ENTREVISTA/Eduardo Castañeda Garay. Fiscal en Crimen Organizado desde hace ocho años admite que la lucha contra el lavado de activos por narcotráfico es aún limitada e imprecisa en el país. Miguel Gutiérrez R.
¿Tiene usted un estimado de cuántos millones de dólares se lavan anualmente en el país como producto del tráfico de drogas?
Eso no se puede precisar a ciencia cierta. Las principales estimaciones provienen de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta información está basada en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que provienen del sistema financiero.
¿La información de la UIF no es fiable para cuantificar las operaciones de lavado de dinero?
Lo que se maneja como información es una mínima porción respecto al universo de que lo que podría ser realmente el lavado. En gran parte de los casos reportados por la UIF, al ser investigados por el Ministerio Público, se determina que no había lavado.
¿Las cifras entregadas por las autoridades son, entonces, especulativas?
Lo que digo es que no hay una estadística precisa. No hay aproximaciones con alto grado de certeza. Las estimaciones basadas en el cálculo de la producción de droga, que además es en función de las hectáreas que estarían destinadas a la coca, también dan una idea del panorama de lavado de dinero... pero tampoco es real.
Entiendo pero, ¿el lavado de dinero podría superar los 3 mil millones de dólares que se mencionan?
Puede ser poco comparado con la realidad. Podría superar esa cifra, pero seguiría siendo un estimado. Un obstáculo para la lucha contra el lavado es el grado de informalidad de nuestra economía. Dado que más de 60 por ciento de nuestra economía es aún informal, no se puede saber cuánto se lava.
¿Cuántos de los denominados Reportes Sospechosos llegan a judicializarse?
Muy pocos. En muchos casos las personas y empresas reportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera llegan a demostrar el origen de ese dinero. El Ministerio Público preguntará a la persona que ha participado en la operación cuál es el origen del dinero, pero sucede que en la mayor parte lo justifican.
¿Dónde están los millones de dólares que, dicen, se detectan?
EL MP actúa como parte de un sistema de prevención. No está implementado el aspecto de interdicción en materia de lavado de activos. La labor de UIF no es tampoco la de interdicción. Solo actúa en base a reportes sospechosos. Sus funciones están limitadas a investigaciones de tipo penal, no están facultados para levantar el secreto bancario o la reserva tributaria.
“El sistema financiero colabora poco”
¿El sistema financiero colabora en la prevención de lavado?
Medianamente. No hay plazos de entrega de información. Ese es el principal vacío de quienes investigamos el lavado.
Tenemos un panorama desalentador en esta lucha...
Tiene poco tiempo de implementarse el combate a este delito. Prácticamente, se ha iniciado recién desde el 2002 con la ley actualmente vigente. Antes no se contaba con los reportes de los bancos.
¿Acaso no se confiscaban los bienes a las mafias capturadas en los años 80’?
Por lo general, las incautaciones de bienes eran pocas. No había investigaciones financieras. Las propiedades solo tenían una afectación por la reparación civil. Las cosas visibles eran afectadas y lo que estaba oculto no era fácilmente detectable.
sábado, 30 de enero de 2010
lunes, 25 de enero de 2010
ARGENTINA:EL BANCO CENTRAL ENDURECIO LAS NORMAS PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO BANCARIO
Los bancos, a rienda corta
Para evitar crisis sistémicas del sistema bancario, como la que ocurrió en Estados Unidos luego del estallido de las subprime, el Banco Central fijó parámetros más estrictos para el funcionamiento de las entidades financieras.
Para evitar futuros contagios de la crisis sistémica que evidenciaron los bancos en Estados Unidos y algunos países de Europa, el Banco Central endureció la normativa para la gestión del riesgo operacional de las entidades locales. El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para que los bancos que operan en el país presenten al Central un informe con la composición de sus carteras y el nuevo modelo de administración de riesgo que utilizan. Los bancos tuvieron tiempo hasta el año pasado para implementar algunos de los modelos considerados de “buenas prácticas internacionales”, según detalla la normativa publicada por la autoridad monetaria. Deberán además acreditar una correcta disciplina integral en la materia, separada de las restantes actividades de riesgo. Los controles serán más estrictos cuanto mayores sean las dimensiones de las entidades y de la complejidad de sus operatorias.
Los coletazos de la crisis financiera internacional obligaron al Central a fijar una serie de normas para blindar al sistema financiero local. Es así que, junto con el modelo de supervisión bancaria, la autoridad monetaria dispuso el diseño de estándares mínimos para una “sana gestión”, denominado Sistema de Gestión de Riesgos Operacionales (SGRO). Las entidades deberán evaluar su vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos adversos, para así comprender mejor su perfil de riesgo operacional y, en su caso, adoptar las medidas correctivas de las políticas que sean pertinentes. Así lo definía la comunicación publicada en abril de 2008.
De acuerdo con esa normativa, el 1º de enero de este año las entidades financieras del mercado local debían tener en pleno funcionamiento sus modelos de gestión del riesgo operacional. En 2008 los bancos establecieron una política de cómo iban a gestionar los riesgos, cuál sería el procedimiento que aplicarían, y definieron una estructura, un modelo y las herramientas a utilizar. El 31 de agosto de 2009 esa metodología fue aplicada en todos los procesos críticos de las entidades. El 31 de diciembre alcanzó a las actividades restantes. Fuentes de las asociaciones que agrupan a los bancos locales aseguraron a Cash que se está cumpliendo con los plazos establecidos.
Finalmente, a partir del mes pasado deben informar en forma trimestral las pérdidas, clasificadas por tipo de riesgo y líneas de negocios. De esta manera, el 31 de marzo próximo la autoridad monetaria estará en condiciones de constatar si las entidades están teniendo pérdidas por riesgo operacional y el motivo de esos rojos.
La medida busca evitar que el exceso de liquidez que actualmente tienen los bancos sea dilapidado en colocaciones especulativas, mientras que es muy poco lo que hoy vuelcan al sector productivo. “El sistema se encuentra en una situación claramente favorable en términos de solvencia y liquidez, y se observa una importante expansión del crédito al sector privado, fondeado fundamentalmente con depósitos privados”, según detalla un informe sobre bancos del organismo monetario. La iniciativa pretende, según asegura, que se mantenga “la tendencia sostenida en el crecimiento de los niveles de intermediación”.
Los lineamientos del SGRO definen en primer lugar que debe identificarse si el riesgo de pérdidas es resultante de la falta de adecuación o a fallas en los procesos internos, la actuación del personal o de sistemas, o bien que sean producto de shocks externos. Luego se realiza una evaluación, un seguimiento, un control y una mitigación de esos riesgos. Por último, se establece un conjunto de políticas, de procedimientos y de estructuras para evitar nuevos eventos. El Central estableció siete tipos de situaciones que generan pérdidas operacionales, de acuerdo con el criterio internacional usual: fraude interno y externo, relaciones laborales, prácticas desleales con los clientes, daños a activos, errores en los procesos y fallas en la administración de datos.
El Central consideró además necesario que exista una “Unidad de Riesgo Operacional” según el tamaño de cada banco, la naturaleza y la complejidad de sus productos y procesos, y la magnitud de sus operaciones. Esta idea permitirá reducir el costo operacional de los bancos, por lo que cabría esperar que ese mayor margen de ganancia permita redireccionar la liquidez a la actividad productiva.
Fuente: Pagina 12 Por Cristian Carrillo
viernes, 22 de enero de 2010
ARGENTINA: OCDE destacó avances contra el lavado de dinero
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó que la Argentina es una de las economías emergentes que tuvieron avances en materia de intercambio de información tributaria y en contra de los paraísos fiscales.
Así lo informó, a través de un comunicado de prensa, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dio a conocer que la OCDE mencionó a la Argentina en un informe que destaca su avance en el intercambio de información fiscal.
Ese informe, titulado "Promoción de la transparencia e intercambio de información con fines fiscales", señala que "algunas economías emergentes se están beneficiando a partir de los cambios internacionales en favor de más transparencia, debido a que han firmado varios acuerdos de intercambio de información tributaria".
La AFIP recordó que el año pasado cerró acuerdos de intercambio de información con Andorra, Costa Rica, Mónaco, San Marino y Bahamas, "que se sumaron a los suscriptos en años anteriores con Brasil, Chile, España y Perú".
"La firma de estos tratados internacionales -agrega el comunicado- se enmarca dentro de una decisión estratégica del gobierno nacional con la finalidad de prevenir el fraude, la evasión y la elusión tributaria."
Además, la información de la AFIP puntualiza que ese organismo "es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE" e "integra el grupo de revisión de ese foro, que es el encargado de dictaminar sobre la conducta de los países de baja o nula tributación, conocidos como Paraísos Fiscales".
Fuente:Infobae
miércoles, 20 de enero de 2010
PARAGUAY:Reglamentarán información sobre personas ‘políticamente expuestas’
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Banco Central del Paraguay (BCP) trabajan en la nueva reglamentación de los formatos de registro de personas que ocuparon cargos públicos, razón por la cual hace falta mayor control para detectar a clientes de alto riesgo o políticamente expuestos, explicó el director de la Seprelad, Oscar Boidanich.
La reglamentación en proceso está a cargo de la Seprelad y el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y estiman que entre abril o mayo de este año entraría a regir la nueva exigencia para todas las entidades del sistema bancario, agregó Oscar Boidanich, director de la Seprelad.
Según explicó el directivo, esta reglamentación permitirá reforzar las medidas de seguridad y lucha contra el lavado de dinero, que muchas entidades del sistema bancario en Paraguay ya la están implementando a modo de resguardo.
Esta medida permitirá a los bancos identificar a los PEPs dentro de su clientela y asegurarse de que los fondos de esas personas “políticamente expuestas”, manejados por su organización, no provengan de actividades relacionadas con corrupción.
Boidanich también advirtió que esta reglamentación se ajustaría a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a la que demostraríamos con su implementación un avance en materia de lucha para erradicar el lavado de dinero.
El concepto PEPs emana de un documento internacional emitido el 20 de junio de 2003 por el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), organismo intergubernamental encargado de promover medidas para combatir el lavado de dinero, así como de crear estrategias para que los recursos de procedencia ilícita sean utilizados en actividades lícitas.
¿Qué es PPE?
El término de personas políticamente expuestas (PPE) se aplica a aquellas personas físicas que han desempeñado cargos públicos como funcionarios de gobierno, altos directivos de entidades públicas, políticos, militantes importantes de partidos políticos, etc., sus familias y asociados cercanos que requieren un mayor control.
La interpretación de estas categorías varía dependiendo de cada país. Algunos se enfocan únicamente en figuras políticas, otras limitan el alcance a nivel nacional.
Aunque existen pequeñas variaciones en esta categorización, lo que se espera de cualquier organización que realice negocios con “personas políticamente expuestas” es universalmente similar
Fuente: ABC.com.py
viernes, 15 de enero de 2010
ARGENTINA: Mafia rusa subasta chicas argentinas por u$s 3 mil
Los ex soviéticos manejan prostíbulos en Buenos Aires y organizan "fiestas VIP" en Punta del Este. Cómo opera la red que "desaparece" mujeres.
El lucrativo negocio de la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual tiene -desde hace dos años-, un nuevo protagonista en la Argentina. Se trata de la Mafia Rusa, cuyos tentáculos ya se anudan firmemente en la Ciudad de Buenos Aires, según indican las denuncias de varias ONG que investigan el tema.
La mafia rusa -nombre genérico que abarca las redes criminales integradas por rusos, ucranianos, uzbecos y de otras nacionalidades de la ex Unión Soviética, desembarcó en Argentina en 2003 con los sospechosos y millonarios pases de jugadores del Corinthians de Brasil y de Boca Juniors, según denunció en su oportunidad el ex dirigente xeneize, Roberto Digón.
Pero desde hace dos años y coincidiendo con la llegada de Mauricio Macri al gobierno de la Ciudad, la Mafia Rusa incursionó en otro mercado tan lucrativo como el futbol: el manejo de prostíbulos y el tráfico de mujeres hacia el exterior, abasteciendo principalmente a los mercados europeos y norteamericanos.
Un sello de estos grupos se relaciona a la oscura práctica de subastas de víctimas, que son compradas por proxenetas internacionales por alrededor de 3.000 dólares, según reveló Fabiana Tuñez, titular de la Asociación La Casa del Encuentro. Tuñez advierte que "el negocio de la prostitución y la trata de mujeres y niñas camina junto al mercado internacional de los estupefacientes o las armas", agregando que "en el caso de los proxenetas rusos, el arribo e instalación en la ciudad comenzó a mediados de 2008".
