Por graves violaciones de las disposiciones contra el lavado de dinero, dos organismos de Estados Unidos impusieron una multa de $7 millones al banco del gobierno ecuatoriano Pacific National Bank (PNB), con sede en Miami.
La investigación planteó que el banco falló ostensiblemente en el proceso de reportar a las autoridades un total de $577 millones en actividades sospechosas de lavado de dinero entre el 2007 y el 2010.
Entre las deficiencias anotadas, los organismos señalaron la inadecuada revisión de transacciones por más de $45 millones al mes a través de dos cuentas de un banco corresponsal del PNB no identificado.
De acuerdo con la resolución de sanción, el programa del banco contra el lavado de dinero incumplió reiteradamente con una larga lista de obligaciones previstas por la Ley del Secreto Bancario para detectar actividades sospechosas.
Esto ocurrió, agrega el documento, a pesar de las repetidas advertencias de la Red de Cumplimiento contra Delitos Financieros de Estados Unidos (FINCEN) y la Superintendencia de Bancos (OCC), organismos que impusieron la sanción.
``El banco falló repetidamente en implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero concebido para identificar y reportar transacciones con indicios de lavado de dinero u otras actividades sospechosas'', indica la resolución.
``El sistema interno de controles para el cumplimiento de la Ley del Secreto Bancario adolecía de deficiencias sistemáticas desde hace mucho tiempo'', agregó la sanción firmada por el director del FINCEN, James H. Freis, Jr.
Como es habitual en este tipo de procedimiento, el banco aceptó la multa pero no se comprometió a admitir ni a negar los hechos que la motivaron.
``Reconocemos que ha habido deficiencias de vieja data en el programa contra el lavado de dinero y con esta acción estamos poniendo el pasado detrás nuestro y enfocándonos en el futuro'', dijo Carlos Fernández Guzmán, presidente del PNB.
PNB, con sede principal en Miami, es subsidiario del Banco del Pacífico S.A., propiedad del Banco Central de Venezuela.
OCC inició acciones contra el banco a través de una orden de consentimiento en el 2005 y un año después el FINCEN advirtió sobre las deficiencias en la vigilancia de actividades sospechosas de lavado. Pero el banco no tomó medidas, según la resolución.
Entre las anomalías, los organismos reguladores encontraron las siguientes:
• Desde el 2007 al 2010, el PNB radicó 421 reportes de actividades sospechosas por $577 millones. ``Muchos de esos reportes fueron radicados tarde, con largas demoras entre el momento en que ocurría la actividad hasta el punto en el que el banco presentaba el reporte de la actividad''.
• 48 reportes de actividades sospechosas se presentaron ocho y hasta 12 meses después de que ocurrieron y otros 43 reportes fueron notificados 12 meses tarde.
• PNB no hacía evaluaciones de los riesgos de lavado de dinero a los que se exponía
• PNB no contaba con una información confiable y actualizada de sus clientes incluyendo más de la mitad de ellos en Ecuador.
• Rutinariamente el PNB atendía clientes de los que no tenía antecedentes.
• En el caso de las cuentas del banco corresponsal que movían $45 millones al mes, el PNB decidió que no revisaría transacciones por menos de $50,000. Ese límite fue criticado por los reguladores como ``arbitrariamente muy alto''.
• El proceso de identificación de actividades sospechosas era lento lo mismo que la aplicación de los correctivos.
Fernández Guzmán, quien ingresó al PNB en mayo del 2010, dijo que se habían tomado numerosas medidas correctivas para resolver las fallas que suscitaron la penalidad y las inquietudes señaladas por la orden de consentimiento que se firmó en diciembre.
``Hemos reformado significativamente nuestro programa de auditoría interno, reestructurado completamente las áreas de la Ley de Secreto Bancario, Antilavado y Cumplimiento del Cliente, modificado nuestro modelo operativo y mejorado nuestra estructura de control interno'', aseguró Fernández.
Los primeros indicios de las fallas del sistema del control del lavado de activos del PNB, los reveló en 2009 el ex presidente del banco, Carl Wolf, al denunciar en una corte federal de Miami que fue despedido como represalia, entre otras razones, por cerrar 4,600 de las 11,000 cuentas del banco debido a que no cumplían con las regulaciones contra el lavado de dinero.
En su demanda por violación de las normas estatales que protegen a los denunciantes de actividades de corrupción, Wolf sostuvo que recibió presiones de un miembro de la junta directiva del Banco Central del Ecuador y pariente del presidente Rafael Correa, para poner en marcha un plan que incluía la reapertura de las cuentas.
También aseguró que entregó información a FINCEN sobre lasirregularidades.
La demanda de Wolf fue desestimada el pasado 24 de febrero por el juez Federico Moreno, quien, basándose en un extenso informe de un magistrado, consideró que el PNB no había violado las normas que protegen a los informantes. Wolf apeló la decisión.
ELNUEVOHERALD.COM
viernes, 25 de marzo de 2011
lunes, 21 de marzo de 2011
Argentina:controles de la UIF llegaron a los aeropuertos
Los controles de la UIF (Unidad de Información Financiera), el organismo que fiscaliza operaciones de lavado de dinero, llegaron también a los aeropuertos cuando este fin de semana los inspectores se apersonaron para verificar las tenencias de divisas de los pasajeros. De esta forma el Gobierno intensifica el cerco no sólo sobre las transacciones dudosas sino también sobre las «puertas de salida» formales del país; en momentos en que la fuga de capitales sigue a buen ritmo.
Días atrás se extendieron los controles sobre el mercado cambiario y financiero y esto derivó en una suba de las cotizaciones de los dólares utilizados para evitar los circuitos institucionales, como el «contado con liquidación» (triangulación entre bonos y divisas) y el dólar blue o informal que han llegado a niveles de $ 4,24cuando el tipo de cambio se opera a $ 4,04 a nivel minorista.
Según fuentes oficiales de la UIF, que conduce José Sbattella, a cargo de la coordinación nacional del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, realizó un operativo de «control de transporte físico de dinero y títulos de valor», en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El objetivo fue recolectar toda la información relacionada con las modalidades de transporte y los mecanismos de ocultamiento de dinero, a los efectos de desarrollar un trabajo sobre tipologías en la materia. El operativo se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el Aeropuerto el Plumerillo de la ciudad de Mendoza y el Aeropuerto Ingeniero Taravella de la ciudad de Córdoba. Las fuentes señalaron que «los documentos que se controlaron fueron dinero y títulos valor o valores al portador (acciones, bonos, vales vista, otros)». Cabe señalar que el operativo forma parte de un programa de tareas similares que comenzarán a realizarse en forma sistemática entre la UIF y las Fuerzas de Seguridad del país.
En el Aeropuerto de Ezeiza, con motivo del control sobre los pasajeros próximos a embarcar se detectó transporte de divisas en presunta infracción a la normativa vigente por un monto de más de 53.000 euros y 76.000 dólares.
En virtud de los acontecimientos detectados por supervisores de la Unidad y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se dio intervención al juez Ezequiel Verón de Astrada, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos quedaron caratulados como «averiguación de contrabando de divisas» y los causantes fueron imputados, pero no quedaron detenidos y se los citó a comparecer en sede judicial en audiencia indagatoria. Las actuaciones sumarias fueron remitidas junto con documentación y el secuestro de divisas.
Fuente: Ambito Financiero
Días atrás se extendieron los controles sobre el mercado cambiario y financiero y esto derivó en una suba de las cotizaciones de los dólares utilizados para evitar los circuitos institucionales, como el «contado con liquidación» (triangulación entre bonos y divisas) y el dólar blue o informal que han llegado a niveles de $ 4,24cuando el tipo de cambio se opera a $ 4,04 a nivel minorista.
Según fuentes oficiales de la UIF, que conduce José Sbattella, a cargo de la coordinación nacional del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, realizó un operativo de «control de transporte físico de dinero y títulos de valor», en conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El objetivo fue recolectar toda la información relacionada con las modalidades de transporte y los mecanismos de ocultamiento de dinero, a los efectos de desarrollar un trabajo sobre tipologías en la materia. El operativo se realizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, el Aeropuerto el Plumerillo de la ciudad de Mendoza y el Aeropuerto Ingeniero Taravella de la ciudad de Córdoba. Las fuentes señalaron que «los documentos que se controlaron fueron dinero y títulos valor o valores al portador (acciones, bonos, vales vista, otros)». Cabe señalar que el operativo forma parte de un programa de tareas similares que comenzarán a realizarse en forma sistemática entre la UIF y las Fuerzas de Seguridad del país.
En el Aeropuerto de Ezeiza, con motivo del control sobre los pasajeros próximos a embarcar se detectó transporte de divisas en presunta infracción a la normativa vigente por un monto de más de 53.000 euros y 76.000 dólares.
En virtud de los acontecimientos detectados por supervisores de la Unidad y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se dio intervención al juez Ezequiel Verón de Astrada, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los hechos quedaron caratulados como «averiguación de contrabando de divisas» y los causantes fueron imputados, pero no quedaron detenidos y se los citó a comparecer en sede judicial en audiencia indagatoria. Las actuaciones sumarias fueron remitidas junto con documentación y el secuestro de divisas.
