resultados muy pobres en lo que se refiere a los elevados niveles de corrupción, por lo que se espera una serie de medidas que apunten a los problemas de fondo.
El Senado de EEUU investiga al banco HSBC por posible lavado de dinero
El banco británico HSBC está siendo investigado por lavado de dinero. El paso dado por el Senado de EEUU es uno de los últimos en su carrera por detener los flujos de dinero negro entre los bancos globales.
El subcomité del Senado, encargado de este tipo de investigaciones, tiene fama de haber conducido audiencias que han acabado por avergonzar a los mayores bancos del mundo.
Hasta ahora, una de las acciones sancionadas en varios bancos tiene que ver con las transacciones financieras a favor de países que apoyan abiertamente el terrorismo, a autoridades extranjeras corruptas, a narcotraficantes y a otros criminales.
Desde 2008, bancos europeos y estadounidenses han pagado más de 1.200 millones de dólares en multas por supuesta violación de las regulaciones contra el lavado de dinero.
Todavía se desconocen las pruebas exactas que tiene el Senado para acusar al HSBC. No obstante, podría tener que ver con las citadas prácticas de lavado de dinero.
"Estamos dialogando con las autoridades sobre temas relacionados con la regulación y su cumplimiento. La naturaleza de estas discusiones es confidencial; en todos los casos, estamos cooperando", ha destacado un portavoz del citado banco. Desde el subcomité del Senado no se han realizado comentarios al respecto.
A principios de este mes, el HSBC nombró jefe legal a Stuart Levey, antiguo miembro del Departamento del Tesoro, en un intento de mostrar que se estaban implicando en las iniciativas contra el dinero negro.
El jefe ejecutivo del mencionado banco británico, Stuart Gulliver, afirmó al respecto que la experiencia de Levey "a la hora de lidiar con temas legales y financieros de caracter internacional es muy relevante para bancos globales como el HSBC".
Entre 2003 y 2010, dos reguladores de bancos mostraron su preocupación sobre los sistemas antilavado de dinero de este banco y, por eso, ordenó que los mejorase.
Sin embargo, hace un par de años comenzó a ser investigado por el Departamento de Justicia. En noviembre de 2011 se incrementaron las acusaciones realizadas por el Senado y por la SEC (Securities and Exchange Comission).
Las operaciones del HSBC en Norteamérica, que incluyen al Banco HSBC de EEUU, entre otros, suponen el 5% de los beneficios de la entidad británica.
Reuters | Washington
El subcomité del Senado, encargado de este tipo de investigaciones, tiene fama de haber conducido audiencias que han acabado por avergonzar a los mayores bancos del mundo.
Hasta ahora, una de las acciones sancionadas en varios bancos tiene que ver con las transacciones financieras a favor de países que apoyan abiertamente el terrorismo, a autoridades extranjeras corruptas, a narcotraficantes y a otros criminales.
Desde 2008, bancos europeos y estadounidenses han pagado más de 1.200 millones de dólares en multas por supuesta violación de las regulaciones contra el lavado de dinero.
Todavía se desconocen las pruebas exactas que tiene el Senado para acusar al HSBC. No obstante, podría tener que ver con las citadas prácticas de lavado de dinero.
"Estamos dialogando con las autoridades sobre temas relacionados con la regulación y su cumplimiento. La naturaleza de estas discusiones es confidencial; en todos los casos, estamos cooperando", ha destacado un portavoz del citado banco. Desde el subcomité del Senado no se han realizado comentarios al respecto.
A principios de este mes, el HSBC nombró jefe legal a Stuart Levey, antiguo miembro del Departamento del Tesoro, en un intento de mostrar que se estaban implicando en las iniciativas contra el dinero negro.
El jefe ejecutivo del mencionado banco británico, Stuart Gulliver, afirmó al respecto que la experiencia de Levey "a la hora de lidiar con temas legales y financieros de caracter internacional es muy relevante para bancos globales como el HSBC".
Entre 2003 y 2010, dos reguladores de bancos mostraron su preocupación sobre los sistemas antilavado de dinero de este banco y, por eso, ordenó que los mejorase.
Sin embargo, hace un par de años comenzó a ser investigado por el Departamento de Justicia. En noviembre de 2011 se incrementaron las acusaciones realizadas por el Senado y por la SEC (Securities and Exchange Comission).
Las operaciones del HSBC en Norteamérica, que incluyen al Banco HSBC de EEUU, entre otros, suponen el 5% de los beneficios de la entidad británica.
Reuters | Washington
miércoles, 7 de diciembre de 2011
Argentina: La Cámara Federal denunció a la UIF
La Cámara Federal denunció ayer a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo del Gobierno que persigue el lavado de dinero, por una presunta "falta ética" en su actuación en la causa que investiga el desvío de fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero sostuvieron que la UIF "tergiversó diametralmente" un fallo de ellos en este expediente: el que dispuso que el juez Norberto Oyarbide fundara mejor por qué no levantaba los embargos que había dictado sobre las cuentas de una serie de acusados.
