En 2013 las inmobiliarias, como en años anteriores, no reportaron al Banco Central de ese país operaciones sospechosas de lavado. "Cuando eligen no cumplir la ley, atentan contra todos", afirmó el director de la secretaría antilavado, Carlos Díaz
Durante el pasado año la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) uruguaya, dependiente del Banco Central de ese país, no recibió reportes del sector inmobiliario sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero.
La misma situación se dio en años anteriores, pese a que la ley las obliga desde 2005 y han existido múltiples actividades dedicadas a informar y capacitar sobre el tema a los operadores.
La situación provoca un profundo malestar en el gobierno, donde se asegura que no hay forma de excusar la "omisión" en un sector que experimenta un amplio desarrollo con la construcción de edificios y hoteles por decenas de millones de dólares y ventas de inmuebles por cifras millonarias, indicó el diario El País.
A nivel oficial se pensó que sería una alerta para el sector la mediática investigación judicial que el año pasado en Uruguay se centró en la compraventa de un inmueble (estancia El Entrevero) vinculado a una causa en Argentina por sospecha de lavado que involucró al entorno del expresidente Néstor Kirchner. No obstante, dicha situación que comprometió a un escribano y a una inmobiliaria, tampoco generó ese efecto de sensibilización en el sector.
La ley obliga al sector financiero y no financiero a reportar cuando un cliente no puede justificar el origen de los fondos o el fin del negocio genera sospechas.
El sector inmobiliario uruguayo realiza transacciones por cientos de millones de dólares al año pero no hace reportes. El control de las inmobiliarias depende de la Auditoría Interna de la Nación. Su responsable, Hugo Pose, dijo al citado matutino que el control del sector no financiero no es una tarea "sustantiva" para la Auditoría y que solo cuenta con seis funcionarios dedicados a la tarea.
El sector inmobiliario es el "más sensible" al lavado de activos, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos fechado el 5 de marzo de 2013.
La ausencia de reportes del sector no financiero y, fundamentalmente, el inmobiliario genera malestar y preocupación en el gobierno.
El director de la Secretaría Nacional Antilavado, Carlos Díaz, dijo a El País que "la responsabilidad de que Uruguay tenga una imagen internacional de que no es proclive a la penetración económica del crimen organizado es de todos los actores. A esta altura, sectores que para concretar sus negocios necesitan de un desarrollo intelectual mediano y alto no tienen derecho a comprometer la situación futura de todo un país, optando por incumplir la ley. Desde el año 2005 las inmobiliarias están obligadas a ejercer la debida diligencia. Cuando eligen no cumplir con la ley no atentan contra el Estado, atentan contra todos los que pueden ser perjudicados por la inclusión del país en alguna lista de incumplimiento. Y los perjudicados por culpa de los que miran para otro lado para obtener beneficios sin importarles de dónde vienen, terminan siendo los que viven de su trabajo. Esto no se arregla con disculpas sin sentido, todos precisamos juego limpio y no una sociedad contaminada. Así no vale", afirmó. Díaz dijo que tampoco hay reportes de zonas francas. "Es una irresponsabilidad", aseguró. El jerarca dijo que el sector financiero funciona "razonablemente bien" para los recursos de los que dispone, y que sus cuestionamientos son "exclusivamente" hacia los operadores no financieros que están obligados por ley.
Fuente Iprofesional
sábado, 18 de enero de 2014
Mafia china hace negocios en Michoacán
El crimen organizado de ese país financió a ejidatarios para exportar hierro desde Lázaro Cárdenas; pagaban hasta 65 dólares por tonelada de fierro extraída de forma ilegal en tierras mexicanas
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La bonanza que vivió la producción de hierro en Michoacán en los últimos años fue tal que ni el descenso de precios de 187 dólares por tonelada en 2010 a casi 151 a finales de 2013 detuvo el apetito de grupos delictivos que se asentaron en la entidad, ávidos de obtener ganancias ilícitas mediante la explotación y exportación ilegal del mineral hacia China.
