jueves, 30 de junio de 2011

Argentina: Por segunda vez se dictó una condena por blanqueo de dinero

En medio de las discusiones en organismos internacionales sobre el desempeño argentino en el combate del lavado de dinero, ayer se conoció la segunda sentencia en diez años de vigencia de la anterior ley modificada recientemente.
Se trata de dos jóvenes mexicanos detenidos hace seis años en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando intentaban ingresar al país, ocultos en su equipaje, 617.400 dólares.
La condena, a tres años de prisión en suspenso, fue dictada por el Tribunal Oral Penal Económico Nro. 2 en un juicio abreviado tras un acuerdo alcanzado por el fiscal Mariano Borinsky con la defensa de los imputados. La Fiscalía también había pedido condena por el delito de contrabando, pero el tribunal, por mayoría, sólo condenó por intento de lavado de activos.
El anterior caso de condena por este delito -como una modalidad dentro de una investigación por narcotráfico- había sido conocido el año pasado en Córdoba, pero fue dictado contra tres “prestanombres casi indigentes que fueron usados para la adquisición de propiedades.
El caso resuelto ayer es distinto porque el hecho investigado refiere claramente a un intento de lavado de dinero. Los dólares -decomisados por la Justicia- estaban escondidos en las mochilas y valijas con las que llegaron al país el 4 de octubre de 2005 la modelo Luz María Acosta Aguilera, de 33 años, y el músico Francisco Javier Guzmán Ramírez, de 26 años, ambos mexicanos. Los turistas no habían declarado el dinero ante la Aduana, lo que debiera haber ocurrido por superar la cifra de 10 mil dólares.
En el acuerdo firmado con el fiscal, los acusados admitieron el “origen delictivo” del dinero y que su fin era el de “hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de un origen lícito”, según consta en la resolución judicial, a la que Clarín tuvo acceso. La sentencia fue firmada por los jueces Gustavo Losada, Claudio Gutiérrez de la Cárcova y Osiris Lemos. Los jueces mandaron copia de la sentencia al Congreso, adonde regresó la nueva ley antilavado por un veto parcial presidencial.

Argentina: El titular de la UIF aseguró que hay "muchos sectores poderosos que tienen algo que esconder"

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera, aseguró que con la entrada en vigencia de la nueva ley contra el lavado de dinero se cambiará "de manera muy radical" el panorama en la Argentina. "Todo aquel que trae plata y no puede explicar de dónde salió se presume que es dinero de origen ilícito", advirtió
Sbatella remarcó que la ley antilavado que entra en vigencia este viernes "cambia de manera muy radical la forma de investigar y la posibilidad de demostrar el delito del lavado, no se necesita ya el delito precedente, eso genera que un gran espectro de actitudes que no estaban contempladas como delito entren, y muchos de los sectores más poderosos de la Argentina tienen en ese sentido algo que esconder, creo que por ese lado viene el ataque".
Dijo que Argentina inició en febrero de 2010 "un proceso de cambio que nos permite llegar ahora sin sanción y sin pérdida de membresía" en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En este contexto, detalló que "un gran porcentaje de empresas tienen su subdidiaria offshore, durante mucho tiempo en los '90 el capital ganado en Argentina se deposita afuera y en ese momento la ley antilavado no se tomaba en cuenta porque había que tener un delito precedente, y después ese dinero vuelve a entrar como préstamo, o auto préstamo".
"Si se analizan las composiciones accionarias de la mayoría de las empresas, siempre aparece algo offshore que está afuera y en general es propiedad de los mismos dueños que están con un porcentaje accionario", agregó.
Sbatella ponderó que la nueva ley resolverá las situaciones delictivas de manera "rapidísima", y afirmó que "todo aquel que trae plata y no puede explicar de dónde salió se presume que es dinero de origen ilícito, corresponden tres años de prisión y se les decomisa el dinero".
"Esa situación genera no sólo la cuestión política sino que hay un miedo objetivo a los hechos, les puede pasar a quienes no tienen de dónde explicar el origen de ese capital", concluyó.
Infobae