Fuente: Ambito Financiero
viernes, 18 de marzo de 2011
Argentina: Investigan en Suiza al lider sindical Hugo Moyano por lavado de dinero
Una fiscal pidió informes sobre las causas judiciales que involucran al camionero; congelaron US$ 1.870.000 de una cuenta
La justicia de Suiza investiga por supuesto lavado de dinero al líder de la CGT, Hugo Moyano, y a sus familiares más cercanos, por lo que pidió a la Argentina toda la información sobre las causas judiciales que involucran al líder camionero. La respuesta no se hizo esperar: el sindicalista dispuso una huelga general de camioneros a partir del lunes. En la práctica implica que no habrá recolección de residuos ni distribución de dinero en cajeros automáticos ni de mercaderías en supermercados ni transporte de larga distancia ni combustibles.
El paro fue una medida para presionar al Gobierno, pues los dirigentes sindicales deslizaron sus sospechas de que la Casa Rosada motoriza esta investigación judicial, originada al otro lado del Atlántico.
En el Gobierno hubo silencio ante la medida de fuerza, anunciada en "repudio a las mentiras que publican los medios", según el dirigente Eduardo Altamirano, que además convocó a los afiliados a realizar manifestaciones frente a los diarios.
El pedido de información a la justicia argentina se relaciona con el bloqueo de 1.870.000 dólares que realizó la justicia suiza sobre fondos de una cuenta perteneciente a Ricardo Rubén Depresbiteris y a su esposa, Marcela Elvira Mete, directores de la empresa Covelia SA.
La firma maneja la recolección de residuos en 12 municipios bonaerenses y en el Mercado Central. Funcionarios bonaerenses e intendentes vinculan a Covelia con Moyano, al punto de que cuando tienen un problema relacionado con la recolección de residuos lo tratan con el líder camionero. Walter Martello, legislador bonaerense de la Coalición Cívica, aseguró en un informe que Moyano hace lobby ante los municipios para que le adjudiquen los contratos a Covelia. Moyano responde que defiende a los 3000 trabajadores de la firma, que son sus afiliados.
Covelia negó oficialmente tener vínculos con Moyano. Depresbiteris, que aparece como su dueño, es un ex chofer convertido en empresario millonario con departamento en Puerto Madero, Mercedes-Benz, Porsche, un yate en Punta del Este y dueño de la mitad de un avión privado. "Después de mi viejo, [Moyano] es el mejor hombre, que quiere a los trabajadores", dijo sobre el gremialista.
La justicia suiza se hizo eco de las informaciones periodísticas, por lo que pidió datos sobre el líder sindical y sus familiares más cercanos. El pedido de colaboración llegó a la Cancillería hace una semana, donde fue traducido y elevado a la Cámara Federal en un trámite firmado por el coordinador del área de Cooperación Internacional Diego Salermó, según documentos a los que accedió LA NACION.
El exhorto del Ministerio Público Fiscal de Suiza, que está firmado por la procuradora federal Maria Antonella Bino, fue sorteado entre los juzgados federales y su tramitación recayó en el juez Norberto Oyarbide, que ya investigaba a Moyano.
Lo primero que hizo Oyarbide fue enviárselo a la Fiscalía N° 1, a cargo de Jorge Di Lello, para que opinara si corresponde o no darle trámite. Di Lello está de licencia, por lo que será su colega Gerardo Pollicita quien decidirá sobre el asunto. Puede rechazarlo, allanarse al pedido o interpretar que hace falta documentación ampliatoria para entregar la información que pide Suiza.
Lo que está solicitando la fiscal son datos de las causas judiciales donde Moyano está siendo investigado. La funcionaria tomó conocimiento, por ejemplo, del caso de los remedios. Incluso el exhorto menciona que tiene entendido que "Pablo Moyano [hijo de Hugo] está siendo investigado por blanqueo de activos" en la Argentina, cuestión que nadie pudo confirmar en los tribunales locales.
También el entorno
El pedido de informes sobre causas en trámite abarca al "entorno familiar próximo a Hugo y Pablo Moyano", de acuerdo con el pedido internacional. También el exhorto hace referencia a la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que administra fondos que aportan los gremios para pagar reintegros por la compra de medicamentos onerosos y tratamientos de alto costo de sus afiliados.
Moyano está siendo investigado por dos jueces: Oyarbide y Claudio Bonadio, que analizan si la obra social de camioneros estafó al Estado presentando troqueles de medicamentos adulterados. Además, Bonadio, a partir de una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, investiga a Moyano por supuesta administración fraudulenta porque la obra social de camioneros contrata con empresas familiares.
El juez federal Ariel Lijo, por otra parte, analiza si existió lavado de dinero a través de cheques de la obra social de Camioneros, la mutual de ese sindicato y de Droguería Urbana, entre otras organizaciones vinculadas a la causa de los medicamentos.
LA EMPRESA
COVELIA S.A.
•Cuentas. La compañía factura $ 720 millones por año. Cuenta con 3000 empleados, todos afiliados al gremio de Moyano, y unos 800 camiones recolectores.
•Servicios. Se ocupa de la recolección de residuos en 12 partidos de la provincia de Buenos Aires y en el Mercado Central.
•Dueños. Ricardo Depresbiteris, un chofer hoy millonario, aparece como dueño de Covelia. Varios intendentes ligan a la empresa con Moyano.
La Nacion
La justicia de Suiza investiga por supuesto lavado de dinero al líder de la CGT, Hugo Moyano, y a sus familiares más cercanos, por lo que pidió a la Argentina toda la información sobre las causas judiciales que involucran al líder camionero. La respuesta no se hizo esperar: el sindicalista dispuso una huelga general de camioneros a partir del lunes. En la práctica implica que no habrá recolección de residuos ni distribución de dinero en cajeros automáticos ni de mercaderías en supermercados ni transporte de larga distancia ni combustibles.
El paro fue una medida para presionar al Gobierno, pues los dirigentes sindicales deslizaron sus sospechas de que la Casa Rosada motoriza esta investigación judicial, originada al otro lado del Atlántico.
En el Gobierno hubo silencio ante la medida de fuerza, anunciada en "repudio a las mentiras que publican los medios", según el dirigente Eduardo Altamirano, que además convocó a los afiliados a realizar manifestaciones frente a los diarios.
El pedido de información a la justicia argentina se relaciona con el bloqueo de 1.870.000 dólares que realizó la justicia suiza sobre fondos de una cuenta perteneciente a Ricardo Rubén Depresbiteris y a su esposa, Marcela Elvira Mete, directores de la empresa Covelia SA.
La firma maneja la recolección de residuos en 12 municipios bonaerenses y en el Mercado Central. Funcionarios bonaerenses e intendentes vinculan a Covelia con Moyano, al punto de que cuando tienen un problema relacionado con la recolección de residuos lo tratan con el líder camionero. Walter Martello, legislador bonaerense de la Coalición Cívica, aseguró en un informe que Moyano hace lobby ante los municipios para que le adjudiquen los contratos a Covelia. Moyano responde que defiende a los 3000 trabajadores de la firma, que son sus afiliados.
Covelia negó oficialmente tener vínculos con Moyano. Depresbiteris, que aparece como su dueño, es un ex chofer convertido en empresario millonario con departamento en Puerto Madero, Mercedes-Benz, Porsche, un yate en Punta del Este y dueño de la mitad de un avión privado. "Después de mi viejo, [Moyano] es el mejor hombre, que quiere a los trabajadores", dijo sobre el gremialista.
La justicia suiza se hizo eco de las informaciones periodísticas, por lo que pidió datos sobre el líder sindical y sus familiares más cercanos. El pedido de colaboración llegó a la Cancillería hace una semana, donde fue traducido y elevado a la Cámara Federal en un trámite firmado por el coordinador del área de Cooperación Internacional Diego Salermó, según documentos a los que accedió LA NACION.
El exhorto del Ministerio Público Fiscal de Suiza, que está firmado por la procuradora federal Maria Antonella Bino, fue sorteado entre los juzgados federales y su tramitación recayó en el juez Norberto Oyarbide, que ya investigaba a Moyano.
Lo primero que hizo Oyarbide fue enviárselo a la Fiscalía N° 1, a cargo de Jorge Di Lello, para que opinara si corresponde o no darle trámite. Di Lello está de licencia, por lo que será su colega Gerardo Pollicita quien decidirá sobre el asunto. Puede rechazarlo, allanarse al pedido o interpretar que hace falta documentación ampliatoria para entregar la información que pide Suiza.
Lo que está solicitando la fiscal son datos de las causas judiciales donde Moyano está siendo investigado. La funcionaria tomó conocimiento, por ejemplo, del caso de los remedios. Incluso el exhorto menciona que tiene entendido que "Pablo Moyano [hijo de Hugo] está siendo investigado por blanqueo de activos" en la Argentina, cuestión que nadie pudo confirmar en los tribunales locales.
