Argentina: El día en que el dólar subió por un misterio

La operación de un anónimo para fugar US$ 100 millones llevó la cotización "paralela" al nivel más alto desde 2008; sorpresa en el mercadoA mediados de enero, un misterioso intermediario contactó a por lo menos cinco grandes casas de cambio y pequeños bancos de la City porteña. Les propuso un negocio explosivo: sacar 100 millones de dólares del país. Eso sí: en negro.
Para tentarlos y vencer sus objeciones, el mensajero ofreció pagarles el doble de la comisión habitual y dejarles el dinero, cash , en sus oficinas, por el tiempo que resultare necesario para que no saltaran las alarmas sobre lavado de dinero, según reconstruyó LA NACION sobre la base de testimonios de seis informantes del sistema financiero local, incluidos los presidentes de dos de las agencias de cambio contactadas.
Como dueños de la montaña de dólares, el intermediario invocó los nombres de dos de los empresarios más cercanos al kirchnerismo, algo que los cambistas y banqueros debieron tomar como venía, sin forma alguna de verificarlo. Y el mensajero aportó otro dato peculiar. Afirmó que el dinero era fruto de "la obra pública".
Los cambistas se negaron. En algunos casos, por principios. En otros, por temor.
Pero la operación se completó con otros operadores del circuito, lo que podría explicar el inusitado pico que registró el dólar negro en la City porteña durante la parsimonia veraniega de las últimas semanas.
"La operación fue gigantesca, lo que terminó elevando los costos para toda la plaza", detalló un operador del circuito informal -o "cuevero"-, uno de los informantes que aportaron datos sobre lo ocurrido. "Varios operadores recibieron esa orden [de sacar el dinero], que permitió mantener el dinero en negro", completó.
El presidente de una de las casas de cambio que recibió el pedido aportó más precisiones: "Dijo que quería hacer una importante transferencia al exterior".
Y las sospechas, ya de por sí elevadas, se agigantaron cuando el mensajero, que en teoría trabaja en una cooperativa y suele mover montos chicos, lanzó la cifra de los 100 millones.
Un segundo operador que también recibió el pedido aportó otros datos singulares.
Precisó que el emisario había pedido que la fuga se hiciera en cinco, ocho o los tramos que fueran necesarios para pasar por debajo de los radares. Y que, a cambio de los riesgos, estaba dispuesto a pagar el doble de la comisión habitual. Si era del 0,5 al 1 por ciento, llevarlo a 2 puntos.
"Si algo logró con eso fue terminar de convencernos de que el dinero no podía ser limpio de ningún modo. Así que nos negamos a procesar la operación", dijo el presidente de una de las casas de cambio consultadas por LA NACION.
La operación se concretó de todos modos. Y, a mediados de enero último, mientras el dólar minorista en las pizarras de las casas de cambio cotizaba a $ 4,01, en el mercado negro comenzó una escalada singular que para fines de mes lo ubicaba por encima de los 4,15 pesos, la diferencia -o spread- más pronunciada desde el pico de la crisis financiera de 2008.
Las causas de esa brecha son múltiples, explican desde el mercado cambiario. Entre otras, que muchísimos ahorristas y empresas optan por pagar el diferencial para saltearse los controles impuestos por el Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que como primer condicionante sólo permiten el giro de dos millones de dólares por persona por mes.
El mercado cambiario real
Además del minorista, en el país se negocian otros varios tipos de dólares.
Está el "mayorista", que surge de las transacciones que se registran en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), donde influyen bancos y empresas; el "futuro", que es el valor de los contratos que se operan tanto en el Rofex como en el MAE; el "blue", que es el dólar billete para operaciones en negro; el de "transferencia", que se aplica para enviar divisas en blanco al exterior o para traer dólares al país, y el "contado con liquidación", que permite ingresar o sacar dólares a través de operaciones de compraventa simultáneas de bonos y acciones en la plaza local y en el exterior y constituye el método preferido para eludir los controles formales.
"No sabemos bien por qué, pero a mediados de enero el dólar «contado con liquidación» voló", detalló el responsable de una de las entidades de mayor presencia en la City.
"No es normal, ni por la salida de fondos del país, ni por la normativa sobre lavado. Fue algo de golpe, a mediados de enero."
Un tercer informante oyó otro dato peculiar, pero que refuerza las sospechas sobre el dinero y el circuito negro: "Los 100 millones, según supimos, no estaban depositado en un banco ni en una caja de seguridad. Dijeron que estaban en una escribanía".
En todo caso, el volumen físico de semejante cantidad de dinero resultaría inolvidable si alguien pudo verlo todo junto.
Apilado en paquetes de 10 millones cada uno, ocuparía 70 centímetros de alto por 50 centímetros de largo por 5,40 metros de ancho, según detallaron a LA NACION desde una empresa de transporte de caudales en la que están habituados a manejar volúmenes de este tipo. Es decir, el equivalente a 1,89 metro cúbico de billetes.
Para el sector de las casas de cambio, sin embargo, el desafío resultó sustancial y así se comentó en una de las últimas reuniones del sector. Pero no fue imposible.
De hecho, varios recordaron que durante 2010 sobrellevaron otro "movimiento fuerte" de dinero por parte de una empresa -del sector de las maquinarias agrícolas- que quiso enviar fondos, en negro, a Miami.
Hugo Alconada Mon La nacion

