PERU: esfuerzos para evitar infiltracion narco en las proximas elecciones municipales y regionales 2010

Las autoridades peruanas han concluido la redacción de un acuerdo que firmarán partidos políticos y movimientos regionales de Perú para evitar que el narcotráfico les infiltre, de cara a las elecciones municipales y regionales de 2010, y se firmará antes de 30 días, dijo hoy a Efe una fuente oficial. El pacto tratará de "blindar a los partidos políticos en la selección de sus candidatos para evitar la infiltración del narco", agregó, al señalar que el acuerdo fue una propuesta de Devida y que los partidos políticos peruanos ya se han pronunciado a favor de este convenio.
El funcionario dijo que en Perú, segundo productor mundial de cocaína con unas 300 toneladas anuales, "un porcentaje importante" de esa droga es comercializada por los carteles mexicanos que envían mayormente hacia Europa.
El narcotráfico genera corrupción y violencia, y "hemos notado un crecimiento de algunas acciones comunes con cargo a la delincuencia no tradicional", además de que ha aumentado la detección de lavado de dinero, dijo Pizarro.También alertó que Perú ha dejado de ser solo un país productor de cocaína para convertirse también en un consumidor de drogas, lo cual se ha convertido en "una de las mayores preocupaciones", porque afecta a la juventud

Fuente EFE

MEXICO: Se paga u$s 4 la jornada de cosecha de tomates vs. u$s 37 y alimentos para la cosecha de marihuana

Hace unos meses un grupo de personas armadas llegó a varios campos agrícolas en Mocorito (Sinaloa), al noroeste del país, y secuestró a decenas de campesinos.

Durante algunos días los agricultores trabajaron en un sitio desconocido y aislado. Sus captores les dieron alimentos calientes, bebidas y un sitio para descansar, según contaron a las autoridades y medios locales cuando fueron liberados.
La cosecha que levantaron era de marihuana.
Estos casos ocurren con frecuencia en México, donde según ha informado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a diputados federales, cada año unas 300.000 personas se dedican a sembrar droga.
Los secuestros de trabajadores agrícolas suelen ocurrir en la época de producción de amapola y marihuana, que según la Procuraduría General de la República (PGR) es entre abril y noviembre.
En esa época la mano de obra es insuficiente para cubrir la demanda de los traficantes, y entonces ocurren los plagios, explicó Cresencio Ramírez, líder de la Red Democrática de Pueblos Indígenas de Sinaloa.
"Cada año sucede y todo mundo lo sabe: campesinos, propietarios de campos agrícolas, autoridades, pero tienen miedo de decirlo", dijo Ramírez en conversación con BBC Mundo.
Buen salario
Muchos campesinos que trabajan para los carteles provienen de comunidades indígenas en estados del sureste, como Oaxaca y Guerrero, aseguró el líder de la Red.
La mayoría se entera de que cosechará marihuana o amapola cuando llegan a las zonas de cultivo.
Los llevan a lugares que no son los que les habían dicho, lugares donde hay problemas legales. La gente es amenazada, algunos agredidos o privados de su libertad
Abel Barrera, activista
"Los enganchadores (contratistas) recorren los pueblos de las montañas, dicen que les van a pagar bien y muchos aceptan", explicó.
La diferencia económica es importante. En los cultivos de tomate, por ejemplo, el sueldo es de US$4 por jornada, mientras que en la cosecha de marihuana el pago supera los US$37 diarios, con alimentos incluidos.
Además, muchos indígenas son engañados por los contratistas, explicó Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, de Guerrero.
"Los llevan a lugares que no son los que les habían dicho, lugares donde hay problemas legales. La gente es amenazada, algunos agredidos o privados de su libertad".
El gobierno mexicano ofrece subsidios a trabajadores agrícolas, pero no han alejado a los campesinos de los carteles, dijo Ramírez.
BBC Mundo solicitó al ministerio del Trabajo información sobre estos programas, pero no obtuvo respuesta.
Sembrar a la fuerza