También el entorno
El pedido de informes sobre causas en trámite abarca al "entorno familiar próximo a Hugo y Pablo Moyano", de acuerdo con el pedido internacional. También el exhorto hace referencia a la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que administra fondos que aportan los gremios para pagar reintegros por la compra de medicamentos onerosos y tratamientos de alto costo de sus afiliados.
Moyano está siendo investigado por dos jueces: Oyarbide y Claudio Bonadio, que analizan si la obra social de camioneros estafó al Estado presentando troqueles de medicamentos adulterados. Además, Bonadio, a partir de una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, investiga a Moyano por supuesta administración fraudulenta porque la obra social de camioneros contrata con empresas familiares.
El juez federal Ariel Lijo, por otra parte, analiza si existió lavado de dinero a través de cheques de la obra social de Camioneros, la mutual de ese sindicato y de Droguería Urbana, entre otras organizaciones vinculadas a la causa de los medicamentos.
LA EMPRESA
COVELIA S.A.
•Cuentas. La compañía factura $ 720 millones por año. Cuenta con 3000 empleados, todos afiliados al gremio de Moyano, y unos 800 camiones recolectores.
•Servicios. Se ocupa de la recolección de residuos en 12 partidos de la provincia de Buenos Aires y en el Mercado Central.
•Dueños. Ricardo Depresbiteris, un chofer hoy millonario, aparece como dueño de Covelia. Varios intendentes ligan a la empresa con Moyano.
La Nacion
lunes, 14 de marzo de 2011
La muerte de capos históricos modificó el mapa de cárteles
México, DF. Las muertes de los capos Ignacio Nacho Coronel Villarreal (julio 2010), Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta (noviembre 2010), y Nazario El Chayo Moreno González (diciembre de 2010, no comprobada legalmente), han modificado el mapa de los cárteles de las drogas en México, indicaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.
Entre las principales consecuencias de esos fallecimientos destaca el resquebrajamiento del cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, ya que la muerte de Coronel Villarreal provocó el surgimiento de dos nuevos grupos: el cártel de Jalisco Nueva Generación y La Resistencia, y con ello el fin de dos sociedades de conveniencia.
Asimismo, la falta de un liderazgo por parte de Sinaloa en la zona de Jalisco, Colima y Nayarit para concertar con otros grupos tras la muerte de Coronel Villarreal, aunada a la presunta muerte de El Chayo Moreno, propició la división de La Familia Michoacana en tres facciones, entre ellas el surgimiento de Los Caballeros Templarios, y la asociación de uno de los grupos con integrantes del cártel del Milenio (Valencia).
Los funcionarios entrevistados señalaron que el cártel de Sinaloa está perdiendo Jalisco, una de las plazas más importantes para esa organización, ya que se rompieron las sociedades que existían, por un lado con Los Valencia y La Familia, y por otro con los grupos que controlaba Coronel Villarreal (abatido por el Ejército Mexicano), situación que está provocando pérdida de territorios por la penetración de La Resistencia (sociedad Golfo-Valencia-Familia) y también de Jalisco Nueva Generación (inte- grado por grupos que operaban para Coronel en la zona occidente del país).
Según las fuentes consultadas, Nacho Coronel se encargaba de negociar y controlar zonas del occidente, centro y el sureste del país, situación que se ha complicado para Sinaloa, toda vez que en entidades como Morelos y el Distrito Federal perdieron zonas de recepción y distribución de drogas a manos de grupos como los Beltrán Leyva, ex socios de Sinaloa y ahora dirigidos por Héctor Beltrán Leyva. En tanto, en los estados de Nayarit, Colima (puerto de Manzanillo) y Zacatecas han sido desplazados por Los Zetas. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, existía una sociedad con La Familia que se ha debilitado.
Con la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo tras la extradición de su hermano Osiel a Estados Unidos en enero de 2007, Los Zetas incrementaron su presencia en la zona de Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, y de acuerdo con la información obtenida están considerados la organización más sólida, ya que ahora no sólo protegen sus territorios, sino que apoyan las actividades de grupos como el cártel de Juárez y Arellano Félix en entidades como Coahuila, Sonora, Chihuahua, contra los grupos de Sinaloa con la facción que dirige Ismael El Mayo Zambada, y en Baja California de células de La Familia.
El cártel del Golfo quedó en manos de Mario Cárdenas Guillén y su presencia se extendió hacia Jalisco, Michoacán, Veracruz y Tabasco. En las dos últimas entidades existe una disputa contra Los Zetas, indicaron los funcionarios entrevistados.
Por lo que hace al cártel de La Familia, las fuentes consultadas señalaron que la presunta muerte de El Chayo Moreno provocó una escisión en el grupo, ya que una parte decidió sumarse a La Resistencia para apoderarse de territorios que antes compartían con Sinaloa; otra facción decidió crear su propia organización y dar origen a Los Caballeros Templarios, los cuales son considerados un grupo de sicarios, aunque apoyará a los históricos de La Familia como Jesús El Chango Méndez Vargas, Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Enrique Kike Plancarte.
Para los funcionarios entrevistados La Familia "no es una organización perdida; debilitada sí, debido a que se calcula que cuando menos 50 por ciento de sus miembros pasaron a otras filas u organizaciones, sobre todo los operadores".
La Familia Michoacana anunció su disolución en enero pasado; sin embargo, existen células de este grupo que operan de manera separada y que se autonombran, por ejemplo, La Familia Mexiquense, La Familia Guanajuatense, etcétera, y ahora muchas de las operaciones se realizarán de manera regional, teniendo acuerdos con los grupos que operen las plazas, indicaron los entrevistados.
Fuente La jornada
Entre las principales consecuencias de esos fallecimientos destaca el resquebrajamiento del cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, Ismael El Mayo Zambada García y Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, ya que la muerte de Coronel Villarreal provocó el surgimiento de dos nuevos grupos: el cártel de Jalisco Nueva Generación y La Resistencia, y con ello el fin de dos sociedades de conveniencia.
Asimismo, la falta de un liderazgo por parte de Sinaloa en la zona de Jalisco, Colima y Nayarit para concertar con otros grupos tras la muerte de Coronel Villarreal, aunada a la presunta muerte de El Chayo Moreno, propició la división de La Familia Michoacana en tres facciones, entre ellas el surgimiento de Los Caballeros Templarios, y la asociación de uno de los grupos con integrantes del cártel del Milenio (Valencia).
Los funcionarios entrevistados señalaron que el cártel de Sinaloa está perdiendo Jalisco, una de las plazas más importantes para esa organización, ya que se rompieron las sociedades que existían, por un lado con Los Valencia y La Familia, y por otro con los grupos que controlaba Coronel Villarreal (abatido por el Ejército Mexicano), situación que está provocando pérdida de territorios por la penetración de La Resistencia (sociedad Golfo-Valencia-Familia) y también de Jalisco Nueva Generación (inte- grado por grupos que operaban para Coronel en la zona occidente del país).
Según las fuentes consultadas, Nacho Coronel se encargaba de negociar y controlar zonas del occidente, centro y el sureste del país, situación que se ha complicado para Sinaloa, toda vez que en entidades como Morelos y el Distrito Federal perdieron zonas de recepción y distribución de drogas a manos de grupos como los Beltrán Leyva, ex socios de Sinaloa y ahora dirigidos por Héctor Beltrán Leyva. En tanto, en los estados de Nayarit, Colima (puerto de Manzanillo) y Zacatecas han sido desplazados por Los Zetas. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, existía una sociedad con La Familia que se ha debilitado.
Con la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo tras la extradición de su hermano Osiel a Estados Unidos en enero de 2007, Los Zetas incrementaron su presencia en la zona de Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, y de acuerdo con la información obtenida están considerados la organización más sólida, ya que ahora no sólo protegen sus territorios, sino que apoyan las actividades de grupos como el cártel de Juárez y Arellano Félix en entidades como Coahuila, Sonora, Chihuahua, contra los grupos de Sinaloa con la facción que dirige Ismael El Mayo Zambada, y en Baja California de células de La Familia.
El cártel del Golfo quedó en manos de Mario Cárdenas Guillén y su presencia se extendió hacia Jalisco, Michoacán, Veracruz y Tabasco. En las dos últimas entidades existe una disputa contra Los Zetas, indicaron los funcionarios entrevistados.
Por lo que hace al cártel de La Familia, las fuentes consultadas señalaron que la presunta muerte de El Chayo Moreno provocó una escisión en el grupo, ya que una parte decidió sumarse a La Resistencia para apoderarse de territorios que antes compartían con Sinaloa; otra facción decidió crear su propia organización y dar origen a Los Caballeros Templarios, los cuales son considerados un grupo de sicarios, aunque apoyará a los históricos de La Familia como Jesús El Chango Méndez Vargas, Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Enrique Kike Plancarte.
Para los funcionarios entrevistados La Familia "no es una organización perdida; debilitada sí, debido a que se calcula que cuando menos 50 por ciento de sus miembros pasaron a otras filas u organizaciones, sobre todo los operadores".