Observan un gran flujo de dinero del narcotráfico en el sur de Florida

Miami (EE.UU.), 25 feb (EFE).- El fiscal federal del distrito sur de Florida, Wifredo Ferrer, dijo hoy que han observado un gran flujo de dinero del narcotráfico en esta zona de Estados Unidos procedente de diversas partes del mundo.
"Estamos viendo que hay mucho dinero de los traficantes que viene no sólo de México, sino que es lavado y viene a través de muchos países de todo el mundo al sur de Florida", declaró Ferrer a periodistas.
El funcionario fue el orador principal de la XI Conferencia Anual sobre Prevención de Lavado de Dinero organizada por la Asociación de Bancos Internacionales de Florida (FIBA), que concluye hoy en Miami.
Los banqueros que asistieron al evento manifestaron preocupación porque las ganancias ilícitas de los cárteles mexicanos al parecer se están blanqueando en otras naciones y se desconoce qué rutas utilizan.
El fiscal federal dijo que están trabajando con los bancos para "ver si podemos detectar este dinero ilícito que está ingresando al sur de Florida de muchos países".
En cuanto a las emergentes Bandas Criminales de Colombia (Bacrims), Ferrer dijo que tienen información de que gran parte de la droga de esas organizaciones se envía a México y de allí es trasladada a Estados Unidos.
"Estamos centrados en las organizaciones que están más involucradas en el narcotráfico de Colombia hacia Estados Unidos a través de México", precisó.
La ruta que usan para el contrabando de la cocaína a Estados Unidos es por vía marítima hacia Centroamérica, México y el Caribe, agregó.
La Fiscalía Federal del distrito sur creó a inicios de este mes una unidad para desmantelar las Bacrims, es la primera en Estados Unidos diseñada específicamente para ese objetivo.
Las Bacrims, según las autoridades estadounidenses, son organizaciones de narcotráfico que buscan "llenar el poder vacío dejado por el caído cartel del Norte del Valle y por la disolución de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)".
La unidad forma parte de las medidas que implementa la Fiscalía Federal para erradicar a los narcotraficantes de Florida, que ocupa la primera posición en EE.UU. en juzgar casos de tráfico de estupefacientes.

GAFI da más tiempo a la Argentina para mejorar sus políticas antilavado

El organismo internacional reconoció las "fuertes acciones" del Ejecutivo para adecuarse a los requerimientos internacionaes sobre el blanqueo de fondos. Los temores por una eventual inclusión en la "lista gris"
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destacó el miércoles "fuertes acciones" de Argentina para adecuar su política antilavado de activos a estándares internacionales, postergando la posible inclusión del país en una lista gris, informó el Gobierno.
La inclusión en la "lista gris" del GAFI complicaría la operatoria de los bancos en Argentina, encarecería el crédito, y dejaría al país en un nivel similar al de sus empobrecidos vecinos Paraguay y Bolivia.
En los últimos meses, a través de normas dictadas por la UIF (Unidad de Información Financiera), la unidad local antilavado, Argentina ajustó sus controles para cumplir con reglas internacionales y no ingresar en esa lista gris del organismo.
El GAFI (FATF, por su sigla en inglés) es un cuerpo intergubernamental que promueve políticas locales y globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
"El organismo resolvió analizar en su próxima reunión plenaria, que tendrá lugar en el mes de junio, la evolución de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para fortalecer su lucha en la materia", dijo la UIF en una nota.
"Argentina parece ir en la dirección correcta y los países aquí presentes le ofrecemos nuestro apoyo y colaboración", expresó el presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, según la nota del organismo argentino.
Urrutia habló en la primera jornada de la Segunda Reunión Plenaria del Grupo, desarrollada en el centro de conferencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE), en París. El encuentro culminará el viernes 25 de febrero.
Argentina, tercera economía de América Latina e integrante del G-20, es una de las 34naciones que es miembro pleno del GAFI.

Argentina: Acuerdo entre oficialismo y oposición para modificar ley de Lavado

La oposición y el oficialismo comenzaron a trabajar para acordar un dictamen de reforma de la ley de lavado de dinero que incluya, entre otras, una modificación a la figura penal de ese delito y que determine las funciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los asesores de todos los bloques partidarios estuvieron trabajando durante enero en ese dictamen, por lo que esta semana se terminaría de definir el proyecto.
Los diferentes partidos estarían de acuerdo en la reforma del Código Penal para independizar la figura de lavado de dinero de la de encubrimiento. En lo que todavía no habría consenso es en las funciones que debería cumplir la UIF.
El proyecto que la Casa Rosada envió al Congreso para reformar esas normas prevé que el lavado de dinero "sea castigado directamente con penas de prisión, sin la necesidad de que exista un delito precedente, eliminando la restricción existente en la legislación actual para el juzgamiento y la condena del delito de autolavado".
Hasta ahora, la ley 25.246, aprobada en abril de 2000, prevé penas de entre 2 y 10 años de prisión para el lavado de dinero. Pero para castigarlo, debe demostrarse que hubo un delito previo.
En ese punto están de acuerdo todos los sectores, por lo que el dictamen que se dará a conocer este jueves en la Cámara de Diputados no tiene casi diferencias con el texto enviado por el Gobierno, señaló el diario Ambito Financiero.
Las diferencias aparecen cuando se plantean los límites al funcionamiento de la UIF. La Casa Rosada pretende otorgarle la facultad de presentarse como querellante en donde "se investiguen los delitos que habilitan su intervención".
En cambio, para la oposición habría que acotar el margen de acción de la oficina que dirige José Sbatella para hacerla más efectiva y e inclusive, estaría discutiendo si el cargo de director de la UIF debe elegirse por concurso o a propuesta de directa de la oposición.
El Gobierno nacional empezó a promover la reforma de la Ley de Lavado de Dinero el año pasado, después de que el GAFI emitió un crítico informe sobre la falta de avance en la aplicación de leyes que combatan ese delito. A su vez, desde fines del año pasado la UIF emitió una serie de resoluciones para adecuar los controles de operaciones en distintas actividades económicas, ajustando los informes a los estándares internacionales.
Nosis