La UIF pidió la nulidad de aquel fallo de la Cámara; según los camaristas, en un escrito reñido con la ética firmado por el presidente de la unidad, José Sbatella, y el abogado patrocinante Claudio Castelli. Por eso, el tribunal dispuso notificar de lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (que controla el desempeño de los abogados) y al ministro de Justicia, Julio Alak, de quien depende la UIF, según informaron fuentes del caso.
El planteo de Sbatella había caído muy mal en la Cámara. Los jueces lo interpretaron como un apoyo inesperado a Oyarbide, a quien ellos cuestionaron en durísimos términos por el "errado direccionamiento" y el "desorden" de su investigación. Ese fue el fallo que la UIF pidió anular.
En diálogo con LA NACION, Sbatella dijo anoche que no había sido notificado aún de la última decisión de la Cámara, pero que la intención de su organismo había sido evitar que desaparecieran los fondos que se presume provienen de un delito. "Nuestra experiencia indica que cuando se levanta el embargo, el dinero desaparece y cuando llega la sentencia ya no podemos recuperar los fondos", afirmó.
Para los camaristas, este argumento no tiene fundamento. No existe el daño que invoca la UIF porque el tribunal no levantó los embargos: lo que hizo fue ordenar que Oyarbide fundamentara por qué se negaba a liberar las cuentas. Mientras tanto, los embargos siguen vigentes.
Además, los jueces afirmaron que no estaban obligados a escuchar a la UIF antes de firmar su fallo, como sostiene el pedido de nulidad de Sbatella. Cuando el tribunal celebró la audiencia con las partes, la UIF todavía no era tal. Fue la propia Cámara la que habilitó al organismo a intervenir en el expediente: en contra de lo que había dispuesto Oyarbide, la reconoció como querellante.
Oyarbide le había negado este carácter porque pesa sobre Sbatella una denuncia vinculada con esta investigación. Está acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de las demoras en que incurrió para elevar a la Justicia los expedientes que tenía la UIF contra Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Sbatella tardó varios meses en informar a los tribunales sobre tres reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Schoklender, de donde surgen desvíos de millones de pesos que había recibido la Fundación de las Madres para construir viviendas sociales.
La causa contra Sbatella está a cargo del juez Sergio Torres. En junio pasado, el fiscal Guillermo Marijuán presentó su requerimiento de instrucción. Según relataron fuentes judiciales, Torres está "recabando todos los documentos" para empezar a investigar el caso
Paz Rodriguez Niell | LA NACION
Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero sostuvieron que la UIF "tergiversó diametralmente" un fallo de ellos en este expediente: el que dispuso que el juez Norberto Oyarbide fundara mejor por qué no levantaba los embargos que había dictado sobre las cuentas de una serie de acusados.
La UIF pidió la nulidad de aquel fallo de la Cámara; según los camaristas, en un escrito reñido con la ética firmado por el presidente de la unidad, José Sbatella, y el abogado patrocinante Claudio Castelli. Por eso, el tribunal dispuso notificar de lo ocurrido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (que controla el desempeño de los abogados) y al ministro de Justicia, Julio Alak, de quien depende la UIF, según informaron fuentes del caso.
El planteo de Sbatella había caído muy mal en la Cámara. Los jueces lo interpretaron como un apoyo inesperado a Oyarbide, a quien ellos cuestionaron en durísimos términos por el "errado direccionamiento" y el "desorden" de su investigación. Ese fue el fallo que la UIF pidió anular.
En diálogo con LA NACION, Sbatella dijo anoche que no había sido notificado aún de la última decisión de la Cámara, pero que la intención de su organismo había sido evitar que desaparecieran los fondos que se presume provienen de un delito. "Nuestra experiencia indica que cuando se levanta el embargo, el dinero desaparece y cuando llega la sentencia ya no podemos recuperar los fondos", afirmó.
Para los camaristas, este argumento no tiene fundamento. No existe el daño que invoca la UIF porque el tribunal no levantó los embargos: lo que hizo fue ordenar que Oyarbide fundamentara por qué se negaba a liberar las cuentas. Mientras tanto, los embargos siguen vigentes.
Además, los jueces afirmaron que no estaban obligados a escuchar a la UIF antes de firmar su fallo, como sostiene el pedido de nulidad de Sbatella. Cuando el tribunal celebró la audiencia con las partes, la UIF todavía no era tal. Fue la propia Cámara la que habilitó al organismo a intervenir en el expediente: en contra de lo que había dispuesto Oyarbide, la reconoció como querellante.
Oyarbide le había negado este carácter porque pesa sobre Sbatella una denuncia vinculada con esta investigación. Está acusado del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de las demoras en que incurrió para elevar a la Justicia los expedientes que tenía la UIF contra Sergio Schoklender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Sbatella tardó varios meses en informar a los tribunales sobre tres reportes de operaciones sospechosas (ROS) de Schoklender, de donde surgen desvíos de millones de pesos que había recibido la Fundación de las Madres para construir viviendas sociales.
La causa contra Sbatella está a cargo del juez Sergio Torres. En junio pasado, el fiscal Guillermo Marijuán presentó su requerimiento de instrucción. Según relataron fuentes judiciales, Torres está "recabando todos los documentos" para empezar a investigar el caso
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