La Familia Michoacana anunció su disolución en enero pasado; sin embargo, existen células de este grupo que operan de manera separada y que se autonombran, por ejemplo, La Familia Mexiquense, La Familia Guanajuatense, etcétera, y ahora muchas de las operaciones se realizarán de manera regional, teniendo acuerdos con los grupos que operen las plazas, indicaron los entrevistados.
Fuente La jornada
domingo, 13 de marzo de 2011
ARGENTINA: Cómo se dió la discusión por la ley de Lavado de Activos
En Diputados el oficialismo se opone a los cambios en la UIF. Detalle de lo que se viene en la reunión del mártes próximo.
El oficialismo amenazó con patear el tablero en lo que respecta a una de las leyes que pidió Cristina Fernández al Parlamento. La oposición considera vital, para la aplicación de la futura ley, realizar modificaciones en la forma en que se designará al titular del organismo de contralor de lavado de dinero. El martes se realizará la primera reunión del año de las Comisiones de Legislación General y Justicia, allí se intentará limar las asperezas surgidas por la fuerte posición opositora. En caso de no existir acuerdo, se tomará la determinación de sacar un dictamen por la mayoría y otro por la minoría, según lo manifestado por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega a NCN.
Desde enero, un cuerpo de juristas expertos en lavado de dinero, en representación de los distintos bloques, viene trabajando sobre los proyectos del PE y los diputados, Héctor Piemonte y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica.,
DOCUMENTO SOBRE LOS CONSENSOS Y DISENSOS ALCANZADOS EN RELACION A LA REFORMA DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS.
El estado de situación del trabajo llevado adelante por la comisión de expertos en lavado de activos, que se ha estado reuniendo durante los meses de enero, febrero y lo transcurrido de marzo es el siguiente:
TIPO PENAL.
En cuanto al tipo penal hay consenso entre la mayoría de los expertos respecto a que el tipo penal de lavado de activos debe estar desvinculado por completo del delito de encubrimiento.
Así también hay acuerdo en subir el monto objetivo de punibilidad de 50.000 a 200.000 pesos.
Por otro lado y en concordancia con las recomendaciones del GAFI hay acuerdo en tipificar la figura de autolavado de activos, eliminando de la actual redacción del art. 278 la frase “….en el que no hubiera participado…”.
De este modo la fórmula que tiene un alto nivel de consenso es la siguiente:
Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, ocultare, aplicare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de una actividad ilícita, con la consecuencia de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;
Hay disidencia en cuanto a algunos verbos. Los asesores Almada y Meincke proponen eliminar los verbos tipos ocultare y aplicare, así como también modificar el término delito por actividad ilícita. Esto vinculado a la idea de bien jurídico que más adelante se desarrollará. En cuanto al monto de la pena, estos asesores también proponen aumentar el mínimo de modo que no proceda la suspensión del juicio a prueba.
En cuanto a la ubicación del tipo hay consenso en que el mismo este ubicado en el Código Penal. Sin embargo hay posiciones distintas sobre el bien jurídico protegido y su ubicación en el Código Penal. Por su parte los expertos de la UIF sostienen que el bien jurídico tutelado debe ser el mismo que hay en la actualidad “Administración Pública” y en particular “Administración de Justicia”. De este modo el delito estaría ubicado dentro del Título XI “ De los Delitos Contra la Administración Pública” y en nuevo capítulo que sería el nº XIV denominado “Lavado de Activos de Origen Delictivo” quedando el capítulo XIII redactado del siguiente modo “Encubrimiento”. Desde esta postura se sostiene la inconveniencia de crear un nuevo título con un solo delito de corte netamente económico dejando diseminado por las distintas normas tipos penales vinculados a este nuevo bien jurídico.
Por su parte los asesores Almada, Meincke, y Biscay consideraron en la creación de un nuevo bien jurídico que sería plasmado en un nuevo título n° XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse “Delitos contra la Licitud de los Bienes que circulan en el Mercado”.
Por su parte el Dr. Cafferata Nores hizo hincapié en no hablar de ilícitos sino de delitos precedentes. La Dra. Llerana por su parte sostuvo que lo más conveniente es hablar de injusto penal vinculado al delito precedente.
Hubo consenso entre todos los expertos en considerar que el bien jurídico protegido vinculado al orden socioeconómico no tiene sustento fáctico que lo acompañe, dificultando la aplicación de la figura por parte de los jueces.
DECOMISO.
En cuanto a incluir el supuesto de decomiso anticipado en el delito de lavado de activos un sector amplio de los asesores (Mencike, Almada, Cafferata, Biscay,), coincidieron en la incorporación del mismo con redacciones distinas. Por el lado de la UIF y la Dra. Llerena no coincidieron con la incorporación del mismo.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
En relación a esta incorporación los asesores Mencike, Almada, Cafferata, Biscay, coincidieron en la pertinencia de incluir la figura para este delito con distintas fórmulas. Por su parte la UIF considera que la incorporación debe ir en una reforma general del Código Penal incluyéndolo en el libro I.
UBICACIÓN DE LA UIF.
En cuanto a la ubicación se consensuó que la misma debe estar dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, no así se pudo consensuar en particular donde debe estar ubicada si bajo la órbita de jefatura de gabinetes o del Ministerio de Justicia del nuevo ministerio de seguridad.
RÉGIMEN DE SELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA UIF.
En cuanto a la conformación de la UIF no hubo consensos un sector de la comisión recomendó la desaparición del consejo asesor y de la figura del vicepresidente, mientras que otro sector no.
En relación al mecanismo de selección de autoridades de la UIF, un sector de la comisión (los asesores Meincke, Almada) concordaron la realización de un concurso público de antecedentes con un Tribunal evaluador conformado por representante de los tres poderes. Luego se realizará una audiencia pública de impugnaciones, con posterioridad el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación elevará la terna seleccionada por el tribunal de evaluación, para que el Presidente elija entre ellos.
SUJETOS OBLIGADOS.
En cuanto a este punto hay consenso con la mayoría de los sujetos, la gran mayoría de los asesores concuerda en incluir a los abogados como sujetos obligados pero con fórmulas distintas. No hay consenso sobre sacar de la categoría a los organismos públicos como sujetos obligados.
Meinkce, Almada proponer eliminar a los organismos públicos con poderes de control y supervisión (CNV, SSN, SeFyC, etc.) como sujetos obligados a informar, mientras que Llerena, Biscay y la representación de la UIF entienden que deben permanecer como sujetos obligados a informar.
FACULTADES DE LA UIF.
En este punto no hay consensos sobre la facultad de querellar de la UIF. Tampoco lo hay sobre la facultad de la UIF de ejercer la Coordinación- Representación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA).
MEDIDAS PROCESALES.
En relación a este punto los asesores Biscay, Almada, Meicke han propuesto la posibilidad de que el fiscal competente en la causa judicial podrá disponer en casos urgentes medidas cautelares asegurativas de bienes cuando existan indicios serios y graves de que éstos son producto de lavado de activos o que se destinarán para financiar actividades terroristas. Dichas medidas deben ser dispuestas por auto fundado, con inmediata comunicación al juez interviniente, bajo pena de nulidad del acto y consecuente ineficacia de la prueba producida a partir de ellas. El juez deberá expedirse en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas.
Hay consenso en incluir medidas especiales de investigación como ser: diferir la decisión de ordenar la detención de personas, o del secuestro de instrumentos o efectos del delito, en caso que la ejecución inmediata de tales medidas pudiere comprometer el éxito de la investigación; suspender la interceptación en territorio argentino de activos o cualquier bien vinculado con el delito investigado, permitiendo su salida del país cuando tuviere seguridad que su vigilancia quedará bajo la supervisión de las autoridades judiciales del país de destino.
USO DE LA INFORMACIÓN PARA OTROS FINES.
Hay consenso en mejorar la redacción y en aumentar las penas a los funcionarios que divulgasen información que manejase el organismo.
Fuente: ncn
El oficialismo amenazó con patear el tablero en lo que respecta a una de las leyes que pidió Cristina Fernández al Parlamento. La oposición considera vital, para la aplicación de la futura ley, realizar modificaciones en la forma en que se designará al titular del organismo de contralor de lavado de dinero. El martes se realizará la primera reunión del año de las Comisiones de Legislación General y Justicia, allí se intentará limar las asperezas surgidas por la fuerte posición opositora. En caso de no existir acuerdo, se tomará la determinación de sacar un dictamen por la mayoría y otro por la minoría, según lo manifestado por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega a NCN.
Desde enero, un cuerpo de juristas expertos en lavado de dinero, en representación de los distintos bloques, viene trabajando sobre los proyectos del PE y los diputados, Héctor Piemonte y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica.,
DOCUMENTO SOBRE LOS CONSENSOS Y DISENSOS ALCANZADOS EN RELACION A LA REFORMA DE LA LEY DE LAVADO DE ACTIVOS.