"En principio, hay mucho tráfico de mujeres del este europeo para la demanda local, pero luego el 'negocio' se fue ampliando y comenzó el reclutamiento de víctimas en el país, argentinas y de otras naciones latinoamericanas, para explotarlas sexualmente en otros lugares del mundo", dijo Tuñez.
Sin embargo, el mercado de la esclavitud de mujeres para la explotación sexual no sólo tiene en la mira a chicas argentinas. Una reciente crónica publicada en el diario La Nación revela que el playboy JP Bailey, el inversor canadiense del fondo de fondos suizo Gottex, brindó hace unos dias una faraónica fiesta en su chacra Villa Sofía de Punta del Este. Según la nota del diario de los Mitre, el magnate gastó más de 200 mil dólares, con 70 hombres de seguridad, DJs traídos desde Ibiza, Londres y Madrid, canilla libre de vinos y "modelos traídas de Europa del Este para 250 invitados Vip", un eufemismo detrás del cual el diario disfraza el rufianesco rubro 59, local o internacional.
Como si formaran parte del mercado de los derivados en los que se especializó el magnate JP Bailey,
los tratantes de blancas importan prostitutas ucranianas y de otras nacionalidades de los países del Este y "mandan al exterior a víctimas de nacionalidad argentina, paraguaya, pero también chicas bolivianas, peruanas, colombianas y dominicanas", según explicó Fabiana Tuñez.
Clara, una joven oriunda de República Dominicana que se prostituye en en el barrio de Constitución confirmó esta realidad de manera contundente. "Una de las chicas que vino a la Argentina conmigo está desaparecida desde hace seis meses. Se la tragó la tierra. Nosotras averiguamos, pero con cautela. Era una chica hermosa. Se dice que cayó en la mafia rusa, pero no sabemos mucho más", relató a Diario Popular.
Sin contar a las extranjeras, "son 620 las mujeres argentinas que permanecen desaparecidas y son buscadas por sus familias -dindicó Fabiana Tuñez-. Esa es nuestra lamentable realidad. Estas mafias internacionales se instalan por la globalización, pero intervienen complicidades locales en los ámbitos político, judicial y policial". En diciembre pasado, el portal Noticias Urbanas publicó una excelente investigación de Lucas Schaerer que revela las complicidades policiales y judiciales argentinas con el proxenetismo vinculado a la mafia rusa que va ganando posicionesen los 800 prostíbulos instalados en la Ciudad de Buenos Aires.
Oleksandr Vovk, un ucraniano proxeneta de menores y procesado por narco, es el protagonista de una causa que podría llevar a legalizar el rufianismo. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, se amparó en el artículo 19 de la Constitución -que dice que una actividad que no afecta a terceros no es delito- para declarar inconstitucional el artículo 17 de la Ley de Profilaxis. Abriendo de esta manera la puerta para la legalización de las casas o locales de prostitución regenteadas por terceros.
Gracias a ese fallo -que no contó con el voto de Ballesteros, que se excusó por haber sido juez de primera instancia en la causa-, el rufián Alex Vovk quedó en libertad a cambio de una fianza de 50 mil pesos. Ahora, las mujeres que lo denunciaron por haberles retenido los documentos y haberlas obligado a consumir y vender cocaína, saben que él esta libre y las está buscando para ajustar cuentas.
En el prostíbulo que funcionaba en Suipacha 670, 2º piso "I" y simulaba ser un departamento particular estaban las pruebas de que el ucraniano gerenciaba una casa de explotación sexual. Planillas con los "pases" diarios de las mujeres, folletería, volantes y preservativos. Ese material de prueba se sumó a las comprometedoras declaraciones de las víctimas, entre ellas de la menor que lo había denunciado ante la Justicia, y hasta al arrepentimiento de una prostituta convertida en mano derecha de Vovk.
El ucraniano fue procesado por proxenetismo, tráfico de drogas y por facilitar la explotación sexual de menores. Estuvo preso en el penal de Ezeiza, como sus cómplices que regenteaban un prostíbulo en Córdoba 2945 1º "A"- y otro en en Humboldt 1545 PB. Pero su habilidosa defensa consiguió su excarcelación en seis meses.
El caso Vovk da sustento a las denuncias formuladas por los profesionales de La Casa del Encuentro que han revelado que se arman veladas donde las mujeres o niñas son subastadas al mejor postor. El precio depende del destino que tenga la chica. Pero el valor de mercado de una mujer ronda los 3.000 dólares. A partir de la subasta, estas mujeres pasan a ser propiedad del comprador, y ya son responsabilidad del grupo o del proxeneta que la adquiere.
Fuente Walter Goobar
ARGENTINA: Los riesgos del cristal, la nueva droga de diseño encontrada en Villa Gesell
Conocida como la píldora del miedo, implica un grave peligro para la salud por sus efectos sobre el sistema cardiovascular; la tomaban los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial antes de enfrentar una misión suicida
Se la conoce como la píldora del miedo, porque inhibe la sensación de temor. O "Day of Birthday" (DOB), en español día de cumpleaños, porque genera un placer tan intenso que hace recordar al día del nacimiento. Así se conoce vulgarmente a la brolanfetamina, una droga sintética similar al cristal med, pero con un efecto más potente y dañino, y mucho más adictiva.
No se sabía de la existencia en la Argentina de esta metanfetamina hasta que el lunes se secuestraron 85 dosis en Villa Gesell . En un operativo que se realizó en la puerta de un boliche, cayó una banda de delincuentes que la comercializaba.
"Se tienen recuerdos de felicidad y amor. Por eso se dice que quienes la consumen recuerdan el día de su nacimiento", dijo a lanacion.com el doctor en farmacia y bioquímica, Marcelo Peretta, director de la escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Maimónides .
Aunque está de moda en los Estados Unidos y Europa, su mayor consumo se registra en Asia, donde nació. Durante la Segunda Guerra Mundial la utilizaban los kamikazes para las misiones suicidas. "No tenían temor a morir", explicó Peretta.
A diferencia del cristal med, la brolanfetamina, que se presenta en un polvo cristalino parecido al hielo picado, se mezcla con distintos tipos de bromuros que aumentan la capacidad pulmonar de las personas. En su fabricación también se incluyen pseudoefedrinas que actúan como estimulante del sistema nervioso central. Para bajarle la pureza se utiliza almidón o sustancias nocivas para el organismo, como vidrio molido pulverizado.
La dosis mínima es de un miligramo y en la Argentina se vende en alrededor de 300 pesos. A partir de tres miligramos se considera que la droga es muy potente y peligrosa, por su prolongada permanencia en el organismo. "La vida media, lo que dura la mitad de la dosis ingerida, es de 36 horas. Es más fuerte que la cocaína, con una vida media de dos horas si es ingerida con alcohol", explicó la subsecretaria de Planificación, Prevención y Asistencia de la Sedronar , Norma Vallejo, especialista en toxicología.
Por esta razón, los profesionales indican que quienes la ingieren pueden estar hasta dos días sin comer ni dormir, con una sensación de "superenergía".
Se presenta en cápsulas, la forma más usada de consumo, pero la menos efectiva. Cuando el organismo comienza a tolerarla y el cuerpo necesita más dosis para que haga efecto el adicto la inhala, se la inyecta o la fuma. "Al ser fumada el riesgo es mayor porque la absorben los pulmones, pasa rápido a la sangre y se concentra mucho en el cerebro", explicó Vallejo.
Efectos. Mientras permanece en el organismo, la persona siente euforia y síntomas alucinógenos visuales, auditivos y táctiles, que pueden perdurar si la adicción se profundiza. Además la brolanfetamina dilata las pupilas, produce taquicardia, palpitaciones, dolor torácico, arritmia e hipertensión arterial. Los calambres, la falta de energía, los cambios en la conducta y la caída de los dientes son algunos de los efectos secundarios.
Peretta describió que una persona que consume esta droga durante seis meses cambia la mirada y se vuelve muy agresiva. Después de este tiempo, cuando el deterioro es mayor, aparece una personalidad temerosa, tímida y con problemas de adaptación.
"Al terminar el efecto, en un consumidor habitual se genera un síndrome de abstinencia. Los que son usuarios ocasionales quedan en un estado de postración con decaimiento, somnolencia, letargo y aumento del apetito", completó Vallejo.
En tanto, según Mónica Nápoli, miembro de la Asociación Toxicológica Argentina , "la consecuencia más grave, una vez que pasa el efecto, es la compulsión a repetir el consumo". Además, destacó que se eleva el riesgo de muerte: "Una sobredosis es muy peligrosa por los trastornos cardíacos que produce".
Preocupación. La aparición de esta droga de laboratorio en el país causó alarma entre los especialistas. Peretta puso en alerta a las autoridades porque consideró que "el negocio narco se está desplazando hacia las drogas de síntesis", como la brolanfetamina. "Quien se lo proponga, puede elaborarla acá", advirtió.
Peretta indicó que en el mundo hay 200 millones de adictos a distintos tipos de drogas. Alrededor de 135 millones fuman marihuana; 34 millones consumen drogas de síntesis; 15 millones, cocaína; 14 millones, LSD, y el resto consume estupefacientes menos elaborados.
"Las drogas de síntesis están consideradas como un grave riesgo. De a poco están reemplazando a la cocaína en todo el mundo", completó Vallejo.
Fuente:La Nacion Mauricio Giambartolomei
jueves, 14 de enero de 2010
AEGENTINA: Descabezaron la unidad antilavado
Urgido por revelaciones periodísticas de irregularidades y escándalos internos, falta de resultados concretos y la inminencia de la aparición de un informe internacional que se prevé que será muy crítico, el Gobierno descabezó ayer la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano que debe investigar posibles operaciones de lavado de dinero.
La Casa Rosada, que analizaba remover a la presidenta de la UIF, Rosa Falduto, y al vicepresidente, Alberto Rabinstein, desde hacía semanas, aceleró su decisión tras la publicación, a fines de diciembre, de una investigación de LA NACION sobre la situación del organismo, según confirmaron ayer tres fuentes oficiales y dos integrantes de la UIF.
Reemplazaría a Falduto un economista de marcado perfil político, José Sbattella, muy cercano al matrimonio presidencial.
LA NACION había revelado la existencia de una supuesta "mesa paralela" dentro de la UIF para canalizar los reportes "sensibles" al poder y la recepción de una presunta orden de avanzar contra el Grupo Clarín con una denuncia, así como el reemplazo de decenas de técnicos por personal menos calificado, y la tortuosa relación que distanció a Falduto y Rabinstein.
El nuevo responsable de la UIF, Sbattella, es un economista ligado a los Kirchner desde 2001, pero sin antecedentes ni experiencia en la lucha antilavado, lo que podría conllevar impugnaciones desde el sector privado a su candidatura. En los próximos días se abrirá un proceso obligatorio de consultas a la sociedad civil, previo a la designación oficial. Según dijo Sbatella a LA NACION, recibió la orden política de "jerarquizar" el organismo (ver aparte), aunque sus críticos temen que politice aún más un órgano con acceso a información muy sensible.
Para facilitar el arribo de Sbattella y su equipo -como vice iría su colaborador, Gabriel Cuomo-, Falduto debió presentar su renuncia bajo presión del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Justicia, Julio Alak. Continuará en su cargo "hasta la asunción de su reemplazante", según el decreto que se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Distinto es el caso de Rabinstein, a quien Falduto aisló dentro de la UIF e ignoró durante los últimos años, con lo que eliminó su papel local e internacional. Su renuncia se aceptó de inmediato, mientras el Gobierno define el futuro de los siete integrantes del "Consejo de Asesores" de la Unidad.
La labor de Falduto sobrellevó duras críticas desde el inicio mismo de su gestión, en enero de 2007, por su estilo de gestión y los escasos resultados, más allá de las estadísticas. Durante los últimos meses, dos informes detallaron esos problemas. El primero, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce); el segundo, de una comisión que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y que coordinó la fiscal Mónica Cuñarro, que responde a Aníbal Fernández.
El reporte del Cipce determinó que la UIF sólo resolvió el 20% de las denuncias que recibió entre 2003 y 2008, aunque el porcentaje se divide entre los que se enviaron a la Justicia (13%) y al archivo (7% restante).
Tres semanas después trascendió el segundo reporte, mientras visitaba el país una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La comisión coordinada por Cuñarro reveló demoras en la UIF y concluyó que necesitaba una "urgente reformulación"; descalificó las denuncias que elevaba a la Justicia como "simple información burocrática".