viernes, 24 de junio de 2011

GAFI no aplicó sanciones a la Argentina por lavado

El GAFI "reconoció el compromiso político y los progresos concretados por Argentina, especialmente los grandes avances normativos alcanzados con la sanción de la nueva ley de lucha contra el lavado de dinero. Y efectuó recomendaciones para seguir perfeccionando el sistema", precisaron las mismas fuentes.
"El plenario no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en las recomendaciones especiales del organismo. En tal sentido, la Argentina mantiene la membresía plena y se lo consideró país cooperante, en tanto las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La cartera conducida por el ministro Julio Alak -que estuvo al frente de la delegación argentina en la capital azteca- enfatizó que "institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio del GAFI listas negras o grises", sino países dentro de las categorías "no cooperantes" o de "bajo nivel de cumplimiento" de sus planes de acción.
"En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina", subrayaron a través de un contacto telefónico los integrantes de la comitiva oficial.
En ese sentido, "Argentina será solamente mencionada en los informes del GAFI como un país que tiene un plan de acción aprobado y que se encuentra bajo seguimiento intensivo".
Las fuentes consultadas explicaron que "un seguimiento intensivo no implica ningún tipo de sanción", sino que el país debe reportar los avances en la materia "cada tres meses, en vez de que las presentaciones sean anuales".
Asimismo, precisaron que el GAFI, si bien reconoció los avances y el compromiso del país para combatir el lavado de dinero, "no alcanzó a pronunciarse durante las deliberaciones sobre los detalles de los avances en los cambios normativos de la nueva ley, como lo esperaba la Argentina, y dejó esta tarea para la próxima reunión de octubre".
Quienes sí trataron la cuestión fueron los países de la región que integran el GAFISUD, quienes determinaron que "la Argentina cumplió con 5 de las 6 recomendaciones que le había hecho el organismo", recordaron las fuentes.
El comunicado del Ministerio de Justicia distribuido esta noche señala que "en el comité respectivo como en el plenario del GAFI no pudieron considerar profundamente los alcances de los cambios normativos dispuestos por la ley 26.683, tarea que ya sí fue efectuada por el GAFISUD, que con ella dio por cumplidas 5 de las 6 recomendaciones relevantes auditadas por el foro regional".
"Su consideración detallada por el pleno mundial será llevada adelante en el mes de octubre", agregaron.
La delegación argentina estuvo integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; el titular de la UFI, José Sbatella; la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja; el embajador ante los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
El plenario del GAFI en la capital azteca finalizó hoy, tras tres días de deliberaciones.

jueves, 23 de junio de 2011

Argentina: El Gobierno da más poder a la UIF y la oposición teme una caza de brujas

Un día antes del inicio del plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tendrá lugar desde hoy hasta el viernes en México, el Gobierno anunció en el Boletín Oficial la promulgación de la ley que tipifica en el Código Penal el lavado de dinero. Lo hizo en medio de versiones de que fuertes grupos en países como Estados Unidos presionan para que el país sea ubicado en la lista de los que incumplen con preceptos básicos del Grupo. La misma sanción de la ley en el Congreso, el primero de junio pasado fue fruto de un pedido de urgencia del gobierno a la oposición parlamentaria, buscando evitar así sanciones del GAFI, que viene cuestionando al país desde hace tiempo por incumplimiento de varias de sus 49 recomendaciones.
La promulgación de la ley 26.683 no careció de críticas. Desde la oposición se objetó la decisión a último momento de Cristina Kirchner de habilitar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ejecutivo y que en el último tiempo ha sido acusada de manejarse de manera arbitraria; para actuar como querellante en causas de lavado de dinero.
Concretamente, lo que hizo la Presidenta fue, al tiempo en que promulgó la ley, observó su artículo 25, lo que es algo así como vetarlo. Hasta ayer, el texto de la ley sancionada por el Congreso indicaba que la UIF no podía constituirse como parte querellante en procesos penales. El último cuestionamiento contra la actuación de la UIF --por cierto muy criticada por funcionarios de EE.UU. según las filtraciones de WikiLeaks-- es el escándalo en torno a Sergio Schoklender, ya que el presidente de la UIF, José Sbatella demoró un año en denunciar al ahora ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo.
En otros casos la UIF fue acusada de atacar a opositores políticos o sectores no oficialistas .
Ayer, el diputado nacional Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) emitió un comunicado contra el veto del artículo 25. Consideró que ahora quedaba “confirmado que la UIF pretende ser utilizada como un brazo político del Gobierno a través del cual se busca perseguir a los opositores y preservar a los amigos del poder”.
En diálogo con Clarín , Ferrari también cuestionó el hecho de que Cristina sorprendiera a los legisladores con una modificación del artículo 25 por decreto, sin hacerlo pasar por el Congreso. Y recordó que los mismos antecedentes en los nombramientos de las autoridades de la UIF --empezando por Sbatella, que no entró por concurso-- mostraban una fuerte tendencia a politizar este instrumento financiero .
Ayer, analistas consultados dijeron que la facultad de querellar de la UIF no era “ni buena ni mala”, y que ni siquiera era necesaria, considerando que el ministerio público cuenta con fiscales. Y que el punto es habérsela dado en momentos de grandes cuestionamientos hacia la misma.
La ley 26.683
La ley 26.683 criminaliza el lavado de activos como una ofensa autónoma y facilita el decomiso de bienes de procedencia ilícita.
Aumenta el monto mínimo para la configuración del delito de lavado de activos hasta los $300.000.
Impone la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y sanciones a empresas que reciclen fondos o financien el terrorismo.
Incorpora nuevos sujetos obligados y nuevos mecanismos procedimentales para investigar el lavado de activos, entre otras cuestiones.