Argentina: Plenario del GAFI define situacion en Paris

La Argentina muestra un "fuerte compromiso" político para reformar su sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos. Pero no se pone de acuerdo sobre cómo hacerlo con "acciones concretas". Peor aún, algunos funcionarios -del Ejecutivo o del Legislativo- tienen "poco conocimiento de las fuentes de lavado y financiación del terrorismo".
Quien así lo sostiene es el presidente del principal foro intergubernamental del mundo contra el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el mexicano Luis Urrutia, según consta en el "reporte de la misión de alto nivel" que viajó a la Argentina a mediados de diciembre, y cuya copia obtuvo LA NACION.
El reporte se distribuyó en París entre las delegaciones que desde anteayer participan en el plenario del GAFI, que hoy debatirá la situación argentina, tras la exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, y del titular de la unidad antilavado local, José Sbattella.
El plenario del GAFI podría reforzar el proceso de "seguimiento especial" sobre el país hasta la próxima reunión del Grupo, prevista para junio o, más improbable, emitir una "declaración pública" que serviría de alerta internacional contra la Argentina, según anticiparon a La Nacion fuentes que participan de la cumbre en París.
Durante la sesión, Alak y Sbattella deberán convencer a los miembros del GAFI de que la Argentina -no sólo el Gobierno- sí comprende los desafíos por delante. En particular, cuando Urrutia también señaló en su reporte que "algunos" interlocutores que se reunieron con la misión en Buenos Aires "negaron categóricamente que se pudiera lavar dinero en la Argentina".
La visión local sobre la situación doméstica y sobre la calidad del sistema antilavado vigente ofrece un marcado contraste con la posición del GAFI, que en octubre aprobó un informe lapidario sobre el país. Sobre 49 ejes en revisión, la Argentina desaprobó 47.
"Acciones concretas"
La misión que encabezó el propio Urrutia también señaló a sus interlocutores argentinos la "debilidad general" que detectaron en el llamado "plan de acción" que trazó el Gobierno para reformar el sistema local, algo que de todos modos subrayaron que "reconocieron los funcionarios".
Además de con Alak y Sbattella, la misión del GAFI se reunió con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; el procurador Esteban Righi; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; varios banqueros, y los diputados Eric Calcagno y Carlos Heller, entre otros.
Al concluir la misión, Urrutia indicó que "la Argentina confirmó su compromiso político con el GAFI y notó que ese compromiso tiene que traducirse en acciones concretas para cumplir con los estándares internacionales". Si comenzó a concretarlo o no, se debatirá hoy en París
Hugo Alconada Mon /La Nacion