El golpe decisivo, sin embargo, ocurrió a fines de diciembre, según coincidieron cinco fuentes oficiales consultadas ayer. Fue cuando LA NACION reveló la supuesta utilización política de sus registros, las luchas intestinas de poder y la salida de decenas de funcionarios y empleados.
"Una UIF kirchnerista"
De todos modos, Falduto y sus defensores -entre ellos, la ex ministra de Salud Graciela Ocaña-, sospechan que su caída respondió a un intento de Aníbal Fernández por sustituir "una UIF técnica por una UIF kirchnerista". Descontaban a Cuñarro como la reemplazante, lo que al final no se concretó.
Otros expertos, reclaman que la futura UIF cumpla con el marco legal, sin aditamentos políticos. "La designación de las nuevas autoridades debe ajustarse al mecanismo de la ley sobre lavado, que es complejo, y que exige condiciones especiales", destacó el ex delegado argentino ante el GAFI, Juan Félix Marteau. Luego vendría, añadió, la segunda etapa: "Existe gran expectativa en el sistema financiero local y a nivel global con que la UIF investigue los casos importantes de lavado y no se dedique a reportes insignificantes".
La falta de resultados concretos para mostrar a la comunidad internacional también aceleró la caída de Falduto. Casi 10 años después de aprobarse la ley contra el lavado, no se registran condenas. Una realidad potenciada por los incumplimientos sobre los que el GAFI se centrará con especial dureza, indicaron tres fuentes oficiales en el informe que entregará el mes próximo
Fuente: La Nacion Hugo Alconada Mon
"La UIF lleva diez años sin resultados"
El candidato del Gobierno dice que no actuará como "comisario político" para perseguir rivales
El candidato del Gobierno dice que no actuará como "comisario político" para perseguir rivales
-¿Viene con órdenes de ser el "comisario político" de la UIF?
-No. Sólo me pidieron que, dado el marco internacional y los reclamos que se esperan del GAFI, que pusiera al organismo en funciones reales y que lo jerarquizara. Esa es la visión que me dieron.
-¿Recibió la orden de impulsar una acción contra el Grupo Clarín o algún otra empresa o particular enfrentado con el Gobierno?
-No, no. Sólo me pidieron que elevara el nivel de la UIF y la jerarquizara. Eso es todo.
El candidato del Gobierno a presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), José "Pepe" Sbattella (62), comentó ayer a LA NACION que lo convocaron porque "había una necesidad que cubrir" y que él vino a satisfacer "esa demanda". Términos propios de un economista, aunque en su caso con una vida pública muy ligada a Néstor y Cristina Kirchner desde la campaña de 2001.
Antes, en 1989, fue el primer titular de la Dirección General Impositiva (DGI) con el flamante presidente Carlos Menem. Pero duró poco, enfrentado con la visión que impuso el riojano. Luego trabajó en el Instituto de Investigaciones Fiscales y Económicas (IEFE) y sólo volvió al ruedo grande a partir de 2003. Desde entonces estuvo al frente de la Aduana y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de donde se marchó tras una pelea pública con el poderoso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Pero antes de irse, votó a favor de la fusión de Multicanal y CableVisión, aquella operación que luego trabó el Gobierno cuando se peleó con el Grupo Clarín.
Frontal, conocido como un "funcionario todo terreno", Sbattella carece de experiencia o antecedentes en la lucha contra el lavado de dinero, un flanco que podría generar impugnaciones del sector privado similares -o más duros- que los que debió afrontar Rosa Falduto antes de asumir.
Su paso por la Aduana, sin embargo, puede anticipar sus primeros pasos de llegar a la UIF. Allá aterrizó con un equipo propio de 20 personas para cargos clave, incluidos el auditor general y los subdirectores legales. "Mi teoría siempre fue primero completar una evaluación de la situación y, si es necesario, llevar gente de confianza lo antes posible", explicó a LA NACION.
-Para aceptar la propuesta de la UIF, ¿pidió la remoción de los miembros del Consejo Asesor y de varios directores y secretarios?
-Pedí manos libres para tener la posibilidad de tener gente de confianza, aunque primero quiero ver cómo trabaja la gente que ya está.
-Le reitero, ¿usted llega para ser el "arma política" del Gobierno en la UIF?
-No. La verdad es que por mi experiencia política en anteriores cargos, lo que sí quiero es que el organismo cumpla con su rol porque en el Estado muchas veces hay leyes, pero son cáscaras vacías, y hay organismos con un fuerte déficit estructural sin posibilidad de ejecutar esas leyes. Yo vengo a poner el organismo [por la UIF] en funciones. Me convocaron porque necesitaban a alguien que moviera este organismo tras 10 años sin resultados.
JOSE SBATTELLA
Candidato a presidente de la UIF
• Profesión: economista
• Edad: 62 años
• Antecedentes: ex titular de la DGI, de la Dirección de Aduanas y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC)
• "Quiero que el organismo [por la UIF
Un órgano al servicio de los Kirchner
"El organismo que investiga el lavado, al servicio de los Kirchner", tituló LA NACION el domingo 27 de diciembre. Allí reveló que la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió la orden política de denunciar al Grupo Clarín, como también expuso otras presuntas irregularidades -como la existencia de una supuesta "mesa paralela" de expedientes"-, sobre la base de los datos y documentos aportados por una docena de actuales y ex funcionarios y empleados de la UIF durante dos meses.
Ante la consulta de LA NACION Falduto optó por callar, mientras que uno de sus consejeros, Martín Giménez Bonet, se negó a confirmar o desmentir la información, ya que "toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
En contraste con su silencio sobre la supuesta orden contra Clarín, Falduto sí negó que existiera una "mesa paralela" para los expedientes "sensibles". Pero confirmó la elevada rotación del personal, aunque negó nombramientos irregulares.
Según reconstruyó LA NACION, en la UIF trabajaban 50 personas cuando llegó Falduto. No se les renovó el contrato (o se marcharon) cerca de 30 -incluidos directores y secretarias generales ejecutivas que ella nombró-, y amplió la planta a más de 70. Entre ellos, amigos de sus hijos, empleados sin antecedentes en investigaciones sobre lavado y ex agentes (o sus familiares directos) de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la SIDE.
Fuente La Nacion
Fuente La Nacion
miércoles, 13 de enero de 2010
ARGENTINA: Designan a Sbatella al frente del organismo que investiga el lavado de dinero
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero, que en los últimos meses había quedado envuelta en una fuerte polémica por actuar en función de los intereses del Gobierno tiene nuevo jefe.
Se trata de José Sbatella, el ex titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que reemplazará a Rosa Falduto, cuya renuncia se conoció hoy. La designación fue confirmada a lanacion.com por fuentes cercanas a la UIF.
Desde la CNDC, Sbatella había rechazado la fusión de Cablevisión y Multicanal, ambas propiedad del Grupo Clarín. Ese fue el detonante de su salida de la Comisión en 2008 impulsada por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Junto con Falduto había renunciado su segundo Alberto Rabinstein. Ambas dimisiones se publicaron en el Boletín Oficial.
Detonante. El recambio en la UIF se concretó pocos días después de que LA NACION revelara en exclusiva, a fines de diciembre pasado que la UIF fue el organismo que recibió la orden del Gobierno para denunciar al diario Clarín, en medio de la dura disputa de la Casa Rosada con el grupo. En aquel momento, este medio dio detalles del operativo planeado por la Casa Rosada para acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública.
Según pudo saber LA NACION en las últimas horas, la salida de Falduto y Rabinstein fue una consecuencia directa de aquella denuncia.
Durante sus casi tres años como titular de la UIF, Falduto afrontó varios reportes y denuncias públicas por su estilo de gestión. En la UIF trabajaban 50 personas cuando arribó Falduto en enero de 2007. No se les renovó el contrato a cerca de 30 -incluidos secretarias generales ejecutivas y directores que ella mismo había nombrado- y amplió la planta a más de 70, entre los que se destacaban empleados sin antecedentes sobre lavado de dinero y ex agentes
Además, Falduto mantuvo en el último tiempo un conflicto con el vicepresidente de la UIF, Moisés Rabinstein, que generó incluso un cortocircuito internacional. A raíz de ello, la titular había aislado al número dos de las reuniones con los enviados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y le impidió el acceso a expedientes "sensibles".
Acusaciones. Las renuncias se producen tras una serie de informes y denuncias en contra de la UIF. A fines de noviembre último, una comisión independiente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia emitió un informe que revela graves fallas en el combate del lavado de dinero y los delitos financieros complejos, como la evasión fiscal, los fraudes bancarios y la corrupción.
Uno de los puntos más destacados del informe es que revela graves demoras en UIF del que se pide su "urgente reformulación". El proceso que va desde el momento en que un sujeto obligado a reportar una operación sospechosa denuncia un caso ante la UIF hasta que ese organismo culmina su proceso de análisis dura entre un año y medio y tres años.
"Las denuncias llegan tarde, sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas, lo que termina transformando a éstas en meras estadísticas o simple información burocrática", dice el documento. Los especialistas destacaron también que en muchas investigaciones no se usan las bases de datos disponibles y que no existe una política estatal que coordine las informaciones de los 24 distritos del país para permitir cruces de datos válidos.
La UIF resolvió apenas el 20 por ciento de las denuncias sobre operaciones sospechosas presentadas entre 2003 y 2008, los primeros cinco años del kirchnerismo. El dato se desprende de un informe privado, basado en información oficial sobre el funcionamiento de UIF.
Las dudas en torno al organismo se alimentaron a mediados de diciembre, cuando según trascendió de varias fuentes, la UIF recibió un pedido expreso de los Kirchner para denunciar a Clarín y acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones.
Fuente: La Nacion Con la colaboración de Hugo Alconada Mon
ARGENTINA :Renunciaron la titular y el número dos del organismo que investiga el lavado de dinero en la Argentina
Se trata de Rosa Falduto y Moisés Rabinstein, quienes estaban a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras, organismo dotado de autarquía funcional que actúa en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Seguridad. En el Boletín Oficial se publicaron los decretos que aceptan dichas dimisiones
Renunciaron las dos personas más importantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de investigar el lavado de dinero en la Argentina.
Se trata de su presidente, Rosa Falduto, y de su vicepresidente, Moisés Rabinstein, quienes renunciaron a sus cargos y cuya aceptación fue publicada hoy en el Boletín Oficial
Ambas renuncias fueron aceptadas por el Gobierno en los decretos 42/2010 y 43/2010, en los cuales se oficializa la aceptación de la dimisión presentada por los funcionarios.
domingo, 10 de enero de 2010
Los seis enemigos de Obama
No son precisamente pobres, ni proceden de la miseria o la humillación. La mayoría tiene estudios universitarios y viene de un entorno acomodado, cuando no de las grandes fortunas saudíes. Son los cachorros de Bin Laden, los líderes de Al Qaida, del terrorismo internacional islámico que extiende sus franquicias desde Afganistán al Sáhara en constante escalada de violencia
Ayyub al Masri, terrorista desde los catorce años
El egipcio Abu Ayyub al Masri pertenece a la vieja guardia de Al Qaida, la que se gestó en torno al médico Ayman al Zawahiri, estratega de Bin Laden. Desde los catorce años, cuando ingresó en la Yihad Islámica de Egipto, la vida de Al Masri ha estado únicamente dirigida al terror y la guerra contra el mundo entero llevada a cabo por el fundamentalismo islámico.
En el Afganistán de los talibanes y a la sombra de Bin Laden, Al Masri regentó el campo de entrenamiento de terroristas de Al Faruk. Para entonces Al Masri era un consumado experto en la fabricación de explosivos y preparación de camiones-bomba. Habilidades a las que sumaba su pericia también en venenos y sustancias tóxicas.
Fue uno de los primeros líderes de Al Qaida que se instalaron permanentemente en el Irak invadido por Estados Unidos. Su pericia en explosivos le convirtió en uno de los principales abastecedores de camiones-bomba y bombas-trampa de la insurgencia. Creó la primera célula de Al Qaida en Bagdad e intentó atraer al terrorismo fundamentalista a varios grupos de la insurgencia. Aunque pronto se vio superado por el jordano Abu Musab al Zarqaui, el degollador, el sanguinario terrorista al que le encantaba decapitar en persona a los rehenes occidentales a los que secuestraba para después difundir las imágenes por internet.