Argentina: Imputaron al jefe antilavado José Sbatella por no investigar a Schoklender

El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, se convirtió ayer en el primer funcionario del Gobierno nacional en ser formalmente imputado judicialmente en las causas por el escándalo de los fondos públicos manejados por Sergio Schoklender en nombre de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.
El fiscal Guillermo Marijuán dictaminó que el titular de la UIF, actualmente en México, debe ser investigado en una causa penal para determinar si cometió el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es por la demora de casi un año que tuvo el organismo a su cargo en elevar a la Justicia una investigación administrativa abierta en ese ámbito sobre Schoklender y revelada por Clarín el mes pasado.
Entre otras medidas de prueba, Marijuán le pidió al juez federal Sergio Torres que cite a declarar como testigo a la diputada nacional de la Coalición Cívica (CC) Elsa Quiroz. Esta legisladora, junto con la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin, también de la CC, habían denunciado el 18 de junio de 2010 ante la UIF un presunto caso de lavado de dinero a partir de información reservada que llegó a sus manos sobre la adquisición de terrenos en San Miguel por parte de Schoklender.
La información fue verificada por las legisladoras en el Registro de Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires y la Inspección General de Justicia (IGJ) antes de ser llevada ante la UIF, el organismo antilavado ahora en la mira de organismos internacionales.
Sin embargo, la UIF se tomó casi un año para elevar el asunto a la Justicia. Lo hizo el 1° de junio. Pero, lo más grave, fue que la denuncia se hizo una vez que tomó estado público el escándalo sobre Schoklender y sus manejos de dineros públicos. Además, despertó sospechas que el día anterior el propio Sbatella afirmara que no existían elementos todavía como para formular una denuncia penal.
Lo concreto es que al día siguiente llegaban a Tribunales las 4 mil fojas de la investigación llevada adelante en silencio por la UIF tras la denuncia de las legisladoras. A ella se sumó dos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) elevados por dos entidades bancarias en torno a cuentas relacionadas con Schoklender y las firmas en las que aparece involucrado.
Los documentos llegaron a manos del fiscal antilavado, Raúl Pleé, quien inmediatamente hizo la denuncia penal y así nació la causa principal en que se investiga al ex apoderado de la Fundación Asociación Madres de Plaza de Mayo. Esta es la causa que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide con la intervención del fiscal Jorge Di Lello.
Además de esta nueva causa que se abrirá con el dictamen de Marijuán sobre la actuación de Sbatella, existe un tercer expediente penal que investiga la presunta responsabilidad de funcionarios públicos en cuanto al control de los fondos administrados por Schoklender. Esta causa está a cargo del juez federal subrogante Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Miguel Angel Osorio. Aquí están denunciados desde el ministro de Planificación Julio De Vido hasta la titular de la Asociación, Hebe de Bonafini. Quiroz dijo anoche a Clarín que en caso de ser citada por el juez Torres ratificará “todo” lo que dijo en las últimas semanas. Quiroz recordó que Schoklender intentó saldar la deuda por la compra de los terrenos -en el marco de dos juicios que le habían hecho- luego de que lo denunciara ante la UIF.
Perfil
NOMBRE: JOSE SBATELLA
CARGO: TITULAR DE LA UIF
Egresado de la Universidad Nacional de La Plata, este economista fue asesor del Partido Justicialista y de la CGT. A principios de la década pasada estuvo al frente de la Aduana, de la que se fue tras una pelea con el jefe de la AFIP, Alberto Abad. Hace dos años fue designado al frente de la UIF, el cuestionado organismo antilavado.
Denunciante
La diputada Elsa Quiroz había denunciado a Sergio Schoklender por lavado de dinero pero Sbatella se tomó un año para llevar el caso a la Justicia. “Si me citan voy a decir todo lo que dije estos días. Llevamos las pruebas a la UIF.”
Fuente: Lucio Fernández Moores