"Lejos de acabarse, lo que volvió a detonar el conflicto fue la caída en los precios, porque cuando (mineras y siderúrgicas) intentaron explicar a los ejidatarios la baja en precios por la caída de la demanda mundial y quisieron renegociar los acuerdos económicos (de compensación con los comuneros) se encontraron con el problema de que Los Templarios no funcionan bajo esa lógica de mercado y no iban a aceptar una rebaja en lo firmado", señaló una fuente con conocimiento del asunto que solicitó el anonimato por cuestiones de seguridad.
El descenso en el precio del hierro estaba relacionado con la desaceleración de la economía china, que provocó que el boom del mineral cayera, explicó por su parte el analista de Monex Fernando Bolaños.
"La desaceleración en China implica menor demanda y menor precio, y deberíamos estar pendientes de esto para 2014, si es que se mantiene esta tendencia".
El país asiático produce cerca del 45% del acero en el mundo, y consume poco más del 46%, según los datos más recientes de la Asociación Internacional del Acero.
A pesar de la desaceleración de la demanda de acero -que se produce mediante una ferroaleación entre el hierro y el carbono- los precios del metal todavía seguían siendo atractivos, tanto que "empresarios chinos" también quisieron aprovechar el auge que vivía Michoacán.
Además de las organizaciones delictivas como Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensas, al estado llegaron empresas de origen asiático, que de forma legal e ilegal empezaron a exportar el metal a través de la principal terminal portuaria del país, Lázaro Cárdenas.
Nota relacionada: Lázaro Cárdenas mueve más de 165,000 millones de pesos anuales
Algunos "empresarios" de esa región comenzaron a operar como fondos de inversión al capitalizar a pequeños ejidatarios en Michoacán para que pudieran explotar el hierro a cambio de comprarles el mineral, que ellos mismos transportaban y exportaban, explicó una fuente involucrada en las negociaciones entre ejidatarios y empresas mineras, quien pidió resguardar su identidad.
"La mayor parte del hierro que se exporta parece que se hace de manera legal, aunque no sabemos qué hay detrás de eso. Otra parte se roba de las minas y se transporta a través de intermediarios a China", explicó por su parte el director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Alejandro Hope.
Un funcionario de la Embajada de la República China en México dijo que oficialmente no han sido informados sobre la operación de posibles empresas de su país que participen en dichas actividades ilícitas.
"La embajada de China en México no está informada oficialmente de este asunto. No sabemos si hay empresas chinas que tienen relaciones con este negocio. El Gobierno siempre exige a las empresas que realicen negocios en conformidad con las leyes de los países donde operan y China está dispuesta a trabajar junto con las autoridades mexicanas para crear un ambiente positivo para la operación de las empresas chinas en México y promover así la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa entre ambos países", aseguró la Embajada.
Artículo relacionado: De 'Estado fallido' a 'la nueva China'
La agencia Reuters documentó recientemente la participación de "empresarios chinos" en las exportaciones ilegales de productos mineros desde el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas.
Los grupos pagan a los ejidatarios entre 50 y 65 dólares por tonelada de fierro extraída de forma ilegal, una cifra mucho más alta a los 3.3 dólares que ofrecían los corporativos establecidos dentro del marco jurídico.
"La extracción ilegal del hierro no es nueva, de hecho se da desde la administración pasada", afirmó el presidente del fondo de inversión de proyectos mineros Vander Capital, Roberto Charvel.
Explicó que este mineral resulta mucho más fácil de extraer a diferencia de otros como el carbón, que conlleva más riesgos y complicaciones técnicas.
Esta problemática provocó que a principios de noviembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto pusiera en marcha un programa de intervención para tomar el control del puerto Lázaro Cárdenas, para estrangular la vía comercial que explotaban los Caballeros Templarios.
Al respecto, un funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que la toma del control del puerto fue el primer paso para tratar de restablecer el estado de derecho en Michoacán.
