Diciembre 2017, los argentinos nuevamente hemos vivido momentos
de angustia y zozobra al ver como la violencia física y política organizada,
atacaba el funcionamiento de las instituciones.
La excusa esta vez fue el tratamiento de una ley en el Congreso,
que independientemente de su contenido el cual siempre es opinable y discutible,
son las respectivas Cámaras de Senadores y Diputados, que mediante sus
integrantes, los representantes del pueblo votados en democracia, deben debatir
las propuestas legislativas con idoneidad y responsabilidad.
He tenido oportunidad de ver semejante atropello durante horas y
no pude abstraerme de pensar y recordar lo que dice la Ley 26734 promulgada en diciembre del año 2011:
Artículo 41 quinquies: "Cuando alguno de los delitos
previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de
aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o
gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un
acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del
mínimo y el máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán
cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio
de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho
constitucional".
Quien haya visto la Plaza del Congreso convertida en un campo de
batalla con muchísimas personas rompiendo todo lo que podían para lanzarlo
contra las fuerzas de seguridad, provocando decenas de heridos, seguramente no
le ha resultado indiferente y cada uno sabrá que sensación y sentimiento le ha
provocado, más aún cuando el objetivo estaba orientado a impedir que la sesión
de los diputados pueda llevarse a cabo e impedir por medio de la violencia la
sanción de una ley.
Esto me llevó a repasar qué ha sido de la denominada Ley
Antiterrorista durante estos últimos años y recordé cómo fue la primera vez que
se intentó aplicar. A finales del año 2013, en medio de una serie de reclamos,
entre ellos salariales, por parte de fuerzas policiales, en Santiago del Estero,
Juan Pablo Suarez, periodista, decidió filmar la protesta y reclamo de un
policía Nelson Villagrán (desarmado y sin generar actos violentos, acompañado de
su esposa e hijas), lo detuvieron y acusaron de incitación a la
violencia colectiva utilizando el agravante de la Ley Antiterrorista, aduciendo
la intención de aterrorizar a la población. El fiscal federal Pedro
Simón justificaba más tarde su decisión en que el policía y el periodista habían
publicado informaciones que no se correspondían con hechos reales.
Recordemos que el ex presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF), José Sbattella, a días de sancionarse la ley, había advertido
que los medios de comunicación podrían ser alcanzados por la ley
antiterrorista.
Finalmente, en octubre de 2014 el periodista fue sobreseído por
la Cámara de Apelaciones de Tucumán.
Otro intento de aplicación de la Ley Antiterrorista fue
explicitado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en oportunidad
de su discurso de fecha 14 de agosto 2014 donde se refirió a la empresa
Donnelley acusándola de haber llevado a cabo una quiebra fraudulenta, aduciendo
querer crear un clima de temor entre los trabajadores y junto a los medios crear
pánico y terror en la población por el cierre de fábricas.
Durante su discurso la ex presidente concluye: "que se ha
cometido el delito de defraudación y se ha creado un estado de quiebra que no es
tal para crear temor en la población y por eso también haciendo uso por primera
vez de la ley antiterrorista argumentando que han formulado denuncia penal por
alteración al orden económico y financiero resaltando que estamos ante un
autentico caso de manejo fraudulento y de intento de atemorizar a la
población acompañado por los medios y sus titulares"… "Tiran millones
de dólares a la calle con tal de crear una situación de zozobra en un país al
que quieren ver de rodillas, Pues conmigo de rodillas no nos van a
ver"…
Días después el gobierno se desdijo sobre la aplicación de la
Ley Antiterrorista a dicha empresa alegando una confusión, ya que el artículo
mencionado por la presidente correspondía a otra ley.
Claramente, en ninguno de los dos casos mencionados podría
haberse aplicado la Ley Antiterrorista a pesar de su intento.
Volviendo a nuestra realidad de estos días donde se intentó por
medio de la violencia impedir el tratamiento y sanción de una ley, también
recordé otra frase de la ex presidente expresada en ese mismo discurso
…"si alguna vez enviamos una ley mal hecha al Congreso tendrán que
corregirla en el Parlamento que para eso está"…, evidentemente y
lamentablemente muchos lo han olvidado.
Ahora me pregunto, si la Ley 26.734 contempla la penalización
cuando se cometa un delito de los tipificados en el Código Penal y a su vez
agrava la pena cuando "la finalidad sea aterrorizar a la población u
obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes
de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de
hacerlo", ¿no debería investigarse si algo de lo que dice
esta ley en algún punto se conecta con los hechos ocurridos?
¿Cómo se financian estos hechos violentos organizados? ¿De dónde
provienen los fondos? ¿Alguna vez se investigará?
Muchas veces escucho decir que los argentinos nos merecemos un
país mejor y hasta puedo en parte compartirlo, pero estoy más convencido que es
la Argentina quien necesita de mejores ciudadanos, políticos, jueces,
funcionarios, empresarios, sindicalistas, etc, etc, etc, etc.
Fuente: Prevenciondelavado.com
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