El GAFI define la situación de la Argentina

El gobierno argentino deberá extremar sus esfuerzos para evitar que el principal foro intergubernamental contra el lavado de activos continúe con su escalada y apruebe una declaración pública sobre las deficiencias del país cuando se reúna en París a partir de hoy, anticiparon tres fuentes de distintos países a La Nacion.
La secretaría general del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó la propuesta de emitir esa "declaración pública" en el temario que debatirán las delegaciones, aunque optó luego por retirarla como gesto para la comitiva argentina, que contará con una nueva oportunidad de defenderse.
De ese modo, la Argentina fluctuará entre dos posibles resultados: padecer esa declaración en su contra -con el consiguiente impacto en los costos transaccionales, el cierre de corresponsalías y el aumento de controles y requisitos financieros alrededor del mundo- o, como mínimo, continuar bajo una supervisión especial hasta junio próximo, cuando el pleno del GAFI vuelva a reunirse en México.
"La clave será la presentación de la delegación argentina", anticipó uno de los informantes extranjeros, visión que convalidó un funcionario argentino. "El martes [por mañana] tendremos una reunión preliminar con los miembros de la comitiva que viajó a Buenos Aires en diciembre", precisó el segundo.
Ese encuentro incluirá, por el lado del GAFI, a su presidente, el mexicano Luis Urrutia Corral, y a su antecesor, el brasileño Antonio Rodrigues, entre otros, y por el Gobierno, al titular de la unidad antilavado, José Sbattella; al ministro de Justicia, Julio Alak, y al embajador ante Austria y los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, un experto jurídico en la lucha contra la corrupción y lavado de activos.
La discusión plenaria sobre el "caso argentino", sin embargo, será pasado mañana, cuando la comitiva deberá afrontar las críticas de las delegaciones más duras, entre las que descuellan las de España y México, al igual que la propia secretaría ejecutiva del GAFI.
Por el contrario, otras representaciones consideran que resulta injusto exigirle un replanteo profundo a la Argentina de su sistema antilavado -con reformas legislativas incluidas- en pleno receso estival del Congreso y en la antesala de sus elecciones presidenciales.
"Se adelantaron mucho los plazos sobre la Argentina, es cierto, pero aprobar una «declaración pública» sobre un país sólo es posible si sus autoridades no evidencian ninguna reacción ni impulsan ninguna medida", graficó un informante internacional a La Nacion. "Pero éste no es el caso, sin entrar al discutible contenido de lo hecho por las autoridades argentinas", completó.
La "declaración pública" para alertar al resto del mundo sobre los problemas de un país para combatir el lavado es el tercer paso en la escala que fijan las normas del GAFI.
Tras la aprobación de un informe crítico sobre su sistema antilavado -lo que afrontó la Argentina en octubre último-, el primer paso es el envío de una carta a sus autoridades y el segundo es la visita de una delegación de alto nivel, lo que ocurrió en diciembre pasado. El cuarto paso es la suspensión de su membresía en el GAFI, y el último, su expulsión.
Gesto político
Pasado mañana, más allá de lo que defina el GAFI, Alak retornaría al país. Su único objetivo en Francia será explicitar con su presencia el compromiso político de la Casa Rosada con la lucha antilavado y la reforma del sistema local, tal como también lo intentó Aníbal Fernández dos años atrás, en otra visita a París. Alak viajará, no obstante, sin demasiado "optimismo", según comentaron a La Nacion colaboradores del ministro. En particular, no oculta sus dudas sobre cuál podría ser la posición de Estados Unidos si la discusión sobre la Argentina levantara temperatura.
En octubre pasado, durante la anterior reunión plenaria del GAFI, los representantes de España, México y otros países bregaron por someter a la Argentina al proceso que podría culminar con su ingreso en la llamada "lista gris". Sin embargo, y a pesar del respaldo de los argentinos a sus pares venezolanos -también en la picota por las deficiencias de su sistema antilavado-, la comitiva estadounidense intercedió, junto a la austríaca, en favor de la Casa Rosada.
Cuatro meses después, sin embargo, resulta una incógnita qué posición podría adoptar Washington en similares circunstancias, dado el último incidente diplomático en torno al material incautado en un avión militar norteamericano en Ezeiza.
SEMANA DECISIVA
•Reunión en París. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reúne a partir de hoy en la capital de Francia. El encuentro será clave para la Argentina, ya que su sistema legal antilavado ya fue cuestionado en dos oportunidades por el foro.
•"Declaración pública". La principal preocupación para el país es la posibilidad de que el GAFI emita una alerta para cuestionar la ley argentina para combatir el lavado de dinero, norma modificada por el kirchnerismo.
•Una exposición clave. Los especialistas aseguran que la clave para que la Argentina evite ese pronunciamiento pasará por la exposición de la delegación argentina, que encabeza el ministro de Justicia, Julio Alak.
Hugo Alconada Mon /La Nacion

MAFIA RUSA: Rusia acuerda la entrega a España del capo Tariel Oniani

La fiscalía rusa ha acordado la entrega temporal a España del capo de la mafia rusa Tariel Oniani. El presunto mafioso, al que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu imputa los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental, delito contra la Hacienda pública e inmigración ilegal, cumple condena en Rusia, donde fue detenido tras lograr escapar del cerco de la Operación Avispa gracias, supuestamente, al soplo de un agente.
Oniani, considerado el líder del clan mafioso Solntsevkaya, fue detenido en julio de 2008 en el río Moscova, en Moscú, mientras celebraba, a bordo de un yate, una reunión con otros líderes de la criminalidad organizada de la extinta URSS.
Tres años antes, en junio de 2005, mientras volvía a su mansión de Barcelona tras una noche de juerga, huyó apresuradamente antes de llegar a su casa. Fuentes de la investigación creen que algún agente o funcionario corrupto lo avisó en ese momento de que la policía lo esperaba.
Sus actividades de blanqueo se realizaban a través de varias empresas gibraltareñas que compraban inmuebles en España y varios restaurantes de Barcelona regentados por miembros de su organización. A través de un conglomerado de empresas contrataba para supuestas labores de limpieza a georgianos a los que el exsubdelegado del Gobierno en Barcelona Eduard Planells (también implicado en la trama) concedía fraudulentamente permisos de residencia.
M. ALTOZANO

Argentina: Allanan joyerías por pedido de la UIF

La Justicia Federal reconoció ayer las facultades de supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF) y ordenó allanar las joyerías Richiardi, Paul Baker y El Lingote, así como una vivienda particular, por la posible comisión del delito de lavado de activos de origen delictivo.
Los operativos apuntan también a verificar el cumplimiento de la ley 25.246, que es la norma principal del sistema antilavado de Argentina.
La UIF recordó que el artículo 21 de la referida ley establece que las joyerías, por ser sujetos obligados a aplicar procedimientos antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo y a reportar al Estado operaciones sospechosas, deben recabar de sus clientes documentos que prueben su identidad y comunicar las transacciones que presenten indicios de delitos como fuente del dinero o los bienes que involucran.
El Cronista