El estado de situación del trabajo llevado adelante por la comisión de expertos en lavado de activos, que se ha estado reuniendo durante los meses de enero, febrero y lo transcurrido de marzo es el siguiente:
TIPO PENAL.
En cuanto al tipo penal hay consenso entre la mayoría de los expertos respecto a que el tipo penal de lavado de activos debe estar desvinculado por completo del delito de encubrimiento.
Así también hay acuerdo en subir el monto objetivo de punibilidad de 50.000 a 200.000 pesos.
Por otro lado y en concordancia con las recomendaciones del GAFI hay acuerdo en tipificar la figura de autolavado de activos, eliminando de la actual redacción del art. 278 la frase “….en el que no hubiera participado…”.
De este modo la fórmula que tiene un alto nivel de consenso es la siguiente:
Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, ocultare, aplicare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de una actividad ilícita, con la consecuencia de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;
Hay disidencia en cuanto a algunos verbos. Los asesores Almada y Meincke proponen eliminar los verbos tipos ocultare y aplicare, así como también modificar el término delito por actividad ilícita. Esto vinculado a la idea de bien jurídico que más adelante se desarrollará. En cuanto al monto de la pena, estos asesores también proponen aumentar el mínimo de modo que no proceda la suspensión del juicio a prueba.
En cuanto a la ubicación del tipo hay consenso en que el mismo este ubicado en el Código Penal. Sin embargo hay posiciones distintas sobre el bien jurídico protegido y su ubicación en el Código Penal. Por su parte los expertos de la UIF sostienen que el bien jurídico tutelado debe ser el mismo que hay en la actualidad “Administración Pública” y en particular “Administración de Justicia”. De este modo el delito estaría ubicado dentro del Título XI “ De los Delitos Contra la Administración Pública” y en nuevo capítulo que sería el nº XIV denominado “Lavado de Activos de Origen Delictivo” quedando el capítulo XIII redactado del siguiente modo “Encubrimiento”. Desde esta postura se sostiene la inconveniencia de crear un nuevo título con un solo delito de corte netamente económico dejando diseminado por las distintas normas tipos penales vinculados a este nuevo bien jurídico.
Por su parte los asesores Almada, Meincke, y Biscay consideraron en la creación de un nuevo bien jurídico que sería plasmado en un nuevo título n° XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse “Delitos contra la Licitud de los Bienes que circulan en el Mercado”.
Por su parte el Dr. Cafferata Nores hizo hincapié en no hablar de ilícitos sino de delitos precedentes. La Dra. Llerana por su parte sostuvo que lo más conveniente es hablar de injusto penal vinculado al delito precedente.
Hubo consenso entre todos los expertos en considerar que el bien jurídico protegido vinculado al orden socioeconómico no tiene sustento fáctico que lo acompañe, dificultando la aplicación de la figura por parte de los jueces.
DECOMISO.
En cuanto a incluir el supuesto de decomiso anticipado en el delito de lavado de activos un sector amplio de los asesores (Mencike, Almada, Cafferata, Biscay,), coincidieron en la incorporación del mismo con redacciones distinas. Por el lado de la UIF y la Dra. Llerena no coincidieron con la incorporación del mismo.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.
En relación a esta incorporación los asesores Mencike, Almada, Cafferata, Biscay, coincidieron en la pertinencia de incluir la figura para este delito con distintas fórmulas. Por su parte la UIF considera que la incorporación debe ir en una reforma general del Código Penal incluyéndolo en el libro I.
UBICACIÓN DE LA UIF.
En cuanto a la ubicación se consensuó que la misma debe estar dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, no así se pudo consensuar en particular donde debe estar ubicada si bajo la órbita de jefatura de gabinetes o del Ministerio de Justicia del nuevo ministerio de seguridad.
RÉGIMEN DE SELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA UIF.
En cuanto a la conformación de la UIF no hubo consensos un sector de la comisión recomendó la desaparición del consejo asesor y de la figura del vicepresidente, mientras que otro sector no.
En relación al mecanismo de selección de autoridades de la UIF, un sector de la comisión (los asesores Meincke, Almada) concordaron la realización de un concurso público de antecedentes con un Tribunal evaluador conformado por representante de los tres poderes. Luego se realizará una audiencia pública de impugnaciones, con posterioridad el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación elevará la terna seleccionada por el tribunal de evaluación, para que el Presidente elija entre ellos.
SUJETOS OBLIGADOS.
En cuanto a este punto hay consenso con la mayoría de los sujetos, la gran mayoría de los asesores concuerda en incluir a los abogados como sujetos obligados pero con fórmulas distintas. No hay consenso sobre sacar de la categoría a los organismos públicos como sujetos obligados.
Meinkce, Almada proponer eliminar a los organismos públicos con poderes de control y supervisión (CNV, SSN, SeFyC, etc.) como sujetos obligados a informar, mientras que Llerena, Biscay y la representación de la UIF entienden que deben permanecer como sujetos obligados a informar.
FACULTADES DE LA UIF.
En este punto no hay consensos sobre la facultad de querellar de la UIF. Tampoco lo hay sobre la facultad de la UIF de ejercer la Coordinación- Representación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI), el Grupo de Acción Financiera de América del Sud (GAFISUD) y la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (LAVEX-CICAD-OEA).
MEDIDAS PROCESALES.
En relación a este punto los asesores Biscay, Almada, Meicke han propuesto la posibilidad de que el fiscal competente en la causa judicial podrá disponer en casos urgentes medidas cautelares asegurativas de bienes cuando existan indicios serios y graves de que éstos son producto de lavado de activos o que se destinarán para financiar actividades terroristas. Dichas medidas deben ser dispuestas por auto fundado, con inmediata comunicación al juez interviniente, bajo pena de nulidad del acto y consecuente ineficacia de la prueba producida a partir de ellas. El juez deberá expedirse en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas.
Hay consenso en incluir medidas especiales de investigación como ser: diferir la decisión de ordenar la detención de personas, o del secuestro de instrumentos o efectos del delito, en caso que la ejecución inmediata de tales medidas pudiere comprometer el éxito de la investigación; suspender la interceptación en territorio argentino de activos o cualquier bien vinculado con el delito investigado, permitiendo su salida del país cuando tuviere seguridad que su vigilancia quedará bajo la supervisión de las autoridades judiciales del país de destino.
USO DE LA INFORMACIÓN PARA OTROS FINES.
Hay consenso en mejorar la redacción y en aumentar las penas a los funcionarios que divulgasen información que manejase el organismo.
Fuente: ncn
lunes, 7 de marzo de 2011
Los narcos ofrecieron a Felipe Calderón aniquilar a Los Zetas
Autodenominados Cárteles Unidos, pretenden colaborar con los militares mexicanos para contener al sanguinario grupo criminal, un rival al que hace responsable de la violencia en el país
"Señor Presidente Felipe Calderón Hinojosa: Sabemos que usted no hace tratos con narcotraficantes. Sin embargo, con el debido respeto que su envestidura nos merece, y por el bienestar y futuro de las familias de México, le proponemos que el combate para eliminar al grupo criminal de los Zetas, que tanto daño hace al país, se realice mediante un frente común entre las fuerzas armadas y los cárteles unidos", se podía leer en las narcomantas que aparecieron colgadas el sábado 5 de marzo en las ciudades de Matamoros y Reynosa, en el violento estado de Tamaulipas.
En los "narcomensajes" de esta vez las organizaciones afirmaron que no pretenden justificar sus actividades ilícitas ni pactar impunidad y que, una vez erradicados Los Zetas, las autoridades "pueden continuar con su labor de intentar eliminar el narcotráfico".
No es la primera vez que hacen esta oferta, en marzo del año pasado ya habían aparecido mensajes similares en los estados de Jalisco, Chihuahua y Durango. Calderón siempre rechazó estos ofrecimientos e hizo retirar las narcomantes lo más rápido posible.
"Nosotros sabemos que jamás habría un pacto, pero esto ya no se trata de narcotráfico ni de dinero, ni mucho menos [de] la lucha por las plazas, se trata de salvar vidas humanas", aseguran los sicarios. "Los integrantes de los cárteles nos comprometemos a hacer lo que para el Gobierno ha sido imposible: recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas", concluían.
Aunque no está claro quiénes participan de este conglomerado, las autoridades aseguran que se trata del cártel del Golfo, La Familia Michoacana y el cártel de Sinaloa. Estas tres bandas son enemigas declaradas de Los Zetas, el grupo delictivo con mayor dominio territorial de México.
Controlan los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, la mitad de Chihuahua, parte de Chiapas y San Luis Potosí, y diversas localidades de Durango, Oaxaca y Zacatecas. Además, manejan la parte norte y centro de Guatemala. Este grupo está acusado, entre otros ataques, de haber fusilado a 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas cuando intentaban cruzar la frontera con los Estados Unidos.