sábado, 18 de junio de 2011

Argentina: Acusan a Schoklender de liderar una red de lavado

Unas 50 personas quedaron ayer acusadas de integrar la red supuestamente usada por Sergio Schoklender y su hermano, Pablo, para lavar dinero proveniente de fondos desviados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La lista, que incluye a socios de los Schoklender, parientes, amigos y sus esposas, ex empleados de la fundación, financistas y empresarios de la City, está contenida en el dictamen que presentó ayer el fiscal federal Jorge Di Lello al juez federal Norberto Oyarbide, en el que imputa en la causa a los responsables de una telaraña de empresas directa o indirectamente ligadas con los ex apoderados de las Madres.
El mapa de las sociedades y los bienes registrados a nombre de cada una de ellas y sus propietarios fue efectuado por el fiscal antilavado Raúl Pleé. La hipótesis de la acusación es que el dinero supuestamente defraudado a las Madres -proveniente de fondos públicos- se transformó en casas, departamentos, autos de lujo, yates y aviones, como los que el fiscal Pleé detectó a nombre de las sociedades y sus socios.
Oyarbide deberá decidir si acepta los pedidos del fiscal y ahonda en las finanzas de esas compañías cuando termine de chequear informes financieros y cheques de la fundación que está investigando, encontrados en los allanamientos realizados esta semana.
Hasta ahora está acreditado que existieron cheques por unos 4 millones de pesos de la fundación, cobrados del gobierno nacional y endosados por Pablo Schoklender, que terminaron en las cuentas de Antártica, una empresa dirigida por Alejandro Gotkin, director de Meldorek, la constructora de Sergio Schoklender. Esa plata luego era retirada en efectivo en el mostrador del banco. Esas operaciones fueron reportadas por los bancos como sospechosas de lavado de dinero .
También se sabe que cheques de la fundación fueron cambiados en compañías financieras de la City, que cobraban una comisión por convertir esos valores en efectivo. Schoklender sostuvo que necesitaba el dinero pagar sueldos.
El fiscal Di Lello firmó ayer las 40 páginas de su requerimiento, en el que amplió la acusación original a medio centenar de personas, pero mantuvo los delitos por los que se los debe investigar: defraudación y lavado de dinero. Aunque menciona a los intervinientes no los considera integrantes de una asociación ilícita.
Entre las personas imputadas por el fiscal están los Schoklender, el presidente de Meldorek, Gotkin, su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel Laurenti, accionista de Meldorek, antes de que fuera adquirida por Sergio Schoklender, y su socio y piloto, Gustavo Serventich.
También está siendo investigado el financista José Fernando Caparrós Gómez, quien controlaba Meldorek antes de que pasara a manos de Schokender y que maneja los destinos de la firma Monetización, una mesa de dinero donde se cambiaron cheques de las Madres.
Las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin denunciaron además que Meldorek es una de las empresas que el ex presidente del Banco Central Martín Redrado habría denunciado que compraron dólares en 2008 y 2009 para ser girados al exterior. Meldorek SA habría comprado 1.996.150 dólares, dice la denuncia.
Otra empresa financiera investigada es Travel Trade, una casa de cambios que funciona en Hipólito Yrigoyen 1321, propiedad de Ricardo Mario De Falco, que tiene domicilio allí y que es hermano de uno de los principales empleados de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Eugenio De Falco, que quedó en lugar del director técnico de Madres, Eduardo González Fernández, cuando Hebe de Bonafini hizo su última purga en la entidad.
La lista de las sociedades investigadas, alimentada por la denuncia de las legisladoras Quiroz y Etchecoin, se completa con las firmas Construyendo el Futuro, que realizó obras en el Colegio Jean Piaget, Setek, Partner Human Resources, Iturnet, entre otras firmadas ligadas a Gotkin. También está incluida la ex esposa de Sergio Schoklender Viviana Sala.
Entre los bienes investigados hay una camioneta Hummer, adquirida por una de las firmas vinculadas a Gotkin, Eagle Security, que fue inmovilizada mientras se investiga el escándalo de los autos importados para ser usados por diplomáticos extranjeros, que eran vendidos aquí sin pagar impuestos.
El fiscal Pleé descubrió a nombre de algunas de las sociedades investigadas los dos aviones supuestamente comprados por Schoklender, dos autos Ferrari, dos yates, casas y departamentos.
Además pidió el fiscal Di Lelo interrogar como testigos a escribanos que intervinieron en la constitución de las sociedades y recabar a través de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) datos sobre sus contadores y proveedores.
El entramado
•Bienes fastuosos. De la investigación judicial surge que los hermanos Schoklender y un grupo de unas 50 personas poseían autos, casas, aviones y yates cuyo origen es sospechoso.
Financieras. Aparecen varias cuevas en las que se cambiaban por dinero en efectivo cheques de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (cobrados por las obras públicas que hacían).
Las empresas. Entre las firmas investigadas hay constructoras, agencias de seguridad y financieras ligadas a los Schoklender a partir de sus accionistas y directores.
La Nacion