Cuando Al Zarqaui fue abatido en 2006, Al Masri (El Egipcio) se presentó como nuevo líder de Al Qaida en Irak. Entonces presumió en una web islámica de haber matado a dos soldados estadounidenses con sus propias manos, como si así quisiera ponerse a la altura de Al Zarqaui. Pero aunque seguiría —y sigue— perpetrando periódicamente alguna carnicería, Al Qaida en Irak fue perdiendo fuerza y predicamento. La insurgencia nacionalista suní, que había invitado a Al Qaida a la guerra, se enfrentó a tiro limpio con la internacional terrorista cuando consideró que ésta estaba yendo demasiado lejos. EE.UU. llegó a ofrecer 5 millones de dólares por su cabeza, pero sintomáticamente redujo después esa cifra a sólo 100.000 dólares. Un gesto con el que quisieron quitar importancia al terrorista a quien además ya se le ha dado por muerto en un par de ocasiones.
Droukdel, el ingeniero químico
Abdelmalek Droukdel, alias Abú Musab Abdelwadud, es uno de los terroristas más buscados por Interpol y las fuerzas de seguridad de numerosos países como líder de Al Qaida del Magreb Islámico (AQMI). Este ingeniero en Química y Electrónica nació en Meftah, en la provincia argelina de Blida, el 20 de abril de 1970, y está considerado como un sujeto sin escrúpulos que ha llegado a encargar el asesinato de antiguos líderes de la banda terrorista que se atrevieron a acogerse a los planes de reconciliación del presidente Abdelaziz Buteflika.
Tras de sí está no sólo la decisión de emplear nuevas técnicas en los atentados como elegir objetivos en la capital, utilizar kamikazes o desarrollar un nuevo aparato de comunicación que sirva de altavoz a sus acciones. Droukdel también es el responsable de amarrar la estrategia de expansión de AQMI más allá de las fronteras de este país magrebí, sobre todo hacia el sur, en la banda del Sáhara y el Sahel. Es en esa franja, comprendida entre Mauritania, Malí y Níger, donde el grupo terrorista ha desplegado en los últimos años nuevas células que organizan campos de entrenamiento, integran nuevas redes de tráfico de armas, drogas y emigrantes clandestinos y, últimamente, se encargan de custodiar a rehenes occidentales con cuyos rescates tratan de reflotar la economía de la banda. Droukdel era jefe del argelino Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) hasta que éste aceptó convertirse en la franquicia de Bin Laden en el norte de África.
Wuhayshi, otro rico saudí
De una familia acaudalada de Arabia Saudí, ya desde joven Nasser al Wuhayshi era una figura familiar en los ambientes intelectuales islamistas de la zona, en los que, durante la década de los 90, se convertiría en el secretario personal de Bin Laden en Riad.
En 2002 y bajo designación directa del líder de Al Qaida, Al Wuhayshi asume la jefatura operacional del grupo terrorista en Yemen. Sin embargo, su triste fama de estratega terrorista deberá esperar cuatro años más, ya que muy poco después de su designación fue detenido y acusado de «prácticas subversivas». Es entonces cuando Al Wuhayshi forja su leyenda al conseguir escapar, en febrero de 2006, junto a otros 23 presos islamistas, de la prisión de máxima seguridad de Saná. Pese a que la versión oficial señala que los reos cavaron un túnel de forma clandestina, otras informaciones sugieren que en su escapatoria podría haber contado con el apoyo del Ejecutivo yemení.
Sólo unos meses después de su «milagrosa» huida, Al Wuhayshi es nombrado líder de Al Qaida en la Península Arábiga, una organización que bajo su liderazgo se atribuyó en junio de 2009 el asesinato de tres misioneros cristianos y el secuestro de otros seis. Amenazó asimismo a los barcos occidentales que intentan controlar la piratería en la zona. El Gobierno yemení aseguró en diciembre haber acabado con su vida, aunque a menudo estos anuncios son prematuros.
M. Robow, en la yihad de Somalia
Nacido en la región somalí de Bay, Sheikh Mujtar Robow —también conocido como «Abu Mansur»— pertenece a esa estirpe de jóvenes africanos que abrazaron el islam bajo las enseñanzas del clérigo radical sudanés Hassan al Turabi, uno de los principales difusores del integrismo en África.
A mediados de los 90, Robow viajó a Sudán para formarse en derecho islámico en la Universidad de Jartum, donde entraría en contacto con grupos terroristas locales. Tras años de estudio en el país africano y una fallida experiencia de seis meses junto a los talibanes en Afganistán, Robow regresa en 2000 a Somalia para trabajar en la organización «caritativa» Al Haramain Islamic, una fundación basada en Arabia Saudí, aunque con delegaciones también en países como Estados Unidos, Nigeria o Tanzania, y que fue acusada de ser el órgano financiero de Al Qaida.
Ya en su papel de líder religioso, Robow formó parte de la dirección de la Unión de Tribunales Islámicos, que se mantuvo en el poder hasta 2007 y sirvió de germen de la actual Al Shabab. Una organización que convirtió la «sharia» —ley islámica— en el principal elemento integrador de la región y que, al margen de su violenta actuación, obtuvo sorprendentes resultados a la hora de imponer cierto orden y unidad en el laberinto de clanes y subclanes de Somalia.
En mayo de 2008, tras la muerte de Aden Hashi Farah «Ayro» en un golpe de mano orquestado por Estados Unidos, Robow se convierte en el principal líder del grupo islamista, gracias, en parte, a un discurso radical centrado en la necesidad de expandir la yihad al resto del Cuerno de África y Yemen.
Sin embargo, en los últimos meses y en virtud de la irrupción de Moktar Ali Zubeyr, su papel ha quedado limitado a ser el portavoz del grupo de cara al exterior. Eso sí, sin abandonar la beligerancia que le hiciera liderar uno de los grupos terroristas más peligrosos de la tierra.
Al Shihri, ¿rehabilitado?
Cuando Said Ali al Shihri fue detenido en diciembre de 2001 por las tropas estadounidenses en la frontera entre Afganistán y Pakistán, nadie podía pensar que este saudí de 26 años cuya experiencia yihadista se limitaba a dos meses de entrenamiento en un campo en Kabul, se convertiría en uno de los principales líderes de Al Qaida en Yemen.
Tras su captura, Al Shihri fue internado durante seis años en la prisión de Guantánamo. Un periodo en el que, gracias a su capacidad oratoria y lenguaje belicista, sirvió para reforzar su peso dentro de la organización terrorista.
En 2007, mediante un programa de «rehabilitación» financiado por Arabia Saudí, Al Shihri es extraditado a Riad, donde entró en contacto con grupos rebeldes suníes que operaban en el norte de Yemen.
Afincado de pleno en Yemen, en septiembre de 2008 Al Shihri participa, junto a otros seis terroristas, en el atentado cometido en Saná contra la embajada de EE.UU., en el que murieron 19 personas, acción que le sirvió para ganar «galones» en el terrorismo islamista. Tan sólo tres meses después fue nombrado número dos de Al Qaida en la Península Arábiga.
El pasado 24 de diciembre el Gobierno yemení aseguraba haber acabado con su vida en un ataque aéreo. Pero estas «noticias» hay que tomarlas con cautela. Como ya demostró en Guantánamo, Al Shihri es de los que saben nadar en aguas turbulentas.
Al Zawahiri, el burgués doctor muerte
Fue médico y poeta en horas libres. Regentó una clínica en un barrio chic de El Cairo. Se críó en una acomodada y burguesa familia de académicos, imanes y destacados políticos. Pero pronto se convirtió en el más peligroso estratega del terrorismo fundamentalista islámico. A menudo se dice que es el «lugarteniente de Bin Laden». Pero sería más exacto decir que Al Zawahiri fue el ideólogo y estratega del saudí.
Tras huir de Egipto, se unió a la guerrilla que combatía a las tropas soviéticas en Afganistán. Allí conoció a Bin Laden, otro chico bien de familia acomodada, que por entonces ponía su fortuna y contactos al servicio de una red de reclutamiento de la guerrilla afgana. Fue en Afganistán donde Al Zawahiri convenció a Bin Laden de la conveniencia de fundar una internacional terrorista islámica. Si podían vencer a la superpotencia soviética, ¿por qué no iban a instaurar un califato universal?
Desde entonces Bin Laden fue el ejecutor, y Al Zawahiri el cerebro en la sombra. Aquel apacible doctor se había convertido en el ideólogo del terrorismo más salvaje. Cuando Bin Laden pareció eclipsarse, él siguió lanzando mensajes incendiarios y promoviendo el sistema de franquicias terroristas. Aunque desde hace algo más de un año su paradero es un absoluto misterio.
Fuente| ABC.es A. Sotillo
Ayyub al Masri, terrorista desde los catorce años
El egipcio Abu Ayyub al Masri pertenece a la vieja guardia de Al Qaida, la que se gestó en torno al médico Ayman al Zawahiri, estratega de Bin Laden. Desde los catorce años, cuando ingresó en la Yihad Islámica de Egipto, la vida de Al Masri ha estado únicamente dirigida al terror y la guerra contra el mundo entero llevada a cabo por el fundamentalismo islámico.
En el Afganistán de los talibanes y a la sombra de Bin Laden, Al Masri regentó el campo de entrenamiento de terroristas de Al Faruk. Para entonces Al Masri era un consumado experto en la fabricación de explosivos y preparación de camiones-bomba. Habilidades a las que sumaba su pericia también en venenos y sustancias tóxicas.
Fue uno de los primeros líderes de Al Qaida que se instalaron permanentemente en el Irak invadido por Estados Unidos. Su pericia en explosivos le convirtió en uno de los principales abastecedores de camiones-bomba y bombas-trampa de la insurgencia. Creó la primera célula de Al Qaida en Bagdad e intentó atraer al terrorismo fundamentalista a varios grupos de la insurgencia. Aunque pronto se vio superado por el jordano Abu Musab al Zarqaui, el degollador, el sanguinario terrorista al que le encantaba decapitar en persona a los rehenes occidentales a los que secuestraba para después difundir las imágenes por internet.
Cuando Al Zarqaui fue abatido en 2006, Al Masri (El Egipcio) se presentó como nuevo líder de Al Qaida en Irak. Entonces presumió en una web islámica de haber matado a dos soldados estadounidenses con sus propias manos, como si así quisiera ponerse a la altura de Al Zarqaui. Pero aunque seguiría —y sigue— perpetrando periódicamente alguna carnicería, Al Qaida en Irak fue perdiendo fuerza y predicamento. La insurgencia nacionalista suní, que había invitado a Al Qaida a la guerra, se enfrentó a tiro limpio con la internacional terrorista cuando consideró que ésta estaba yendo demasiado lejos. EE.UU. llegó a ofrecer 5 millones de dólares por su cabeza, pero sintomáticamente redujo después esa cifra a sólo 100.000 dólares. Un gesto con el que quisieron quitar importancia al terrorista a quien además ya se le ha dado por muerto en un par de ocasiones.
Droukdel, el ingeniero químico
Abdelmalek Droukdel, alias Abú Musab Abdelwadud, es uno de los terroristas más buscados por Interpol y las fuerzas de seguridad de numerosos países como líder de Al Qaida del Magreb Islámico (AQMI). Este ingeniero en Química y Electrónica nació en Meftah, en la provincia argelina de Blida, el 20 de abril de 1970, y está considerado como un sujeto sin escrúpulos que ha llegado a encargar el asesinato de antiguos líderes de la banda terrorista que se atrevieron a acogerse a los planes de reconciliación del presidente Abdelaziz Buteflika.
Tras de sí está no sólo la decisión de emplear nuevas técnicas en los atentados como elegir objetivos en la capital, utilizar kamikazes o desarrollar un nuevo aparato de comunicación que sirva de altavoz a sus acciones. Droukdel también es el responsable de amarrar la estrategia de expansión de AQMI más allá de las fronteras de este país magrebí, sobre todo hacia el sur, en la banda del Sáhara y el Sahel. Es en esa franja, comprendida entre Mauritania, Malí y Níger, donde el grupo terrorista ha desplegado en los últimos años nuevas células que organizan campos de entrenamiento, integran nuevas redes de tráfico de armas, drogas y emigrantes clandestinos y, últimamente, se encargan de custodiar a rehenes occidentales con cuyos rescates tratan de reflotar la economía de la banda. Droukdel era jefe del argelino Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) hasta que éste aceptó convertirse en la franquicia de Bin Laden en el norte de África.
Wuhayshi, otro rico saudí
De una familia acaudalada de Arabia Saudí, ya desde joven Nasser al Wuhayshi era una figura familiar en los ambientes intelectuales islamistas de la zona, en los que, durante la década de los 90, se convertiría en el secretario personal de Bin Laden en Riad.