Cárteles Unidos está en alerta, ya que Los Zetas están dispuestos a copar todo el país, y cada organización delictiva quiere, por lo menos, mantener su zona. El de Sinaloa maneja parte del violento Chihuahua (donde está ubicada la peligrosa Ciudad Juárez), Durango, Sinaloa, Nayarit, y ciertas zonas de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas, Sonora y Baja California. A la Familia se lo ubica en Michoacán, con alguna presencia en los vecinos estados de Guanajuato y Guerrero. Y al cártel del Pacífico Sur se lo identifica como dueño de Sonora y con mucha presencia en Jalisco y Colima. Incluso maneja puntos clave del Distrito Federal. Esta organización delictiva recluta jóvenes sicarios, el caso más conocido es el del "Ponchis" (un niño de 14 años que presumía de sus asesinatos por Internet).
Calderón tiene cómo único eje de su gobierno la lucha contra el crimen organizado, sin embargo, la violencia desatada por el narcotráfico parece imparable. Los años pasan y los nuevos índices superan, en muertos, a los viejos. Sólo en 2010, más de 36 mil personas murieron en episodios vinculados con el crimen organizado.
"Señor Presidente Felipe Calderón Hinojosa: Sabemos que usted no hace tratos con narcotraficantes. Sin embargo, con el debido respeto que su envestidura nos merece, y por el bienestar y futuro de las familias de México, le proponemos que el combate para eliminar al grupo criminal de los Zetas, que tanto daño hace al país, se realice mediante un frente común entre las fuerzas armadas y los cárteles unidos", se podía leer en las narcomantas que aparecieron colgadas el sábado 5 de marzo en las ciudades de Matamoros y Reynosa, en el violento estado de Tamaulipas.
En los "narcomensajes" de esta vez las organizaciones afirmaron que no pretenden justificar sus actividades ilícitas ni pactar impunidad y que, una vez erradicados Los Zetas, las autoridades "pueden continuar con su labor de intentar eliminar el narcotráfico".
No es la primera vez que hacen esta oferta, en marzo del año pasado ya habían aparecido mensajes similares en los estados de Jalisco, Chihuahua y Durango. Calderón siempre rechazó estos ofrecimientos e hizo retirar las narcomantes lo más rápido posible.
"Nosotros sabemos que jamás habría un pacto, pero esto ya no se trata de narcotráfico ni de dinero, ni mucho menos [de] la lucha por las plazas, se trata de salvar vidas humanas", aseguran los sicarios. "Los integrantes de los cárteles nos comprometemos a hacer lo que para el Gobierno ha sido imposible: recuperar la tranquilidad de las familias mexicanas", concluían.
Aunque no está claro quiénes participan de este conglomerado, las autoridades aseguran que se trata del cártel del Golfo, La Familia Michoacana y el cártel de Sinaloa. Estas tres bandas son enemigas declaradas de Los Zetas, el grupo delictivo con mayor dominio territorial de México.
Controlan los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, la mitad de Chihuahua, parte de Chiapas y San Luis Potosí, y diversas localidades de Durango, Oaxaca y Zacatecas. Además, manejan la parte norte y centro de Guatemala. Este grupo está acusado, entre otros ataques, de haber fusilado a 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas cuando intentaban cruzar la frontera con los Estados Unidos.
Cárteles Unidos está en alerta, ya que Los Zetas están dispuestos a copar todo el país, y cada organización delictiva quiere, por lo menos, mantener su zona. El de Sinaloa maneja parte del violento Chihuahua (donde está ubicada la peligrosa Ciudad Juárez), Durango, Sinaloa, Nayarit, y ciertas zonas de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas, Sonora y Baja California. A la Familia se lo ubica en Michoacán, con alguna presencia en los vecinos estados de Guanajuato y Guerrero. Y al cártel del Pacífico Sur se lo identifica como dueño de Sonora y con mucha presencia en Jalisco y Colima. Incluso maneja puntos clave del Distrito Federal. Esta organización delictiva recluta jóvenes sicarios, el caso más conocido es el del "Ponchis" (un niño de 14 años que presumía de sus asesinatos por Internet).
Calderón tiene cómo único eje de su gobierno la lucha contra el crimen organizado, sin embargo, la violencia desatada por el narcotráfico parece imparable. Los años pasan y los nuevos índices superan, en muertos, a los viejos. Sólo en 2010, más de 36 mil personas murieron en episodios vinculados con el crimen organizado.
sábado, 5 de marzo de 2011
Ecuador aún no sale de la ‘lista gris’ del GAFI
Ecuador continúa dentro de la llamada ‘lista gris’ del Grupo de Apoyo Financiero Internacional (GAFI). Esto de acuerdo con las resoluciones tomadas en la última plenaria realizada entre el 23 y 25 de febrero pasados, en París, Francia.
Los países que son parte de esta nómina son aquellos que presentan –a criterio de dicha agrupación– deficiencias para el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, pero han asumido un compromiso político de alto nivel para trabajar en las estrategias para mejorar este comportamiento.
Según el reporte de GAFI, Ecuador hizo en junio del 2010 un compromiso político de alto nivel con GAFI para trabajar en las deficiencias estratégicas. Esto le permitió al país salir de la ‘lista negra’ en la cual lo colocó el GAFI en febrero del 2010 ya que presentaba deficiencias estratégicas y además no había asumido ningún compromiso político de alto nivel con la entidad internacional.
En cambio, desde octubre –señala el grupo internacional– Ecuador ha tomado medidas hacia el mejoramiento de su régimen.
Sin embargo, para el GAFI “las deficiencias permanecen”.
Por ello la recomendación que hace al país es que continúe trabajando en la tipificación adecuada sobre el financiación de terrorista; que se establezcan los procedimientos para identificar y congelar activos provenientes del terrorismo; procedimientos adecuados para ejecutar la confiscación de fondos relacionados con el blanqueo de dinero y además el refuerzo a la supervisión del sector financiero.
Dentro de la ‘lista gris’ del GAFI están considerados países como Antigua & Barbuda, Bangladesh, Ecuador, Ghana, Grecia, Honduras, Indonesia, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Filipinas, São Tomé & Príncipe, Sudán, Tanzania, Tailandia, Turkmenistán, Ucrania, Venezuela, Vietnam y Yemen.
Primera inclusión
El país estuvo cinco meses en la ‘lista negra’ por no cooperar en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El Gobierno lo consideró una retaliación por las relaciones de Ecuador con Irán. Esta situación le significó diversas sanciones como cumplir requisitos y papeleos más engorrosos para el tratamiento con bancos internacionales.
Cambio de estatus
Tras las gestiones hechas ante el GAFI, este lo cambió de lista hasta que se aprobaran reformas legales en la Asamblea Nacional.
Los países que son parte de esta nómina son aquellos que presentan –a criterio de dicha agrupación– deficiencias para el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, pero han asumido un compromiso político de alto nivel para trabajar en las estrategias para mejorar este comportamiento.
Según el reporte de GAFI, Ecuador hizo en junio del 2010 un compromiso político de alto nivel con GAFI para trabajar en las deficiencias estratégicas. Esto le permitió al país salir de la ‘lista negra’ en la cual lo colocó el GAFI en febrero del 2010 ya que presentaba deficiencias estratégicas y además no había asumido ningún compromiso político de alto nivel con la entidad internacional.
En cambio, desde octubre –señala el grupo internacional– Ecuador ha tomado medidas hacia el mejoramiento de su régimen.
Sin embargo, para el GAFI “las deficiencias permanecen”.
Por ello la recomendación que hace al país es que continúe trabajando en la tipificación adecuada sobre el financiación de terrorista; que se establezcan los procedimientos para identificar y congelar activos provenientes del terrorismo; procedimientos adecuados para ejecutar la confiscación de fondos relacionados con el blanqueo de dinero y además el refuerzo a la supervisión del sector financiero.
Dentro de la ‘lista gris’ del GAFI están considerados países como Antigua & Barbuda, Bangladesh, Ecuador, Ghana, Grecia, Honduras, Indonesia, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Filipinas, São Tomé & Príncipe, Sudán, Tanzania, Tailandia, Turkmenistán, Ucrania, Venezuela, Vietnam y Yemen.
Primera inclusión
El país estuvo cinco meses en la ‘lista negra’ por no cooperar en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El Gobierno lo consideró una retaliación por las relaciones de Ecuador con Irán. Esta situación le significó diversas sanciones como cumplir requisitos y papeleos más engorrosos para el tratamiento con bancos internacionales.
Cambio de estatus
Tras las gestiones hechas ante el GAFI, este lo cambió de lista hasta que se aprobaran reformas legales en la Asamblea Nacional.
viernes, 4 de marzo de 2011
ARGENTINA: Segun la DEA Salieron del país 70 toneladas de cocaína en 2010
Tenían como destino a Europa, según la DEA; así lo sostuvo en un informe de drogas del Departamento de Estado norteamericano
El narcojet de los hermanos Juliá causó una fuerte conmoción política, al descubrirse en Barcelona su carga de 900 kilogramos de cocaína. Pero la impresión causada por ese contrabando de drogas queda reducida frente al volumen del narcotráfico en la Argentina.