"El puerto ahora está en poder de autoridades federales. Ya tenemos nosotros el control, el tema es que el puerto es la salida de los productos con los que se financiaban los delincuentes, es la gasolina con la que se alimentan, porque por ahí sacaban el hierro y todo lo que se produce. La delincuencia se ha ido adueñando de los centros de producción", detalló la fuente gubernamental.
Este año entraron en vigor las modificaciones a la Ley Aduanera, que planean poner fin al monopolio de los agentes aduanales al crear la figura de "representantes legales", que permitirán a las compañías nombrar a una persona que podrá realizar trámites comerciales, siempre y cuando se ajusten a evaluaciones anuales de criterios que establecerá el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
"En Michoacán lo que ocurre es que te levantan un rato y te sacan una lana para regresarte. Esa parte dime cómo la controla el Ejército o la Marina, no pueden ir de casa en casa a preguntar: ¿oiga, usted está pagando derecho de piso?, ya no lo pague, ya llegamos nosotros", dijo la fuente cercana al sector minero.
En este sentido, Gabriel Rodríguez, analista del sector transporte, aseveró que las modificaciones a la Ley Aduanera deberían permitir un mayor control de lo que se comercia con el exterior a través de contenedores marítimos, un negocio que al año debe generar 60,000 millones de pesos.
"Lo que buscan estos cambios es tener un mayor control de la carga. Ahora debe ser más difícil que los delincuentes presionen a las autoridades para pasar un contenedor, porque la Marina está más atenta. Pero es un proceso complejo".
Retomar el puerto, así como de las zonas de Michoacán en conflicto, parece aún lejano a pesar de los dispositivos de seguridad que ha desplegado el Gobierno, apuntó Alejandro Hope.
"La presión que están generando Los Templarios está conectando a parte de la sociedad con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Así que el Gobierno está armando a las autodefensas sin saber bien quién está detrás de ellas", dijo el analista de Imco.
Nota relacionada: Crimen afecta a 4 de cada 10 empresarios.
El año pasado, el estado registró cifras récord en número de asesinatos y secuestros.
"Lo que decimos es hay buenos y hay malos y nosotros nos vamos a ocupar de la seguridad, si agarramos a uno de ustedes (autodefensas) con armas los vamos a desarmar, y si nos dicen oye, es que yo quiero proteger a mi comunidad, pues entonces les hacemos exámenes de confianza y se pueden enlistar en la policía", expresó la fuente de Gobernación.
En los últimos días las llamadas autodefensas han intensificado el diálogo público con el Gobierno, pidiendo la detención de los líderes de los Caballeros Templarios como condición para deponer las armas, pero los sucesos de violencia dentro de la entidad continúan.
"Las generalizaciones son malas, pero una parte muy importante de la población (de Michoacán) está metida en esto. ¿Cuánto nos vamos a tardar (en recuperar el control)?. Un chorro, porque tenemos que reconstruir 10 años de destrucción", señaló la fuente del Gobierno.
Por: Edgar Sigler
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La bonanza que vivió la producción de hierro en Michoacán en los últimos años fue tal que ni el descenso de precios de 187 dólares por tonelada en 2010 a casi 151 a finales de 2013 detuvo el apetito de grupos delictivos que se asentaron en la entidad, ávidos de obtener ganancias ilícitas mediante la explotación y exportación ilegal del mineral hacia China.
"Lejos de acabarse, lo que volvió a detonar el conflicto fue la caída en los precios, porque cuando (mineras y siderúrgicas) intentaron explicar a los ejidatarios la baja en precios por la caída de la demanda mundial y quisieron renegociar los acuerdos económicos (de compensación con los comuneros) se encontraron con el problema de que Los Templarios no funcionan bajo esa lógica de mercado y no iban a aceptar una rebaja en lo firmado", señaló una fuente con conocimiento del asunto que solicitó el anonimato por cuestiones de seguridad.
El descenso en el precio del hierro estaba relacionado con la desaceleración de la economía china, que provocó que el boom del mineral cayera, explicó por su parte el analista de Monex Fernando Bolaños.
"La desaceleración en China implica menor demanda y menor precio, y deberíamos estar pendientes de esto para 2014, si es que se mantiene esta tendencia".