Argentina: oficializan mayores controles en inmuebles y comercio exterior

La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso los procedimientos para evitar el lavado de dinero en las importaciones y exportaciones, y sobre las operaciones de compra y venta de inmuebles.
Los registros de propiedad inmuebles deberán implementar políticas activas de prevención de uso de dinero de origen ilícito, capacitar al personal y designar un oficial que mantendrá el contacto directo con la UIF.
Entre los ítems a tener en cuenta para catalogar una operación de compra-venta de inmuebles como sospechosa la UIF menciona “las inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de dos años cuando la diferencia entre el precio de la primera operación y de la última sea superior al 30%”.
También “la multiplicidad de inscripciones u anotaciones en cabeza de una misma persona, ya sea física o jurídica, dentro del plazo de un año” es otro indicador previsto por la UIF en la resolución 41 publicada hoy en el Boletín Oficial.
También, “la multiplicidad de nombres, Documento Nacional de Identidad, Clave Unica de Identificación Tributaria o Laboral, Cédula de Identidad o cualquier otro elemento de identificación en cabeza de la misma persona”, así como la “coincidencia” de nombres o de números de los documentos de identificación antedichos.
En cuanto a las operaciones de importación y exportación, la UIF determinó los procedimientos de prevención que deben implementar los despachantes de aduanas, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, según la resolución 39.
Al igual que como la UIF definió para otros sectores de la actividad económica, los operadores de comercio exterior deberán “reforzar el procedimiento de identificación del cliente” cuando se sospeche que sean empresas pantalla, fideicomisos y en transacciones a distancia.
Esto es especialmente en operaciones y relaciones comerciales realizadas “con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional” (GAFI).
El Cronista

Argentinas: Nueva reglamentacion para Entidades Financieras y casas de cambio

Las entidades financieras y casas de cambio deben exigir a sus clientes una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos cuando realicen movimientos por $ 500.000 o más al año, para evitar operaciones de lavado de dinero. Esta decisión, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación y con la que el Gobierno extrema los controles antilavado, se suma a una batería de medidas dispuestas por la Unidad de Información Financiera (UIF) en los últimos meses. La Resolución 37 establece pautas para la detección de activos de origen delictivo en las actividades cambiarias que deberán implementar los bancos, financieras, y toda persona física o jurídica autorizada por el Banco Central.
Los bancos y casas de cambio deberán aplicar nuevas políticas de identificación y conocimiento de sus clientes para prevenir operaciones de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo.
La Resolución 37 fijó en 30 días hábiles el plazo para reportar operaciones sospechosas, y redujo a sólo 48 horas "de reloj" el período para comunicar a la UIF toda transacción con indicios de financiación del terrorismo.
Los tiempos corren desde el momento en que la operación fue realizada o tentada, aunque las entidades dispondrán hasta el 1 de septiembre para adecuar sus sistemas para responder a las exigencias.
Las personas que operen por menos de $ 40.000 mensuales no tendrán que aportar más datos que la información brindada por los empleadores y por los organismos del Estado cuando se acrediten ingresos por remuneraciones. En los casos de clientes que registren movimientos por un monto anual de operaciones inferior a los $ 500.000, deberá confeccionarse un legajo siguiendo las pautas operativas que fije la autoridad monetaria nacional.
Más detalles
Los clientes que operen por $ 500.000 o más deberán presentar un legajo con los datos personales, una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos y la documentación de respaldo si hiciera falta establecer la situación patrimonial y financiera. Constará, además, la información intercambiada con el Oficial de Cuenta a través de medios electrónicos o epistolares, precisó la UIF en la resolución.
Si se trata de una persona jurídica, deberán acompañarse los últimos Estados Contables, certificados, los cuales se actualizarán anualmente.
Con esta batería de medidas, la Unidad de Información Financiera busca cumplir con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que orienta las normas internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Este grupo tiene previsto reunirse en París entre el 21 y el 25 de este mes. Entonces, la Argentina debe presentar resultados. (NA-DyN)

ARGENTINA:para cumplir con el GAFI, el Gobierno debe reformar la Constitución

El Gobierno terminará de publicar en estos días una batería de resoluciones para investigar el lavado de dinero que afectan a los bancos, las empresas que cotizan en Bolsa y distintos organismos públicos, entre otros. Así espera evitar una sanción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en octubre pasado instó al Ejecutivo a adecuar su normativa antilavado en 100 días, hasta el 23 del actual. Pero los cambios de fondo que pide el GAFI chocan con la letra de la Constitución Nacional.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige José Sbatella, deberá mostrar avances en materia antilavado en París, en la reunión del GAFI. Por eso, emite contrarreloj 22 resoluciones para que distintos organismos públicos y privados denuncien ante la UIF posibles casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Hoy publicará una disposición para acelerar los plazos en los que los bancos deben reportar este tipo de operaciones, lo que inquieta a los banqueros (ver F&M). Le seguirá una resolución que involucra a la AFIP.
Así, el Gobierno busca evitar que el país integre la llamada lista gris, de Estados con normativa laxa para este tipo de delitos. El noviembre, el GAFI reportó que Argentina incumple 47 de las 49 disposiciones antilavado en las que los gobiernos debían trabajar.
Pero el problema es de fondo. El GAFI exige a los países adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, más dura. Y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero –la UIF, en Argentina– potestad para congelar y confiscar activos de personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo, informaron fuentes oficiales. Se trata de algo inconstitucional, que atenta contra la división de poderes.
Cumplir con ese requerimiento es “anticonstitucional e inaplicable”, concedió Daniel Perrotta, director de la consultora financiera que lleva su nombre. “Pero Argentina tiene que satisfacer tantas exigencias previas que pedir directamente eso (el congelamiento de activos) sería una locura”, agregó.
En su opinión, el Gobierno debe recorrer un largo trayecto antes de toparse con ese límite. Tomó “medidas cosméticas para mostrar cierto protagonismo”. Pero no avanzó en las modificaciones legislativas que pidió el GAFI ni en otorgarle mayor independencia al Banco Central, otra de las críticas del organismo internacional.
El Gobierno sostiene que las resoluciones alcanzan para evitar que el GAFI decida sancionar al país en lo inmediato. Una inclusión en la lista gris implicaría mayores costos financieros para las empresas y los bancos argentinos, ya que cualquier operación con contrapartes del exterior deberá ser supervisada con más fuerza.
La directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones. Y no cederán en los preceptos que atentan contra las garantías constitucionales.
ESTEBAN RAFELE EL CRONISTA