Es que cada cinco días llega a Europa una cantidad similar de cocaína con salida registrada en nuestro país. Eso se desprende del informe anual sobre estupefacientes, preparado por el Departamento de Estado norteamericano. Ese documento, difundido ayer, señala que 70 toneladas de cocaína fueron enviadas desde la Argentina, según la DEA (Drug Enforcement Administration).
El uso de empresas que despachan cargas marítimas legales como fachada para el traslado de drogas es definido como uno de los modos principales de contrabando. Se dejó constancia del secuestro por parte de las fuerzas argentinas de algo más de 12 toneladas de cocaína durante 2010. Eso sí: del avión del escándalo no hubo rastros en el informe norteamericano. Es que el decomiso en Barcelona se produjo el 2 de enero y el documento de los Estados Unidos abarca las acciones desarrolladas en el mundo en un período de septiembre a septiembre. Washington utiliza dos fuentes para estos reportes; por un lado, los datos generados por sus funcionarios antidrogas y por otra parte utiliza, en gran medida, la información que entrega cada gobierno.
Por eso no se encuentran novedades en el contexto dado al consumo de drogas en la Argentina. Al establecer a nuestro país como el segundo consumidor neto de cocaína de la región (con 600.000 personas que inhalan esa sustancia cada año contra las 900.000 estimadas en Brasil), los norteamericanos sólo consignan los datos hechos públicos por las autoridades locales hace varios años. Sobre la base de ese intercambio, se aseveró: "El consumo de cocaína ha aumentado enormemente, y el país es el segundo gran mercado para la cocaína en América del Sur".
Datos cruzados
Los funcionarios argentinos cruzaron desde noviembre último documentos con las autoridades de los Estados Unidos. Al igual que la mayoría de los países, la Argentina también buscó en esos contactos influir en un documento que siempre produce controversias a escala mundial.
En este caso, se repitieron las duras críticas de Washington a Bolivia y a Venezuela, países acusados de no colaborar en la lucha contra las drogas. Esa situación puede colocar a las naciones en posición de ser sancionadas comercialmente por los Estados Unidos, según una norma diseñada en el Congreso de ese país. Bolivia y Venezuela recibieron el año pasado un perdón presidencial firmado por Barack Obama para evitar esos castigos.
A la Casa Rosada le fue mucho mejor. En el informe tampoco quedaron marcados los enfrentamientos recientes con Washington. La inesperada escalada diplomática liderada por el canciller Héctor Timerman en Ezeiza no tuvo eco entre los hechos destacados por los norteamericanos. Ese avión militar de los Estados Unidos que llegó con instructores para la Policía Federal provocó una gresca verbal en la que se introdujo la propia Casa Blanca. Pero en el momento de dejar por escrito la relación con la Argentina, se consignó la cooperación entre ambos países. Incluso se hizo sobresalir a los cursos de asesoramiento a cargo de los Estados Unidos.
Sin mención específica, entonces, el avión de los Juliá parece seguir una muy explotada ruta de narcotraficantes. Curiosamente, uno de los párrafos del informe parece fortalecer la que hoy es una de las principales hipótesis para lo que, hasta ahora, es el más grande contrabando de cocaína descubierto en nuestro país por vía aérea, esto es: que la droga provino de la zona andina, que ingresó desde Bolivia y que luego viajó -como está probado- hacia España.
"El grueso de la cocaína andina que ingresa en la Argentina lo hace a través de la frontera con Bolivia. El flujo aumentó últimamente al relajarse los controles bolivianos en la materia. El principal mercado de esa droga son los países europeos, particularmente, España", se publicó en el informe.
También se aseveró: "Las autoridades de la Argentina creen que hay un incremento del tránsito de cocaína por el país y atribuyen esto al éxito de las campañas contra las drogas en México y Colombia que obligan a los contrabandistas a buscar otras rutas". Subraya, además, el hecho de que esa frontera llega a ser tan porosa en la materia que hasta no es infrecuente que el contrabando se haga en pequeños aviones.
El informe se hace eco de un aumento del tránsito de droga por nuestro país y señala al respecto que, desgraciadamente, la falta de acuerdo entre las autoridades nacionales y provinciales en la materia termina por conspirar contra la eficiencia en la lucha contra el delito.
Entre las recomendaciones ofrecidas a la Argentina figura, especialmente, la necesidad de una reforma judicial para garantizar una acción más eficaz contra los narcotraficantes, ya que se manifiesta una queja por la lentitud del sistema procesal argentino.
Este documento norteamericano se hizo público un día después de que las Naciones Unidas presentaran su informe anual. La única diferencia de fondo entre esos trabajos tiene que ver con el señalamiento que hace Washington sobre aquello que los países hicieron o dejaron de hacer.
La Nacion Colaboró Silvia Pisani desde EE.UU.
UN ANÁLISIS HECHO DE CADA PAÍS La Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos es un informe que el gobierno norteamericano debe presentar cada año en su Congreso en los primeros días de marzo. En ese documento se analiza la situación mundial del tráfico de drogas y consolida la visión de los EE.UU. sobre las acciones realizadas por cada país. Una nación calificada como sin voluntad de ayudar queda expuesta a sanciones económicas por parte de Washington
El narcojet de los hermanos Juliá causó una fuerte conmoción política, al descubrirse en Barcelona su carga de 900 kilogramos de cocaína. Pero la impresión causada por ese contrabando de drogas queda reducida frente al volumen del narcotráfico en la Argentina.
Es que cada cinco días llega a Europa una cantidad similar de cocaína con salida registrada en nuestro país. Eso se desprende del informe anual sobre estupefacientes, preparado por el Departamento de Estado norteamericano. Ese documento, difundido ayer, señala que 70 toneladas de cocaína fueron enviadas desde la Argentina, según la DEA (Drug Enforcement Administration).
El uso de empresas que despachan cargas marítimas legales como fachada para el traslado de drogas es definido como uno de los modos principales de contrabando. Se dejó constancia del secuestro por parte de las fuerzas argentinas de algo más de 12 toneladas de cocaína durante 2010. Eso sí: del avión del escándalo no hubo rastros en el informe norteamericano. Es que el decomiso en Barcelona se produjo el 2 de enero y el documento de los Estados Unidos abarca las acciones desarrolladas en el mundo en un período de septiembre a septiembre. Washington utiliza dos fuentes para estos reportes; por un lado, los datos generados por sus funcionarios antidrogas y por otra parte utiliza, en gran medida, la información que entrega cada gobierno.
Por eso no se encuentran novedades en el contexto dado al consumo de drogas en la Argentina. Al establecer a nuestro país como el segundo consumidor neto de cocaína de la región (con 600.000 personas que inhalan esa sustancia cada año contra las 900.000 estimadas en Brasil), los norteamericanos sólo consignan los datos hechos públicos por las autoridades locales hace varios años. Sobre la base de ese intercambio, se aseveró: "El consumo de cocaína ha aumentado enormemente, y el país es el segundo gran mercado para la cocaína en América del Sur".
Datos cruzados
Los funcionarios argentinos cruzaron desde noviembre último documentos con las autoridades de los Estados Unidos. Al igual que la mayoría de los países, la Argentina también buscó en esos contactos influir en un documento que siempre produce controversias a escala mundial.
En este caso, se repitieron las duras críticas de Washington a Bolivia y a Venezuela, países acusados de no colaborar en la lucha contra las drogas. Esa situación puede colocar a las naciones en posición de ser sancionadas comercialmente por los Estados Unidos, según una norma diseñada en el Congreso de ese país. Bolivia y Venezuela recibieron el año pasado un perdón presidencial firmado por Barack Obama para evitar esos castigos.
A la Casa Rosada le fue mucho mejor. En el informe tampoco quedaron marcados los enfrentamientos recientes con Washington. La inesperada escalada diplomática liderada por el canciller Héctor Timerman en Ezeiza no tuvo eco entre los hechos destacados por los norteamericanos. Ese avión militar de los Estados Unidos que llegó con instructores para la Policía Federal provocó una gresca verbal en la que se introdujo la propia Casa Blanca. Pero en el momento de dejar por escrito la relación con la Argentina, se consignó la cooperación entre ambos países. Incluso se hizo sobresalir a los cursos de asesoramiento a cargo de los Estados Unidos.
Sin mención específica, entonces, el avión de los Juliá parece seguir una muy explotada ruta de narcotraficantes. Curiosamente, uno de los párrafos del informe parece fortalecer la que hoy es una de las principales hipótesis para lo que, hasta ahora, es el más grande contrabando de cocaína descubierto en nuestro país por vía aérea, esto es: que la droga provino de la zona andina, que ingresó desde Bolivia y que luego viajó -como está probado- hacia España.
"El grueso de la cocaína andina que ingresa en la Argentina lo hace a través de la frontera con Bolivia. El flujo aumentó últimamente al relajarse los controles bolivianos en la materia. El principal mercado de esa droga son los países europeos, particularmente, España", se publicó en el informe.