En 2002 y bajo designación directa del líder de Al Qaida, Al Wuhayshi asume la jefatura operacional del grupo terrorista en Yemen. Sin embargo, su triste fama de estratega terrorista deberá esperar cuatro años más, ya que muy poco después de su designación fue detenido y acusado de «prácticas subversivas». Es entonces cuando Al Wuhayshi forja su leyenda al conseguir escapar, en febrero de 2006, junto a otros 23 presos islamistas, de la prisión de máxima seguridad de Saná. Pese a que la versión oficial señala que los reos cavaron un túnel de forma clandestina, otras informaciones sugieren que en su escapatoria podría haber contado con el apoyo del Ejecutivo yemení.
Sólo unos meses después de su «milagrosa» huida, Al Wuhayshi es nombrado líder de Al Qaida en la Península Arábiga, una organización que bajo su liderazgo se atribuyó en junio de 2009 el asesinato de tres misioneros cristianos y el secuestro de otros seis. Amenazó asimismo a los barcos occidentales que intentan controlar la piratería en la zona. El Gobierno yemení aseguró en diciembre haber acabado con su vida, aunque a menudo estos anuncios son prematuros.
M. Robow, en la yihad de Somalia
Nacido en la región somalí de Bay, Sheikh Mujtar Robow —también conocido como «Abu Mansur»— pertenece a esa estirpe de jóvenes africanos que abrazaron el islam bajo las enseñanzas del clérigo radical sudanés Hassan al Turabi, uno de los principales difusores del integrismo en África.
A mediados de los 90, Robow viajó a Sudán para formarse en derecho islámico en la Universidad de Jartum, donde entraría en contacto con grupos terroristas locales. Tras años de estudio en el país africano y una fallida experiencia de seis meses junto a los talibanes en Afganistán, Robow regresa en 2000 a Somalia para trabajar en la organización «caritativa» Al Haramain Islamic, una fundación basada en Arabia Saudí, aunque con delegaciones también en países como Estados Unidos, Nigeria o Tanzania, y que fue acusada de ser el órgano financiero de Al Qaida.
Ya en su papel de líder religioso, Robow formó parte de la dirección de la Unión de Tribunales Islámicos, que se mantuvo en el poder hasta 2007 y sirvió de germen de la actual Al Shabab. Una organización que convirtió la «sharia» —ley islámica— en el principal elemento integrador de la región y que, al margen de su violenta actuación, obtuvo sorprendentes resultados a la hora de imponer cierto orden y unidad en el laberinto de clanes y subclanes de Somalia.
En mayo de 2008, tras la muerte de Aden Hashi Farah «Ayro» en un golpe de mano orquestado por Estados Unidos, Robow se convierte en el principal líder del grupo islamista, gracias, en parte, a un discurso radical centrado en la necesidad de expandir la yihad al resto del Cuerno de África y Yemen.
Sin embargo, en los últimos meses y en virtud de la irrupción de Moktar Ali Zubeyr, su papel ha quedado limitado a ser el portavoz del grupo de cara al exterior. Eso sí, sin abandonar la beligerancia que le hiciera liderar uno de los grupos terroristas más peligrosos de la tierra.
Al Shihri, ¿rehabilitado?
Cuando Said Ali al Shihri fue detenido en diciembre de 2001 por las tropas estadounidenses en la frontera entre Afganistán y Pakistán, nadie podía pensar que este saudí de 26 años cuya experiencia yihadista se limitaba a dos meses de entrenamiento en un campo en Kabul, se convertiría en uno de los principales líderes de Al Qaida en Yemen.
Tras su captura, Al Shihri fue internado durante seis años en la prisión de Guantánamo. Un periodo en el que, gracias a su capacidad oratoria y lenguaje belicista, sirvió para reforzar su peso dentro de la organización terrorista.
En 2007, mediante un programa de «rehabilitación» financiado por Arabia Saudí, Al Shihri es extraditado a Riad, donde entró en contacto con grupos rebeldes suníes que operaban en el norte de Yemen.
Afincado de pleno en Yemen, en septiembre de 2008 Al Shihri participa, junto a otros seis terroristas, en el atentado cometido en Saná contra la embajada de EE.UU., en el que murieron 19 personas, acción que le sirvió para ganar «galones» en el terrorismo islamista. Tan sólo tres meses después fue nombrado número dos de Al Qaida en la Península Arábiga.
El pasado 24 de diciembre el Gobierno yemení aseguraba haber acabado con su vida en un ataque aéreo. Pero estas «noticias» hay que tomarlas con cautela. Como ya demostró en Guantánamo, Al Shihri es de los que saben nadar en aguas turbulentas.
Al Zawahiri, el burgués doctor muerte
Fue médico y poeta en horas libres. Regentó una clínica en un barrio chic de El Cairo. Se críó en una acomodada y burguesa familia de académicos, imanes y destacados políticos. Pero pronto se convirtió en el más peligroso estratega del terrorismo fundamentalista islámico. A menudo se dice que es el «lugarteniente de Bin Laden». Pero sería más exacto decir que Al Zawahiri fue el ideólogo y estratega del saudí.
Tras huir de Egipto, se unió a la guerrilla que combatía a las tropas soviéticas en Afganistán. Allí conoció a Bin Laden, otro chico bien de familia acomodada, que por entonces ponía su fortuna y contactos al servicio de una red de reclutamiento de la guerrilla afgana. Fue en Afganistán donde Al Zawahiri convenció a Bin Laden de la conveniencia de fundar una internacional terrorista islámica. Si podían vencer a la superpotencia soviética, ¿por qué no iban a instaurar un califato universal?
Desde entonces Bin Laden fue el ejecutor, y Al Zawahiri el cerebro en la sombra. Aquel apacible doctor se había convertido en el ideólogo del terrorismo más salvaje. Cuando Bin Laden pareció eclipsarse, él siguió lanzando mensajes incendiarios y promoviendo el sistema de franquicias terroristas. Aunque desde hace algo más de un año su paradero es un absoluto misterio.
Fuente| ABC.es A. Sotillo
sábado, 9 de enero de 2010
CHILE:Unidad de Análisis Financiero fortalece fiscalización en 34 sectores de la economía
“Nuestra primera prioridad es fortalecer la fiscalización en los 34 sectores que tienen la obligación de reportar operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero”. Así de tajante es Tamara Agnic, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, a la hora de dar cuenta de la labor en que está embarcada la institución, de cara a enfrentar los desafíos que impone la incorporación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es que, según Agnic, “hay un enorme desafío pendiente porque hay otros estándares que es necesario que Chile, la UAF y otras instituciones públicas, adopten en su gestión”.
Y para ello, la entidad -con la colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI)- está construyendo un mapa de riesgo por sectores, que determine cuáles áreas son las más vulnerables a los delitos de lavado de dinero, que incluye al narcotráfico, la corrupción a funcionarios públicos y la malversación de caudales públicos, entre otros.
La idea, explica la directora de la UAF, es tener un primer reporte a mediados de año, para lo cual resulta clave el registro de los denominados “sujetos” que integran cada uno de estos 34 sectores de la economía.
Realidades diferentes entre sectores
Una de las grandes dificultades con que se ha enfrentado la UAF tiene que ver con la diversidad de sectores y el grado de atomización de los sujetos que los integran.
Agnic explica que, a la fecha, sólo están incorporados en el registro un total de 1.657 de estas empresas, compañías o personas jurídicas, pero que todavía falta listar más de 3.282 sujetos, los cuales ya están identificados, pero no registrados.
Esto, explica la titular de la UAF, porque en los rubros regulados a través de superintendencias o fiscalizado a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Registro Civil, entre otros, tienen listados más certeros de sus integrantes.
De hecho, a la fecha se ha realizado un trabajo de coordinación muy importante con las Superintendencias de Casinos y Bancos, ya que “el área financiera y la banca en esta materia están bastante avanzados, tienen sistemas de prevención y control que son los que utilizan para identificar las operaciones que nos reportan”, explica. Es más, del total de 601 operaciones sospechosas reportadas este año al tercer trimestre, 269 fueron informadas por la banca.
Sin embargo, Agnic reconoce que existe una mayor opacidad en las áreas no reguladas, por el grado de atomización que presentan.
Ante ese escenario, detalla la directora de la UAF, la labor que han hecho es tomar contacto con los organismos gremiales de dichos rubros, aunque reconoce que “hay mayores dificultades en sectores como las casas de cambio, los corredores de propiedades, los agentes inmobiliarios, los usuarios de zonas francas y los martilleros, que ni siquiera están organizados en asociaciones o gremios”.
Más delitos
El catastro actual de delitos que pesquisa la UAF, y cuyos antecedentes entrega al Ministerio Público, aumentará una vez que sea aprobado el proyecto que actualmente está en trámite en el Senado. Se trata de los ilícitos vinculados a producción y distribución de pornografía infantil, violaciones a la ley de propiedad intelectual industrial (piratería y falsificación) y los delitos aduaneros, como el contrabando, así como también el financiamiento del terrorismo.
“Este es un delito que evoluciona velozmente y nuestra legislación tiene que ir adelantándose a ellos”, subraya Agnic, razón por la cual recalca que “queremos retomar la tramitación legislativa lo antes posible”.
Gafisud examinará a Chile en mayo
No sólo la OCDE tendrá a Chile en la mira respecto de sus políticas para el control de la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Nuestro país también será evaluado en mayo por el Gafisud, organización que agrupa a los países de América del Sur para combatir este tipo de delitos.
En esa fecha, la entidad evaluará el estado de avance de las recomendaciones realizadas a Chile tras el último examen, realizado en 2006 respecto del sistema financiero.
En dicho informe, el Gafisud sugería al gobierno que se legislara acerca de la responsabilidad penal de las empresas, particularmente respecto del financiamiento del terrorismo.
Frente a ello, la directora de la UAF afirma que efectivamente se ha avanzado -de hecho, la iniciativa antes mencionada ya es ley- pero que es necesario avanzar respecto de las atribuciones que se le entregan al organismo para pesquisar este tipo de delitos y entregar los antecedentes al Ministerio Público.
Fuente: Paula Gallardo
Es que, según Agnic, “hay un enorme desafío pendiente porque hay otros estándares que es necesario que Chile, la UAF y otras instituciones públicas, adopten en su gestión”.
Y para ello, la entidad -con la colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI)- está construyendo un mapa de riesgo por sectores, que determine cuáles áreas son las más vulnerables a los delitos de lavado de dinero, que incluye al narcotráfico, la corrupción a funcionarios públicos y la malversación de caudales públicos, entre otros.
La idea, explica la directora de la UAF, es tener un primer reporte a mediados de año, para lo cual resulta clave el registro de los denominados “sujetos” que integran cada uno de estos 34 sectores de la economía.
Realidades diferentes entre sectores
Una de las grandes dificultades con que se ha enfrentado la UAF tiene que ver con la diversidad de sectores y el grado de atomización de los sujetos que los integran.
Agnic explica que, a la fecha, sólo están incorporados en el registro un total de 1.657 de estas empresas, compañías o personas jurídicas, pero que todavía falta listar más de 3.282 sujetos, los cuales ya están identificados, pero no registrados.
Esto, explica la titular de la UAF, porque en los rubros regulados a través de superintendencias o fiscalizado a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Registro Civil, entre otros, tienen listados más certeros de sus integrantes.
De hecho, a la fecha se ha realizado un trabajo de coordinación muy importante con las Superintendencias de Casinos y Bancos, ya que “el área financiera y la banca en esta materia están bastante avanzados, tienen sistemas de prevención y control que son los que utilizan para identificar las operaciones que nos reportan”, explica. Es más, del total de 601 operaciones sospechosas reportadas este año al tercer trimestre, 269 fueron informadas por la banca.
Sin embargo, Agnic reconoce que existe una mayor opacidad en las áreas no reguladas, por el grado de atomización que presentan.
Ante ese escenario, detalla la directora de la UAF, la labor que han hecho es tomar contacto con los organismos gremiales de dichos rubros, aunque reconoce que “hay mayores dificultades en sectores como las casas de cambio, los corredores de propiedades, los agentes inmobiliarios, los usuarios de zonas francas y los martilleros, que ni siquiera están organizados en asociaciones o gremios”.
Más delitos
El catastro actual de delitos que pesquisa la UAF, y cuyos antecedentes entrega al Ministerio Público, aumentará una vez que sea aprobado el proyecto que actualmente está en trámite en el Senado. Se trata de los ilícitos vinculados a producción y distribución de pornografía infantil, violaciones a la ley de propiedad intelectual industrial (piratería y falsificación) y los delitos aduaneros, como el contrabando, así como también el financiamiento del terrorismo.