El país asiático produce cerca del 45% del acero en el mundo, y consume poco más del 46%, según los datos más recientes de la Asociación Internacional del Acero.
A pesar de la desaceleración de la demanda de acero -que se produce mediante una ferroaleación entre el hierro y el carbono- los precios del metal todavía seguían siendo atractivos, tanto que "empresarios chinos" también quisieron aprovechar el auge que vivía Michoacán.
Además de las organizaciones delictivas como Los Caballeros Templarios y los grupos de autodefensas, al estado llegaron empresas de origen asiático, que de forma legal e ilegal empezaron a exportar el metal a través de la principal terminal portuaria del país, Lázaro Cárdenas.
Nota relacionada: Lázaro Cárdenas mueve más de 165,000 millones de pesos anuales
Algunos "empresarios" de esa región comenzaron a operar como fondos de inversión al capitalizar a pequeños ejidatarios en Michoacán para que pudieran explotar el hierro a cambio de comprarles el mineral, que ellos mismos transportaban y exportaban, explicó una fuente involucrada en las negociaciones entre ejidatarios y empresas mineras, quien pidió resguardar su identidad.
"La mayor parte del hierro que se exporta parece que se hace de manera legal, aunque no sabemos qué hay detrás de eso. Otra parte se roba de las minas y se transporta a través de intermediarios a China", explicó por su parte el director de seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Alejandro Hope.
Un funcionario de la Embajada de la República China en México dijo que oficialmente no han sido informados sobre la operación de posibles empresas de su país que participen en dichas actividades ilícitas.
"La embajada de China en México no está informada oficialmente de este asunto. No sabemos si hay empresas chinas que tienen relaciones con este negocio. El Gobierno siempre exige a las empresas que realicen negocios en conformidad con las leyes de los países donde operan y China está dispuesta a trabajar junto con las autoridades mexicanas para crear un ambiente positivo para la operación de las empresas chinas en México y promover así la cooperación bilateral mutuamente beneficiosa entre ambos países", aseguró la Embajada.
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La agencia Reuters documentó recientemente la participación de "empresarios chinos" en las exportaciones ilegales de productos mineros desde el puerto michoacano de Lázaro Cárdenas.
Los grupos pagan a los ejidatarios entre 50 y 65 dólares por tonelada de fierro extraída de forma ilegal, una cifra mucho más alta a los 3.3 dólares que ofrecían los corporativos establecidos dentro del marco jurídico.
"La extracción ilegal del hierro no es nueva, de hecho se da desde la administración pasada", afirmó el presidente del fondo de inversión de proyectos mineros Vander Capital, Roberto Charvel.
Explicó que este mineral resulta mucho más fácil de extraer a diferencia de otros como el carbón, que conlleva más riesgos y complicaciones técnicas.
Esta problemática provocó que a principios de noviembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto pusiera en marcha un programa de intervención para tomar el control del puerto Lázaro Cárdenas, para estrangular la vía comercial que explotaban los Caballeros Templarios.
Al respecto, un funcionario de la Secretaría de Gobernación dijo que la toma del control del puerto fue el primer paso para tratar de restablecer el estado de derecho en Michoacán.
"El puerto ahora está en poder de autoridades federales. Ya tenemos nosotros el control, el tema es que el puerto es la salida de los productos con los que se financiaban los delincuentes, es la gasolina con la que se alimentan, porque por ahí sacaban el hierro y todo lo que se produce. La delincuencia se ha ido adueñando de los centros de producción", detalló la fuente gubernamental.
Este año entraron en vigor las modificaciones a la Ley Aduanera, que planean poner fin al monopolio de los agentes aduanales al crear la figura de "representantes legales", que permitirán a las compañías nombrar a una persona que podrá realizar trámites comerciales, siempre y cuando se ajusten a evaluaciones anuales de criterios que establecerá el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
"En Michoacán lo que ocurre es que te levantan un rato y te sacan una lana para regresarte. Esa parte dime cómo la controla el Ejército o la Marina, no pueden ir de casa en casa a preguntar: ¿oiga, usted está pagando derecho de piso?, ya no lo pague, ya llegamos nosotros", dijo la fuente cercana al sector minero.