Mientras, cada vez más campesinos se ven obligados a trabajar para los narcotraficantes, le dijo a BBC Mundo Cruz López, presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
Este año el problema se agravó al disminuir el monto de las remesas enviadas desde Estados Unidos.
Muchos rentaron sus tierras a los carteles, que con frecuencia les contratan para cuidar los cultivos ubicados en comunidades aisladas a donde pocas veces llegan los subsidios gubernamentales, afirmó el líder de la CNC.
Pero muchos campesinos no siembran droga por gusto o negocio.
Según Cruz López, para cultivar marihuana o amapola se requiere mucho dinero, pues en ocasiones es necesario bombear agua a lo alto de montañas, establecer sistemas eficientes de riego y aplicar fertilizantes.
"Por cada hectárea se gastan mínimo US$3.000, y no los tiene un campesino pobre, sin apoyo del gobierno ni remesas".
Abel Barrera dice que muchos campesinos, sobre todo indígenas de Guerrero, están en el peor de los mundos: los carteles les obligan a cultivar droga, y en las acciones militares contra el tráfico son los primeros en ser detenidos.
"Son víctima de violencia por ambas partes, representan el eslabón más débil en la cadena del crimen

Fuente BBC Mundo Mexico Alberto Najar

MEXICO: 300 Funcionarios publicos despedidos por presuntos vinculos con el Narcotrafico

Un guardia del presidente Felipe Calderón, elementos de inteligencia de la policía Federal, de la Interpol, subprocuradores, alcaldes y policías se encuentran entre los 380 funcionarios públicos que fueron expulsados de sus cargos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Servían a los seis principales cárteles de la droga en México: unos a La Familia, otros al de Sinaloa o al de Tijuana; ora a los Beltrán Leyva, ora al del Golfo y sus sicarios, los Zetas, según una investigación de los últimos tres años realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).
El reporte ubica a 215 detenidos que rendían informes de manera directa a estos dos últimos; sin embargo, fueron los Beltrán Leyva quienes llegaron penetrar en los niveles más altos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada para la Delincuencia Organizada (SIEDO) hasta el zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano detenido hace un año.
El mayor del Ejército Arturo González, acusado de vender información de las secciones de Inteligencia y Planeación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Presidencia de la República, donde estaba adscrito dentro del cuerpo de guardias. Asimismo destaca la detención de dos ex directores de la Interpol México y 20 funcionarios que daban protección al cártel de Sinaloa, encabezada por el prófugo Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Corrompidos por la organización del Golfo, los dos supuestos asesinos del general retirado Enrique Tello, trabajaron uno como policía del ayuntamiento del balneario de Cancún, Quintana Roo, al sureste del país, y otro como colaborador del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Entre las acciones de mayor fuerza contra políticos en activos fue en junio pasado cuando en acciones simultáneas en el estado de Michoacán, oeste del país, fueron detenidos diez alcaldes y veinte funcionarios por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia, uno de los más sanguinarios.
Destacan también el cese masivo de agentes aduanales, donde 1,470 nuevos agentes aduanales asumieron funciones en sustitución de los 700 que laboraban antes y cuyos contratos expiraron y no fueron renovados por conductas sospechosas.
En las diferentes corporaciones de las policías estatales también destacan ceses en grupo. En el más reciente ocurrido en agosto cuando 70 elementos de seguridad fueron despedidos.
"Las policías se constituyeron en aliados, cómplices del crimen organizado", afirmó el General Jorge Justiniano González Betancourt, quien fuera presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. “El crimen organizado se ha apropiado de las ciudades más importantes del país ".
Fuente Gardenia Mendoza Aguilar La Opinion Mexico

CHILE: Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero aumentaron al doble

La Unidad de Análisis Financiero informó en Santiago que recibió 601 Reportes de Operaciones Sospechosas, en Chile, entre enero y septiembre de 2009, cifra que muestra un aumento a casi el doble respecto al mismo período en el 2008.