viernes, 17 de junio de 2011

ARGENTINA: proyecto de ley para que las obras sociales reporten a la UIF

El diputado Gerardo Milman (GEN) presentó un proyecto para que las asociaciones sindicales, obras sociales y mutuales sindicales deban informar sus operaciones a la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa contra del lavado de dinero.
El diputado nacional Gerardo Milman (GEN) presentó un proyecto que propone incorporar a las asociaciones sindicales, obras sociales y mutuales sindicales como sujetos obligados a informar sus operaciones a la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa contra del lavado de dinero.
Milman, quien es vicepresidente de la comisión de Seguridad Interior, argumentó que "las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro han servido como pantalla para lavar dinero, construir edificios a sobrecosto y enriquecer a operadores, directivos, responsables financieros, intermediarios y contratistas". También aseguró que millones de dólares se mueven en las denominadas "mesas de dinero" con "absoluta liviandad y sin control".
Milman consideró que los sindicatos "manejan ingentes sumas de dinero cuya administración, en determinados casos, es poco clara". Y llamó la atención respecto a que hay "determinados líderes sindicales" que muestran "un modo de vida que, evidentemente, no se condice ni con sus ingresos reales ni con su condición de simples trabajadores".

viernes, 10 de junio de 2011

Argentina: Multan al Macro por no denunciar operaciones sospechosas de lavado de dinero

La Unidad de Información Financiera (UIF) dijo hoy que aplicó una multa millonaria a Banco Macro por no reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
La multa, de 1,43 millones de pesos (337.000 dólares), se aplicó “por considerar que la entidad incumplió su deber de reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero de procedencia ilícita”, dijo en una nota la UIF, organismo encargado de combatir esas prácticas.
“El monto global de la multa equivale a las sumas involucradas en las transacciones que el banco omitió informar a la UIF, pese a su condición de sujeto obligado a reportar al Estado toda operación susceptible de canalizar fondos de origen ilegal”, agregó.
El Banco Macro es la segunda mayor entidad financiera privada de Argentina y tuvo ganancias por 257,6 millones de pesos (60,3 millones de dólares) en el primer trimestre.
El cronista

lunes, 6 de junio de 2011

Argentina: La unidad antilavado frenó los casos contra Sergio Schoklender y Moyano