ARGENTINA:Lavado de dinero: investigarán a clientes bancarios que muevan $ 500.000 al año

LA MEDIDA, QUE EMPEZARÁ A REGIR ESTOS DÍAS, PERMITE A LA UIF USAR DATOS DEL BCRA
La resolución acortará de 180 a 30 días el plazo para que los bancos reporten sospechas de lavado de dinero. En el sector creen poco probable poder cumplir con el nuevo requisito
Convertidos ya el año pasado en las grandes víctimas de la lucha contra el lavado de dinero, los bancos volverán a sentir en estos días una nueva estocada legal. Por una resolución que la UIF publicará en el Boletín Oficial, las entidades financieras verán recortado de tres meses a sólo uno el plazo para detectar e informar las operaciones sospechosas entre sus clientes; y empezarán a estar obligadas, además, a exigir llenar un legajo y presentar una declaración jurada sobre el origen de los fondos a aquellos clientes bancarios que realicen operaciones por un monto mayor a los $ 500.000 al año.
La resolución cuenta ya con la firma del titular del organismo, José Sbatella, y está lista para su publicación. El texto estuvo sometido durante estos días a una serie de reuniones entre los técnicos de la UIF y los principales banqueros locales. El punto más áspero y discutido fue, según pudo consignar El Cronista, el acortamiento del plazo para presentar el reporte de operación sospechosa (ROS). Esta nueva medida derogará la resolución 228/07, que estipulaba un plazo de hasta 180 días para presentarlo, y fijará ese límite en apenas 30 días. A lo largo de esta semana, algunos banqueros ya habían transmitido su temor por este artículo que, descontaban, incluiría la resolución. No hay posibilidad de que un banco pueda determinar una operación sospechosa en ese tiempo. La cantidad de operaciones que tiene un banco no es la misma que la de un escribano”, protestó un banquero. Atentos a eso, y tras una serie de reuniones con especialistas, en la UIF acordaron un tiempo de seis meses “para que las entidades adecúen sus sistemas informáticos” antes de tener que cumplir con la ley.
Así las cosas, la norma impondrá sobre las entidades un costo administrativo que hasta hace poco días ni siquiera tenían previsto. Deberán capacitar al
personal y actualizar todos sus sistemas antes de septiembre, precisaron en la UIF.
Según se desprende de la resolución, los clientes bancarios (tanto habituales como ocasionales) que registren un promedio mensual de operaciones que supere los $ 41.666 ($ 500.000 anual) deberán brindar los datos necesarios para confeccionar un legajo en la entidad, presentar una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos y, en tanto resulte necesario para definir el perfil del cliente, la correspondiente documentación respaldatoria que permita establecer su situación patrimonial y financiera.
En la resolución anterior, este monto estaba establecido en los u$s 30.000 por operación, y recaía sólo sobre los clientes ocasionales (no los habituales). Si bien esta ley debía cumplirse, la UIF sólo tenía atribución para sancionar y multar en el caso de que detectara la operación in situ. No estaba clara la complementación entre la UIF y el Central, que quedó establecida en el decreto presidencial de diciembre pasado, contó una fuente del organismo.
El Banco Central ya realiza actualmente una supervisión sobre los clientes bancarios, amparado en la ley de entidades financieras y en la ley penal cambiaria. Pero, hasta hoy, si bien podía informar a la UIF los incumplimientos que detectara, el organismo abocado a la lucha contra el lavado de dinero no tenía facultades para imponer una sanción.
Por la nueva resolución, y el decreto firmado en diciembre, esto cambió: los que violan la debida diligencia formarán parte de un expediente que terminará en la UIF, agregaron. La debida diligencia es el mecanismo que de ahora en más deberán cumplir las entidades, y que está descripto en los artículos de la ley que saldrá en estos días.
Los banqueros cuentan que las multas que aplica la UIF suelen constituir un daño grande en los balances de las compañías. El año pasado, las entidades sancionadas fueron el Banco Galicia (con $ 4,4 millones), el BBVA Francés ($ 39 millones), y el salteño MásVentas ($ 6 millones).
IGNACIO OLIVERA DOLL EL CRONISTA

ARGENTINA: Lavado de dinero, controlarán los operaciones de capitalización y ahorro