El organismo encargado de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Chile, muestra que el sector bancario es el que reporta mayor cantidad de operaciones sospechosas (45%), seguido de las casas de cambio (15%), y por las empresas emisoras de tarjetas de crédito (14%) que incorporaron un software antilavado de dinero.
La directora de la UAF, Tamara Agnic, precisó que la tendencia al alza es muy positiva y revela la importancia que varios sectores le están dando a la función que cumplen en la prevención del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
“Estamos seguros que en el futuro seguirá creciendo la cantidad de reportes de operaciones sospechosas” pronosticó.
Agnic hizo presente que internacionalmente los ROS no son suficientes para prevenir el lavado de activo, en especial cuando se está frente a sectores que carecen de un organismo regulador y fiscalizador especializado, como ocurre con los gestores inmobiliarios, los usuarios de zona franca y las casas de cambio.
Para profundizar la función preventiva, la directora de la UAF señaló que los ejes de acción deben ser: aumentar la fiscalización de los sujetos obligados; la colaboración con otros organismos públicos y privados, principalmente en los sectores que no cuentan con regulación especializada; y aplicar en Chile estándares internacionales en cuanto a normas y procedimientos preventivos del delito de lavado de dinero, tales como la capacitación de sujetos obligados, difusión de conocimiento e información, y transparencia con la información que es de carácter público.

por Salvador Schwartzmann

MAFIA RUSA Comienza en España el Juicio a Zaklar Kalashov

Anticorrupción pide más de 12 años de cárcel para Zakhar Kalashov, «capo» de los georgianos y socio de Lukoil
Sin apenas ruido mediático, después de años de intenso trabajo de las Fuerzas de Seguridad, del juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y de la Fiscalía Anticorrupción, se sientan en el banquillo de los acusados, por primera vez en España, importantes jefes de la mafia rusa. Zakhar Kalashov, número uno de la mafia georgiana, sin duda uno de los capos más poderosos de la ex Unión Soviética y al que informes policiales de Suiza lo sitúan como uno de los principales propietarios de Lukoil, la petrolera que hace unos meses quiso comprar un 20 por ciento de Repsol. Kalashov se enfrenta a una petición de condena de más de doce años de prisión, en un proceso en el que junto a él se sentarán en el banquillo once de sus más cercanos colaboradores.
El juicio que hoy comienza en la Audiencia Nacional no es sólo importante para España.
 En Europa el proceso es seguido minuto a minuto por las autoridades policiales y judiciales de buena parte de los países, ya que de su resultado dependerá en buena medida el devenir de la lucha contra el crimen organizado ruso en el Viejo Continente. Lo que aquí se declare como probado por el tribunal podrá ser utilizado luego como prueba en otras naciones de nuestro entorno que también tienen abiertos procesos contra estas tramas. Sólo en Alemania se sigue un juicio de una trascendencia comparable, y aún le quedan algunos meses de recorrido.
En un ámbito más doméstico, la sentencia que se dicte en su momento marcará el futuro del resto de los procesos abiertos contra los «grupos criminales procedentes de países del Este», como los expertos prefieren denominar a las redes que, periodísticamente, se denominan como mafias rusas. El horizonte penal de capos como Gennadios Petrov, Alexander Malyshev o Vitali Izgilov depende de la misma.
La estrategia de la Fiscalía consiste en demostrar que Kalashov había montado en España una organización para blanquear los gigantescos beneficios económicos que le proporcionaban sus actividades delictivas -el delito subyacente-, que sin embargo cometía en otros países. Por ello, primero tendrá que acreditar que su red cometió en el extranjero esos delitos de los que se le acusa -los documentos que se han obtenido de otras policías serán claves para conseguirlo-, y posteriormente que trajo el dinero a España para lavarlo, para lo que era indispensable la colaboración de sus hombres, que se repartían los papeles con el objetivo de evitar ser descubiertos por las autoridades.
Muestrario del crimen
El escrito de acusación, de 51 folios, recoge que aproximadamente desde 2002 Kalashov «es considerado como el jefe de las distintas organizaciones criminales georgianas» asentadas en ese país y también «de las trasladadas a Rusia». Su poder «se extiende prácticamente por todo el territorio de la Federación Rusa» y se dedica al tráfico de armas, asesinatos por encargo y contrabando, entre otros delitos, mientras que en el ámbito económico blanquea sus gigantescas ganancias con el control del juego y los casinos de la Federación Rusa (a través de Leon Lann y Konstantin Manukyan, declarados en rebeldía en esta causa). Al menos desde 2003, el «capo» da órdenes para formar una estructura estable en España para blanquear.
Fuente ABC.es Cruz Morcillo/Pablo Munoz