La Unidad de Información Financiera (UIF) cajoneó durante meses la investigación sobre Sergio Schoklender, decisión que también extendió al líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, por presuntas irregularidades detectadas en la obra social de los camioneros, indicaron a LA NACION tres fuentes con conocimiento de lo que ocurre dentro de la unidad antilavado.
La decisión de las autoridades de la UIF, José Sbattella y Gabriel Cuomo, de mover la pesquisa sobre Schoklender y presentar miles de hojas sin procesar ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin), a cargo del fiscal general Raúl Plee, se tomó contra reloj durante las últimas semanas. En particular, luego de que este diario reveló la politización del organismo y la protección otorgada al Banco Macro y a su presidente, Jorge Brito, que derivó en la apertura de una investigación preliminar por posibles delitos por parte del fiscal federal Carlos Stornelli.
El proceso en la UIF se aceleró aún más, sin embargo, tras la difusión de los primeros indicios sobre una pelea entre los hermanos Schoklender. "Lo hicieron porque el caso era una papa caliente dentro de la UIF y se lo querían sacar de encima", relató una fuente al tanto de lo que ocurre dentro de la UIF. "La presentación [ante Plee] la llenaron de papeles inservibles", acotó.
En Tribunales coinciden con esa visión. "Tuvieron parada la investigación durante meses y la UIF pudo haber hecho mucho más que juntar papeles. No hicieron nada de inteligencia o de trabajo de campo", relató a LA NACION una fuente de Comodoro Py que accedió al material, y remarcó un dato que consideró "por lo menos curioso". Recordó que apenas un día después afirmar en los medios que no había "indicios" en contra de Schoklender, Sbattella envió todo a la Justicia por considerarlo sospechoso sin que conste nada en el expediente interno que haya dado un vuelco a la pesquisa. "¿Qué pasó en el medio? ¿Alguien desde arriba dio la orden de soltarle la mano?", ironizó la fuente.
Según fuentes de la UIF, los responsables del caso Schoklender fueron los mismos que avanzan a paso cansino con el Banco Macro. Entre otros, la titular del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo; la ex integrante de esa área, asesora legal y actual consejera de la Unidad, María Laura Gómez, y el secretario general ejecutivo de la Unidad, Federico de Negri. Todos ellos, en la órbita y bajo el control directo de Cuomo y Sbattella.
El propio titular de la UIF pasó por todas las direcciones del organismo; el 19 de mayo pasado, y a puertas cerradas, les reclamó a los empleados por la "fuga de información", publicada en LA NACION. Aclaró que se estaba "analizando el problema", lo que derivó en la paranoia dentro de la Unidad sobre eventuales escuchas telefónicas y pinchadura de correos electrónicos.
Los controles constatados, por lo pronto, abarcan la revisión de bolsas, carteras y mochilas de los técnicos de la UIF cada vez que entran o salen del organismo. Esa práctica contrasta con la libre circulación de las computadoras portátiles de las nuevas autoridades y los responsables del área informática, que mueven información sensible por su cuenta, relataron desde la UIF.
Tres semanas antes del planteo de Sbattella sobre "fuga de información", el 29 de abril, las autoridades habían aportado otra muestra de la creciente politización del organismo. Ese viernes, mientras los técnicos trabajaban en el análisis de distintos legajos, ingresó gente con bombos y pancartas con el rostro de Cristina Kirchner. A metros de allí, Moyano lideraba un masivo acto en la avenida 9 de Julio.
"Escuchar a los directivos [de la UIF] decir que teníamos total permiso para retirarnos e ir al acto de Moyano superó todo lo imaginable", relató una fuente que presenció lo ocurrido en el organismo, que, a su vez, cuenta con investigaciones pendientes sobre el dirigente gremial. "Paradójico, ¿no? ¿No somos profesionales técnicos con la finalidad de combatir el lavado de dinero?", ironizó.
Sbattella y Moyano mantienen un vínculo que se reforzó cinco años atrás, cuando el titular de la UIF fue despedido por el presidente Néstor Kirchner -por entonces en buenos términos con el Grupo Clarín- luego de que se opuso desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a la fusión de las señales Cablevisión y Multicanal.
Ya fuera de la función pública, Sbattella recaló en el área económica de la CGT, donde se encargó de estimar la célebre "inflación del supermercado", que luego Moyano invocaba en público para presionar al Gobierno y a las empresas. Y tras la pelea entre los Kirchner y Clarín, cuando Sbattella ingresó en la UIF, su vínculo con Moyano se mantuvo, incluso después de que la Justicia recibió un pedido desde Suiza sobre la empresa Covelia y sus vínculos con el líder de la CGT.
Eso ocurrió, además, en forma paralela a la pesquisa del juez federal Norberto Oyarbide sobre un eventual rol de Moyano con la mafia de los medicamentos. Simultáneamente, la UIF obtuvo datos sobre presuntas irregularidades y supuestas defraudaciones dentro de la obra social de los camioneros, relataron a este diario dos fuentes con conocimiento de aquella investigación.
La pesquisa de la UIF, relató una de ellas, "había nacido por el reporte [de operación sospechosa] de un banco", pero también quedó en manos del núcleo de extrema confianza de Sbattella dentro de la UIF: Quevedo, Gómez, De Negri y Cuomo, junto con una estrecha colaboradora de éste, la directora de Análisis, Ana Helbardt, según reconstruyó LA NACION.
Hugo Alconada Mon

Argentina:Nuevas reglas sobre lavado de dinero: alertan sobre las consecuencias de levantar el secreto fiscal