En este sentido, Gabriel Rodríguez, analista del sector transporte, aseveró que las modificaciones a la Ley Aduanera deberían permitir un mayor control de lo que se comercia con el exterior a través de contenedores marítimos, un negocio que al año debe generar 60,000 millones de pesos.
"Lo que buscan estos cambios es tener un mayor control de la carga. Ahora debe ser más difícil que los delincuentes presionen a las autoridades para pasar un contenedor, porque la Marina está más atenta. Pero es un proceso complejo".
Retomar el puerto, así como de las zonas de Michoacán en conflicto, parece aún lejano a pesar de los dispositivos de seguridad que ha desplegado el Gobierno, apuntó Alejandro Hope.
"La presión que están generando Los Templarios está conectando a parte de la sociedad con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Así que el Gobierno está armando a las autodefensas sin saber bien quién está detrás de ellas", dijo el analista de Imco.
Nota relacionada: Crimen afecta a 4 de cada 10 empresarios.
El año pasado, el estado registró cifras récord en número de asesinatos y secuestros.
"Lo que decimos es hay buenos y hay malos y nosotros nos vamos a ocupar de la seguridad, si agarramos a uno de ustedes (autodefensas) con armas los vamos a desarmar, y si nos dicen oye, es que yo quiero proteger a mi comunidad, pues entonces les hacemos exámenes de confianza y se pueden enlistar en la policía", expresó la fuente de Gobernación.
En los últimos días las llamadas autodefensas han intensificado el diálogo público con el Gobierno, pidiendo la detención de los líderes de los Caballeros Templarios como condición para deponer las armas, pero los sucesos de violencia dentro de la entidad continúan.
"Las generalizaciones son malas, pero una parte muy importante de la población (de Michoacán) está metida en esto. ¿Cuánto nos vamos a tardar (en recuperar el control)?. Un chorro, porque tenemos que reconstruir 10 años de destrucción", señaló la fuente del Gobierno.
Por: Edgar Sigler
jueves, 16 de enero de 2014
Comité de Basilea emite directrices contra lavado de dinero
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea presentó una serie de criterios para que los bancos puedan manejar los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La primera línea de defensa, es que las políticas y procedimientos deben estar claramente especificadas por escrito y comunicarse a todo el personal de la entidad.
Además, se debe contener una descripción clara de los empleados y de sus obligaciones, así como una orientación sobre la manera de mantener la actividad de la entidad en el cumplimiento de las regulaciones. También se debe contar con procedimientos internos para detectar y reportar operaciones sospechosas.
Como parte de la segunda directriz, el principal encargado de la entidad debe tener la responsabilidad de la supervisión continua del cumplimiento de todas las obligaciones del banco. Esto implica pruebas que muestren el cumplimiento de las revisiones para alertar a la alta dirección o al consejo de administración si se cree que la gestión no está abordando los procedimientos contra el lavado de dinero de manera responsable.
En este punto el Comité recomienda que el director general debería ser el punto de contacto con las autoridades internas y externas respecto a todas las cuestiones, incluyendo autoridades de control o unidades de inteligencia financiera.
La tercera línea de defensa es la auditoría interna, que juega un papel importante en la evaluación y control independiente de la gestión de riesgos.
Dentro de los principales objetivos de estos criterios es ayudar a proteger la reputación de los bancos y de los sistemas bancarios nacionales y preservar la integridad del sistema financiero internacional. Diego Elías El financiero.com.mx/Reuters
La primera línea de defensa, es que las políticas y procedimientos deben estar claramente especificadas por escrito y comunicarse a todo el personal de la entidad.
Además, se debe contener una descripción clara de los empleados y de sus obligaciones, así como una orientación sobre la manera de mantener la actividad de la entidad en el cumplimiento de las regulaciones. También se debe contar con procedimientos internos para detectar y reportar operaciones sospechosas.