RIESGO OPERACIONAL :FRAUDE INTERNO Encuesta de Ernst & Young

El fraude interno afecta al 20% de las empresas. Casi 90% de empresas argentinas piensan que pueden ser víctimas
La consultora Ernst & Young presentó la cuarta edición de la encuesta que se realiza en la Argentina sobre el impacto del fraude en las organizaciones

, en el último año el 20,5% de las empresas relevadas fue víctima de un fraude, el 88,9% considera que su empresa está expuesta a un ilícito y el 65,1% no cuenta con una metodología específica que permita realizar una prevención en forma sistemática durante todo el año. "Comparando los resultados actuales con los de la encuesta anterior, se observa que ha aumentado la cantidad de empresas que sufrieron algún tipo de fraude en el último año y sigue siendo la colusión entre empleados y terceros uno de los tipos de fraude más perpetrados (66,6%). Paralelamente, también se puede destacar que las compañías han reforzado sus procesos de auditoría interna y controles internos junto con la implementación de canales anónimos de denuncias ya que la identificación de los hechos de fraude mencionados, fue logrado principalmente por estas vías. Por otra parte se mantiene la tendencia preocupante de años anteriores, en donde los montos involucrados de acuerdo a la percepción de los encuestados, estaría alcanzando el 5% del total de su facturación", sostiene el estudio.Y añade: "Como se expone anteriormente, la mayor cantidad de hechos de tipo delictivo, es cometido por medio de la colusión de empleados y terceros, en donde se destaca la participación del personal con antigüedad en la compañía (el 44% tienen más de 5 años), lo que refleja que el conocimiento sobre los negocios, estructura, relaciones informales, procesos y controles de la empresa, permiten la existencia de fraude con mayor facilidad. El área de Compras sigue siendo el sector mas débil y susceptible de sufrir fraudes, seguido por Depósito, Logística y Almacenes y en tercer lugar el área de Finanzas. Uno de los resultados para destacar con optimismo, es que ha aumentado significativamente el porcentaje de aquellos casos en donde se llevó a juicio a el/los autores del fraude, pasando de un 17% de la encuesta anterior a un 33% en la actualidad".También se menciona, no con poca preocupación, que casi el 90% de los encuestados considera que existe una alta probabilidad de que ocurra un nuevo fraude, lo que evidencia la falta de confianza en el ambiente de control de sus compañías. Si bien se va incrementando las discusiones en las empresas sobre riesgos de fraude y controles anti-fraude, no existe una claridad en las mismas respecto de cómo avanzar en estos temas, ni la importancia relativa que tienen a nivel de la entidad. Al respecto, Aldo Pelesson, Socio de la división Advisory Services de Ernst & Young, señala que: "Compañías que no mejoran sus controles internos direccionados a los fraudes ocurridos, más probablemente sufran la posibilidad del mismo fraude en el futuro. La determinación de un programa Anti-fraude les permitirá no solamente evaluar el riesgo de fraude, sino también analizar la estructura de control en relación con estos riesgos específicos. Claramente al no existir un esquema definido como un programa anti-fraude, tampoco se cuenta con herramientas en las compañías que permitan la identificación y prevención por medio de analíticos de posibles hechos de fraude. Se tiene una falsa creencia, que el fraude sólo puede ser detectado por