En otra de las medidas implementadas en los últimos días, la Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la documentación que respalde el origen de los fondos que permitan operaciones iguales o superiores a los 40.000 pesos
La resolución 34 publicada hoy en el Boletín Oficial enumera la variedad de políticas de control que deberán implementar las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente.
Las sociedades deberán exigir a sus clientes la documentación que respalde el origen de los fondos cuando se realicen cesiones de un contrato de ahorro o título de "capitalización vigente" o "renunciado rescindido" y cancelaciones anticipadas de un contrato de ahorro, que involucren 40.000 pesos o más.
También cuando se realice un "cambio de modelo del bien suscripto por un modelo cuyo valor sea mayor a un 50% del valor del bien suscripto al momento del cambio", y una licitación con dinero en efectivo de un contrato de ahorro, que involucren cifras de 40.000 pesos o superiores.
iprofesional

Duro informe de los EEUU sobre la trata de personas en la Argentina

Un documento del Departamento de Estado sostuvo que el país es "fuente, lugar de tránsito y destino de personas sometidas a la trata", en su mayoría mujeres y niños. Acusa a gobiernos provinciales y municipales de permitir este tipo de delito
En el documento, los especialistas norteamericanos denunciaron que el país "exporta" mujeres y niños para su explotación sexual a México, Europa occidental y a las naciones limítrofes. En tanto, recibe personas para ese mismo fin especialmente de Paraguay, Brasil, Perú y República Dominicana.
Por otra parte, indicó que una cantidad "considerable" de bolivianos, paraguayos y peruanos víctimas de la trata llegaron al país para realizar trabajos forzosos en talleres clandestinos. Son sometidos a condiciones de explotación, en especial en la agricultura y los servicios domésticos, agregó, según publicó el sitio web El Siglo.
"No hubo denuncias de participación de autoridades federales en la trata de personas. No obstante, hubo denuncias de corrupción generalizada y connivencia con traficantes a nivel provincial y municipal que impidieron la persecución penal. Hubo algunas iniciativas por investigar y perseguir penalmente a funcionarios oficiales y de la Policía municipal bajo sospecha de participación en la trata de personas", destacó el documento.
El informe agregó que cerca de 5.000 niños fueron reclutados para la pornografía infantil y el turismo sexual, tópico en el que se observa "la reticencia del Gobierno a procesar y condenar casos de abuso de menores".
Con respecto al trabajo infantil, retomó las propias estadísticas del Gobierno argentino para destacar que hoy cerca de 450 mil menores trabajan, lo que equivale a un 7% de los niños de entre 5 y 13 años y a un 20% de los menores de 14. Se destacó la zona rural como la principal empleadora, sobre todo en lo referido a las quintas familiares y de terceros en la producción de tabaco, algodón y uvas, la mayor parte de las veces en contacto directo con plaguicidas sin la debida protección.
En tanto, en las zonas urbanas los menores se desempeñan en el servicio doméstico y en la calle como vendedores ambulantes, lustrabotas o "recicladores de basura", en referencia a los cartoneros.
Estas consideraciones forman parte de un trabajo más extenso sobre la situación de la Argentina. Como conclusión, los especialistas señalaron que el país es "fuente, lugar de tránsito y destino de personas sometidas a la trata".

ARGENTINA: Nuevos controles a operaciones bursatiles y polizas de seguros

El Gobierno oficializó hoy dos medidas para controlar las operaciones bursátiles superiores a 40.000 pesos y las primas de pólizas de seguros mayores a 40 mil o 50 mil según su tipo, con el fin de evitar maniobras de lavado de dinero y de financiación del terrorismo
Así surge en las dos resoluciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicadas hoy en el Boletín Oficial, que alcanzarán a quienes compren o vendan títulos en el mercado de capitales iguales o mayores los $ 40 mil.
Tal como adelantó El Cronista en su edición de hoy, en esos casos se deberá presentar una declaración jurada de bienes y, si la operación es mayor a los $ 200 mil, justificar el origen de los fondos, según el artículo 15 de la resolución 33/11 firmada por José Sbatella, titular de la UIF.
Los obligados a informar las operaciones serán los agentes y las sociedades de Bolsa, los operadores del mercado abierto electrónico y las casas de cambio, que tendrán 30 días para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y 48 horas en el caso de financiación del terrorismo.
En el caso del mercado asegurador, según la resolución 32/11, las compañías deberán pedir una declaración jurada si las primas de las pólizas son mayores a $ 40 mil, si se trata de seguros de vida, y de $ 50 mil cuando están vinculadas al patrimonio.
Al igual que en el caso del mercado de capitales, las compañías están obligadas a reportar las operaciones en 30 días o en 48 horas, según se trate de hechos vinculados a presunto lavado de activos o de financiación de terrorismo.
A fines de enero, la UIF dictó una norma similar mediante la cual puso la lupa en el mercado de compraventa de obras de arte, antigüedades y joyas, con igual objeto.
En ese caso, las operaciones a reportar son las mayores a los $ 500.000, obligación que sumó a otra para los bancos cuando observen operaciones de cinco mil pesos con tarjeta de crédito
La sucesión de resoluciones de la UIF se da a pocos días de una nueva reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo internacional que ha objetado al país por las fallas en las medidas antilavado.
En su sitio en Internet, el GAFI publicó un informe que, en su presentación, señala que el país no hizo los progresos adecuados en el cumplimento de un número de deficiencias detectadas en junio de 2004