Como parte de la segunda directriz, el principal encargado de la entidad debe tener la responsabilidad de la supervisión continua del cumplimiento de todas las obligaciones del banco. Esto implica pruebas que muestren el cumplimiento de las revisiones para alertar a la alta dirección o al consejo de administración si se cree que la gestión no está abordando los procedimientos contra el lavado de dinero de manera responsable.
En este punto el Comité recomienda que el director general debería ser el punto de contacto con las autoridades internas y externas respecto a todas las cuestiones, incluyendo autoridades de control o unidades de inteligencia financiera.
La tercera línea de defensa es la auditoría interna, que juega un papel importante en la evaluación y control independiente de la gestión de riesgos.
Dentro de los principales objetivos de estos criterios es ayudar a proteger la reputación de los bancos y de los sistemas bancarios nacionales y preservar la integridad del sistema financiero internacional. Diego Elías El financiero.com.mx/Reuters
miércoles, 15 de enero de 2014
Litigio en EE.UU.: los peligros de guardar dólares bajo el colchón
WASHINGTON.- Acumular dólares para preservarse de la inflación o de la falta de confianza en la moneda y en las instituciones del país puede tener impensados dolores de cabeza.
Así lo demuestra un reciente litigio en los tribunales de esta ciudad en el que agentes federales incautaron más de 4 millones de dólares en billetes norteamericanos en "pésimo estado" enviados desde la Argentina, al confundirlos -equivocadamente- con fondos provenientes de actividades criminales. Según surge de las actas del proceso, los billetes sufrieron todo tipo de maltrato, incluido el extremo del "desgarro por mordedura de perro", al ser atesorados durante años por argentinos que, sin éxito, intentaron ponerlos a salvo por diferentes procedimientos.
El caso demostró también que la popular expresión "guardarlos bajo el colchón" oculta formas más imaginativas, aunque no muy seguras. Entre ellas, guardarlos en una lata de dulce de batata y enterrarla en el jardín o dentro de un frasco empotrado luego en la pared.
"Estados Unidos contra US$ 4.245,800 en moneda norteamericana mutilada", fue la carátula del caso en el que se investiga el envío de dólares desde la Argentina.
La disputa, que involucró al Banco Piano, demandó más de 18 meses de investigación hasta que pudo zanjarse con la liberación de la casi totalidad de los fondos. La excepción fueron varios miles cuyo estado era tan malo que despertó dudas en el tribunal. "Ahora se pone más atención en estos casos porque está probado que el dinero en mal estado puede ser una vía que usan los lavadores de dinero para introducir dinero mal habido en el circuito legal", explicó a LA NACION Charles Nevitt, profesor de Economía de la Universidad de Filadelfia.
Todo empezó cuando agentes federales incautaron esa cifra en billetes norteamericanos en mal estado enviados desde la Argentina para ser cambiados por otros en buen estado. Lo hicieron bajo la sospecha, que finalmente se probó equivocada, de que podían estar frente a dinero producto de actividades criminales.
"Determinar si los billetes entraban en la figura criminal de dinero sucio que usa los Estados Unidos o si correspondían a la figura literal de "sucio" porque estaban en condiciones inmundas llevó 18 meses, con intervención del Servicio Secreto y de la División de Dinero Mutilado del gobierno federal", sostuvo el San Francisco Chronicle, al hacerse eco del caso.
El caso sirvió también para ratificar, una vez más, el problema que existe en la plaza porteña con los billetes de dólar maltratados. "La cosa reconoce extremos. Ya se sabe que hay quienes no los aceptan por situaciones absurdas, como el hecho de que tengan una breve anotación en tinta", dijo a LA NACION un diplomático familiarizado con la situación.
Otros son problemas más graves y esos fueron los que quedaron expuestos en el expediente. Entre ellos figuran los billetes que se humedecieron por el contacto con el agua, o que, dentro de un bolsillo, cayeron en el lavarropas. También los que se pudrieron, enterrados; los que se cortaron al ser manipulados o los que quedaron expuestos al fuego.