medio de investigaciones de hechos ya sucedidos (planes de tipo "reactivo"), sin considerar la posibilidad de brindar un marco preventivo, por medio de la identificación de alertas tempranas de fraude al realizar pruebas específicas con herramientas tecnológicas".Un alto porcentaje de los procedimientos utilizados por las empresas encuestadas para combatir el fraude (casi el 80%) se centran en la Auditoría Interna y Externa, (procesos convencionales). Sin embargo, también agrega Alejandro Menzani, Gerente de la misma división, "El desarrollo de un proceso de Prevención de Fraudes, que sería el más acertado para detección de fraudes, dista bastante de los criterios utilizados para una Auditoría Interna y/o Externa. Este tipo de auditorías implica la familiarización con muchos elementos: el humano, el comportamiento organizacional, el conocimiento de planes de fraude comunes, la evidencia y sus fuentes, los estándares de prueba, y la sensibilidad en la identificación y determinación de alertas"."Mas allá de la implementación de controles anti-fraude, un sistema efectivo de prevención también requiere de sistemas y procedimientos específicamente establecidos y operados para prevenir y detectar posibles fraudes. Estos procesos van más allá del control interno y están enfocados primordialmente a identificar alertas lo antes posible para mitigar el efecto de un posible fraude sobre la Compañía. Estos pueden incluir, entre otros y a modo ejemplificativo, los siguientes: líneas de denuncias anónimas; desarrollo, monitoreo, y análisis de indicadores de fraude; análisis de datos; desarrollo y monitoreo de reportes de excepción; monitoreo de cambios a sistemas y accesos; entrevistas con empleados clientes, y proveedores; monitoreo de Comunicaciones Internas", señala finalmente Aldo Pelesson.Más del la mitad de los encuestados (52%) expresaron que no existen políticas de concientización de fraude dentro de la organización, por lo cual se puede observar que el concepto de concientización de políticas de fraude se encuentra muy polarizado. Asimismo, desde el punto de vista de aquellas que sí tienen desarrolladas este tipo de políticas (48%), se observa una buena implementación tanto de planes de tipo "proactivo" como de tipo "reactivo", ya que ellas consideran que la implementación de un plan de prevención de fraudes y de respuesta frente éstos, son las acciones con las cuales mejores resultados se obtienen. Este tema cobra significativa relevancia si se analiza que el 95% de los encuestados creen que la regulación y leyes vigentes no ayudan a combatir el fraude, o solamente son una relativa barrera de disuasión, por lo que la "ecuación costo beneficio" sigue a favor del perpetrador.Casi el 85% de las compañías no cuenta con especialistas en revisión de fraudes ni con metodologías específicas que permitan realizar una prevención en forma sistemática (65%), por lo que siguen atadas al desarrollo de controles tradicionales, debiendo acudir a profesionales entrenados cada vez que los necesitan.La encuesta fue realizada entre más de 160 CEO's, Gerentes de Marketing/Comercial, CFO, Gerentes Generales, de Riesgo y otras posiciones. El 32,1% de las empresas consultadas corresponden al área de servicios informáticos y consultoría, 17,9% de consumo masivo, 17,9% al sector financiero y asegurador, 10,7% inmobiliarias y constructoras, 7,1% energéticas, químicas y de servicios públicos, 7,1% áreas de gobierno, 3,6% telecomunicaciones y 3,6% agro