“Este es un delito que evoluciona velozmente y nuestra legislación tiene que ir adelantándose a ellos”, subraya Agnic, razón por la cual recalca que “queremos retomar la tramitación legislativa lo antes posible”.
Gafisud examinará a Chile en mayo
No sólo la OCDE tendrá a Chile en la mira respecto de sus políticas para el control de la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Nuestro país también será evaluado en mayo por el Gafisud, organización que agrupa a los países de América del Sur para combatir este tipo de delitos.
En esa fecha, la entidad evaluará el estado de avance de las recomendaciones realizadas a Chile tras el último examen, realizado en 2006 respecto del sistema financiero.
En dicho informe, el Gafisud sugería al gobierno que se legislara acerca de la responsabilidad penal de las empresas, particularmente respecto del financiamiento del terrorismo.
Frente a ello, la directora de la UAF afirma que efectivamente se ha avanzado -de hecho, la iniciativa antes mencionada ya es ley- pero que es necesario avanzar respecto de las atribuciones que se le entregan al organismo para pesquisar este tipo de delitos y entregar los antecedentes al Ministerio Público.
Fuente: Paula Gallardo
miércoles, 6 de enero de 2010
AMERICA LATINA: La amenaza del narcotráfico en América Latina para 2010
Durante 2009 América Latina registró un notorio crecimiento de los incidentes de delincuencia común y organizada. Sin embargo, una herida transversal y sangrante se abrió definitivamente desde el Río Bravo al norte hasta el estrecho de Magallanes al sur: el narcotráfico será uno de los dos principales riesgos en seguridad para Latinoamérica este año. Cada uno de los países de la región soportará escándalos de corrupción institucional a todo nivel; el lavado de dinero y la vinculación de empleados en redes del narcotráfico serán las principales amenazas delincuenciales.
Ecuador y la lucha contra las Farc
Durante 2009 se desmantelaron más laboratorios de droga que en toda la actual década y ya no solamente en regiones fronterizas con Colombia sino en provincias centrales. En la gran mayoría de estos laboratorios, la policía ecuatoriana encontró huellas de las Farc. A pesar de los cacareos gubernamentales en contra del imperialismo yanqui y del caso Manta, Ecuador acaba de recibir del Comando Sur 15 botes tácticos reacondicionados para que operen en los ríos fronterizos con Colombia y continúa recibiendo entre US$5 millones y US$7 millones al año del gobierno norteamericano con destino a sus fuerzas militares; además firmó dos acuerdos de colaboración con la DEA. Dados los pasos de entendimiento con Colombia, en 2010 podríamos ver a Ecuador apoyándose en las autoridades policiales y militares colombianas para enfrentar este serio problema: el narcotráfico, es decir las Farc. De otra parte, el asalto callejero, el secuestro exprés, el secuestro clásico y otros males seguirán en alza.
Bolivia: la economía ilegal del narcotráfico
Los cocales aumentaron 6%, según datos conservadores del gobierno y el 80% aproximadamente de estos cultivos va al narcotráfico. El país produce más de 50 toneladas anuales de cocaína, convirtiéndose en el tercer país en el mundo en tales menesteres, con el concurso de carteles mexicanos y colombianos. Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la “bonanza” económica del país se debe a la economía ilegal del narcotráfico. El gobierno comprará cazas ligeros de combate K8 chinos, radares y helicópteros rusos para combatir este delito. Probablemente en 2010 la DEA se restablezca en el país, mientras los incidentes de seguridad aumentan progresivamente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, al punto que el gobierno sacó al ejército a las calles para controlar esta situación, que se prevé aumente en los próximos 12 meses. El presidente Morales continuará agitando el miedo de la secesión de los departamentos de la Media Luna y continuará latente la división política, económica y territorial de este país.
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
Las favelas de Río y de São Paulo vivieron durante 2009 un escabroso escenario de ejecuciones, desapariciones, torturas y enfrentamientos. Muchas oficinas empresariales cercanas a las favelas exigen vidrios blindados, y en las proverbiales playas de Ipanema y Copacabana los asaltos a turistas no escasean. Las autoridades han detectado que ametralladoras, fusiles y pistolas, además de marihuana y cocaína ingresan a los grupos Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos en Río, y el Primer Comando de la Capital en São Paulo a través de las fronteras con Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. En el fondo de la problemática de inseguridad en Río y São Paulo está el narcotráfico. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay continuarán incautando alijos de drogas y capturando narcotraficantes.
México y Centroamérica
La guerra contra los carteles llegará a niveles tan críticos que podrían forzar una negociación discreta para bajarle el perfil a los enfrentamientos generalizados en todo el país, que afectan al turismo, lo cual, con la baja producción petrolera, pondrá en graves aprietos al Gobierno. En el entretanto, Centroamérica sufre en pleno rigor las secuelas de esta guerra: en Guatemala, el gobierno reconoce su incapacidad para confrontar a los carteles mexicanos. En Nicaragua, los carteles mexicanos y colombianos han llegado a sustituir al Estado en pequeños sitios. En Honduras, en los últimos cuatro meses aterrizaron más de 20 aeronaves de narcotraficantes, entre ellas un avión polaco con bandera venezolana. En El Salvador, el fenómeno de las maras cobra intensidad. Y en Panamá, dos bases aeronavales erigidas en ambos océanos con el apoyo de EE.UU. están en funcionamiento. El gobierno proyecta otras seis bases en el Pacífico y cinco en el Atlántico para combatir el narcotráfico.
Perú: resurge Sendero Luminoso
En Perú, la intranquilidad social, especialmente entre el indigenismo amazónico, continuará en 2010 y mientras el gobierno planea comprar tanques chinos MBT 2000, en la región del VRAE (Valle del río Apurímac y Ene), estructuras de Sendero Luminoso en los pasados 18 meses mataron a 41 militares y policías y balearon por lo menos tres helicópteros. En el corazón de este rebrote insurgente está el narcotráfico: el cultivo ilegal de coca se expandió durante 2009. Con más del 93% de la coca producida dedicada al narcotráfico, el ilícito produce al año cerca de US$22 mil millones, el 17% del PIB del país, superando el producido de cualquier manufactura y comercio nacionales. Perú pasó de ser un productor de pasta básica de cocaína a productor y exportador, convirtiéndose en el segundo productor mundial del estupefaciente, después de Colombia. El cartel peruano, con estrechos contactos con los carteles mexicanos y colombianos, ha empezado a penetrar las instituciones.
* Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
Fuente: José Marulanda * / Especial para El Espectador
Ecuador y la lucha contra las Farc
Durante 2009 se desmantelaron más laboratorios de droga que en toda la actual década y ya no solamente en regiones fronterizas con Colombia sino en provincias centrales. En la gran mayoría de estos laboratorios, la policía ecuatoriana encontró huellas de las Farc. A pesar de los cacareos gubernamentales en contra del imperialismo yanqui y del caso Manta, Ecuador acaba de recibir del Comando Sur 15 botes tácticos reacondicionados para que operen en los ríos fronterizos con Colombia y continúa recibiendo entre US$5 millones y US$7 millones al año del gobierno norteamericano con destino a sus fuerzas militares; además firmó dos acuerdos de colaboración con la DEA. Dados los pasos de entendimiento con Colombia, en 2010 podríamos ver a Ecuador apoyándose en las autoridades policiales y militares colombianas para enfrentar este serio problema: el narcotráfico, es decir las Farc. De otra parte, el asalto callejero, el secuestro exprés, el secuestro clásico y otros males seguirán en alza.
Bolivia: la economía ilegal del narcotráfico
Los cocales aumentaron 6%, según datos conservadores del gobierno y el 80% aproximadamente de estos cultivos va al narcotráfico. El país produce más de 50 toneladas anuales de cocaína, convirtiéndose en el tercer país en el mundo en tales menesteres, con el concurso de carteles mexicanos y colombianos. Para la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), la “bonanza” económica del país se debe a la economía ilegal del narcotráfico. El gobierno comprará cazas ligeros de combate K8 chinos, radares y helicópteros rusos para combatir este delito. Probablemente en 2010 la DEA se restablezca en el país, mientras los incidentes de seguridad aumentan progresivamente en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, al punto que el gobierno sacó al ejército a las calles para controlar esta situación, que se prevé aumente en los próximos 12 meses. El presidente Morales continuará agitando el miedo de la secesión de los departamentos de la Media Luna y continuará latente la división política, económica y territorial de este país.
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
Las favelas de Río y de São Paulo vivieron durante 2009 un escabroso escenario de ejecuciones, desapariciones, torturas y enfrentamientos. Muchas oficinas empresariales cercanas a las favelas exigen vidrios blindados, y en las proverbiales playas de Ipanema y Copacabana los asaltos a turistas no escasean. Las autoridades han detectado que ametralladoras, fusiles y pistolas, además de marihuana y cocaína ingresan a los grupos Comando Vermelho, Terceiro Comando y Amigos dos Amigos en Río, y el Primer Comando de la Capital en São Paulo a través de las fronteras con Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela. En el fondo de la problemática de inseguridad en Río y São Paulo está el narcotráfico. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay continuarán incautando alijos de drogas y capturando narcotraficantes.
México y Centroamérica
La guerra contra los carteles llegará a niveles tan críticos que podrían forzar una negociación discreta para bajarle el perfil a los enfrentamientos generalizados en todo el país, que afectan al turismo, lo cual, con la baja producción petrolera, pondrá en graves aprietos al Gobierno. En el entretanto, Centroamérica sufre en pleno rigor las secuelas de esta guerra: en Guatemala, el gobierno reconoce su incapacidad para confrontar a los carteles mexicanos. En Nicaragua, los carteles mexicanos y colombianos han llegado a sustituir al Estado en pequeños sitios. En Honduras, en los últimos cuatro meses aterrizaron más de 20 aeronaves de narcotraficantes, entre ellas un avión polaco con bandera venezolana. En El Salvador, el fenómeno de las maras cobra intensidad. Y en Panamá, dos bases aeronavales erigidas en ambos océanos con el apoyo de EE.UU. están en funcionamiento. El gobierno proyecta otras seis bases en el Pacífico y cinco en el Atlántico para combatir el narcotráfico.
Perú: resurge Sendero Luminoso
En Perú, la intranquilidad social, especialmente entre el indigenismo amazónico, continuará en 2010 y mientras el gobierno planea comprar tanques chinos MBT 2000, en la región del VRAE (Valle del río Apurímac y Ene), estructuras de Sendero Luminoso en los pasados 18 meses mataron a 41 militares y policías y balearon por lo menos tres helicópteros. En el corazón de este rebrote insurgente está el narcotráfico: el cultivo ilegal de coca se expandió durante 2009. Con más del 93% de la coca producida dedicada al narcotráfico, el ilícito produce al año cerca de US$22 mil millones, el 17% del PIB del país, superando el producido de cualquier manufactura y comercio nacionales. Perú pasó de ser un productor de pasta básica de cocaína a productor y exportador, convirtiéndose en el segundo productor mundial del estupefaciente, después de Colombia. El cartel peruano, con estrechos contactos con los carteles mexicanos y colombianos, ha empezado a penetrar las instituciones.
* Consultor Internacional en Seguridad y Defensa
Fuente: José Marulanda * / Especial para El Espectador
domingo, 3 de enero de 2010
ARGENTINA: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CUESTIONADA PARTE II
Involucran al Ministerio de Justicia en una operación contra Clarín
Pidió a la Unidad de Información Financiera que investigue al Grupo.
El plan kirchnerista para afectar la imagen pública del Grupo Clarín suma un nuevo capítulo. Ahora el embate corrió por cuenta del propio ministro de Justicia, Julio Alak. El ministro llamó la semana pasada a la presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, y le ordenó que el organismo investigue al Grupo por lavado de dinero. La orden, según fuentes con conocimiento de las investigaciones sobre lavado de dinero, habría provenido de las más altas autoridades del Gobierno.
El domingo anterior, el diario La Nación había informado que la UIF -que es el organismo encargado de investigar las operaciones sospechadas de lavado de dinero- había sido puesto al servicio del matrimonio Kirchner.
"Avancen contra el Grupo Clarín", fue la decisión. El embate, según esa publicación, podría producirse a través de tres vías: una denuncia, un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o uno de los llamados Informe de Otras Fuentes (IOF). Como sea, el mensaje es armar una denuncia para acusar al Grupo.