"Todos los años, la Reserva Federal retira de circulación millones de billetes en mal estado", dijo Nevitt. Una porción importante viene del exterior. La clave está en que quede clara su procedencia, subrayó.
La Argentina está catalogada como uno de los países con mayor tenencia de billetes de dólar fuera de los Estados Unidos. Se calcula que hay cerca de 50.000 millones de dólares en esa condición, según datos estadísticos. Eso significa uno de cada nueve billetes de dólar que anda dando vueltas por el exterior, de acuerdo con una estadística de 2006.
La mayoría de ellos, en billetes de cien dólares, a los que permanentemente se les añaden condiciones de seguridad. En octubre último se introdujo una nueva edición con características adicionales y una coloración en verde más intenso.
Tras meses de idas y venidas, el caso del Banco Piano se resolvió con la liberación de casi todos los fondos incautados por los celosos agentes oficiales, una vez que se comprobó su origen. Las dudas persistieron sobre unos cuantos miles cuyo estado tan deteriorado abrió demasiadas dudas como para liberarlos.
El caso sirvió para poner a la Argentina como uno de los que mayor ahorro individual tiene en dólares, en una conducta que refleja fuerte desconfianza hacia la moneda local
Por Silvia Pisani | LA NACION
Así lo demuestra un reciente litigio en los tribunales de esta ciudad en el que agentes federales incautaron más de 4 millones de dólares en billetes norteamericanos en "pésimo estado" enviados desde la Argentina, al confundirlos -equivocadamente- con fondos provenientes de actividades criminales. Según surge de las actas del proceso, los billetes sufrieron todo tipo de maltrato, incluido el extremo del "desgarro por mordedura de perro", al ser atesorados durante años por argentinos que, sin éxito, intentaron ponerlos a salvo por diferentes procedimientos.
El caso demostró también que la popular expresión "guardarlos bajo el colchón" oculta formas más imaginativas, aunque no muy seguras. Entre ellas, guardarlos en una lata de dulce de batata y enterrarla en el jardín o dentro de un frasco empotrado luego en la pared.
"Estados Unidos contra US$ 4.245,800 en moneda norteamericana mutilada", fue la carátula del caso en el que se investiga el envío de dólares desde la Argentina.
La disputa, que involucró al Banco Piano, demandó más de 18 meses de investigación hasta que pudo zanjarse con la liberación de la casi totalidad de los fondos. La excepción fueron varios miles cuyo estado era tan malo que despertó dudas en el tribunal. "Ahora se pone más atención en estos casos porque está probado que el dinero en mal estado puede ser una vía que usan los lavadores de dinero para introducir dinero mal habido en el circuito legal", explicó a LA NACION Charles Nevitt, profesor de Economía de la Universidad de Filadelfia.
Todo empezó cuando agentes federales incautaron esa cifra en billetes norteamericanos en mal estado enviados desde la Argentina para ser cambiados por otros en buen estado. Lo hicieron bajo la sospecha, que finalmente se probó equivocada, de que podían estar frente a dinero producto de actividades criminales.
"Determinar si los billetes entraban en la figura criminal de dinero sucio que usa los Estados Unidos o si correspondían a la figura literal de "sucio" porque estaban en condiciones inmundas llevó 18 meses, con intervención del Servicio Secreto y de la División de Dinero Mutilado del gobierno federal", sostuvo el San Francisco Chronicle, al hacerse eco del caso.
El caso sirvió también para ratificar, una vez más, el problema que existe en la plaza porteña con los billetes de dólar maltratados. "La cosa reconoce extremos. Ya se sabe que hay quienes no los aceptan por situaciones absurdas, como el hecho de que tengan una breve anotación en tinta", dijo a LA NACION un diplomático familiarizado con la situación.
Otros son problemas más graves y esos fueron los que quedaron expuestos en el expediente. Entre ellos figuran los billetes que se humedecieron por el contacto con el agua, o que, dentro de un bolsillo, cayeron en el lavarropas. También los que se pudrieron, enterrados; los que se cortaron al ser manipulados o los que quedaron expuestos al fuego.