La nueva normativa que regula el lavado de dinero ya es una realidad. Si bien aún resta dar algunos pasos para que la flamante ley comience a regir, lo cierto es que, tras la reforma, y se ha disparado la polémica y también la preocupación de los contribuyentes y especialistas en la materia.
El principal cambio introducido es, indudablemente, la creación de la figura de lavado de dinero como un delito en sí mismo. Sin embargo, el texto aprobado por el Senado, el miércoles pasado, plantea otras modificaciones, entre las que se destaca el tema del levantamiento del secreto fiscal.
En efecto, los expertos consultados por iProfesional.com, advirtieron sobre las consecuencias de este cambio. En este sentido, puntualizaron que la UIF ahora cuenta con mayores facultades para investigar y que esto incluye a las operaciones de lavado de dinero proveniente de la evasión penal tributaria.
También destacaron que, en principio, existe una especie de "colisión" de normas a la hora de determinar hasta qué punto la AFIP puede negarse a proporcionar los datos solicitados por el organismo que conduce José Sbattella.
incluso, los expertos fueron más allá y ya se plantean un interrogante clave: la AFIP, en caso de descubrir una maniobra "sucia", ¿ante quién debe denunciarla?, ¿debe hacerlo ante la UIF?.
El levantamiento del secreto fiscal
Una de las primeras dudas que surgen, luego de sancionada la ley, es qué impacto tendrá el levantamiento del secreto fiscal.
Según la Agencia Parlamentaria FOIA, la respuesta se encuentra en el artículo 14 de la norma recientemente aprobada. De acuerdo con el mismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) está facultada para solicitar información a un punto tal que no se podrá oponer "el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad" para no suministrar los datos requeridos.
Es decir, ante un pedido formulado por el organismo nadie podría oponérsele. En este sentido, ni siquiera la AFIP, en principio, podría hacer valer la Ley de Procedimientos Administrativos (Ley 11.683), tal como lo hacía hasta ahora.
Teresa Gómez, socia del estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados, analizó este punto y señaló que "la Ley de Procedimiento Tributario tiene establecido y garantizado el secreto fiscal en su artículo 101". Pero, aclaró, "acá se genera un gran interrogante: ¿qué norma es la que debe prevalecer, si en la nueva normativa no hubo modificaciones a la Ley 11.683 en esta materia?".
En tanto, Tomás Wilson Rae, titular del estudio TWR abogados, destacó que, al existir tantas normas que regulan sobre la misma materia se generan dudas respecto del orden en que hay que considerar las leyes.
"Lo que habría que ver es qué ley se debe aplicar subsidiariamente: si la Ley 11.683, o la Ley de procedimientos administrativos o las reglas del proceso penal", remarcó el especialista y agregó: "Quedan más dudas que certezas".
Por otra parte, el especialista en derecho tributario, Gustavo Durini, afirmó que "la UIF tiene ahora más facultades que la AFIP, pues tras detectar una operación sospechosa, podrá investigarla y analizarla a los fines de evitarla, aún antes de que el fisco nacional determine la existencia de un ilícito tributario por la vía correcta, que es la fiscalización, luego de la presentación de las declaraciones juradas pertinentes".
El experto, además, indicó que "la severidad en la preservación del secreto fiscal radica en que el mismo es una norma de orden público, cuyo fin es preservar el derecho constitucional de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional), y de ese modo, evitar la auto incriminación, que los papeles privados sean ventilados públicamente y, eventualmente, utilizados en juicio en su contra".
"El secreto fiscal busca asegurar la percepción de la renta pública, evitando que el contribuyente presente declaraciones juradas inexactas por miedo a sufrir sanciones en otros ámbitos extrafiscales", indicó.
En este escenario, Gómez remarcó: "Los cambios introducidos son de una complejidad inusitada, con modificaciones en el Código Penal y en la Ley 25.246, que forman una maraña legislativa de difícil comprensión, lo que nos lleva a augurar una muy difícil implementación".
Guillermo Fernández, secretario de la Federación Argentina de Consejos de Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), también advirtió sobre el impacto del polémico artículo 14 y precisó que, "a partir de ahora, los profesionales deberán proporcionar a la UIF toda la información que requiera, ya que el secreto profesional también está levantado".
En tanto, Raúl Saccani, Gerente Senior de Forensic Services de KPMG, destacó que "con la introducción de los ilícitos de la Ley 24.769 en la lista corta de los delitos previos, no quedan dudas de que la UIF puede investigar operaciones de lavado de dinero proveniente de la evasión penal tributaria".