Luego de la presión de Alak sobre Falduto, las autoridades de la UIF consultaron al Consejo Asesor y le habrían señalado al ministro que "la única posibilidad" de iniciar una investigación contra Clarín sería a través de un Reporte de Operación Sospechosa realizado por un banco o un particular, o a pedido del juez de la causa. Ninguna de esas cosas sucedieron.
La respuesta de Alak fue todavía más categórica: el ministro le habría señalado a Falduto que todos los demás organismos que tienen competencia en esta materia, como el BCRA, que dirige Martín Redrado y la AFIP, que conduce Ricardo Echegaray "procederían a realizar una investigación de este tipo".
Consultado por Clarín, Juan Félix Marteau, que lidera un grupo de abogados especializados en prevención de lavado de dinero y preside la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), dijo que la intención del Gobierno desconoce las atribuciones del organismo.
"El decreto 2.226 que se firmó en 2008 autoriza a la UIF a ser querellante, pero debe entenderse esto dentro de los limites de la ley. Quiere decir en que no puede actuar sin el reporte de la denuncia previa. La UIF no debe investigar de oficio ni por orden del Gobierno", puntualizó.
Marteau denunció que "se ha hecho todo lo posible para que la UIF sea un organismo débil y condicionado y eso lo convierte en fácil presa de operaciones políticas".
En la nota de La Nación se dice que se consultó a Falduto sobre la embestida, pero se aclara que la funcionaria evitó dar una respuesta. En cambio, uno de sus principales colaboradores y además integrante del Consejo Asesor de la UIF por el BCRA, Abelardo Martín Giménez Bonet, dejó abierta esa posibilidad. El colaborador de Falduto se lamentó de no poder brindar mayores datos "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
"No voy a confirmar ni a desmentir", manifestó. Un día después del encuentro con Falduto el ex presidente Néstor Kirchner aprovechó un acto público para indicar que "la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y a otros para saber si lavaron dinero".
Desde entonces, el oficialismo no ha parado en su ofensiva. El director de Asuntos Jurídicos de la UIF, Carlos Bustillo, presentó un escrito en el juzgado federal Sergio Torres en la que solicitó tomar vista de las actuaciones.
Fuente Clarin
Pidió a la Unidad de Información Financiera que investigue al Grupo.
El plan kirchnerista para afectar la imagen pública del Grupo Clarín suma un nuevo capítulo. Ahora el embate corrió por cuenta del propio ministro de Justicia, Julio Alak. El ministro llamó la semana pasada a la presidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, y le ordenó que el organismo investigue al Grupo por lavado de dinero. La orden, según fuentes con conocimiento de las investigaciones sobre lavado de dinero, habría provenido de las más altas autoridades del Gobierno.
El domingo anterior, el diario La Nación había informado que la UIF -que es el organismo encargado de investigar las operaciones sospechadas de lavado de dinero- había sido puesto al servicio del matrimonio Kirchner.
"Avancen contra el Grupo Clarín", fue la decisión. El embate, según esa publicación, podría producirse a través de tres vías: una denuncia, un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) o uno de los llamados Informe de Otras Fuentes (IOF). Como sea, el mensaje es armar una denuncia para acusar al Grupo.
Luego de la presión de Alak sobre Falduto, las autoridades de la UIF consultaron al Consejo Asesor y le habrían señalado al ministro que "la única posibilidad" de iniciar una investigación contra Clarín sería a través de un Reporte de Operación Sospechosa realizado por un banco o un particular, o a pedido del juez de la causa. Ninguna de esas cosas sucedieron.
La respuesta de Alak fue todavía más categórica: el ministro le habría señalado a Falduto que todos los demás organismos que tienen competencia en esta materia, como el BCRA, que dirige Martín Redrado y la AFIP, que conduce Ricardo Echegaray "procederían a realizar una investigación de este tipo".
Consultado por Clarín, Juan Félix Marteau, que lidera un grupo de abogados especializados en prevención de lavado de dinero y preside la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), dijo que la intención del Gobierno desconoce las atribuciones del organismo.
"El decreto 2.226 que se firmó en 2008 autoriza a la UIF a ser querellante, pero debe entenderse esto dentro de los limites de la ley. Quiere decir en que no puede actuar sin el reporte de la denuncia previa. La UIF no debe investigar de oficio ni por orden del Gobierno", puntualizó.
Marteau denunció que "se ha hecho todo lo posible para que la UIF sea un organismo débil y condicionado y eso lo convierte en fácil presa de operaciones políticas".
En la nota de La Nación se dice que se consultó a Falduto sobre la embestida, pero se aclara que la funcionaria evitó dar una respuesta. En cambio, uno de sus principales colaboradores y además integrante del Consejo Asesor de la UIF por el BCRA, Abelardo Martín Giménez Bonet, dejó abierta esa posibilidad. El colaborador de Falduto se lamentó de no poder brindar mayores datos "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
"No voy a confirmar ni a desmentir", manifestó. Un día después del encuentro con Falduto el ex presidente Néstor Kirchner aprovechó un acto público para indicar que "la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y a otros para saber si lavaron dinero".
Desde entonces, el oficialismo no ha parado en su ofensiva. El director de Asuntos Jurídicos de la UIF, Carlos Bustillo, presentó un escrito en el juzgado federal Sergio Torres en la que solicitó tomar vista de las actuaciones.
Fuente Clarin
ARGENTINA: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA CUESTIONADA PARTE I
El organismo que investiga el lavado, al servicio de los Kirchner
La Unidad de Información Financiera recibió un pedido oficial para denunciar a Clarín
La orden llegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) entre el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre. Directo desde la cúspide del poder: "Avancen contra el Grupo Clarín". Sea con una denuncia, un reporte de operación sospechosa (ROS) o mediante un informe de otras fuentes (IOF). Pero el objetivo era inequívoco: acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones, confirmaron a LA NACION tres fuentes que conocen las discusiones dentro del organismo.
La titular de la UIF, Rosa Falduto, calló cuando LA NACION le consultó el lunes pasado si era cierto que existía ese pedido oficial. Pero a su lado, uno de sus máximos colaboradores, Abelardo Martín Giménez Bonet, integrante del Consejo de Asesores de la UIF por el Banco Central (BCRA), dejó abierta esa posibilidad mientras lamentaba no poder responder de forma asertiva, "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
Un día después del encuentro con Falduto, el ex presidente Néstor Kirchner reclamó "que la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a Magnetto [por Héctor, CEO del Grupo Clarín] y a otros para saber si lavaron o no dinero".
El lunes, Giménez Bonet había respondido a LA NACION, sin negar las sospechas. "Me alcanzaba con que me dijera que no recibieron una orden contra Clarín ", replicó LA NACION.
-Ni sí, ni no. No te lo voy a confirmar, ni a desmentir, insistió.
A su lado, Falduto respondió otras preguntas que le hizo LA NACION tras acumular datos de más de una docena de actuales y ex funcionarios y empleados de la UIF durante los últimos dos meses, así como de otras fuentes locales e internacionales que conocen vericuetos del organismo. En particular, sobre la lucha intestina de poder que afecta su labor cotidiana, que causó la salida de decenas de funcionarios y empleados, y alimentó las sospechas sobre la supuesta utilización política de sus registros confidenciales.
Falduto desmintió, tajante, que existiera una "mesa paralela" de expedientes dentro de la UIF, tal como describieron a LA NACION varios informantes que aportaron los nombres de las encargadas de la mesa "normal" y de dos empleadas que se encargarían de los ROS "sensibles", que pasarían antes por el despacho de la titular de la Unidad. Una de esas empleadas para casos "sensibles" se habría encargado de ingresar el ROS contra el diputado Francisco De Narváez, a raíz de un reporte sobre supuestas operaciones de lavado que trascendió antes de las elecciones de junio, violando el secreto.
"No hay mesa paralela, ni reviso los expedientes antes de darle registro", negó Falduto a LA NACION. "Todo lo que llega tiene registro, salvo las notas personales o los memos internos, que cuentan con una firma y una constancia de recibido." Falduto, sí, reconoció que la UIF perdió dos ROS -cuyas órdenes de reconstrucción obtuvo LA NACION y cuya veracidad confirmó el director de Asuntos Jurídicos del organismo, Carlos Bustillo-. Sin embargo, aclaró que los reconstruyeron y se completó una investigación interna por la que se concluyó que no era necesario hacer una denuncia. "Lo más seguro es que algún empleado imbécil los traspapeló dentro de otro expediente y los encontraremos dentro de un año o dos", replicó.
Rotación de personal
También confirmó la elevada rotación del personal, pero negó nombrar amigos de sus hijos: "Ahora hay mucha más exigencia a los empleados y hay que gente que no se acostumbró. Por eso, renunció".
En la UIF trabajaban 50 personas cuando arribó Falduto en enero de 2007. No se les renovó el contrato (o se marcharon) a cerca de 30 -incluidos secretarias generales ejecutivas y directores que ella mismo había nombrado- y amplió la planta a más de 70, entre los que se destacarían amigos de sus hijos, empleados sin antecedentes sobre lavado de dinero y ex agentes, o familiares directos, de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Falduto negó que trabajen ex agentes de la SIDE, y tanto ella como Bustillo dicen que mejoraron las condiciones laborales. "Jamás se cortó un contrato, como máximo no se les renovó", destacó Bustillo.
Proveniente de la Policía Federal y con el madrinazgo de la jueza federal María Servini de Cubría y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, Falduto perdió el apoyo de la jueza, pero conserva el de la ex diputada. Ocaña cree que Falduto padece una "operación de Aníbal [por Fernández, jefe de Gabinete] para manejar la UIF". "No le perdonan su independencia política. Están haciendo un golpe de Estado contra Rosita", graficó.
Falduto afirma, no obstante, que conserva "relaciones normales" con Fernández y acotó a "una cuestión interna" el conflicto que mantiene con el vicepresidente de la UIF, Alberto Rabinstein, que generó incluso un cortocircuito internacional (de lo que se informa por separado).
Según reconstruyó LA NACION, Falduto aisló a Rabinstein de las reuniones con los enviados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y le impidió el acceso a expedientes "sensibles". Hasta modificó los días de reunión del Consejo de Asesores -segundos y cuartos jueves de cada mes- para que él no acceda a asuntos relevantes si ella debe viajar al exterior.
Sin embargo, Rabinstein decidió quedarse a pesar del destrato, que también incluye la orden de presentarse como director de un curso de postgrado en lavado de dinero, sin aludir a su cargo formal en la Unidad cuando participa en conferencias. A cambio de esas y otras humillaciones, según reconstruyó LA NACION, mantiene su cargo y, por tanto, su salario superior a los 15.000 pesos
Fuente La nacion Hugo Alconada Mon
Tres años de duras críticas y denuncias
Dos informes, uno oficial y el otro del Cipce, cuestionaron la gestión de Falduto en la Unidad
Durante sus casi tres años como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto afrontó varios reportes y denuncias públicas por su estilo de gestión, aunque también algunos elogios, menos conocidos.
El primer cimbronazo lo aportó su hasta entonces máximo asesor en la UIF y socio comercial, Juan Carlos Servini, hermano de María Romilda, jueza federal y hasta ese momento una de sus más férreas defensoras. Hoy no se hablan.
"No comparto el criterio miope y mezquino en el desarrollo de la gestión de la presidenta [por Falduto], quien da importancia a cosas nimias y deja de lado aquello que sí interesa a la eficacia de los objetivos de la UIF", alertó su desde ese momento ex asesor en una carta que publicó LA NACION en septiembre de 2007, apenas ocho meses después de asumir juntos.
Servini alertó sobre varios ejes que, dos años después, reafirmó y expandió la docena de fuentes que dialogó con LA NACION durante los últimos dos meses: desde el atraso en la evaluación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) hasta las "contrataciones de personal allegado a su familia".
Ya con la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Argentina, se conocieron dos informes muy críticos. El primero, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce); el segundo, de una comisión independiente que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y que coordinó la fiscal Mónica Cuñarro, que responde a Aníbal Fernández.
El reporte del Cipce determinó que la UIF sólo resolvió el 20% de las denuncias que recibió entre 2003 y 2008, aunque el porcentaje se divide entre los casos que se enviaron a la Justicia (que fueron el 13%) y al archivo (el 7%restante), con una tendencia preocupante.
Cada vez más atraso
"Si tomamos en cuenta que, en promedio, ingresan anualmente más del doble de casos de los que egresan, podemos percibir una tendencia sostenida de acumulación de casos sin resolución", concluyó el Cipce, dirigido por Pedro Biscay.