Fuento Ambito Financiero

ARGENTINA No hay avances en las causas por lavado.Sólo se resolvió el 20% de las denuncias

El órgano del Gobierno especializado en la lucha contra el lavado de dinero apenas resolvió el 20 por ciento de las denuncias sobre operaciones sospechosas presentadas entre 2003 y 2008, los primeros cinco años del kirchnerismo.
Esto se desprende de un informe privado, basado en datos oficiales, sobre el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF). La noticia se conoce días antes de la llegada al país de una nueva misión del GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Entre 2003 y 2008, la UIF resolvió 929 de los 4664 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) e Informaciones de Otras Fuentes (IOF), acumulados en el organismo, según el estudio elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), elaborado sobre la base de datos oficiales. Los números actualizados hasta el mes pasado indican que la situación se mantiene sin cambios.
Entre los casos resueltos por la UIF, se incluyen los 325 que se archivaron y los 604 que se denunciaron ante la Justicia (13 por ciento del total). Esto quiere decir que más del 80 por ciento de los casos abiertos desde 2003 -originados en situaciones sospechosas denunciadas por sujetos obligados, como bancos, escribanías y casinos- aún no tuvo ningún tipo de resolución.
En los tribunales, la respuesta tampoco fue la esperada: más de nueve años y medio después de la sanción de la ley antilavado, todavía no se dictó ninguna condena por ese delito.
La cantidad de casos resueltos aumentó de 274 a 929 desde 2007, luego de que el Gobierno reformó la UIF y designó en la dirección del organismo a Rosa Falduto. Pero el problema se mantiene. De hecho, durante 2008, sólo se resolvieron 406 de 1182 reportes, lo que equivale al 34 por ciento.
"Si tomamos en cuenta que, en promedio, ingresan anualmente más del doble de casos de los que egresan, podemos percibir una tendencia sostenida de acumulación de casos sin resolución", concluye el informe del Cipce, dirigido por Pedro Biscay. "Existen elementos objetivos -concluye el estudio- que permiten presumir que el desempeño de la UIF presenta serios problemas que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema antilavado."
En diálogo con LA NACION, Falduto rechazó las conclusiones del informe, pero reconoció que la acumulación de casos es un problema. Sostuvo que, para resolverlo, hacía falta una mejora tecnológica que agilizara el tratamiento de las denuncias, y una modificación legal, que le permitiera a la UIF aplicar un criterio de selección de los casos por resolver. "El cambio en la ley nos permitiría decidir en qué casos profundizar el análisis y en cuáles disponer un archivo más rápido", explicó.
Para ello, la UIF trabaja en la elaboración de una "matriz de riesgo" que derivará en un criterio de selección y, a mediano plazo, en una propuesta de reforma legal, informó Falduto. La funcionaria afirmó, además, que la acumulación de casos también respondía al aumento de la cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas, que, a su vez, era producto, del mayor tratamiento de casos registrados desde 2007.
Pero el informe del Cipce revela también graves deficiencias en los reportes que recibe la UIF.
De 2185 casos analizados hasta diciembre de 2006, sólo 483 (22 por ciento) llegaron al organismo con una demora de menos de 30 días desde el momento de la operación, mientras que otros 719 (33 por ciento) registraron una tardanza de entre uno y seis meses. De los restantes, 338 (15 por ciento) tardaron entre seis meses y un año, y 645 (30 por ciento), más de un año.
"En todas las resoluciones que sacamos desde que empezó nuestra gestión, fijamos un plazo de seis meses, mientras que antes no había ningún plazo", respondió la jefa de la UIF.
El estudio de Cipce detalló, además, que sólo el 22 por ciento de los ROS analizados contenía toda la información necesaria para iniciar una investigación y que sólo el 9 por ciento incluía información de calidad.
Esa situación se torna más llamativa si se tiene en cuenta que desde su creación, en 2002, hasta agosto de 2008, la UIF no había impuesto sanciones, "pese a que la ley le otorga esa facultad como una herramienta prudencial y adecuada para exigir a los sujetos obligados a cumplir los deberes de información que tienen asignados por ley", dice el informe del Cipce.
La ausencia de sanciones se mantiene en la actualidad, confirmó Falduto. Pero por primera vez, informó la funcionaria, se creó un grupo de abogados sumariantes y, este año, se abrieron cuatro sumarios que podrían derivar en castigos a sujetos obligados. "Una vez que terminemos esos casos, vamos a tener una estrategia legal resuelta para encarar el resto", dijo Falduto.
Otro punto señalado en el informe del Cipce es la escasa cantidad de tratados de cooperación firmados entre la UIF y sus equivalentes en otros países: 17 desde 2003.
De hecho, en los últimos dos años sólo se suscribieron convenios con Ecuador y con Polonia. "No se puede medir la cooperación internacional por la firma de tratados", respondió Falduto. La funcionaria detalló que desde su asunción, en 2007, las solicitudes de información recibidas y enviadas habían superado las registradas en los cuatro años anteriores.

Algunos casos emblemáticos
-La valija de Antonini. El venezolano que entró en Aeroparque una valija con 800.000 dólares en un avión pagado por el Gobierno enfrenta en la Argentina un proceso por lavado. No prosperaron los intentos judiciales para extraditarlo.
-El caso Rohm. Carlos Rohm, gerente del Banco General de Negocios, fue detenido en una investigación por lavado en 2002. Fue liberado dos años después.
-La viuda de Escobar. Victoria Henao, viuda del narco colombiano, estuvo presa en la Argentina por presunto lavado. Fue excarcelada. La enjuician en Colombia.

Fuente La Nacion por Gabriel Sued