"La UIF tiene un mayor poder para investigar", agregó.
"Esto es así, porque antes, el artículo 6 estipulaba taxativamente delitos previos en los que debía intervenir. Ahora, al introducir la palabra `preferentemente´, cualquier delito precedente puede ser objeto de investigación", afirmó el especialista.
Qué cambios introduce la nueva normativa
Para explicar las modificaciones incluidas por la nueva ley, Saccani indicó cómo era el proceso antes de las modificaciones y cuál sería el nuevo escenario una vez que se promulgue y reglamente el texto normativo, tal cual como fue aprobado en el Congreso.
El especialista explicó que, antes de los cambios, "la UIF, una vez que recibía los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), complementaba esa información con datos de otras fuentes, tales como otros obligados a informar, entes reguladores (como el BCRA y CNV), la policía, la AFIP, entre otros. Así, el organismo lograba tener un panorama más amplio de la situación".
"Ahora bien, cuando nació la ley antilavado, ningún organismo puso reparo para proporcionar a la UIF información adicional. Sin embargo, la AFIP no lo hacía por lo establecido en la Ley de Procedimientos Tributarios, que establece que todos los datos del organismo tiene gozan del secreto fiscal", señaló.
De esta forma, por ejemplo, si la UIF pedía los datos de las declaraciones juradas de Ganancias de algún sospechoso de maniobras de lavado a la AFIP, recibía un "no" como toda respuesta. Y, ante este hecho, el organismo que conduce José Sbattella debía recurrir a la Justicia, para solicitarle a un juez que levantara el secreto fiscal.
"Esto demoraba mucho los tiempos", remarcó, al respecto, Saccani.
"Ahora, con los cambios introducidos, los procesos serán, sin dudas, mucho más ágiles y rápidos", debido a que "el pedido ya no deberá pasar por un juez que lo autorice".
Evasión vs. lavado de dinero
A fin de entender las diferencias que existen entre evasión tributaria y lavado de dinero, y porqué no deberían ser tratadas, en un principio, del mismo modo, iProfesional.com también consultó a diversos expertos en la materia.
Al respecto, Gómez explicó que "la plata proveniente de una evasión es, por llamarlo de algún modo, `dinero negro´, mientras que la derivada de un ilícito, es `dinero sucio´".
"Cuando hablamos de `dinero negro´, hablamos de ingresos que provienen de una actividad lícita que no fueron declarados como lo establecen las normas tributarias. En cambio, los fondos del lavado proviene de una actividad ilícita", resaltó la especialista.
De este modo, remarcó que "no hablamos de lo mismo. No es lo mismo `dinero sucio´ que `dinero negro´".
En tanto, Fernández recordó que "hay evasión cuando no se pagan impuestos utilizando para ello algún ardid o engaño" y aclaró que "no siempre no pagar es evasión".
"Ahora bien -continuó el especialista-, si con el producto de la evasión, un contribuyente compra un bien y lo incorpora al mercado lícito, podrá ser acusado, no sólo de evasor, sino también de lavado de dinero".
Asimismo, Saccani agregó que "respecto del trabajo conjunto que pueden tener la AFIP y la UIF, cabe esperar, y sería razonable, que ambos investiguen juntos, y no paralelamente. Además, es justamente el GAFI quien critica que no haya tanta coordinación entre organismos".
Zonas grises
Otras de las incógnitas que se platean giran en torno a quién deberá investigar en materia de evasión fiscal, así como los derechos constitucionales que se vulneran con el nuevo marco normativo.
En este sentido, Gómez, señaló que "por el momento, hay muchos interrogantes, por ejemplo: la AFIP, en caso de descubrir una maniobra sucia ¿ante quién debe denunciar? ¿ante la UIF?".
"No hay que olvidar, en este sentido, que la UIF pertenece al ámbito del Poder Ejecutivo, y no al Poder Judicial", indicó la especialista y sostuvo que "otra pregunta que nace es quién va a tener el poder de investigación y de denuncia".
"Además, hay que tener presente que, si no se hacen bien las cosas en materia penal, las acciones son nulas. Y, por ahora, ambos organismos son administrativos, y no judiciales", destacó.
"Lo único que tengo claro es una cosa: la AFIP y la UIF tienen que denunciar ante la Justicia. Sino se vulnera el derecho constitucional a la defensa", remarcó Gómez.
Por último, Durini concluyó que la aplicación de la nueva normativa "podría violar varios derechos constitucionales como ser el debido proceso, defensa en juicio, libre comercio, inviolabilidad de la propiedad, entre otros, e interferir en los fines del Estado Nacional, como ser la recaudación impositiva y el otorgamiento de beneficios y exenciones fiscales".
fuente: iprofesional

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