"Existen elementos objetivos que permiten presumir que el desempeño de la UIF presenta serios problemas que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema antilavado", advirtió el informe del centro de investigación.
Tres semanas después trascendió el segundo reporte. La comisión coordinada por Cuñarro reveló graves demoras en la UIF, que necesita una "urgente reformulación". Sostuvo, además, que las denuncias que eleva a la Justicia "llegan tarde y sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas". Eso, afirmó la comisión, termina "transformándolas en meras estadísticas o en simple información burocrática".
Falduto rechazó ambos informes. Pero mientras acusó al Cipce de difundir "información falsa, diez días antes de que arribara la misión del GAFI", optó por callar sus observaciones frente al reporte de la comisión que trabajó dentro de la órbita del Ministerio de Justicia.
"El de Cuñarro es otra cosa", planteó. "Sacá tus conclusiones -se lamentó-. Es muy difícil hacer las cosas bien. Pero no trasciende, por ejemplo, que el GAFI nos elogió por las nuevas medidas de seguridad y control que establecimos dentro de la UIF. Lástima que eso no importa, ¿no?"
Fuente La Nacion
"Triplicamos los reportes"
Cuestionada dentro y fuera del país, la Unidad de Información Financiera (UIF) se defiende con un argumento cuantitativo. Afirma que la cooperación con la Justicia y el Gobierno contra el lavado de dinero registró avances importantes, lo que se evidencia con un dato concreto. "Desde 2007 se triplicaron los reportes de operaciones sospechosas (ROS)", dice su titular, Rosa Falduto.
Incómoda con la idea de contar en público los problemas que encontró al asumir al frente de la UIF, en enero de 2007, según dijo a LA NACION, Falduto recuerda que encontraron más de 3000 investigaciones atrasadas, expedientes arrumbados en los baños y ROS sin registros de ingreso. "Le pido que compare las estadísticas desde y hasta 2007, y saque sus conclusiones. Es el día y la noche", dijo. Según las estadísticas oficiales de la UIF, en 2006 se resolvieron 34 ROS con elevación a la Justicia o envío al archivo. En 2007, 203; en 2008, 33, y de enero a septiembre de 2009, otros 268.
En la Justicia muestran otro panorama y critican la calidad de los reportes. Se basan en las cifras de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Lavado de Dinero, que gestiona el fiscal Raúl Plee, que muestran que de 495 recibidos, sólo uno generó una denuncia que está cerca del juicio (ver infografía). "Acá no se inflan las estadísticas, eso te lo aseguro -replicó Falduto-. Acá se dio impulso a otra forma de trabajo, pero hay distintos criterios en la UIF y la Justicia."
Fuente La Naion
La Unidad de Información Financiera recibió un pedido oficial para denunciar a Clarín
La orden llegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) entre el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre. Directo desde la cúspide del poder: "Avancen contra el Grupo Clarín". Sea con una denuncia, un reporte de operación sospechosa (ROS) o mediante un informe de otras fuentes (IOF). Pero el objetivo era inequívoco: acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones, confirmaron a LA NACION tres fuentes que conocen las discusiones dentro del organismo.
La titular de la UIF, Rosa Falduto, calló cuando LA NACION le consultó el lunes pasado si era cierto que existía ese pedido oficial. Pero a su lado, uno de sus máximos colaboradores, Abelardo Martín Giménez Bonet, integrante del Consejo de Asesores de la UIF por el Banco Central (BCRA), dejó abierta esa posibilidad mientras lamentaba no poder responder de forma asertiva, "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".
Un día después del encuentro con Falduto, el ex presidente Néstor Kirchner reclamó "que la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a Magnetto [por Héctor, CEO del Grupo Clarín] y a otros para saber si lavaron o no dinero".
El lunes, Giménez Bonet había respondido a LA NACION, sin negar las sospechas. "Me alcanzaba con que me dijera que no recibieron una orden contra Clarín ", replicó LA NACION.
-Ni sí, ni no. No te lo voy a confirmar, ni a desmentir, insistió.
A su lado, Falduto respondió otras preguntas que le hizo LA NACION tras acumular datos de más de una docena de actuales y ex funcionarios y empleados de la UIF durante los últimos dos meses, así como de otras fuentes locales e internacionales que conocen vericuetos del organismo. En particular, sobre la lucha intestina de poder que afecta su labor cotidiana, que causó la salida de decenas de funcionarios y empleados, y alimentó las sospechas sobre la supuesta utilización política de sus registros confidenciales.
Falduto desmintió, tajante, que existiera una "mesa paralela" de expedientes dentro de la UIF, tal como describieron a LA NACION varios informantes que aportaron los nombres de las encargadas de la mesa "normal" y de dos empleadas que se encargarían de los ROS "sensibles", que pasarían antes por el despacho de la titular de la Unidad. Una de esas empleadas para casos "sensibles" se habría encargado de ingresar el ROS contra el diputado Francisco De Narváez, a raíz de un reporte sobre supuestas operaciones de lavado que trascendió antes de las elecciones de junio, violando el secreto.
"No hay mesa paralela, ni reviso los expedientes antes de darle registro", negó Falduto a LA NACION. "Todo lo que llega tiene registro, salvo las notas personales o los memos internos, que cuentan con una firma y una constancia de recibido." Falduto, sí, reconoció que la UIF perdió dos ROS -cuyas órdenes de reconstrucción obtuvo LA NACION y cuya veracidad confirmó el director de Asuntos Jurídicos del organismo, Carlos Bustillo-. Sin embargo, aclaró que los reconstruyeron y se completó una investigación interna por la que se concluyó que no era necesario hacer una denuncia. "Lo más seguro es que algún empleado imbécil los traspapeló dentro de otro expediente y los encontraremos dentro de un año o dos", replicó.
Rotación de personal
También confirmó la elevada rotación del personal, pero negó nombrar amigos de sus hijos: "Ahora hay mucha más exigencia a los empleados y hay que gente que no se acostumbró. Por eso, renunció".
En la UIF trabajaban 50 personas cuando arribó Falduto en enero de 2007. No se les renovó el contrato (o se marcharon) a cerca de 30 -incluidos secretarias generales ejecutivas y directores que ella mismo había nombrado- y amplió la planta a más de 70, entre los que se destacarían amigos de sus hijos, empleados sin antecedentes sobre lavado de dinero y ex agentes, o familiares directos, de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia (SIDE).
Falduto negó que trabajen ex agentes de la SIDE, y tanto ella como Bustillo dicen que mejoraron las condiciones laborales. "Jamás se cortó un contrato, como máximo no se les renovó", destacó Bustillo.
Proveniente de la Policía Federal y con el madrinazgo de la jueza federal María Servini de Cubría y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, Falduto perdió el apoyo de la jueza, pero conserva el de la ex diputada. Ocaña cree que Falduto padece una "operación de Aníbal [por Fernández, jefe de Gabinete] para manejar la UIF". "No le perdonan su independencia política. Están haciendo un golpe de Estado contra Rosita", graficó.
Falduto afirma, no obstante, que conserva "relaciones normales" con Fernández y acotó a "una cuestión interna" el conflicto que mantiene con el vicepresidente de la UIF, Alberto Rabinstein, que generó incluso un cortocircuito internacional (de lo que se informa por separado).
Según reconstruyó LA NACION, Falduto aisló a Rabinstein de las reuniones con los enviados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y le impidió el acceso a expedientes "sensibles". Hasta modificó los días de reunión del Consejo de Asesores -segundos y cuartos jueves de cada mes- para que él no acceda a asuntos relevantes si ella debe viajar al exterior.
Sin embargo, Rabinstein decidió quedarse a pesar del destrato, que también incluye la orden de presentarse como director de un curso de postgrado en lavado de dinero, sin aludir a su cargo formal en la Unidad cuando participa en conferencias. A cambio de esas y otras humillaciones, según reconstruyó LA NACION, mantiene su cargo y, por tanto, su salario superior a los 15.000 pesos
Fuente La nacion Hugo Alconada Mon
Tres años de duras críticas y denuncias
Dos informes, uno oficial y el otro del Cipce, cuestionaron la gestión de Falduto en la Unidad
Durante sus casi tres años como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto afrontó varios reportes y denuncias públicas por su estilo de gestión, aunque también algunos elogios, menos conocidos.
El primer cimbronazo lo aportó su hasta entonces máximo asesor en la UIF y socio comercial, Juan Carlos Servini, hermano de María Romilda, jueza federal y hasta ese momento una de sus más férreas defensoras. Hoy no se hablan.
"No comparto el criterio miope y mezquino en el desarrollo de la gestión de la presidenta [por Falduto], quien da importancia a cosas nimias y deja de lado aquello que sí interesa a la eficacia de los objetivos de la UIF", alertó su desde ese momento ex asesor en una carta que publicó LA NACION en septiembre de 2007, apenas ocho meses después de asumir juntos.
Servini alertó sobre varios ejes que, dos años después, reafirmó y expandió la docena de fuentes que dialogó con LA NACION durante los últimos dos meses: desde el atraso en la evaluación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) hasta las "contrataciones de personal allegado a su familia".
Ya con la misión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Argentina, se conocieron dos informes muy críticos. El primero, del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce); el segundo, de una comisión independiente que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y que coordinó la fiscal Mónica Cuñarro, que responde a Aníbal Fernández.
El reporte del Cipce determinó que la UIF sólo resolvió el 20% de las denuncias que recibió entre 2003 y 2008, aunque el porcentaje se divide entre los casos que se enviaron a la Justicia (que fueron el 13%) y al archivo (el 7%restante), con una tendencia preocupante.
Cada vez más atraso
"Si tomamos en cuenta que, en promedio, ingresan anualmente más del doble de casos de los que egresan, podemos percibir una tendencia sostenida de acumulación de casos sin resolución", concluyó el Cipce, dirigido por Pedro Biscay.
"Existen elementos objetivos que permiten presumir que el desempeño de la UIF presenta serios problemas que repercuten negativamente sobre el funcionamiento de todo el sistema antilavado", advirtió el informe del centro de investigación.
Tres semanas después trascendió el segundo reporte. La comisión coordinada por Cuñarro reveló graves demoras en la UIF, que necesita una "urgente reformulación". Sostuvo, además, que las denuncias que eleva a la Justicia "llegan tarde y sin selección calificada por los expertos de las dependencias respectivas". Eso, afirmó la comisión, termina "transformándolas en meras estadísticas o en simple información burocrática".
Falduto rechazó ambos informes. Pero mientras acusó al Cipce de difundir "información falsa, diez días antes de que arribara la misión del GAFI", optó por callar sus observaciones frente al reporte de la comisión que trabajó dentro de la órbita del Ministerio de Justicia.
"El de Cuñarro es otra cosa", planteó. "Sacá tus conclusiones -se lamentó-. Es muy difícil hacer las cosas bien. Pero no trasciende, por ejemplo, que el GAFI nos elogió por las nuevas medidas de seguridad y control que establecimos dentro de la UIF. Lástima que eso no importa, ¿no?"
Fuente La Nacion
"Triplicamos los reportes"
Cuestionada dentro y fuera del país, la Unidad de Información Financiera (UIF) se defiende con un argumento cuantitativo. Afirma que la cooperación con la Justicia y el Gobierno contra el lavado de dinero registró avances importantes, lo que se evidencia con un dato concreto. "Desde 2007 se triplicaron los reportes de operaciones sospechosas (ROS)", dice su titular, Rosa Falduto.
Incómoda con la idea de contar en público los problemas que encontró al asumir al frente de la UIF, en enero de 2007, según dijo a LA NACION, Falduto recuerda que encontraron más de 3000 investigaciones atrasadas, expedientes arrumbados en los baños y ROS sin registros de ingreso. "Le pido que compare las estadísticas desde y hasta 2007, y saque sus conclusiones. Es el día y la noche", dijo. Según las estadísticas oficiales de la UIF, en 2006 se resolvieron 34 ROS con elevación a la Justicia o envío al archivo. En 2007, 203; en 2008, 33, y de enero a septiembre de 2009, otros 268.
En la Justicia muestran otro panorama y critican la calidad de los reportes. Se basan en las cifras de la Unidad Fiscal de Lucha contra el Lavado de Dinero, que gestiona el fiscal Raúl Plee, que muestran que de 495 recibidos, sólo uno generó una denuncia que está cerca del juicio (ver infografía). "Acá no se inflan las estadísticas, eso te lo aseguro -replicó Falduto-. Acá se dio impulso a otra forma de trabajo, pero hay distintos criterios en la UIF y la Justicia."
Fuente La Naion
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