"Todos los años, la Reserva Federal retira de circulación millones de billetes en mal estado", dijo Nevitt. Una porción importante viene del exterior. La clave está en que quede clara su procedencia, subrayó.
La Argentina está catalogada como uno de los países con mayor tenencia de billetes de dólar fuera de los Estados Unidos. Se calcula que hay cerca de 50.000 millones de dólares en esa condición, según datos estadísticos. Eso significa uno de cada nueve billetes de dólar que anda dando vueltas por el exterior, de acuerdo con una estadística de 2006.
La mayoría de ellos, en billetes de cien dólares, a los que permanentemente se les añaden condiciones de seguridad. En octubre último se introdujo una nueva edición con características adicionales y una coloración en verde más intenso.
Tras meses de idas y venidas, el caso del Banco Piano se resolvió con la liberación de casi todos los fondos incautados por los celosos agentes oficiales, una vez que se comprobó su origen. Las dudas persistieron sobre unos cuantos miles cuyo estado tan deteriorado abrió demasiadas dudas como para liberarlos.
El caso sirvió para poner a la Argentina como uno de los que mayor ahorro individual tiene en dólares, en una conducta que refleja fuerte desconfianza hacia la moneda local
Por Silvia Pisani | LA NACION
martes, 7 de enero de 2014
España: imputaron a la infanta Cristina por lavado de dinero y fraude fiscal
El juez instructor del llamado "caso Nóos", José Castro, comunicó hoy la imputación de la hija menor del rey en el marco del proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin.
En el caso están imputados Urdangarin y su ex socio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una institución sin fines de lucro.
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la hija del monarca español. Cuando lo hizo por primera vez, en abril de 2013, suspendió la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un recurso ante la Audiencia Provincial de Palma (Islas Baleares).
La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.
El pasado 9 de diciembre, el juez del tribunal de Palma de Mallorca pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la infanta.
Sólo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se declaró favorable a que Castro llame a declarar a la infanta, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia hija del rey se manifestaron contrarias a la imputación.
Distintos informes de la Agencia Tributaria no reflejan hechos presuntamente delictivos y la Fiscalía Anticorrupción subrayó, después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija menor del rey sólo hay "conjeturas o sospechas".
El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación".
La investigación sobre el yerno del rey Juan Carlos es "un poco un martirio" para la Corona española al ver "día tras día repicando este tema", reconoció el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista que emitió el pasado sábado Televisión Española (TVE), en momentos en que el monarca busca revitalizar su imagen.
Agencia EFE
En el caso están imputados Urdangarin y su ex socio Diego Torres, por la presunta desviación entre 2004 y 2007 de 6,1 millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una institución sin fines de lucro.
Esta es la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la hija del monarca español. Cuando lo hizo por primera vez, en abril de 2013, suspendió la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un recurso ante la Audiencia Provincial de Palma (Islas Baleares).
La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la infanta Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.
El pasado 9 de diciembre, el juez del tribunal de Palma de Mallorca pidió a las partes que se pronunciaran sobre la imputación de la infanta.
Sólo el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, se declaró favorable a que Castro llame a declarar a la infanta, mientras que la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las representaciones procesales de Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la propia hija del rey se manifestaron contrarias a la imputación.
Distintos informes de la Agencia Tributaria no reflejan hechos presuntamente delictivos y la Fiscalía Anticorrupción subrayó, después de que Castro le solicitara su opinión, que contra la hija menor del rey sólo hay "conjeturas o sospechas".
El fiscal encargado del caso, Pedro Horrach, indicó en su último escrito al juez instructor que de la investigación llevada a cabo sobre la infanta no se han obtenido "indicios incriminatorios de los que pudiera derivarse la imputación".
La investigación sobre el yerno del rey Juan Carlos es "un poco un martirio" para la Corona española al ver "día tras día repicando este tema", reconoció el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista que emitió el pasado sábado Televisión Española (TVE), en momentos en que el monarca busca revitalizar su imagen.
Agencia EFE
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