Lavado de dinero: la Argentina pidió cambio de categoría

La CNV envió una solicitud a la Organización Internacional de Comisiones de Valores para que retiren el nombre del país de la lista de incumplidores
La Argentina pidió ser incluida en la lista de países que cumplen con los estándares internacionales lucha contra e lavado de dinero.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó este martes que envió una solicitud a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) para que retiren el nombre del país de la lista de incumplidores y lo incluyan en el listado donde están las naciones que cumplen plenamente con estos requisitos.
El pedido fue presentado la semana pasada y la respuesta llegará en tres meses a más tardar. Las listas se redefinírían a partir del primero de enero de 2013.
"Si pasamos a la lista A podríamos solicitar información de un país miembro de la IOSCO y también nos podrían pedir a nosotros, solo países que cumplan con los requisitos", indicó al matutino Ámbito Financiero el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.
Otro país que solicitó su inclusión en la lista de países cumplidores fue Uruguay, que intenta dejar atrás la imagen hermética respecto de su sistema financiero.
Si bien en 2010 aprobaron una flexibilización del secreto bancario que permite levantarlo tras un pedido de la administración tributaria a la Justicia civil cuando sospeche evasión, la república oriental todavía está muy lejos de firmar un acuerdo de doble tributación con la Argentina para compartir información relevante.

ARGENTINA:Estudian cambios a la ley de Oferta Pública

El Ministerio de Economía evalúa un proyecto de ley elaborado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no sólo propone el intercambio pleno de información entre organismos reguladores del Estado, sino que además eliminaría el secreto bursátil y le daría poder de policía a la CNV, con lo que podría sancionar a infractores.
El proyecto elaborado por el organismo dirigido por Alejandro Vanoli busca responder a los pedidos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y mantiene la línea que tenía la propuesta que en su momento elaboró el actual gobernador chaqueño Jorge Capitanich, pero con algunos agregados y modificaciones.
Según el diario El Cronista Comercial, el proyecto de reforma de la Ley 17.811 sería enviado al Congreso cuando termine el receso de verano.
En cuanto al intercambio de información entre organismos reguladores del Estado, como la Unidad de Información Financiera, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y la CNV, el proyecto prevé que se podría realizar sin trabas, "siempre y cuando se tuviera una fuerte sospecha por operaciones susceptibles de ser consideradas de lavado de dinero".
Pero a pedido de la AFIP, la CNV podría cruzar sus bases de datos de oficio, algo que hasta ahora impide el secreto bursátil.
En caso de que el Congreso apruebe el proyecto, el organismo que dirige Alejandro Vanoli pasaría a tener poder de policía y podrá aplicar sanciones.
Y con la eliminación del secreto bursátil, la CNV podrá obtener al mismo tiempo datos de cualquier otro regulador.
Para el titular del organismo, "esto permitirá coordinar la supervisión del sistema financiero en su conjunto y prevenir delitos de incumplimientos en cuestiones de 'insider trading', manipulación de mercado, cambiaria, impositiva y otras cuestiones vinculadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo".
Con ese proyecto, el Gobierno busca dar respuesta a las críticas que a fines de 2010 realizó el GAFI por la falta de control en Argentina sobre maniobras que podrían estar vinculadas al lavado de dinero.
En ese sentido, una comitiva de la UIF viajará a París el 20 de febrero para participar de la reunión de ese organismo, y aprovecharía para mostrar la elaboración de ese proyecto como un avance.
Con este paso, la Casa Rosada busca que Argentina forme parte del Anexo A del Memorandum Multilateral de Entendimiento, que nuclea a los países que cumplen con los estándares internacionales fijados por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO).
Nosis

ARGENTINA: La UIF reglamento los requisitos a cumplir por aquellas Personas Juridicas que reciban donaciones

EXIGEN RESPALDO DOCUMENTAL SOBRE LICITUD DE FONDOS FRENTE A DONACIONES QUE EXCEDAN LOS 200.000 PESOS
La Resolución 30/2011 de la Unidad de Información Financiera, publicada hoy en el
Boletín Oficial de la República Argentina, establece las medidas y procedimientos que deben cumplir las personas jurídicas al recibir donaciones o aportes de terceros por montos que excedan los 50.000 pesos, a los fines de prevenir la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT).
De acuerdo con el artículo 20 de la ley 25.246, las personas jurídicas que reciben aportes o donativos superiores a los 50.000 pesos, ya sea en efectivo o en bienes, en un único acto o de manera fragmentada, dentro de un plazo de 30 días, deben observar las normas antilavado exigidas a los sujetos obligados a reportar al Estado, a través de la UIF, transacciones sospechosas. La medida alcanza también a las sociedades en formación.
Si los montos involucrados superan los 100.000 pesos, se deberá presentar una
declaración jurada que de cuenta de la licitud de los fondos, y cuando excedan los 200.000 pesos, a ese documento deberá anexarse la documentación respaldatoria que corresponda.
Mediante la Resolución 30/ 2011, la UIF derogó la Resolución 228/2009, sobre los
procedimientos antilavado atinentes a las donaciones; ambas normas son similares pero la nueva disposición fue elaborada con los estándares que guían las más de veinte resoluciones con las que el organismo que preside José Sbattella actualizó la normativa que deberán cumplir, desde el 1 de abril próximo, todos los sectores a los que concierne la prevención del LA y el FT.
Cuando existan indicios sobre una donación sospechosa, deberá presentarse el reporte
(ROS) a la UIF en el término perentorio de 30 días, y ese plazo se reducirá a sólo 48 horas si se presume la comisión de maniobras vinculadas con actos de terrorismo.