También se aseveró: "Las autoridades de la Argentina creen que hay un incremento del tránsito de cocaína por el país y atribuyen esto al éxito de las campañas contra las drogas en México y Colombia que obligan a los contrabandistas a buscar otras rutas". Subraya, además, el hecho de que esa frontera llega a ser tan porosa en la materia que hasta no es infrecuente que el contrabando se haga en pequeños aviones.
El informe se hace eco de un aumento del tránsito de droga por nuestro país y señala al respecto que, desgraciadamente, la falta de acuerdo entre las autoridades nacionales y provinciales en la materia termina por conspirar contra la eficiencia en la lucha contra el delito.
Entre las recomendaciones ofrecidas a la Argentina figura, especialmente, la necesidad de una reforma judicial para garantizar una acción más eficaz contra los narcotraficantes, ya que se manifiesta una queja por la lentitud del sistema procesal argentino.
Este documento norteamericano se hizo público un día después de que las Naciones Unidas presentaran su informe anual. La única diferencia de fondo entre esos trabajos tiene que ver con el señalamiento que hace Washington sobre aquello que los países hicieron o dejaron de hacer.
La Nacion Colaboró Silvia Pisani desde EE.UU.
UN ANÁLISIS HECHO DE CADA PAÍS La Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos es un informe que el gobierno norteamericano debe presentar cada año en su Congreso en los primeros días de marzo. En ese documento se analiza la situación mundial del tráfico de drogas y consolida la visión de los EE.UU. sobre las acciones realizadas por cada país. Una nación calificada como sin voluntad de ayudar queda expuesta a sanciones económicas por parte de Washington
miércoles, 2 de marzo de 2011
Uruguay: Reporte de operaciones sospechosas creció 18,2%
Lavado de dinero. En 2010 fueron a la Justicia 11 casos
En 2010 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero crecieron 18,2% y llegaron a un máximo de 214, según datos divulgados ayer por el Banco Central (BCU). Luego del análisis, 11 de ellos se enviaron a la Justicia.
Además, según la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) en 2010 se recibieron declaraciones de entrada de efectivo por US$ 462.846.138 y salidas de efectivo declaradas por US$ 507.337.903.
De acuerdo al informe divulgado ayer por el BCU, "la cantidad de reportes (de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo) recibidos continúa dependiendo básicamente del cumplimiento de la obligación de reporte por parte de bancos y casas de cambio".
Empero, "si se analizan los últimos cuatro años, las cifras muestran una saludable tendencia a la diversificación entre las distintas categorías de sujetos obligados", indica la UIAF.
Los ROS de bancos y cambios pasaron de representar 93,7% del total en 2007 a 75,7% el año pasado. La UIAF destacó "el aumento de los reportes recibidos de otras categorías de entidades, especialmente de las empresas de transferencias de fondos, del área de valores -aunque todavía responden mayoritariamente a lo reportado por una entidad- y de parte de los sujetos obligados no financieros: escribanos (cinco ROS), administradores de sociedades (tres) e inmobiliarias (dos).
De los 214 reportes enviados al BCU el año pasado, la UIAF puso en conocimiento de la Justicia 11 de ellos, "habiendo dispuesto en uno la inmovilización previa de los fondos involucrados por un monto aproximado de US$ 200.000", señaló.
En 2010 ingresó dinero en efectivo por el equivalente a US$ 462.846.138 (corresponde el 55,3% a ingreso de dólares, 35,5% a reales, el 4,4% a pesos uruguayos, el 3,1% a pesos argentinos y el 1,5% a euros). Mientras, salió efectivo por US$ 507.337.903 (45,5% dólares y 41,8% reales, entre otros).
El País Digital
En 2010 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de lavado de dinero crecieron 18,2% y llegaron a un máximo de 214, según datos divulgados ayer por el Banco Central (BCU). Luego del análisis, 11 de ellos se enviaron a la Justicia.
Además, según la Memoria de Actividades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) en 2010 se recibieron declaraciones de entrada de efectivo por US$ 462.846.138 y salidas de efectivo declaradas por US$ 507.337.903.
De acuerdo al informe divulgado ayer por el BCU, "la cantidad de reportes (de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo) recibidos continúa dependiendo básicamente del cumplimiento de la obligación de reporte por parte de bancos y casas de cambio".
Empero, "si se analizan los últimos cuatro años, las cifras muestran una saludable tendencia a la diversificación entre las distintas categorías de sujetos obligados", indica la UIAF.
Los ROS de bancos y cambios pasaron de representar 93,7% del total en 2007 a 75,7% el año pasado. La UIAF destacó "el aumento de los reportes recibidos de otras categorías de entidades, especialmente de las empresas de transferencias de fondos, del área de valores -aunque todavía responden mayoritariamente a lo reportado por una entidad- y de parte de los sujetos obligados no financieros: escribanos (cinco ROS), administradores de sociedades (tres) e inmobiliarias (dos).
De los 214 reportes enviados al BCU el año pasado, la UIAF puso en conocimiento de la Justicia 11 de ellos, "habiendo dispuesto en uno la inmovilización previa de los fondos involucrados por un monto aproximado de US$ 200.000", señaló.
En 2010 ingresó dinero en efectivo por el equivalente a US$ 462.846.138 (corresponde el 55,3% a ingreso de dólares, 35,5% a reales, el 4,4% a pesos uruguayos, el 3,1% a pesos argentinos y el 1,5% a euros). Mientras, salió efectivo por US$ 507.337.903 (45,5% dólares y 41,8% reales, entre otros).
El País Digital
Paraguay sigue en la lista gris del GAFI
Nuestro país no logró salir de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lista en la que se encuentran los países que tienen deficiencias en los controles de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. La evaluación del organismo internacional se realizó del 17 al 22 de febrero último en París.
La delegación paraguaya, encabezada por Benigno López, miembro del directorio del Banco Central y actual titular de Gafisud (base regional), solicitó en la plenaria la consideración de quitar de la lista gris al Paraguay, teniendo en cuenta los avances logrados en los últimos años.
Recordemos que nuestro país tendrá la presidencia pro témpore del Gafisud por todo 2011.
Más resultado
Sin embargo, los inspectores del GAFI esperan mayores resultados que surjan a partir de la aplicación de nuevas normativas, entre ellas la modificación de la legislación sobre el control transfronterizo de divisas y valores, la ley que reprime las acciones terroristas y la regulación para las entidades remesadoras de fondos (que no sean entidades financieras), todas estas aprobadas en el último año.
El informe del grupo internacional sostiene que las autoridades paraguayas han desarrollado diferentes procedimientos en las aduanas para detectar, detener o frenar, y aprovechar el transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador que está en plena ejecución a través del sistema Sofía. Pero que debido al reciente desarrollo de estos procedimientos, aún no hay estadísticas para probar su eficacia, por lo que exigirán más informes sobre la operatividad de las normativas.
Según señaló el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, es probable que en los próximos meses se tenga la presencia de altos funcionarios de la organización, a fin de verificar la adecuada ejecución de las normativas, antes de la siguiente evaluación, que será en junio.
“Paraguay debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar, congelar y confiscar los bienes de los terroristas (proyecto de ley, está en el Congreso) y controlar efectivamente la aplicación de cruce transfronterizo de las transacciones en efectivo”, sostiene el informe final del GAFI.
La delegación paraguaya, encabezada por Benigno López, miembro del directorio del Banco Central y actual titular de Gafisud (base regional), solicitó en la plenaria la consideración de quitar de la lista gris al Paraguay, teniendo en cuenta los avances logrados en los últimos años.
Recordemos que nuestro país tendrá la presidencia pro témpore del Gafisud por todo 2011.
Más resultado
Sin embargo, los inspectores del GAFI esperan mayores resultados que surjan a partir de la aplicación de nuevas normativas, entre ellas la modificación de la legislación sobre el control transfronterizo de divisas y valores, la ley que reprime las acciones terroristas y la regulación para las entidades remesadoras de fondos (que no sean entidades financieras), todas estas aprobadas en el último año.
El informe del grupo internacional sostiene que las autoridades paraguayas han desarrollado diferentes procedimientos en las aduanas para detectar, detener o frenar, y aprovechar el transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador que está en plena ejecución a través del sistema Sofía. Pero que debido al reciente desarrollo de estos procedimientos, aún no hay estadísticas para probar su eficacia, por lo que exigirán más informes sobre la operatividad de las normativas.
Según señaló el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Oscar Boidanich, es probable que en los próximos meses se tenga la presencia de altos funcionarios de la organización, a fin de verificar la adecuada ejecución de las normativas, antes de la siguiente evaluación, que será en junio.
“Paraguay debe seguir trabajando en la aplicación de su plan de acción para hacer frente a estas deficiencias, entre ellas: establecer y aplicar procedimientos adecuados para identificar, congelar y confiscar los bienes de los terroristas (proyecto de ley, está en el Congreso) y controlar efectivamente la aplicación de cruce transfronterizo de las transacciones en efectivo”, sostiene el informe final del GAFI.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
